Jhonny Jiménez Moo y Otros.

Expediente 399/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 16 actuaciones registradas, la última del 2 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
399/2020
Año
2020
Actuaciones
16
Última actuación
02/02/2021

Partes del expediente

  • Jhonny Jiménez Moo y Otros.
  • Jhonny Jiménez Moo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    PRAL. 399/2020 1-B [] San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dos de febrero de dos mil veintiuno. 1. Estado de autos. Vistos los autos y advirtiéndose de la certificación que antecede, que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión contra la sentencia que sobreseyó en este juicio de amparo promovido por 1) ***, 2) ***, 3) ***z, 4) **, y 5) ***, dictada el veintiocho de diciembre de dos mil veinte, sin que dicha parte hubiere interpuesto ese medio de impugnación. 2. Causa ejecutoria. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. 3. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, la publicación de la referida sentencia se realizará en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 4. Archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu), 21, inciso a) y 24, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte, archívese este expediente como definitivamente concluido. 5. Destino y archivo. Conforme al artículo 21 del acuerdo en cita, como causó firmeza la sentencia de sobreseimiento, este expediente es destruible, por lo que será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años; una vez cumplido ese plazo, dentro de los treinta días siguientes se procederá a su destrucción, remitiendo el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. 6. Certificación. En atención a que en acuerdo inicial se instruyó al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que lleva el trámite de este expediente, llevara a cabo la revisión en el sistema integral de seguimiento de expedientes (sise) y verificará que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, fuera incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan y, una vez concluido el asunto, realizará la certificación correspondiente; por tanto, al tratarse de un asunto concluido, en términos del artículo 35 del citado acuerdo general, cúmplase con tal indicación y genérese la certificación relativa. Así también, se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste el sello de que el mismo es destruible. 7. Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en la carátula del expediente, así como en los libros de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese por lista electrónica. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    PRAL. 399/2020 1 [] Audiencia constitucional. En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siendo las nueve horas con veintiún minutos del cuatro de diciembre de dos mil veinte, el juez Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, asistido de Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, procede a celebrar la audiencia constitucional en este juicio de amparo 399/2020, como se ordenó en proveído de seis de noviembre del año en curso, sin que las partes solicitaran asistir a dicha audiencia. Apertura de audiencia. Abierta la audiencia la secretaria a) hizo relación de las constancias de autos, leyéndolas en su totalidad, entre las que se encuentran la demanda de amparo promovida por 1) ****, 2) ***, 3) ***, 4) *** y 5) ***, por propio derecho, e informes justificados de las autoridades responsables; y hace constar que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales. Enseguida, se acuerda: I. Téngase por hecha la relación de constancias que antecede, para los efectos legales conducentes. II. Por cuanto a que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, determínese lo conducente al dictarse sentencia. Etapa probatoria. Acto continuo, abierta la fase probatoria, en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo, se hace constar que la parte quejosa ofreció la prueba documental consistente en copia certificada notarialmente de: a) *** Constancia de nombramiento asignación de remuneraciones y funciones a desempeñar, de dieciséis de noviembre de dos mil catorce. Credencial expedida a su nombre que lo acredita como oficial en prevención penitenciaria. Recibo de pago relativo a la primera quincena de mayo de dos mil veinte. Oficio SSPC/PRS/06809/2020 de seis de mayo de dos mil veinte. Oficio SSPC/PRS/CGCF/CFRS13/DG/05590/2020 de once de mayo de dos mil veinte. Memorándum CFRS13/DG/DS/01319/2020 de trece de abril de dos mil veinte. Oficio SSPC/PRS/CFRS13/DG/05117/2020, de veintidós de abril de dos mil veinte. b) **** Constancia de nombramiento asignación de remuneraciones y funciones a desempeñar de fecha doce de diciembre de dos mil dieciséis. Credencial expedida a su nombre que lo acredita como oficial en prevención penitenciaria. Recibo de pago relativo a la primera quincena de mayo de dos mil veinte. Oficio SSPC/PRS/06862/2020 de once de mayo de dos mil veinte. Oficio SSPC/PRS/CGCF/CFRS13/DG/05636/2020 de catorce de mayo de dos mil veinte. Memorándum CFRS13/DG/DS/01217/2020 de trece de abril de dos mil veinte. Oficio SSPC/PRS/CFRS13/DG/05121/2020, de veintidós de abril de dos mil veinte. c) *** Constancia de nombramiento asignación de remuneraciones y funciones a desempeñar de fecha quince de febrero de dos mil diecisiete. Credencial expedida a su nombre que lo acredita como oficial en prevención penitenciaria. Oficio SSPC/PRS/06863/2020 de once de mayo de dos mil veinte. Oficio SSPC/PRS/CGCF/CFRS13/DG/05635/2020 de catorce de mayo de dos mil veinte. Oficio SSPC/PRS/CFRS13/DG/DA/05120/2020, de veintidós de abril de dos mil veinte. d) *** Constancia de nombramiento asignación de remuneraciones y funciones a desempeñar de fecha treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho. Credencial expedida a su nombre que lo acredita como supervisor de seguridad penitenciaria. Recibo de pago relativo a la primera quincena de mayo de dos mil veinte. Oficio SSPC/PRS/06808/2020 de seis de mayo de dos mil veinte. Oficio SSPC/PRS/CGCF/CFRS13/DG/05589/2020 de once de mayo de dos mil veinte. Memorándum CFRS13/DG/DS/01188/2020 de trece de abril de dos mil veinte. Oficio SSPC/PRS/CFRS13/DG/05122/2020, de veintidós de abril de dos mil veinte. e) *** Constancia de nombramiento asignación de remuneraciones y funciones a desempeñar de dieciséis de abril de dos mil trece. Credencial expedida a su nombre que lo acredita como oficial en prevención penitenciaria. Recibo de pago relativo a la primera quincena de mayo de dos mil veinte. Oficio SSPC/PRS/06810/2020 de seis de mayo de dos mil veinte. Oficio SSPC/PRS/CGCF/CFRS13/DG/05591/2020 de once de mayo de dos mil veinte. Memorándum CFRS13/DG/DS/01255/2020 de fecha doce de abril de dos mil veinte. Oficio SSPC/PRS/CFRS13/DG/05118/2020, de veintidós de abril de dos mil veinte. II. Las autoridades responsables remitieron como justificación de su informe, copia certificada de los oficios: Encargado de la Dirección de Seguridad del Centro Federal de Readaptación Social número trece. SSPC/PRS/06808/2020 de seis de mayo de dos mil veinte, dirigido al quejoso *** SSPC/PRS/06809/2020 de seis de mayo de dos mil veinte, dirigido al quejoso *** SSPC/PRS/06810/2020 de seis de mayo de dos mil veinte, dirigido al quejoso *** SSPC/PRS/06862/2020 de once de mayo de dos mil veinte, dirigido a la quejosa *** SSPC/PRS/06863/2020 de once de mayo de dos mil veinte, dirigido al quejoso *** SSPC/PRS/CGCF/CFRS13/DG/05589/2020 de once de mayo de dos mil veinte, dirigido al quejoso *** SSPC/PRS/CGCF/CFRS13/DG/05590/2020 de once de mayo de dos mil veinte, dirigido al quejoso *** SSPC/PRS/CGCF/CFRS13/DG/05591/2020 de once de mayo de dos mil veinte, dirigido al quejoso *** SSPC/PRS/CGCF/CFRS13/DG/05635/2020 de catorce de mayo de dos mil veinte, dirigido al quejoso **** SSPC/PRS/CGCF/CFRS13/DG/05636/2020 de catorce de mayo de dos mil veinte, dirigido a la quejosa ***. b) Encargada del despacho de la Dirección General del Centro Federal de Readaptación Social Número Trece "Cps-Oaxaca". SSPC/PRS/CGCF/CFRS13/DG/05589/2020 de once de mayo de dos mil veinte, dirigido al quejoso*** SSPC/PRS/06808/2020 de seis de mayo de dos mil veinte, dirigido al quejoso *** SSPC/PRS/CGCF/CFRS13/DG/05590/2020 de once de mayo de dos mil veinte, dirigido al quejoso Diego Corona Cruz. SSPC/PRS/06809/2020 de seis de mayo de dos mil veinte, dirigido al quejoso *** SSPC/PRS/CGCF/CFRS13/DG/05591/2020 de once de mayo de dos mil veinte, dirigido al quejoso***. SSPC/PRS/06810/2020 de seis de mayo de dos mil veinte, dirigido al quejoso ***. OADPRS/PRS/CGCF/CRS13/DG/05459/2020 de siete de mayo de dos mil veinte, dirigido al director General de Administración del órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social. SSPC/PRS/CGCF/CFRS13/DG/05635/2020 de catorce de mayo de dos mil veinte, dirigido al quejoso Jhonny Jiménez Moo. SSPC/PRS/06863/2020 de once de mayo de dos mil veinte, dirigido al quejoso ***. OADPRS/PRS/CGCF/CRS13/DG/05593/2020 de doce de mayo de dos mil veinte, dirigido al director General de Administración del órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social. Estado de cuenta de la nómina del quejoso J***. SSPC/PRS/CGCF/CFRS13/DG/05636/2020 de catorce de mayo de dos mil veinte, dirigido a la quejosa L*** SSPC/PRS/06862/2020 de once de mayo de dos mil veinte, dirigido a la quejosa ***z. SSPC/PRS/CGCF/CFRS13/DG/05594/2020 de fecha doce de mayo de dos mil veinte. Transferencia electrónica a la cuenta personal del quejoso ***. Acuse de recibo de la renuncia voluntaria del quejoso***. Oficio de terminación de los efectos del nombramiento del quejoso J***. c) Comisionado de Prevención y Readaptación Social, a través de la directora de Área en la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos, residentes en la ciudad de México: Oficio SSPC/PRS/06808/2020, de seis de mayo de dos mil veinte, dirigido al quejoso A***. Oficio SSPC/PRS/06809/2020, de seis de mayo de dos mil veinte, dirigido al quejoso ***. Oficio SSPC/PRS/06810/2020, de seis de mayo de dos mil veinte, dirigido al quejoso *. ** Oficio SSPC/PRS/06862/2020, de once de mayo de dos mil veinte, dirigido al quejoso ***. Oficio SSPC/PRS/06863/2020, de once de mayo de dos mil veinte, dirigido al quejoso ***. Constancia de nombramiento asignación de remuneraciones y funciones a desempeñar de dieciséis de noviembre de dos mil catorce, a nombre del quejoso ***. Escrito del quejoso ***, de fecha dieciséis de noviembre de dos mil catorce. Constancia de nombramiento asignación de remuneraciones y funciones a desempeñar de quince de febrero de dos mil diecisiete, a nombre del quejoso ***o. Escrito del quejoso ***, de fecha dieciséis de febrero de dos mil diecisiete. Constancia de nombramiento asignación de remuneraciones y funciones a desempeñar de dieciséis de abril de dos mil trece, a nombre del quejoso Eleuterio Lara Hernández. Constancia de nombramiento asignación de remuneraciones y funciones a desempeñar de doce de diciembre de dos mil dieciséis, a nombre del quejoso ***. Escrito de la quejosa **, de fecha uno de noviembre de dos mil quince. Constancia de nombramiento asignación de remuneraciones y funciones a desempeñar de treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, a nombre del quejoso ***z. Escrito del quejoso ***z, de fecha dieciséis de noviembre de dos mil catorce. Escrito del quejoso Alberto Caracas Méndez, de fecha treinta y uno de agosto de dos mil veinte, dirigida al encargado del despacho de la Dirección General del Centro Federal de Readaptación Social número trece "Cps- Oaxaca". A lo que se acuerda: En términos del numeral 119 de la Ley de Amparo se admite la prueba de que se trata, misma que se desahoga en razón de su propia naturaleza, para ser considerada al resolver este juicio; no existiendo más pruebas que desahogar ni escrito de las partes que acordar, se cierra esta etapa. Fase de alegatos. Abierto el periodo de alegatos, se hace constar que las partes no los formularon; se cierra esta etapa y se procede a dictar la sentencia respectiva. PONCIANO VELASCO VELASCO TITULAR DEL JUZGADO DÉCIMO DTTO EDO OAXACA BEATRIZ B. MARTINEZ MARTINEZ. SECRETARIA DE JUZGADO. Sentencia. Visto para resolver el juicio de amparo número 399/2020; y, R e s u l t a n d o: Primero. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el cinco de agosto de dos mil veinte en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio, remitido el seis siguiente, por razón de turno, a este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, 1) ****, 2) ***, 3) ***, 4) *** y 5) ***, por propio derecho, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos reclamados y autoridades responsables siguientes: Actos reclamados. a) La ilegalidad de los oficios SSPC/PRS/6808/2020, SSPC/PRS/6809/2020 y SSPC/PRS/6810/2020, de fecha seis de mayo de dos mil veinte, signados por el coordinador General de Centros Federales en suplencia por ausencia del comisionado de Prevención y Readaptación Social. b) La ilegalidad de los oficios fechados el once y catorce de mayo de dos mil veinte, de números: SSPC/PRS/CGCF/CFRS13/DG/5589/2020 SSPC/PRS/CGCF/CFRS13/DG/5590/2020 SSPC/PRS/CGCF/CFRS13/DG/5591/2020 SSPC/PRS/CGCF/CFRS13/DG/5635/2020 - SSPC/PRS/CGCF/CFRS13/DG/5636/2020 Autoridades responsables. En su carácter de ordenadoras: 1. Comisionado de Prevención y Readaptación Social; y, 2. Coordinador General de Centro Federales. Residentes en la ciudad de México. 3. Encargada de la Dirección General del Centro Federal de Readaptación Social número trece "Cps-Oaxaca", con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz. Y, como ejecutoras al: 1. Director de Seguridad del Centro Federal de Readaptación Social número trece "Cps-Oaxaca"; y, 2. Director Administrativo de dicho Centro Penitenciario. Bajo protesta de decir verdad la parte quejosa narró los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes de los actos reclamados, invocó como derecho fundamental vulnerado el contenido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. Segundo. Registro de la demanda de amparo y prevención. En acuerdo de fecha diez de agosto de dos mil veinte se ordenó formar con la demanda de amparo el juicio de amparo número 399/2020 y se previno a la parte quejosa aclarara dicha instancia constitucional, en los siguientes términos: ". Primero. Diga qué acto le atribuye al coordinador general de Centros Federales. Segundo. En qué consiste concretamente la ejecución de los actos reclamados. Tercero. Cumplimiento de prevención. Por escrito presentado el veinticuatro de agosto de dos mil veinte, en la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en este municipio, la parte quejosa señaló que: 1. Del coordinador General de Centros Federales, como ordenadora, reclamaba: La ilegalidad de los oficios SSPC/PRS/6808/2020, SSPC/PRS/6809/2020 y SSPC/PRS/6810/2020, de fecha seis de mayo de dos mil veinte, SSPC/PRS/6862/2020 y SSPC/PRS/6863/2020, de once de mayo del año en curso, por haberlos firmado en suplencia por ausencia del comisionado de Prevención y Readaptación Social. 2. Del director de Seguridad del Centro Federal de Readaptación Social número trece, "Cps-Oaxaca", la ejecución material de dichos oficios, ya que los obligaron a recibir y a firmar dichos oficios. 3. Del director Administrativo del Centro Federal de Readaptación Social número trece, "Cps-Oaxaca": a) La negativa de dar seguimiento a los oficios SSPC/PRS/CGCF/CFRS13/DG/05589/2020, SSPC/PRS/CGCF/CFRS13/DG/5590/2020, SSPC/PRS/CGCF/CFRS13/DG/05591/2020, SSPC/PRS/CGCF/CFRS13/DG/5635/2020 y SSPC/PRS/CGCF/CFRS13/DG/5636/2020, de once y catorce de mayo de dos mil veinte, así como b) la falta de depósito de viáticos para poder trasladarse a los centros federales donde fueron comisionados, y los gastos de permanencia en dichas instituciones federales. Cuarto. No se tiene por cumplida la prevención. Por acuerdo de veintiséis de agosto de dos mil veinte se tuvo por no cumplida con esa prevención, ya que la parte quejosa introdujo aspectos novedosos que se requerían aclarar. Quinto. Cumple prevención. En escrito presentado el tres de septiembre de dos mil veinte en la Oficialía de Partes de este Juzgado, la parte quejosa señaló cuáles son los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes de los actos reclamados, y refirieron que la notificación atribuida al director de Seguridad del Centro Federal de Readaptación Social número trece, se llevó a cabo el catorce de mayo de dos mil veinte; además, que habían sido trasladados a los centros de reclusión y en las fechas siguientes: N° QUEJOSO CENTRO AL QUE FUERON TRASLADADOS FECHA DEL OFICIO FECHA DE TRASLADO 1. *** Centro Federal de Readaptación Social número nueve "Norte" ciudad Juárez Chihuahua. Seis de mayo de dos mil veinte El traslado se materializó el dieciocho de mayo de dos mil veinte 2. *** 3. *** 4. *** Centro Federal de Readaptación Social número uno, Altiplano, Almoloya de Juárez Once de mayo de dos mil veinte 5. **** Centro Federal de Readaptación Social número once, residente en Hermosillo Sonora Once de mayo de dos mil veinte Sexto. Admisión de demanda de amparo. En proveído de ocho de septiembre de dos mil veinte se admitió la demanda de amparo, por lo que se solicitó informe justificado a las autoridades responsables; se dio intervención a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y se fijó fecha y hora para llevar a cabo la audiencia constitucional, misma que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, en términos de los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XI, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción I, de la Ley de Amparo; 48, 49 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse de un asunto de naturaleza administrativa, y los actos reclamados se ejecutaron en Miahuatlán de Porfirio Díaz Oaxaca, lugar en el que se encontraban laborando los quejosos y sobre el que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito. Segundo. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 74, fracción I, y 76, de la Ley de Amparo, se establece que de la demanda de amparo y constancias de autos se advierte que los actos reclamados por la parte quejosa y por los que se realizará el análisis relativo, son: Del comisionado de Prevención y Readaptación Social, la emisión del: a) Oficio número SSPC/PRS/6808/2020, de seis de mayo de dos mil veinte, dirigido al quejoso Alberto Caracas Méndez, por el que, en su calidad de supervisor de seguridad penitenciaria, se instruye comisión de trabajo a partir del doce de mayo de dos mil veinte y hasta nuevo aviso en el Centro Federal de Readaptación Social número 9 "Norte", ciudad Juárez, Chihuahua. b) Oficio número SSPC/PRS/6809/2020, de seis de mayo de dos mil veinte, dirigido al quejoso Diego Corona Cruz, por el que, en su carácter de oficial en prevención penitenciaria, se instruye comisión de trabajo a partir del doce de mayo de este año y hasta nuevo aviso en el Centro Federal de Readaptación Social número 9 "Norte", ciudad Juárez, Chihuahua. c) Oficio número SSPC/PRS/6810/2020, de seis de mayo de dos mil veinte, dirigido al quejoso Eleuterio Lara Hernández, por el que, en su calidad de oficial en prevención penitenciaria, se instruye comisión de trabajo a partir del doce de mayo de este año y hasta nuevo aviso en el Centro Federal de Readaptación Social número 9 "Norte", ciudad Juárez, Chihuahua. d) Oficio número SSPC/PRS/6862/2020, de once de mayo de dos mil veinte, dirigido a la quejosa Lourdes Felipa Carrillo Vázquez, por el que, en su carácter de oficial en prevención penitenciaria, se instruye comisión de trabajo a partir del diecisiete de mayo último y hasta nuevo aviso en el Centro Federal de Readaptación Social número 11 "Cps-Sonora", Hermosillo. e) Oficio número SSPC/PRS/6863/2020, de once de mayo de dos mil veinte, dirigido al quejoso Jhonny Jiménez Moo, por el que, en su carácter de oficial en prevención penitenciaria, se instruye comisión de trabajo a partir del diecisiete de mayo último y hasta nuevo aviso en el Centro Federal de Readaptación Social número 1 "Altiplano", Almoloya de Juárez, Estado de México. II. Del coordinador General de Centros Federales de Prevención y Readaptación Social: La emisión y firma de esos oficios. III. De la encargada del despacho de la Dirección General del Centro Federal de Readaptación Social número trece "Cps-Oaxaca". Los oficios números: SSPC/PRS/CGCF/CFRS13/DG/05589/2020, SPC/PRS/CGCF/CFRS13/DG/05590/2020, SSPC/PRS/CGCF/CFRS13/DG/05591/2020, SSPC/PRS/CGCF/CFRS13/DG/05635/2020, SSPC/PRS/CGCF/CFRS13/DG/05636/2020. Por los que, en atención a los oficios de comisión de trabajo, comunica a los quejosos que se realizaron la gestiones de solicitud de recursos para viáticos y pasajes nacionales, autorizado por el importe de $300.00 y $500.00 (trescientos y quinientos pesos moneda nacional), para lo cual, se les indicó que debían exhibir la documentación comprobatoria en la Dirección de Administración. III. Del director Administrativo del Centro Federal de Readaptación Social número trece, "Cps-Oaxaca": a) La negativa de dar seguimiento a los oficios SSPC/PRS/CGCF/CFRS13/DG/05589/2020, SSPC/PRS/CGCF/CFRS13/DG/5590/2020, SSPC/PRS/CGCF/CFRS13/DG/05591/2020, SSPC/PRS/CGCF/CFRS13/DG/5635/2020 y SSPC/PRS/CGCF/CFRS13/DG/5636/2020, de once y catorce de mayo de dos mil veinte. b) La falta de depósito de viáticos para poder trasladarse a los centros federales donde fueron comisionados, así como los gastos de permanencia en dichas instituciones federales. IV. Del director de Seguridad del Centro Federal de Readaptación Social número trece. La notificación de esos oficios, realizada el catorce de mayo de dos mil veinte. Al señalar los actos reclamados, la parte quejosa los refiere como la "ilegalidad de los oficios", pero esa calificación, ilegalidad, no será considerada propiamente como acto reclamado, sino como parte de los conceptos de violación; motivo por el que, ante la obligación que tiene este órgano jurisdiccional de resolver la verdadera cuestión planteada, la inconformidad de que sean ilegales se abordarán, de ser procedente el juicio, como parte de dichos conceptos y no como actos en sí mismos. Tercero. Inexistencia del acto reclamado. 1º La autoridad responsable, coordinador General de Centros Federales de Prevención y Readaptación Social, a través de la directora de Área en la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos, residente en la ciudad de México, al rendir su informe justificado, negó la existencia del acto relativo a la emisión del: a) Oficio número SSPC/PRS/6808/2020, de seis de mayo de dos mil veinte, dirigido al quejoso Alberto Caracas Méndez, por el que, en su calidad de supervisor de seguridad penitenciaria, se instruye comisión de trabajo a partir del doce de mayo de dos mil veinte y hasta nuevo aviso en el Centro Federal de Readaptación Social número 9 "Norte", ciudad Juárez, Chihuahua. b) Oficio número SSPC/PRS/6809/2020, de seis de mayo de dos mil veinte, dirigido al quejoso Diego Corona Cruz, por el que, en su carácter de oficial en prevención penitenciaria, se instruye comisión de trabajo a partir del doce de mayo de este año y hasta nuevo aviso en el Centro Federal de Readaptación Social número 9 "Norte", ciudad Juárez, Chihuahua. c) Oficio número SSPC/PRS/6810/2020, de seis de mayo de dos mil veinte, dirigido al quejoso Eleuterio Lara Hernández, por el que, en su calidad de oficial en prevención penitenciaria, se instruye comisión de trabajo a partir del doce de mayo de este año y hasta nuevo aviso en el Centro Federal de Readaptación Social número 9 "Norte", ciudad Juárez, Chihuahua. d) Oficio número SSPC/PRS/6862/2020, de once de mayo de dos mil veinte, dirigido a la quejosa Lourdes Felipa Carrillo Vázquez, por el que, en su carácter de oficial en prevención penitenciaria, se instruye comisión de trabajo a partir del diecisiete de mayo último y hasta nuevo aviso en el Centro Federal de Readaptación Social número 11 "Cps-Sonora", Hermosillo. e) Oficio número SSPC/PRS/6863/2020, de once de mayo de dos mil veinte, dirigido al quejoso Jhonny Jiménez Moo, por el que, en su carácter de oficial en prevención penitenciaria, se instruye comisión de trabajo a partir del diecisiete de mayo último y hasta nuevo aviso en el Centro Federal de Readaptación Social número 1 "Altiplano", Almoloya de Juárez, Estado de México. Negativa que queda corroborada con las constancias que remitió la diversa autoridad, comisionado de Prevención y Readaptación Social, con valor probatorio pleno en su calidad de documental pública, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, de las que se advierte que dicha autoridad, coordinador General de Centros Federales de Prevención y Readaptación Social, no emitió esos oficios, sino que únicamente firmó los mismos, en suplencia por ausencia del comisionado de Prevención y Readaptación Social. 2º La diversa responsable, director de Seguridad del Centro Federal de Readaptación Social número trece "Cps-Oaxaca", con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, al emitir su informe justificado, negó la existencia del acto consistente en la notificación llevada a cabo el catorce de mayo de dos mil veinte, respecto de dichos oficios. Sin que la parte quejosa hubiere aportado prueba alguna que demostrara que esa autoridad practicó la notificación de dichos oficios, en los términos planteados en la demanda de amparo. Por ello, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio de amparo, por cuanto a dichas autoridades y actos reclamados. Cuarto. Certeza del acto reclamado. Las autoridades responsables: 1º Comisionado de Prevención y Readaptación Social, por conducto del titular de Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos de Prevención y Readaptación Social, con sede en la ciudad de México, convino en la existencia del acto que se le atribuye. Y como justificación del mismo se tiene la copia certificada de diversas constancias que remitió. 2º Coordinador General de Centros Federales de Prevención y Readaptación Social, a través de la directora de Área en la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos, con sede en la ciudad de México, al rendir su informe justificado, negó la existencia del acto relativo a la firma, en suplencia por ausencia, del: a) Oficio número SSPC/PRS/6808/2020, de seis de mayo de dos mil veinte, dirigido al quejoso Alberto Caracas Méndez, por el que, en su calidad de supervisor de seguridad penitenciaria, se instruye comisión de trabajo a partir del doce de mayo de dos mil veinte y hasta nuevo aviso en el Centro Federal de Readaptación Social número 9 "Norte", ciudad Juárez, Chihuahua. b) Oficio número SSPC/PRS/6809/2020, de seis de mayo de dos mil veinte, dirigido al quejoso Diego Corona Cruz, por el que, en su carácter de oficial en prevención penitenciaria, se instruye comisión de trabajo a partir del doce de mayo de este año y hasta nuevo aviso en el Centro Federal de Readaptación Social número 9 "Norte", ciudad Juárez, Chihuahua. c) Oficio número SSPC/PRS/6810/2020, de seis de mayo de dos mil veinte, dirigido al quejoso Eleuterio Lara Hernández, por el que, en su calidad de oficial en prevención penitenciaria, se instruye comisión de trabajo a partir del doce de mayo de este año y hasta nuevo aviso en el Centro Federal de Readaptación Social número 9 "Norte", ciudad Juárez, Chihuahua. d) Oficio número SSPC/PRS/6862/2020, de once de mayo de dos mil veinte, dirigido a la quejosa Lourdes Felipa Carrillo Vázquez, por el que, en su carácter de oficial en prevención penitenciaria, se instruye comisión de trabajo a partir del diecisiete de mayo último y hasta nuevo aviso en el Centro Federal de Readaptación Social número 11 "Cps-Sonora", Hermosillo. e) Oficio número SSPC/PRS/6863/2020, de once de mayo de dos mil veinte, dirigido al quejoso Jhonny Jiménez Moo, por el que, en su carácter de oficial en prevención penitenciaria, se instruye comisión de trabajo a partir del diecisiete de mayo último y hasta nuevo aviso en el Centro Federal de Readaptación Social número 1 "Altiplano", Almoloya de Juárez, Estado de México. Sin embargo, de las constancias que remitió la diversa autoridad, comisionado de Prevención y Readaptación Social, con valor probatorio pleno en su calidad de documental pública, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se advierte que dicha autoridad, coordinador General de Centros Federales de Prevención y Readaptación Social, firmó los oficios de que se trata, en suplencia por ausencia del comisionado de Prevención y Readaptación Social; de ahí que se tiene por cierto el acto que se le atribuye. 3º La encargada del despacho de la Dirección General del Centro Federal de Readaptación Social número trece "Cps-Oaxaca", al rendir su informe justificado, negó la existencia de la emisión de los oficios números: SSPC/PRS/CGCF/CFRS13/DG/05589/2020, SPC/PRS/CGCF/CFRS13/DG/05590/2020, SSPC/PRS/CGCF/CFRS13/DG/05591/2020, SSPC/PRS/CGCF/CFRS13/DG/05635/2020, y SSPC/PRS/CGCF/CFRS13/DG/05636/2020. Por los que, en atención a los oficios de comisión de trabajo, se comunica a los quejosos que se realizaron la gestiones de solicitud de recursos para viáticos y pasajes nacionales, autorizado por el importe de $300.00 y $800.00 (trescientos y ochocientos pesos moneda nacional), para lo cual, se les indicó que debían exhibir la documentación comprobatoria en la Dirección de Administración. Sin embargo, la negativa que refiere la responsable se basa en que no son ilegales esos oficios, ya que, dice, se emitieron atendiendo las funciones que están reservadas a la Dirección General. De ahí que como la legalidad o ilegalidad es motivo de análisis de fondo del asunto, en su caso, pero no de la existencia de los actos reclamados; entonces, al haber emitido dichos oficios, se tiene por cierto el acto atribuido. 4º El director Administrativo del Centro Federal de Readaptación Social número trece, "Cps-Oaxaca", al rendir su informe justificado, negó la existencia de los siguientes actos: a) La negativa de dar seguimiento a los oficios SSPC/PRS/CGCF/CFRS13/DG/05589/2020, SSPC/PRS/CGCF/CFRS13/DG/5590/2020, SSPC/PRS/CGCF/CFRS13/DG/05591/2020, SSPC/PRS/CGCF/CFRS13/DG/5635/2020 y SSPC/PRS/CGCF/CFRS13/DG/5636/2020, de once y catorce de mayo de dos mil veinte. b) La falta de depósito de viáticos para poder trasladarse a los centros federales donde fueron comisionados, así como los gastos de permanencia en dichas instituciones federales. Al respecto, señaló que sí se le dio seguimiento a esos oficios y que, incluso, ya fueron reembolsados los viáticos a los quejosos que comprobaron los gastos relativos, lo que aconteció el diecinueve de agosto y diecinueve de octubre de dos mil veinte; sin embargo, en la fecha en que se presentó demanda de amparo, cinco de agosto del año en curso, existían los actos en la forma planteada por la parte quejosa y, por ello, se tienen por ciertos los que se le atribuyen a dicha autoridad. Quinto. Causal de improcedencia. Previo al estudio del fondo del asunto, procede analizar si se actualiza alguna causa de improcedencia, por ser de estudio preferente y de oficio, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En relación con los actos reclamados consistentes en: 1º La emisión de los oficios números: SSPC/PRS/CGCF/CFRS13/DG/05589/2020, SPC/PRS/CGCF/CFRS13/DG/05590/2020, SSPC/PRS/CGCF/CFRS13/DG/05591/2020, SSPC/PRS/CGCF/CFRS13/DG/05635/2020, y SSPC/PRS/CGCF/CFRS13/DG/05636/2020. Por los que, en atención a los oficios de comisión de trabajo, se comunica a los quejosos que se realizaron la gestiones de solicitud de recurso para viáticos y pasajes nacionales, autorizado por el importe de $300.00 y $800.00 (trescientos y ochocientos pesos moneda nacional), para lo cual, se les indicó que debían exhibir la documentación comprobatoria en la Dirección de Administración. 2º La negativa de dar seguimiento a esos oficios. 3º La falta de depósito de viáticos para poder trasladarse a los centros federales donde fueron comisionados, así como los gastos de permanencia en dichas instituciones federales. Se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 1º., 5º, fracción II, y 108, fracción III, de dicha ley, que refieren: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: Fracción. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;". "Artículo 5.- Son partes en el juicio de amparo: II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. "Artículo 108.- La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: III.- La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios". Estos preceptos invocados prevén la procedencia del amparo contra normas generales, actos u omisiones de autoridad. Así, se considera que el acto reclamado consiste en un hecho voluntario y positivo (decisión, ejecución o ambas) o negativo (abstención u omisión) que implica una afectación de situaciones jurídicas abstractas (ley) o que constituye un acto concreto de efectos particulares (acto stricto sensu), imputable a un órgano del Estado o un particular que tenga facultades cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general, e impuesto al gobernado de manera imperativa, unilateral y coercitiva. De ahí que no todos los hechos que el gobernado estime contrarios a su interés son susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo, sino únicamente los actos de autoridad, esto es, aquellos que afectan de manera unilateral la esfera jurídica de la parte quejosa y si se impuso contra y sobre la voluntad de ésta; además, si de acuerdo con su naturaleza, se debe considerar si puede exigirse su cumplimiento. De no concurrir estas condiciones, el juicio de amparo resulta improcedente en contra de actos que no son de autoridad. Además, en la jurisprudencia por reiteración de tesis 164/2011, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobada en sesión privada de siete de septiembre de dos mil once, se determinó que las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales, ni precise del consenso de la voluntad del afectado. En el caso concreto, los actos relativos a 1º la emisión de los oficios números SSPC/PRS/CGCF/CFRS13/DG/05589/2020, SSPC/PRS/CGCF/CFRS13/DG/5590/2020, SSPC/PRS/CGCF/CFRS13/DG/05591/2020, SSPC/PRS/CGCF/CFRS13/DG/5635/2020 y SSPC/PRS/CGCF/CFRS13/DG/5636/2020, de once y catorce de mayo de dos mil veinte, por los que, en atención a los oficios de comisión de trabajo, se comunica a los quejosos que se realizaron la gestiones de solicitud de recurso para viáticos y pasajes nacionales, autorizado por el importe de $300.00 y $800.00 (trescientos y ochocientos pesos moneda nacional), para lo cual, se les indicó que debían exhibir la documentación comprobatoria en la Dirección de Administración; 2º la falta de seguimiento a esos oficios, así como 3º la falta de depósito de viáticos para poder trasladarse a los centros federales donde fueron comisionados, y los gastos de permanencia en dichas instituciones federales, no provienen de autoridad para efectos del juicio de amparo. En efecto, la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que los llamados viáticos son las cantidades dadas a una persona para sus gastos de transporte, hospedaje y alimentación, en los casos en que tiene que desempeñar sus labores fuera de su domicilio o residencia habitual, y que son entregadas, no como una contraprestación del servicio desempeñado, sino para resarcir al trabajador de los gastos extraordinarios que tiene que hacer por la circunstancia de tener que permanecer fuera de su residencia habitual; de ahí que, señaló, no son cantidades de las que puede disponer libremente, sino que debe usarlas en el pago de hospedaje y alimentos; ello, atento a la tesis de datos de localización y rubro siguientes: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 804289 Aislada Materias(s): Laboral Quinta Época Instancia: Cuarta Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo: Tomo CXXII Tesis: null Página: 1033 SALARIO, LOS VIATICOS NO FORMAN PARTE DEL MISMO. El artículo 86 de la Ley Federal del Trabajo y la jurisprudencia de esta Suprema Corte han establecido que dentro del concepto de salario quedan comprendidos no sólo los pagos hechos por cuota diaria, sino también las gratificaciones, percepciones, habitación y cualquiera otra cantidad que sea entregada a un trabajador a cambio de su labor ordinaria, incluyendo también todas las ventajas económicas establecidas en el contrato en su favor; pero para que cualquiera prestación pueda considerarse parte integrante del salario, es preciso, como lo dispone el artículo invocado, que se le entregue a cambio de su labor ordinaria, lo que no ocurre con los llamados viáticos, que son las cantidades dadas a una persona para sus gastos de transporte, hospedaje y alimentación, en los casos en que tiene que desempeñar sus labores fuera de su domicilio o residencia habitual, pues tales sumas son entregadas no como una contraprestación del servicio desempeñado, sino para resarcir al trabajador de los gastos extraordinarios que tiene que hacer por el hecho de tener que permanecer fuera de su residencia habitual, o lo que es igual, no son cantidades de las que puede disponer libremente para el fin que mejor le plazca, sino que debe usarlas en el pago de hospedaje y alimentos". Así, la emisión de los oficios por los que se indica a los quejosos que se deben realizar la gestiones de solicitud de recurso para viáticos y pasajes nacionales, como su falta de seguimiento y del depósito de esos gastos y de permanencia en los centros de trabajo relativos, no deriva de una relación de supra a subordinación con un particular, sino de una relación laboral, de acuerdo con lo que dispone el artículo 17 del Reglamento del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, que señala: "Artículo 17.- Los titulares de los centros federales tendrán las funciones siguientes: A) De los CEFERESO: XIII. Administrar los recursos humanos, materiales y financieros del CEFERESO, de conformidad con los lineamientos establecidos por la Dirección General de Administración del Órgano". En esas condiciones, con apoyo además en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio de amparo, respecto de los actos y autoridades antes referidos. El sobreseimiento por la causal de improcedencia decretada impide el estudio de los conceptos de violación planteados por la parte quejosa como lo establece la jurisprudencia II.3o.J/58, aplicable en términos del numeral sexto transitorio de la nueva Ley de Amparo, y que fue publicada en la foja 57 del tomo 70, octubre de 1993, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". Sexto. Diversa causa de improcedencia. Por cuanto a los actos que se reclaman, consistentes en: a) Oficio número SSPC/PRS/6808/2020, de seis de mayo de dos mil veinte, dirigido al quejoso Alberto Caracas Méndez, por el que se instruye comisión de trabajo a partir del doce de mayo de dos mil veinte y hasta nuevo aviso en el Centro Federal de Readaptación Social número 9 "Norte", ciudad Juárez, Chihuahua; y, b) Oficio número SSPC/PRS/6863/2020, de once de mayo de dos mil veinte, dirigido al quejoso Jhonny Jiménez Moo, por el que se instruye comisión de trabajo a partir del diecisiete de mayo del año en curso y hasta nuevo aviso en el Centro Federal de Readaptación Social número 1 "Altiplano", Almoloya de Juárez, Estado de México. Se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXII del numeral 61 de la Ley de Amparo, que refiere: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo". De las constancias que remitió la responsable, comisionado de Prevención y Readaptación Social, con valor probatorio en su calidad de documental pública, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por haber sido expedidas por funcionario público en ejercicio de sus funciones, se aprecia que: 1º Alberto Caracas Méndez presentó renuncia voluntaria, con carácter de irrevocable, en la categoría de supervisor de seguridad penitenciaria, con efectos a partir del uno de septiembre de dos mil veinte. 2º Se dieron por terminados los efectos del nombramiento de Jhonny Jiménez Moo, como oficial en prevención penitenciaria, mediante oficio número PRS/8166/2020, de fecha veinticinco de junio de dos mil veinte, por lo que se le requirió entregara el equipo asignado, gafete, y asuntos asignados. Ahora, si el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos fundamentales que un determinado acto de autoridad generó sobre la esfera jurídica del gobernado, con el fin de restituirlo en el pleno goce de aquél que se estimó violado, lo que implica que el fallo protector pueda concretarse y trascender a su esfera jurídica, pero, en el caso, aun cuando subsistan los efectos de los oficios de comisión, pues no fueron revocados por la autoridad responsable, su objeto o materia desaparecieron, toda vez que uno de los quejosos renunció y, respecto del otro, se dieron por terminados los efectos de su nombramiento; así, los efectos del acto de autoridad ya no podrán concretarse en virtud de la modificación del entorno en el cual se emitieron y se tornaría imposible restituir a dichos quejosos en el goce del derecho fundamental que se estimó vulnerado. En esas condiciones, con apoyo además en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio de amparo promovido por Alberto Caracas Méndez y Jhonny Jiménez Moo, respecto de esos actos y autoridades. Se invoca en apoyo, por tratar sobre el tema, el siguiente criterio: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 175205 Aislada Materias(s): Administrativa Novena Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo: Tomo XXIII, Abril de 2006 Tesis: IV.1o.A.37 A Página: 1187 SERVIDORES PÚBLICOS. SI SE PROMUEVE JUICIO DE GARANTÍAS CONTRA UNA ORDEN DE BAJA Y DURANTE LA SUSTANCIACIÓN EL QUEJOSO PRESENTA SU RENUNCIA, SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. El juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad generó sobre la esfera jurídica del gobernado, con el fin de restituirlo en el pleno goce de los derechos fundamentales que le hayan sido violados, lo que de suyo implica que el fallo protector pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado, de lo que deriva que si durante la sustanciación del juicio de amparo, sea en primera instancia o en revisión, el servidor público se presenta ante la autoridad responsable a exteriorizar su renuncia formal, y aquélla la acepta, cubriéndole además las prestaciones a que tiene derecho, resulta inconcuso que el objeto o materia en que se tradujo la orden de baja, desapareció del mundo jurídico, aun cuando de hecho subsista, pues los efectos del acto de autoridad ya no podrán concretarse en virtud de la modificación del entorno en el cual ésta se emitió, por lo que en caso de concluirse que aquél es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, luego, es evidente que sobreviene la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, pues aun cuando subsiste el acto reclamado, no podría surtir efecto material alguno, por haber dejado de existir su materia. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO". El sobreseimiento por la causal de improcedencia decretada impide el estudio de los conceptos de violación planteados por la parte quejosa como lo establece la jurisprudencia II.3o.J/58, aplicable en términos del numeral sexto transitorio de la nueva Ley de Amparo, y que fue publicada en la foja 57 del tomo 70, octubre de 1993, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". Séptimo. Causa de improcedencia. En relación con los actos reclamados consistentes en la emisión y firma del: a) Oficio número SSPC/PRS/6809/2020, de seis de mayo de dos mil veinte, dirigido al quejoso Diego Corona Cruz, por el que, en su carácter de oficial en prevención penitenciaria, se instruye comisión de trabajo a partir del doce de mayo de este año y hasta nuevo aviso en el Centro Federal de Readaptación Social número 9 "Norte", ciudad Juárez, Chihuahua. b) Oficio número SSPC/PRS/6810/2020, de seis de mayo de dos mil veinte, dirigido al quejoso Eleuterio Lara Hernández, por el que, en su calidad de oficial en prevención penitenciaria, se instruye comisión de trabajo a partir del doce de mayo de este año y hasta nuevo aviso en el Centro Federal de Readaptación Social número 9 "Norte", ciudad Juárez, Chihuahua. c) SSPC/PRS/6862/2020, de once de mayo de dos mil veinte, dirigido a la quejosa Lourdes Felipa Carrillo Vázquez, por el que, en su carácter de oficial en prevención penitenciaria, se instruye comisión de trabajo a partir del diecisiete de mayo último y hasta nuevo aviso en el Centro Federal de Readaptación Social número 11 "Cps-Sonora", Hermosillo. Las autoridades responsables, comisionado de Prevención y Readaptación Social, y coordinador General de Centros Federales de Prevención y Readaptación Social, al rendir sus informes justificados, hicieron valer la causa de improcedencia prevista en la fracción V del numeral 61 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia". Los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 5o, de la Ley de Amparo, establecen, respectivamente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa". "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio, análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agravios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley". Conforme a esos preceptos legales, para la procedencia de la acción constitucional se requiere, como condición previa, la existencia de un derecho legítimamente tutelado que, cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye la legitimación exigida por la Constitución Federal y la Ley de Amparo, para la procedencia del juicio de amparo indirecto. Es por ello que el ejercicio de la acción restitutoria de derechos fundamentales está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o, en su caso, por la ley, que lo legitima a instar la acción constitucional. Falta de interés legítimo y jurídico. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación con los elementos constitutivos del interés legítimo e interés jurídico, como requisitos para promover el juicio de amparo indirecto, se pronunció en el sentido de que el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. Así, en el juicio de amparo el gobernado debe demostrar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Los elementos constitutivos del interés jurídico a demostrar son: a) La existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) Que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Y para probar el interés legítimo, deberá justificarse que: a) Existe una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) El acto reclamado transgrede ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) Que el gobernado pertenezca a esa colectividad. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que para reclamar una vulneración a un derecho, requiere de la existencia de cierta afectación en la esfera jurídica de la persona, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad y no como una simple posibilidad. Y que el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ello, protegidos. Por su parte, los artículos 2, 3 y 5, fracción VIII, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública señalan: "Artículo 2. La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y municipios, que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos y comprende la prevención especial y general de los delitos, la sanción de las infracciones administrativas, así como la investigación y la persecución de los delitos y la reinserción social del sentenciado, en términos de esta Ley, en las respectivas competencias establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El Estado desarrollará políticas en materia de prevención social del delito con carácter integral, sobre las causas que generan la comisión de delitos y conductas antisociales, así como programas y acciones para fomentar en la sociedad valores culturales y cívicos, que induzcan el respeto a la legalidad y a la protección de las víctimas. "Artículo 3. La función de Seguridad Pública se realizará en los diversos ámbitos de competencia por conducto de las Instituciones Policiales, de Procuración de Justicia, de las instancias encargadas de aplicar las infracciones administrativas, de la supervisión de medidas cautelares, de suspensión condicional del procedimiento de los responsables de la prisión preventiva y ejecución de penas, así como por las demás autoridades que en razón de sus atribuciones deban contribuir directa o indirectamente al objeto de esta Ley. "Articulo 5. - Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: VIII. Instituciones de Seguridad Pública: a las Instituciones Policiales, de Procuración de Justicia, del Sistema Penitenciario y dependencias encargadas de la Seguridad Pública a nivel federal, local y municipal; Así, los servidores públicos que están adscritos a Prevención y Readaptación Social son trabajadores de confianza adscritos a una institución de seguridad pública y, de acuerdo con las funciones que desempeñan, están sujetos al régimen a que se refiere la fracción XIII del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; específicamente, los oficiales en prevención penitenciaria, como en la que se desempeñan los quejosos, tienen funciones de vigilancia, protección, dar seguridad a instalaciones del centro penitenciario y a las personas privadas de su libertad en esos centros. Ahora, en los oficios que se reclaman, se instruyó a Diego Corona Cruz, Eleuterio Lara Hernández y Lourdes Felipa Carrillo Vázquez, adscritos al Centro Federal de Readaptación Social número trece y en su carácter de oficiales en prevención penitenciaria, comisión de trabajo en el Centro Federal de Readaptación Social número 9 "Norte", ciudad Juárez, Chihuahua y en el diverso número 11 "Cps-Sonora", en Hermosillo; sin que se afecte su interés jurídico al comisionarlos de esa forma, ya que en estos últimos centros penitenciarios continúan desempeñando las mismas funciones y en igualdad de condiciones que las que ejercían en aquel centro penitenciario en el que estaban adscritos; pues no existe prueba que demuestre lo contrario. De ahí que no se demostró que se tenga un derecho legítimamente protegido que se hubiere transgredido por la actuación de la autoridad; por tanto, se actualiza la hipótesis de improcedencia de falta de interés legítimo que prevé el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo y, como consecuencia, con apoyo en el diverso numeral 63, fracción V, de la ley invocada, procede sobreseer en este juicio de amparo, respecto de dichos quejosos. Se invoca en apoyo, por tratar sobre el tema e identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia de datos de localización, rubro y texto siguientes: "Registro digital: 162763 Aislada Materias(s): Común Novena Época Instancia: Segunda Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo: Tomo XXXIII, Febrero de 2011 Tesis: 2a./J. 16/2011 Página: 815 POLICÍA INVESTIGADORA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE JALISCO. SUS AGENTES TIENEN INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO CONTRA LA ORDEN DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN, A MENOS DE QUE ÉSTE SE VERIFIQUE EN IGUALDAD DE FUNCIONES Y CONDICIONES. Los artículos 13, 15, 18, 20, 21, 24, 35 y 36 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco establecen, entre otras cosas, la integración de esta Procuraduría, algunas de sus facultades, en especial la relativa a la potestad de establecer las delegaciones y las agencias del Ministerio Público que se requieran de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria y la necesidad del servicio, la facultad del Procurador General para delegar facultades, la naturaleza de personal de confianza de la Policía Investigadora, así como su subordinación a la Procuraduría General de Justicia de esa entidad y la potestad del Procurador o de los delegados que se nombren para adscribir a los agentes del Ministerio Público, a los agentes de la Policía Investigadora y demás servidores públicos a las diversas unidades administrativas de la Procuraduría, tomando en cuenta su categoría y especialidad. Del contenido de esos numerales se advierte que si bien los agentes de la Policía Investigadora no tienen el derecho a permanecer indefinidamente en su adscripción, pues los fines de la institución de la que forman parte así lo imponen, lo cual se traduce en que las necesidades del servicio obligan precisamente a su movilidad, lo cierto es que el cambio de adscripción está sujeto a reglas que la propia autoridad debe observar y cumplir; en otras palabras, aunque dichos agentes se encuentran en una relación de especial sujeción, pues su adscripción está condicionada por las necesidades del servicio, una determinación de esa naturaleza no escapa ni es ajena a la garantía de legalidad, que obliga a la autoridad que ordena el cambio de adscripción a observar el procedimiento establecido en la propia legislación aplicable para esos casos; por tanto, de esas condiciones surge el interés de tales agentes para acudir al juicio de amparo cuando estimen que la autoridad no observó las normas dispuestas para el cambio de adscripción, a menos que éste se verifique en igualdad de funciones y condiciones a las anteriores, en cuyo caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo. El sobreseimiento por la causal de improcedencia decretada impide el estudio de los conceptos de violación planteados por la parte quejosa como lo establece la jurisprudencia II.3o.J/58, aplicable en términos del numeral sexto transitorio de la nueva Ley de Amparo, y que fue publicada en la foja 57 del tomo 70, octubre de 1993, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". Octavo. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, la publicación de la misma se realizará en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 1, 37, 74, 77 y demás de la Ley de Amparo, se r e s u e l v e: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por 1) Diego Corona Cruz, 2) Jhonny Jiménez Moo, 3) Eleuterio Lara Hernández, 4) Lourdes Felipa Carrillo Vásquez, y 5) Alberto Caracas Méndez, por propio derecho, contra los actos reclamados al 1º comisionado de Prevención y Readaptación Social; 2º coordinador General de Centros Federales de Prevención y Readaptación Social, con sede en la ciudad de México; 3º encargada de la Dirección General del Centro Federal de Readaptación Social número trece "Cps-Oaxaca", con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, 4º director de Seguridad de ese centro penitenciario y 5º director Administrativo de dicho centro de reclusión, en términos de los considerandos tercero, quinto, sexto y séptimo de esta sentencia. Segundo. Dése cumplimiento al considerando último de este fallo y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, hoy veintiocho de diciembre de dos mil veinte, en que se estuvo en condiciones de dictar la sentencia respectiva. Conste. 'BBMM

  3. Incidental

    INC. 399/2020 1 [] San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dos de diciembre de dos mil veinte. Ya se acordaron informes. Agréguense los oficios de las responsables, a) comisionado de Prevención y Readaptación Social y b) coordinador General de Centros Federales de Prevención y Readaptación Social, a través de la directora de Área en la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos, residentes en la ciudad de México, únicamente para que obren como corresponda, toda vez que esos oficios en los que rinden su informe previo, fueron recibidos vía correo electrónico y acordados en resolución interlocutoria de quince de octubre de dos mil veinte. Notifíquese por lista electrónica. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  4. Principal

    PRAL. 399/2020 1 [] San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de noviembre de dos mil veinte. I. Informes justificados. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguense los oficios de las responsables, a) comisionado de Prevención y Readaptación Social y b) coordinador General de Centros Federales de Prevención y Readaptación Social, a través de la directora de Área en la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos, residentes en la ciudad de México, mediante los que rinden informe justificado; con los mismos dése vista a las partes para que manifiesten lo que a sus intereses convenga, sin perjuicio de relacionarlos en la audiencia respectiva. 1.1. Pruebas. En términos del numeral 119 de la Ley de Amparo se tiene a aquéllas ofreciendo la prueba documental consistente en diversas documentales en copia certificada, mismas que se desahogan por su propia naturaleza para ser considerada en el momento procesal oportuno. 1.2. Vista. Con dichas constancias se da vista a la parte quejosa a fin de que, si lo estima necesario, pueda consultar la información ahí contenida y manifieste lo que a sus intereses convenga; en el entendido de que al tratarse de un asunto tramitado físicamente, y en el contexto de la pandemia, esa autorización surtirá sus efectos, únicamente siguiendo las disposiciones que respecto a la comparecencia de las personas en el órgano jurisdiccional establece el artículo 3 del acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal o, de solicitarlo, la consulta puede llevarse a cabo a través del acceso al expediente electrónico. 1.3. Señala domicilio y designan delegados. Téngase a dichas autoridades designando como sus delegados a las personas que mencionan, en términos del numeral 9º, párrafo primero, de la Ley de Amparo, y señalando como domicilio para recibir notificaciones los que indican. II. Ya se acordó promoción. Agréguese el oficio del encargado de la Dirección de Seguridad del Centro Federal de Readaptación Social número 13 "Cps Oaxaca", únicamente para que obre como corresponda, toda vez que el oficio en el que informa que los quejosos 1) Diego Corona Cruz, y 2) Alberto Caracas Méndez ya no se encuentran adscritos a ese centro penitenciario, por baja, fue recibido en este Juzgado y acordado en proveído de veintinueve de octubre del año en curso. Notifíquese por lista electrónica. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

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