Joaquín Antonino Montero León

Expediente 1072/2017 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1072/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
11/10/2017

Partes del expediente

  • Joaquín Antonino Montero León

Actuaciones

  1. Principal

    PRAL. 1072/2017 M 7-B#.San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de octubre de dos mil diecisiete. Glose de oficio. Agréguese a los autos el oficio de cuenta número 15324/2017, signado por el secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, con sede en este municipio, mediante el cual transcribe el auto de nueve de octubre de este año, del que se advierte que admitió a trámite la demanda de amparo respectiva y, por tanto, aceptó la competencia declinada por este Juzgado para conocer del amparo promovido por Joaquín Antonino Montero León, el cual quedó registrado con el número de juicio 568/2017, de su índice.... Ante ello, ... archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último del Acuerdo General citado. Destino. Por lo que, con fundamento en la fracción I del punto Vigésimo del referido Acuerdo, transcurridos más de seis meses, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, procédase a su desincorporación y destrucción. Anotaciones. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese.

  2. Principal

    C.A PRAL 1072/2017 7B" San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de octubre de dos mil diecisiete. Agréguese el oficio de cuenta número 15324/2017, signado por el secretario de acuerdos del Tribunal Colegiado en materias Civil y Administrativa, con sede en este municipio, mediante el cual transcribe el auto de veintiocho de septiembre del año en curso, por el cual, en lo que aquí interesa: 1.- Acusa recibo del diverso comunicado número 25797/2017, del índice de este Juzgado, por el cual se le remitió el expediente principal relativo al juicio de amparo 1072/2017, al ser la autoridad competente para conocer de dicho asunto. 2.- Que al citado expediente le asignó el número de amparo directo 568/2017, del índice de ese Tribunal. 3.- Que reservó acordar lo conducente respecto de la resolución por la que este órgano jurisdiccional se declaró incompetente, hasta en tanto la autoridad responsable Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y de Cuentas del Poder Judicial del Estado, dé cumplimiento con lo previsto en el artículo 178 de la Ley de Amparo. Notifíquese.

  3. Principal

    PRAL. 1072/2017 M 7-B#. ...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete. Demanda de amparo y registro. Con la demanda de amparo presentada ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito el veintidós del mes actual, y recibida en este Juzgado el mismo día, promovida por Joaquín Antonio Montero León, por propio derecho, contra un acto de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y de Cuentas del Poder Judicial del Estado de Oaxaca; fórmese expediente impreso y electrónico, regístrese su ingreso en el libro de gobierno con el número 1072/2017. Incompetencia. Se procede a examinar si, en el caso, este órgano jurisdiccional, de conformidad con el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo, es legalmente competente, para conocer de este asunto, en razón de que ello, es presupuesto procesal, de orden público y de examen preferente. Sirve de apoyo, en lo conducente, la jurisprudencia de rubro siguiente: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquél acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo." (Jurisprudencia I.2o.P. J/40, Tribunales Colegiados de Circuito, visible en el Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo 56, Agosto de 1992, octava época, página 36). Derivado del análisis integral de la demanda de amparo, la parte quejosa estableció como acto reclamado el siguiente (se inserta imagen foja 2): Ahora, como antecedentes del acto reclamado el quejoso señala lo siguiente (se inserta imagen foja 2 y 3): De lo anterior, se advierte que la resolución reclamada es de aquellas que ponen fin al juicio de origen; ello es así, toda vez que de los artículos 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 170 de la Ley de Amparo, se advierte que cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo directo sólo procederá contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas de la parte quejosa trascendiendo al resultado del fallo. En la especie, el acto reclamado consiste en la resolución de quince de junio de dos mil diecisiete, emitida con motivo del recurso de revisión interpuesto, mediante el cual la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo determinó confirmar el acuerdo de siete de noviembre de dos mil dieciséis, que desechó la demanda en el juicio natural. En consecuencia, con dicha resolución se puso fin al juicio de origen; por consiguiente, se estima que este Juzgado de Distrito carece de competencia legal para conocer de la demanda en estudio, en términos de los artículos 34, 47 y 170 fracción I de la Ley de Amparo, por tanto, es legalmente incompetente para conocer del este asunto; preceptos que, para una mejor comprensión del asunto, es preciso transcribirlos a continuación: "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. [.]" "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. [.]" "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control; [.]" Conclusión. En consecuencia, con fundamento en el artículo 107, fracciones III, inciso a); V, inciso a), y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 34, 47, párrafo primero, y 170, fracción I, de la Ley de Amparo; y 37, fracción I, inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio, se declara legalmente incompetente para conocer y resolver el fondo de este asunto, estimándose, constitucional y legalmente competente al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Tercer Circuito, en turno, conforme lo disponen los numerales 170 de la Ley de Amparo, y 37, fracción I, inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que regula la competencia de los Tribunales Colegiados para conocer sobre sentencias o resoluciones que ponen fin al juicio, dictadas por tribunales administrativos o judiciales, sean locales o federales, salvo decisión distinta de la superioridad; ante esa situación, remítase este juicio de amparo, por conducto de la oficina de correspondencia común de los Tribunales Colegiados del Decimotercer Circuito, al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, en turno, residente en este municipio; solicitándole, atentamente, el acuse de recibo correspondiente. Al respecto, es aplicable por su contenido jurídico, la jurisprudencia 2a./J. 65/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que al tenor literal expresa: "DEMANDA AGRARIA. EL ACUERDO QUE LA DESECHA, PONE FIN AL JUICIO Y, POR TANTO, PROCEDE EN SU CONTRA EL AMPARO DIRECTO. De lo dispuesto en los artículos 107, fracciones III, inciso a), y V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo, se desprende que los Tribunales Colegiados de Circuito son competentes para conocer, en amparo directo, de las demandas promovidas en contra de resoluciones que, sin decidir la controversia planteada, dan por concluido el juicio. Ahora bien, esta Suprema Corte de Justicia ha estimado que el juicio se inicia, para los efectos del amparo, con la presentación de la demanda ante el órgano correspondiente. En tal virtud, el acuerdo que desecha una demanda agraria, constituye una resolución que pone fin al juicio, por lo que el competente para conocer del amparo, lo será un Tribunal Colegiado de Circuito, en la vía directa." En el mismo tenor, se invoca la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, identificada por el siguiente rubro y texto: "NULIDAD, JUICIO DE, EL DESECHAMIENTO DE DEMANDA PONE FIN AL. El desechamiento de una demanda de nulidad, confirmado por la resolución recaída a la reclamación interpuesta en contra del auto del Magistrado instructor de la Sala Fiscal, constituye una resolución que pone fin al juicio en términos de los artículos 107, fracción III, inciso A), constitucional, así como 44 y 46 de la Ley de Amparo, ya que según la tradición sentada por nuestro máximo tribunal en las ejecutorias que originaron la tesis jurisprudencial 168 de la Cuarta Parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, intitulada "JUICIO", y en otras más, debe entenderse por juicio para efectos del amparo (no necesariamente para otra materia procesal) todo el procedimiento judicial desde su inicio por cualquier medio -incluso diligencias preparatorias, ha dicho- hasta su conclusión. Y al lado de tal tradición, debe considerarse que la reforma a los preceptos citados sólo tiene sentido si gracias a ella, para superar los inconvenientes del sistema prevaleciente anteriormente, se hace efectivo el principio de economía procesal (invocado con insistencia en el proceso legislativo), evitando la tramitación del amparo indirecto en aquellos casos en los cuales las partes han podido rendir sus pruebas antes del juicio de amparo, como sucede durante la reclamación en contra del auto desechatorio de la demanda, de modo que resulta ociosa la apertura de un período probatorio o de instrucción típico de la primera instancia de aquél. Por ello, debe ser el amparo directo la vía para impugnar esa clase de actos." Del mismo modo, resulta aplicable la jurisprudencia I. 1o. A. J/15, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Octava Época, consultable a foja 87, Tomo IX, Marzo de 1992, del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "COMPETENCIA DEL TRIBUNAL COLEGIADO EN ASUNTOS TRAMITADOS EN AMPARO INDIRECTO ANTE UN JUEZ DE DISTRITO. Cuando se presente ante un juez de Distrito una demanda de garantías contra una resolución que haya puesto fin al juicio, como la resolución en que el magistrado instructor del Tribunal Fiscal de la Federación haya tenido por no interpuesta la demanda de nulidad, el juez se declarará incompetente para conocer de dicha demanda, y será al Tribunal Colegiado en pleno al que competa el conocimiento de la misma y, con fundamento en el artículo 49 de la Ley de Amparo, decida si confirma o no la resolución del a quo y, en su caso, si se avoca al conocimiento del asunto." Fórmese cuaderno de antecedentes, con las constancias necesarias para la comprensión de este asunto. Domicilio y persona autorizada. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en el proemio de su demanda, y por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Manuel Tomas López Pérez, por haberse encontrado registro que lo faculta para ejercer la profesión de Licenciado en Derecho. En tanto que a las diversas personas que menciona, con fundamento en el artículo 24 de la Ley de Amparo, se les autoriza únicamente para oír, recibir notificaciones e imponerse de autos, toda vez que no se localizó número de registro único a su nombre que los faculte a ejercer la profesión de licenciados en derecho. Hágase de su conocimiento que cuando acrediten dicho aspecto se les tendrá por autorizados en términos amplios. Publicación de datos personales. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II, de la Constitución Federal, 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase del conocimiento de la parte quejosa que las resoluciones que se dicten en este juicio, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información; y que tienen el derecho de oponerse a la publicación de sus datos personales para que, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo, determine si tal oposición puede surtir efectos, considerando si es información reservada; y de esta manera, respetando el derecho a su privacidad, la decisión de la publicación de sus datos, sea acorde a sus intereses; sin embargo, para el caso de que se trate de la versión pública de la resolución que, en su caso, se llegue a dictar, aun cuando no se haya ejercido esa oposición, se suprimirán los datos sensibles de las partes, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Notifíquese; y personalmente. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Federico de Jesús Díaz Arias, secretario de Juzgado que autoriza y da fe.

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