Jhony Isaac Espina Fuentes
Expediente 112/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 11 actuaciones registradas, la última del 19 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 112/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 19/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Jhony Isaac Espina Fuentes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
PRAL.112/2022 MESA 7 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de julio de dos mil veintidós. 1. Se agrega oficio. Agréguese el oficio número 18965/2022, del actuario judicial del Juzgado Decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, con transcripción del proveído de trece de junio de este año, del que se advierte, en lo sustancial, que en atención al engrose relativo a la concentración de expedientes SECNO/CE/VGDH/1/2022, resuelto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veintidós de junio de dos mil veintidós, en relación con la circular SECNO/STCCNO/573/2022, de veintisiete de junio pasado, suscrita por el secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, ese órgano jurisdiccional se avocó al conocimiento del juicio de amparo 112/2022, registrándolo con el número 636/2022, de su estadística. Se atiende solicitud y se remiten constancias. En atención a la solicitud del Juzgado referido, previa copia que se glose a los autos del cuaderno de antecedentes, remítansele las constancias de notificación originales de todas las partes procesales del acuerdo de veintiocho de junio del año en curso, en el que causó ejecutoria la sentencia dictada en el juicio de amparo 112/2022 y se ordenó la remisión del expediente al Juzgado oficiante y un disco DVD, a fin de que se avocara al conocimiento de la ejecución de sentencia. Además, se hace de su conocimiento que mediante oficio 19326/2022 se le remitió el comunicado con terminación 06815/2022-J, suscrito por la juez de Control del circuito judicial de Valles Centrales sede San Francisco Tanivet, Oaxaca, y anexo; recibido vía correo electrónico institucional, mismo que fue recibido el catorce del mes actual, como se advierte del comprobante de entrega de la mensajería estafeta; sin embargo, a fin de que esté en aptitud de proveer lo relativo, también se le remite el referido comunicado con terminación 06815/2022-J, y anexo; para los efectos legales a que haya lugar. 2. Archivo del cuaderno de antecedentes. En consecuencia, como en este expediente no existen documentos originales exhibidos por las partes, ni asunto pendiente por diligenciar, en razón de que el Juzgado Decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México se avocó al conocimiento del juicio de amparo, en etapa de ejecución de sentencia; con fundamento en el artículo 21, inciso j, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, este expediente es destruible, por lo cual, transcurridos tres años a partir de la fecha en que se ordenó el archivo como asunto concluido, procédase a su destrucción dentro de los treinta días siguientes, y remítase en su momento el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación. 3. Instrucción (certificación). Se instruye al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente para que, previo al archivo del mismo, haga la revisión y verifique que, como se precisó en el auto inicial, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso se haya incorporada (o) cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente. Lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte. 4. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste la leyenda que el mismo es destruible. 5. Anotaciones. Hágase la anotación en la carátula del expediente, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese.
- Principal
PRAL.112/2022 MESA 7 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cinco de julio de dos mil veintidós. 1. Autoridad remite cumplimiento. Agréguese el oficio de cuenta con terminación 06815/2022-J, suscrito por la juez de Control del circuito judicial de Valles Centrales sede San Francisco Tanivet, Oaxaca, recibido vía correo electrónico institucional, mediante el que remite, en formato PDF, copia certificada del acuerdo de uno de julio del año en curso, dictado en la causa penal 564/2021, de su índice, mediante el que refiere dar cumplimiento a la sentencia dictada en este juicio de amparo indirecto. Ahora, en proveído de veintiocho de junio de este año se remitieron al Juzgado Decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México: a) las constancias originales del juicio de amparo 112/2022 y b) un disco en formato DVD; ello, en cumplimiento a lo ordenado en el oficio SECNO/STCCNO/585/2022, del secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, mediante el que se hizo del conocimiento de este Juzgado la resolución "CONCENTRACIÓN DE EXPEDIENTES: SECNO/CE/VGDH/1/2022", que ordenó la concentración del referido juicio al Juzgado en comento. 2. Remisión de oficio original. En esas condiciones, previa copia simple que obre en autos, remítase el comunicado de cuenta y anexo, al Juzgado Decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México; lo anterior, para que esté en condiciones de proveer lo conducente. Notifíquese.
- Principal
PRAL.112/2022 MESA 7 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de junio de dos mil veintidós. 1. Plazo para interposición de recurso. Vistos los autos y la certificación de cuenta, se advierte que ha fenecido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la sentencia dictada en audiencia celebrada de nueve de mayo de dos mil veintidós, firmada y autorizada el treinta y uno de mayo siguiente, en la que, por una parte, se negó el amparo y, por otra, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso; sin que lo hubiesen hecho. 2. Firmeza de la sentencia. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia. 3. Requerimiento de cumplimiento de sentencia. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo requiérase al juez de Control en Materia Penal del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca, para que dentro del plazo de tres días hábiles posteriores a su notificación, proceda a cumplir con la sentencia dictada en este juicio, en los términos planteados en la misma, a saber: ". 1° Deje insubsistente la resolución de catorce de enero de dos mil veintidós, dictada en la causa penal 564/2021, en la que se impuso a *** la medida cautelar de prisión preventiva, únicamente en la parte en la que refirió que ".al haberse impuesto la prisión preventiva que la policía del Estado, con respeto a los derechos humanos del acusado, lo traslade al Centro Penitenciario de Cuicatlán, Oaxaca, reitero, para que ahí esté en prisión preventiva y a disposición de este juzgador, que se le informe esto al director del mencionado reclusorio, en razón de que he impuesto en esta audiencia a ****, por el delito de violencia familiar cometido en agravio de ***"; debiendo dejar intocado lo que no fue objeto de análisis en la referida concesión; hecho lo cual: 2° De manera fundada y motivada, exponga los argumentos respectivos para determinar que el quejoso *** debía ser ingresado al Centro Penitenciario de Cuicatlán, Oaxaca, para que ahí esté en prisión preventiva justificada y a su disposición, en la causa penal 564/2021, de su índice. (.)". Con la precisión que, dentro del mismo plazo, deberá remitir copia certificada de las constancias que acrediten el acatamiento. 3.1 Apercibimiento. Se le apercibe que, de incumplir sin causa justificada, se le impondrá multa equivalente a cien días, calculado sobre el valor diario de la unidad de medida y actualización que es de $96.22 (noventa y seis pesos 22/100, moneda nacional); por tanto, la medida que, en su caso, se imponga ascenderá a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos, 00/100, moneda nacional); con independencia de ello, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para seguir el trámite de inejecución. 4. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con fundamento en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la sentencia ejecutoriada estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. CONCENTRACIÓN. 5. Comunica Concentración de Expedientes. Por otra parte, incorpórese a los autos la copia certificada del oficio SECNO/STCCNO/585/2022, del secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, con residencia en la ciudad de México, al que anexa la resolución de "CONCENTRACIÓN DE EXPEDIENTES: SECNO/CE/VGDH/1/2022", emitida el veintidós de este mes y año. 5.1. Remisión del asunto. Atento a su contenido y toda vez que este juicio de amparo 112/2022 aparece registrado con el número 74, del listado contenido en la citada resolución de concentración, en cabal cumplimiento a lo indicado y mediante el oficio que al efecto se gire, se ordena la remisión inmediata del a) juicio principal 112/2022 y b) un disco en formato DVD, remitido por el juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, con sede en San Francisco Tanivet, Oaxaca, como justificación a su informe, al Juzgado Decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, a fin de que continúe con el trámite correspondiente; solicitándole atentamente el envío del acuse de recibo. Además, infórmese lo anterior a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en esta población, para los efectos indicados en la resolución de "CONCENTRACIÓN DE EXPEDIENTES: SECNO/CE/VGDH/1/2022". 5.2. Vinculación del expediente electrónico. Se ordena a la oficial judicial "A" (SISE) habilite el expediente electrónico relativo a este juicio de amparo, para su vinculación y consulta por parte del Juzgado Decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 5.3. Cuaderno de antecedentes. Finalmente, fórmense el cuaderno de antecedentes relativo a este juicio de amparo; además, efectúense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el sistema integral de seguimiento de expedientes. Notifíquese personalmente.
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PRAL 112/2022 SENTENCIA. Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 112/2022; y R E S U L T A N D O S: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante demanda de amparo depositada el veintiséis de enero de dos mil veintidós en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio, y turnada a este Juzgado en la misma data, el quejoso Jhony Isaac Espina Fuentes, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos reclamados y autoridad responsable que se precisarán en el considerando respectivo. SEGUNDO. Derechos fundamentales vulnerados. La parte quejosa invocó como derecho fundamental vulnerado el contenido en los artículos 1, 14, 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes de los actos reclamados y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. TERCERO. Registro de la demanda de amparo. En auto de veintisiete de enero del año en curso se registró la demanda de amparo en el libro de gobierno con el número 112/2022 y se admitió a trámite, se dio la intervención que le asiste a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y se solicitó de la autoridad señalada como responsable su informe justificado. CUARTO. Emplazamiento de la autoridad tercera interesada. En proveído de uno de abril de este año se ordenó emplazar a 1) Amanda Amelia López García, agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos contra la Mujer por Razón de Género, de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (quien interviene en la causa penal 564/2021, de la que deriva el acto reclamado) y a 2) Guadalupe Hernández Juárez (por ser la víctima en el delito de violencia familiar, en la causa penal 564/2021, que se instruye contra el aquí quejoso Jhony Isaac Espina Fuentes), en su carácter de terceras interesadas; emplazamientos que se realizaron el once y cinco de abril de dos mil veintidós, respectivamente. QUINTO. Citación para sentencia. Mediante acuerdo de ocho de abril de dos mil veintidós se citó a las partes a la audiencia constitucional, misma que, en sus fases de pruebas y alegatos, se celebró al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O S: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, en términos de los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y 49, 50 y 56, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse de un asunto de naturaleza penal, y los actos reclamados se atribuyen a una autoridad con residencia en Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca; lugar en el que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados. De la lectura integral de la demanda, así como de las constancias que integran el juicio, se advierte que la parte quejosa reclama: La resolución de catorce de enero de dos mil veintidós, dictada en la causa penal 564/2021, en la que se impuso a Jhony Isaac Espina Fuentes la medida cautelar de prisión preventiva. El internamiento en el Centro Penitenciario de San Juan Bautista Cuicatlán, Oaxaca, sin fundamento ni motivo alguno, fuera de la jurisdicción de Valles Centrales Oaxaca, que se decretó en audiencia de catorce de enero de dos mil veintidós, celebrada en la causa penal 564/2021. Actos que atribuye al juez de Control en Materia Penal del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca. Es aplicable al respecto la jurisprudencia P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 255, tomo XIX, abril de 2014, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 181810, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". TERCERO. Existencia de los actos reclamados. La autoridad responsable juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, con sede en San Francisco Tanivet, Oaxaca, al rendir su informe justificado, convino en la existencia del acto reclamado consistente en la resolución de catorce de enero de dos mil veintidós, dictada en la causa penal 564/2021, en la que se impuso a Jhony Isaac Espina Fuentes la medida cautelar de prisión preventiva. Lo que se corrobora con el disco en formato DVD, que exhibió la referida autoridad como apoyo a dicho informe justificado, relativo a la causa penal 564/2021, de su índice; el cual, una vez reproducido, se puede advertir que contiene a) la versión escrita de la determinación de catorce de enero de dos mil veintidós, dictada en la causa penal 564/2021 y b) su índice cronológico, así como c) audio y video de la audiencia de revisión de la medida cautelar celebrada el catorce de enero de este año, en la referida causa penal; mismo que alcanza pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2°, ya que, de los marcados con los incisos a) y b), se trata de documentos expedidos por un servidor público en ejercicio de las atribuciones que le asigna la ley; mientras que el marcado con el inciso c), constituye la videograbación de la audiencia de revisión de la medida cautelar celebrada por el juez responsable, así como de los hechos que contiene. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 43/2013, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página setecientos tres, libro XXIII, agosto de 2013, tomo I, décima época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." Sin que la referida autoridad responsable haya hecho pronunciamiento alguno respecto del diverso acto, consistente en el internamiento del quejoso en el Centro Penitenciario de San Juan Bautista Cuicatlán, Oaxaca, sin fundamento ni motivo alguno, fuera de la jurisdicción de Valles Centrales Oaxaca; de ahí que, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se presume cierto dicho acto reclamado. CUARTO. Procedencia del juicio e innecesaria transcripción de los conceptos de violación. Las partes no hicieron valer causal de improcedencia, ni se advierte de oficio una que, por ser de orden público, deba estudiarse de manera preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo; por tanto, procede entrar al estudio de fondo de los actos reclamados, los cuales se estudiarán al tenor de los conceptos de violación que se tienen por transcritos, en obvio de repeticiones innecesarias, por no existir artículo expreso en la Ley de Amparo que obligue a su transcripción en la sentencia; como así lo ilustra la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, Mayo de 2010, con el rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". QUINTO. Estudio de fondo respecto de la resolución reclamada. El análisis de los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, en relación con las constancias de autos, conduce a determinar lo siguiente: El quejoso, en esencia, aduce que, contrario a lo afirmado por la responsable: a) En el delito de violencia familiar no es procedente la prisión preventiva oficiosa, en concordancia con los artículos 14, 16 y 19 constitucionales. b) Las condiciones objetivas por virtud de las cuales se le impuso inicialmente la medida cautelar de sometimiento a un tratamiento ante el Centro de Reeducación para Hombres, no habían variado; además, no se le dio oportunidad de justificar sus inasistencias ante el referido Centro, lo que dio como consecuencia, que lo dieran de baja del programa. c) La imposición de la prisión preventiva en la revisión de la medida cautelar viola el principio de proporcionalidad, ya que, en términos del artículo 19 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dicha medida se impondrá de manera excepcional. Cita en apoyo de sus argumentos la tesis aislada de rubro: "PRISIÓN PREVENTIVA JUSTIFICADA. SUPUESTOS EN LOS QUE SU IMPOSICIÓN SE CONSIDERA ARBITRARIA." Al respecto, el Código Nacional de Procedimientos Penales establece la procedencia de la revisión de las medidas cautelares, en los siguientes términos: "Artículo 161. Revisión de la medida Cuando hayan variado de manera objetiva las condiciones que justificaron la imposición de una medida cautelar, las partes podrán solicitar al Órgano jurisdiccional, la revocación, sustitución o modificación de la misma, para lo cual el Órgano jurisdiccional citará a todos los intervinientes a una audiencia con el fin de abrir debate sobre la subsistencia de las condiciones o circunstancias que se tomaron en cuenta para imponer la medida y la necesidad, en su caso, de mantenerla y resolver en consecuencia." "Artículo 162. Audiencia de revisión de las medidas cautelares De no ser desechada de plano la solicitud de revisión, la audiencia se llevará a cabo dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes contadas a partir de la presentación de la solicitud." "Artículo 163. Medios de prueba para la imposición y revisión de la medida Las partes pueden invocar datos u ofrecer medios de prueba para que se imponga, confirme, modifique o revoque, según el caso, la medida cautelar." (Lo subrayado es propio de este Juzgado) Como se advierte, la revisión de la medida cautelar impuesta al imputado tiene por objeto que, mediante datos de prueba, que se ofrezcan en la audiencia relativa, se demuestre que han variado de manera objetiva las condiciones que justificaron su imposición. En el caso, de la reproducción del audio y video de la audiencia de revisión de la medida cautelar celebrada el catorce de enero de este año, en la causa penal 564/2021, se advierte que: 1° El dieciséis de julio de dos mil veintiuno se dictó auto de vinculación a proceso contra Jhony Isaac Espina Fuentes (quejoso), por su probable participación en el hecho que la ley señala como delito de violencia familiar, en agravio de Guadalupe Hernández Juárez; asimismo, en la misma fecha se impuso al ahora quejoso como medida cautelar el deber de acudir al Centro de Reeducación para Hombres que Ejercen Violencia contra las Mujeres de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca. 2° Ante el incumplimiento a la medida cautelar referida, la agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos contra la Mujer por Razón de Género solicitó su revisión, al considerar que habían variado de manera objetiva las circunstancias por las cuales se había impuesto; para lo cual, en audiencia celebrada el catorce de enero de dos mil veintidós, en la causa penal 564/2021, manifestó lo siguiente: ".Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 161 del Código Nacional de Procedimientos Penales esta representación social solicita la modificación de la medida cautelar impuesta al acusado Jhony Isaac Espina Fuentes con base en lo que expondré a continuación. El dieciséis de julio de dos mil veintiuno se dictó auto de vinculación a proceso dentro de la causa penal número 564/2021 en contra de Jhony Isaac Espina Fuentes por su probable participación en el hecho que la ley señala como delito de violencia familiar en agravio de Guadalupe Hernández Juárez, en la misma fecha se impuso como medida cautelar a dicho imputado la prevista en el artículo 155, fracción VI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, consistente en el sometimiento al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada o internamiento en institución determinada, y para ello dicho acusado debía acudir al Centro de Reeducación para Hombres que Ejercen Violencia contra las Mujeres de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca; lo anterior, no obstante que la representación social había solicitado además, que se impusieran las medidas cautelares previstas en las fracciones VII y VIII del citado numeral. Sin embargo, en dicha audiencia atendiendo a las manifestaciones de la víctima en audiencia, en el sentido de que el imputado convivía con el menor hijo de ambos, el juez de control estimó en ese momento que la medida cautelar impuesta era la idónea para el caso que nos ocupaba; sin embargo, señoría, las condiciones por las cuales dicha medida cautelar fue impuesta, han variado de manera objetiva en términos de lo que dispone el artículo 161 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que se estima que en este momento la víctima corre un riesgo inminente de volver a ser agredida en su persona, inclusive en su vida, por parte del imputado, como se advierte primeramente del informe emitido con fecha diez de enero del año dos mil veintidós, mediante oficio número SSPO/SPRS/UMECA/VC/153/2021, el cual fue emitido por la licenciada Patricia Fe (sic) Ramírez Martínez, supervisora de la Unidad de Medidas Cautelares, en el cual se desprende que dicha supervisora informa que el veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno recibió una llamada telefónica por parte de la víctima quien le manifestó que el doce de diciembre de esa anualidad, el ahora acusado le dijo si podía llevar al menor hijo de ambos a una fiesta infantil de una de las hijas de uno de sus tíos, que ella le dijo que si, que iban a ir, puesto que también era su cumpleaños, que ella accedió porque no había nadie en la casa, que estaba esperando a que llegara el acusado cuando llegó por ella, ella se subió al carro y no se dio cuenta que estaba borracho, que ella se puso de malas y entonces que no llegaron a la fiesta, y en el camino ella le dijo que la llevara a su casa, que él dijo que si pero que dejara que el niño estaba jugando (sic), que accedieron y dejaron al niño jugando, que cuando ya iban en el carro con sus insistencias de que él le preguntaba a la víctima si iba a regresar con él, ella le dijo que no, entonces fue cuando él la insultó y le dijo que era una cualquiera y que se metía con cualquiera, que le apretó muy fuerte la pelvis y ella le dio tres trancazos en la cara para que la soltara y efectivamente el ahora acusado la soltó y ella le dijo que la dejara bajarse, que ella intentó abrir la puerta del carro para ver si él se frenaba, que al contrario él aceleró más, la jaló del cabello y la estuvo jalando del cabello y se paró en el libramiento de Viguera, que ahí estuvieron hablando, que él le pidió que lo disculpara y que ella le dijo que si con tal de que la dejara ir. Asimismo refiere que la llevó a su casa, que él se calmó ya estando en casa de él, que en eso llegaron sus tíos con armas diciendo que iban a matar a alguien, que a ella le entró mucho miedo y que el ahora acusado se fue con sus tíos en una camioneta roja de uno de sus primos, que fue entonces cuando ella se fue para su casa y esperó que le llevaran a su hijo porque todavía seguía en el salón de fiestas. Asimismo refiere la supervisora de la Unidad de Medidas Cautelares que con fecha tres de enero del año dos mil veintidós nuevamente se contactó con ella la victima Guadalupe Hernández Juárez, quien le dijo que el ahora acusado se encontraba en su casa, que estaba haciendo feo y que estaba chingandola, que le había pegado en la cara y que le quitó su teléfono, que le jaló el pie y que estaba tratando de quitarle el teléfono y estaba viniendo a pelear delante del hijo de ambos. Asimismo refiere la supervisora de la Unidad de Medidas Cautelares que dicho acusado tiene impuesta la medida cautelar prevista en el artículo 155, fracción VI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, en atención a dicho informe, con fecha doce de enero del presente año, ciudadano juez, compareció ante la representación social la víctima Guadalupe Hernández Juárez, quien manifestó a la representación social que efectivamente ella había dado aviso a la supervisora de la Unidad de Medidas Cautelares puesto que había sido agredida por parte del ahora acusado. Asimismo derivado de las manifestaciones que hizo y de lo que se advertía en el informe de la Unidad de Medidas Cautelares, dicha víctima fue canalizada al área de turno de esa Fiscalía Especializada para que se le recibiera su denuncia correspondiente y se iniciara nueva carpeta de investigación. Al efecto ciudadano juez, se inició la carpeta de investigación de número (.) en atención a la comparecencia que realizó ante la representación social la ciudadana Guadalupe Hernández Juárez en fecha trece (sic) de enero del año dos mil veintidós. Para ello, en términos del artículo 163 del Código Nacional de Procedimientos Penales se cuenta ya con copia cotejada de la carpeta de investigación ya citada, misma que fue expedida por la licenciada agente del Ministerio Público Sonia Vásquez Maya adscrita a esa Fiscalía Especializada, en la cual remitió un cuadernillo de once fojas útiles que contienen las diligencias realizadas en la carpeta de investigación (.). (.) Asimismo, dentro del cuaderno de copias certificadas a que hice referencia se cuenta también con un dictamen médico expedido en la misma fecha trece de enero del año dos mil veintidós por la perito médico María Elena Rojas Ramírez, quien cuenta con cédula profesional 2657929, misma que es doctora y que manifiesta que a la exploración física general la víctima no presenta huellas ni lesiones externas recientes visibles, al momento de la certificación. (00:21:25 del disco DVD). De igual manera en dicho cuadernillo de copias certificadas obra un dictamen psicológico emitido en la misma fecha trece de enero de dos mil veintidós, por la licenciada Reyna Paola Aguilar Torres, con cédula profesional de número 6709013, dicha perito psicóloga concluye después de haber valorado a la víctima, que la victima Guadalupe Hernández Juárez cursa con un estado de ánimo ansioso ante la agresión vivida recientemente. (00:21:56 del disco DVD). En tales condiciones, su señoría, esta representación social estima que han variado de manera objetiva las condiciones por las que se impuso la medida cautelar al ahora acusado Jhony Isaac Espina Fuentes consistente en el sometimiento al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada o internamiento en institución determinada, pues dicha medida no es suficiente para garantizar la protección de la víctima, ya que es evidente que la reeducación a la que el imputado debía acudir, no ha contribuido para disminuir sus conductas agresivas; máxime que como se advierte del acuerdo de fecha trece de enero del presente año que fue dictado por esa autoridad jurisdiccional y notificado a la suscrita, mediante oficio número SSP/CREHVM/DIR/0053/2022, signado por la directora del Centro de Reeducación para Hombres que Ejercen Violencia contra las Mujeres, se desprende de que el imputado, ahora acusado, ha causado baja al acumular siete inasistencias, por tanto, tampoco está cumpliendo la medida cautelar que le fue impuesta. (00:23:13 del disco DVD). Es por ello ciudadano juez que esta representación social estima que el riesgo que corre la victima ha aumentado y por ello han variado de manera objetiva las condiciones por las cuales se impuso dicha medida cautelar, puesto que existe un riesgo latente para la victima tanto en su domicilio como fuera de él, como se ha podido apreciar de lo manifestado por la victima ante la supervisora de la Unidad de Medidas Cautelares y en la nueva carpeta de investigación que se inició en atención a la denuncia presentada. (00:23:48 del disco DVD). Es por ello ciudadano juez que tomando en consideración esos datos de prueba se solicita la modificación de la medida cautelar impuesta por la imposición de la medida cautelar prevista en el artículo 155, fracción XIV, consistente en la prisión preventiva justificada que se imponga al imputado de manera definitiva y hasta que se resuelva la presenta causa; ello, en virtud de que en primer lugar el delito por el que se dictó auto de vinculación a proceso en contra del imputado, que lo es el de violencia familiar, trae aparejada una pena privativa de libertad conforme lo que dispone el artículo 405 del Código Penal vigente en el Estado, que para el tipo de violencia psicoemocional, patrimonial, sexual, establece una pena de tres a nueve años de prisión, para la violencia física establece una pena de cinco a diez años de prisión, por lo cual es procedente mi petición. Además dicha medida cautelar que se solicita se imponga en este momento es proporcional para garantizar la protección de la víctima, e inclusive de la comunidad, en términos de lo que dispone el artículo 167, último párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues como se ha expuesto, el imputado en las convivencias que debe de tener con el menor hijo de él y de la víctima, ha agredido a ésta, tanto en su domicilio como fuera de él (.)." (Lo subrayado es propio de este Juzgado) Por su parte, la asesora jurídica de la víctima, de igual manera, manifestó que era procedente la modificación de la medida cautelar que solicitó la representación social, toda vez que el imputado ha incumplido la medida impuesta con anterioridad e incidido en su conducta; de ahí que apoyó la imposición de la medida preventiva justificada. La víctima Guadalupe Hernández Juárez refirió que no tenía nada que manifestar. Y la defensa del imputado expuso, en esencia, que: a) La medida cautelar que solicita la agente del Ministerio Público es lesiva, ya que transgrede el tránsito libre del acusado en la sociedad. De ahí que considera que una medida cautelar proporcional, de conformidad con el artículo 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales, sería tomando en cuenta el criterio de mínima intervención y las circunstancias particulares del asunto. b) Además, hace notar que, en su momento, no se impuso al acusado una medida cautelar restrictiva hacia la víctima, por lo que una medida cautelar menos lesiva y gravosa sería el sometimiento al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada o internamiento en institución determinada, como lo puede ser un grupo de AA, así como la prohibición de concurrir a reuniones donde se encuentre la víctima o testigos, además de la prohibición de comunicarse con la victima a través de todos los medios, independientemente de que tenga un menor hijo en común con ésta. Lo que considera suficiente para proteger el derecho de la víctima. c) Y que sí ha cumplido con sus clases, que a lo mucho faltó como tres veces, y que no le habían avisado que fue dado de baja del programa del referido Centro de Reeducación para Hombres que Ejercen Violencia contra las Mujeres. Ahora, el artículo 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales dispone que las medidas cautelares atienden diversas finalidades, como son: 1) asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, 2) garantizar la seguridad de la víctima, ofendido o testigo, o bien, 3) evitar la obstaculización del proceso. Sobre ello, el diverso numeral 155 del ordenamiento legal adjetivo de referencia incorpora un catálogo de medidas cuya materialización debe atender a las reglas previstas en los preceptos 166 a 170 del mismo código, aplicables tanto para la imposición, como para la revisión, sustitución, modificación o cese de las medidas cautelares. El análisis relativo debe girar en torno a dos ejes que, preferentemente, serán desahogados en diversos contradictorios, a saber: a) que se compruebe la necesidad de cautela; y acreditado lo anterior, 2) analizar la proporcionalidad e idoneidad de la medida. En relación con la necesidad de la cautela, el debate debe estar encaminado a establecer la existencia de peligro procesal susceptible de poner en riesgo concreto y real alguna de las tres finalidades indicadas; en tanto el examen de proporcionalidad e idoneidad conlleva verificar que la medida cautelar sea la menos lesiva para los derechos fundamentales del sujeto destinatario. Por tanto, en el trámite de imposición y revisión (sustitución, modificación o cese) de medidas cautelares, una vez acreditada la necesidad de cautela -requisito sine qua non- será factible examinar la proporcionalidad e idoneidad, a efecto de optar por la medida más adecuada al asunto. De ahí que, escuchadas las partes, la autoridad responsable, en la audiencia de revisión de medida cautelar en comento, estimó imponer al quejoso la medida cautelar de prisión preventiva justificada, conforme a las consideraciones siguientes: Comprobación de la necesidad de la cautela. (01:26:47 del disco DVD). La medida cautelar que se impuso a Jhony Isaac Espina Fuentes de acudir al Centro de Reeducación para Hombres que Ejercen Violencia contra las Mujeres, al haber sido dado de baja por acumular siete inasistencias, es insuficiente para evitar que en lo subsecuente siga agrediendo a la víctima Guadalupe Hernández Juárez, ya que al no tener las herramientas teóricas y fácticas de ese programa de educación, aumenta el riesgo de que Jhony Isaac Espina Fuentes continúe agrediendo a la víctima. Quedó probado que no obstante que Jhony Isaac Espina Fuentes acudió a unas sesiones a dicho Centro de Educación y recibido cierta información para controlar su agresividad, continuó agrediendo a la víctima física y verbalmente, específicamente en las dos fechas mencionadas -a saber, el doce de diciembre de dos mil veintiuno y tres de enero de dos mil veintidós-. El riesgo de que vuelva a agredir a la víctima es muy alto, de ahí que la medida cautelar que tiene impuesta Jhony Isaac Espina Fuentes es insuficiente para cautelar ese riesgo, porque el imputado puede interpretar que lo que está realizando está bien y seguirlo repitiendo, y en un futuro puede volver a agredir con mayor intensidad a la víctima; de tal suerte que ponga en riesgo su vida, pudiendo llegar incluso a un feminicidio. Análisis de proporcionalidad e idoneidad de la prisión preventiva. Respecto al análisis de proporcionalidad e idoneidad de la prisión preventiva, el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece un catálogo de delitos que ameritan dicha medida cautelar; por su parte, el artículo 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales dispone: "Artículo 156. Proporcionalidad.-- El Juez de control, al imponer una o varias de las medidas cautelares previstas en este Código, deberá tomar en consideración los argumentos que las partes ofrezcan o la justificación que el Ministerio Público realice, aplicando el criterio de mínima intervención según las circunstancias particulares de cada persona, en términos de lo dispuesto en el artículo 19 de la Constitución.-- Para determinar la idoneidad y proporcionalidad de la medida, se podrá tomar en consideración el análisis de evaluación de riesgo realizado por personal especializado en la materia, de manera objetiva, imparcial y neutral en términos de la legislación aplicable.-- En la resolución respectiva, el Juez de control deberá justificar las razones por las que la medida cautelar impuesta es la que resulta menos lesiva para el imputado." En lo sustancial, el primer párrafo del artículo 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales impone el deber al juez de tomar en consideración los argumentos que le propongan las partes, así como la justificación del representante social; en ese entendido, es dable sostener que de la reproducción del disco DVD que allegó la responsable a este juicio de amparo, puede apreciarse que en la audiencia de revisión de la medida cautelar fueron considerados los argumentos de la defensa, del imputado, de la asesora víctimal y de la agente del Ministerio Público, a partir de los cuales el juez responsable determinó lo siguiente: (01:30:36 del disco DVD). No existen otras medidas alternativas distintas a la que tiene impuesta el acusado - acudir al Centro de Reeducación para Hombres que Ejercen Violencia contra las Mujeres- que pueda cautelar el riesgo de que vuelva a agredir nuevamente a la víctima. El artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece un catálogo de medidas cautelares, siendo que, respecto a las medidas previstas en las fracciones I, II, III, IV y V, X, XI, XII y XIII, no son las adecuadas para cautelar el peligro de la víctima, ya que éstas son idóneas para cautelar el peligro de fuga, lo que, en el caso, no acontece. No proceden las medidas a que se refieren las fracciones VI, VII Y VIII, del referido artículo, como lo alegó la defensora del acusado, como lo es la relativa al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada o internamiento en institución determinada, toda vez que en caso específico la misma ya fue agotada y fue dado de baja por inasistencias; de ahí que aunque dicha medida es idónea, en el caso específico es insuficiente para cautelar el peligro para la víctima. Y las medidas de las fracciones VII y VIII, aun cuando en abstracto son medidas adecuadas, en el caso concreto no son suficientes para cautelar el peligro para la víctima, en razón de que el acusado y la victima tienen un hijo en común, por lo que el acusado tendría que acudir al domicilio de aquélla en ejercicio de su derecho de convivencia con el menor, pero al no haber cumplido con todo el programa del Centro de Reeducación para Hombres que Ejercen Violencia contra las Mujeres, no tiene las herramientas necesarias para controlar su agresividad contra la víctima. De ahí que se puede inferir que existe la posibilidad de que agreda nuevamente a la víctima, incluso a su hijo. Agresión a la víctima que sí ha sucedido, como se advierte del informe de la Unidad de Medidas Cautelares, sin que el acusado haya ofrecido pruebas en contrario. (01:38:29 del disco DVD). De ahí que no es procedente la solicitud de la defensa de que existen otras medidas menos gravosas para cautelar el peligro para la víctima, ya que con el antecedente de inasistencia del acusado al Centro de Reeducación para Hombres que Ejercen Violencia contra las Mujeres se permite inferir que también pudiera no cumplir otros programas. De ahí que al considerar que habían variado las condiciones de imposición de la medida cautelar consistente en acudir al Centro de Reeducación para Hombres que Ejercen Violencia contra las Mujeres, el juez responsable impuso a Jhony Isaac Espina Fuentes la medida cautelar de prisión preventiva, prevista en el artículo 155, fracción XIV, del Código Nacional de Procedimientos Penales, por todo el tiempo que dure el procedimiento penal hasta su conclusión (01:44:19 del disco DVD). Expuesto lo anterior, se estima que la determinación dictada en la audiencia de revisión de la medida cautelar se encuentra apegada a derecho, en términos del artículo 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual establece lo que debe tomar en cuenta el juez de control a efecto de imponer la medida cautelar de prisión preventiva necesaria, como medida para garantizar la protección de la víctima. Así, de los elementos probatorios aportados por la agente del Ministerio Público se advierte que 1) el acusado incumplió con la medida cautelar que tenía impuesta, consistente en acudir al Centro de Reeducación para Hombres que Ejercen Violencia contra las Mujeres, de ahí que no cuenta con los elementos para controlar su carácter respecto de la víctima, como se advirtió de los hechos que denunció la víctima ante la Unidad de Medidas Cautelares, lo que implica un peligro para ella, así como que 2) aun sabedor de la medida cautelar impuesta el dieciséis de julio de dos mil veintiuno, fecha en que también se le dictó auto de vinculación a proceso, por su probable participación en el hecho que la ley señala como delito de violencia familiar en agravio de Guadalupe Hernández Juárez, el acusado violentó a la víctima en dos ocasiones posteriores a esa fecha. Sin que dichas circunstancias hayan sido desvirtuadas con prueba alguna por parte del acusado. Por tanto, contrario a lo afirmado por el quejoso, las condiciones objetivas por virtud de las cuales se impuso la medida cautelar de acudir al Centro de Reeducación para Hombres que Ejercen Violencia contra las Mujeres, sí han variado, pues de lo desahogado en la audiencia de revisión de la medida cautelar se advierte que las conductas violentas del quejoso hacia la víctima persisten; aunado a que incumplió con la medida cautelar inicialmente impuesta, al haber acumulado el número de faltas que lo dieron de baja del programa; hechos que no pueden tomarse o advertirse como un error del imputado, sino como una presunción de peligro para la víctima, como efectivamente quedó acreditado. Además, debe desestimarse el concepto de violación del quejoso, en el que afirma que lo resuelto por el juez viola el principio de proporcionalidad, ya que, en términos del artículo 19 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dicha medida se impondrá de manera excepcional. Como ya se vio, contrario a lo afirmado por el quejoso para considerar que la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva justificada no es proporcional, se ponderaron los argumentos que fueron expuestos para considerar que, de manera objetiva, las condiciones que motivaron la imposición de la medida cautelar inicial sí habían variado, pues se estimó que los elementos de prueba son suficientes para acreditar que existe un peligro para la víctima; de ahí que salvaguardar su integridad física y psicológica es el objetivo de la medida impuesta en la audiencia de revisión, precisamente, por no encontrarse asegurada fehacientemente con los datos de prueba, que la conducta del acusado sea adecuada y respetuosa respecto de su cónyuge, para la continuación del proceso penal en libertad. Es menester precisar que la prisión preventiva es una medida cautelar de carácter excepcional, cuya finalidad fundamental, en el caso concreto, es evitar un peligro para la víctima, siendo una medida cautelar de "última ratio", lo cual se reconoce en el artículo 19 constitucional, pues en dicho precepto se establece que el Ministerio Público puede solicitarla cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado, el desarrollo de la investigación, la protección a las víctimas, los testigos o la comunidad, así como en los casos en que exista otro proceso o sentencia firme por delito doloso. Se tomó en cuenta la intervención mínima del derecho penal, así como la menor lesión o afectación de derechos fundamentales y se concluyó, correctamente, que la prisión preventiva se justifica, pues su finalidad instrumental es contener el riesgo fundado de que se cometa contra una persona un acto que afecte su integridad personal o ponga en riesgo su vida; razón por la cual la prisión preventiva no tiene como finalidad garantizar la ejecución de futura condena, sino que la aplicación de esta medida, contrario a lo que se alega, resulta ineludible para garantizar el debido proceso. Tampoco se desatiende que la prisión preventiva es un acto procesal que afecta derechos fundamentales y, por ello, debe satisfacer estándares mínimos de protección judicial; de ahí que la limitación a la intervención estatal deriva de la propia Carta Magna y los tratados internacionales, en los que se determina que la lesión o limitaciones de derecho en materia penal deben ser excepcionales y de aplicación restrictiva y sólo deben operar cuando otras formas de intervención no resulten eficaces, como correctamente lo estimó el juez responsable; de que no le asiste la razón al quejoso al alegar lo contrario. Por tanto, cualquier restricción a los derechos y libertades fundamentales desde un punto de vista formal debe contenerse en una previsión legal de carácter general adaptada con anterioridad a los hechos, en tanto que desde el punto de vista material la restricción a los derechos humanos, debe buscar un fin legítimo derivado del bien común y el interés de la comunidad en el marco del estado del derecho. Por lo que hace a la imposición de las medidas cautelares restrictivas de la libertad personal, el legislador cumple con la excepcionalidad de la prisión preventiva, que también deriva del principio de presunción de inocencia y del principio de proporcionalidad en la restricción de derechos, y debe ser impuesta siempre bajo un estricto control judicial al atender a las circunstancias del caso concreto en el que se establezca la necesidad de su imposición; con lo cual, tampoco se pasa por alto que la Corte Interamericana ha establecido que la regla general debe ser la "libertad del imputado mientras se resuelve acerca de su responsabilidad penal"; por consiguiente, la imposición de la prisión preventiva; contrario a lo que se alega, no es violatoria del principio de presunción de inocencia, pues de considerarlo así cualquier otro tratamiento de los aludidos en el numeral 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales constituiría la anticipación de la pena sin haberse determinado responsabilidad; ello, con independencia de que se trate de la exhibición de una garantía, el embargo de un bien, éstas de una u otra manera afectan el patrimonio del imputado, lo cual técnicamente sería violatorio del citado principio de presunción de inocencia y no se diga de aquellas medidas cautelares que, de una u otra forma, restringen o limitan la libertad deambulatoria de la persona; entonces es dable concluir que la prisión preventiva decretada, como lo determinó la responsable, se estima ajustada a derecho en términos de las consideraciones hechas por la responsable. No se desconoce que para la imposición de la prisión preventiva como medida cautelar y no punitiva, no basta su establecimiento formal en la ley para que sea garante de derechos humanos, sino que requiere que el órgano jurisdiccional realice un juicio de proporcionalidad entre ella, los elementos de convicción para dictarla y los hechos que se investigan; aspecto que, en el caso, se satisfizo. Ello, en concordancia con la Convención Americana, que dispone que las medidas cautelares que restringen la libertad personal deben ser: a) excepcionales y no ordinarias, rutinarias o sistemáticas; b) justificadas dentro de un marco preciso de razones y condiciones que les confiere legitimidad y racionalidad; c) acordadas por autoridad jurisdiccional, independiente, imparcial y competente que las resuelva con formalidad y exprese los motivos y fundamentos en que se apoye el mandamiento; d) indispensables para alcanzar el fin legítimo que con ella se pretende; e) proporcionales a éste y a las circunstancias en que se emiten; f) limitadas tanto como sea factible, en intensidad y duración; g) revisables periódicamente por mandato de la ley y por instancia de parte; h) revocables o sustituibles cuando se ha rebasado el tiempo razonable de vigencia, al tomar en cuenta sus características o cuando hayan desaparecido de manera objetiva las condiciones que dieron lugar a su origen. A lo anterior, se suma que su imposición debe atender a las circunstancias particulares del caso, que requiere el conocimiento tanto de los hechos como del imputado, pues la decisión de someter a prisión preventiva a una persona debe surgir del contacto del juzgador con el caso concreto, como aconteció en la especie, en la audiencia en la que se modificó la medida cautelar impuesta a Jhony Isaac Espina Fuentes. Por esas razones, se concluye que la medida precautoria de prisión preventiva fue decretada excepcionalmente por el juez de control en atención a la necesidad de cautela; por ello, contrario a lo que se alega, la determinación que impone a Jhony Isaac Espina Fuentes la medida cautelar de prisión preventiva no vulnera los derechos del quejoso, pues se ajustó a los fines legítimos previstos en la Constitución Federal y en la ley secundaria aplicable; disposiciones establecidas con antelación a los hechos que dieron origen a la misma. Por último, se precisa que la parte quejosa para justificar la inconstitucionalidad del acto reclamado, invoca la tesis aislada de rubro: "PRISIÓN PREVENTIVA JUSTIFICADA. SUPUESTOS EN LOS QUE SU IMPOSICIÓN SE CONSIDERA ARBITRARIA"; sin embargo, en la especie, la misma resulta inaplicable, al menos, para los fines que pretende el quejoso; toda vez que, en el caso, 1) es necesaria para el fin pretendido -protección de la víctima-, 2) existe motivación sobre la necesidad y proporcionalidad de la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva al quejoso y 3) el riesgo no puede cautelarse por medio de medidas menos lesivas, como lo determinó correctamente la autoridad responsable en la audiencia respectiva. En consecuencia, ante lo infundado de los conceptos de violación, y toda vez que el acto reclamado no transgrede los derechos humanos del aquí quejoso, lo que procede es negar el amparo y la protección de la justicia federal solicitados. SEXTO. Estudio de fondo respecto el diverso acto reclamado. La parte quejosa también reclama del juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, con sede en San Francisco Tanivet, Oaxaca, el internamiento en el Centro Penitenciario de San Juan Bautista Cuicatlán, Oaxaca, sin fundamento ni motivo alguno, fuera de la jurisdicción de Valles Centrales Oaxaca, que se decretó en audiencia de catorce de enero de dos mil veintidós, celebrada en la causa penal 564/2021. Cabe precisar que en la parte conducente de la audiencia de revisión de la medida cautelar celebrada el catorce de enero de este año, en la causa penal 564/2021, en relación al lugar en el que el aquí quejoso debía cumplimentar la medida cautelar de prisión preventiva justificada impuesta, el juez responsable únicamente refirió lo siguiente: (01:58:03 del disco DVD). ". al haberse impuesto la prisión preventiva, que la policía del Estado, con respeto a los derechos humanos del acusado, lo traslade al Centro Penitenciario de Cuicatlán, Oaxaca, reitero, para que ahí esté en prisión preventiva y a disposición de este juzgador, que se le informe esto al director del mencionado reclusorio, en razón de que he impuesto en esta audiencia a Jhony Isaac Espina Fuentes, por el delito de violencia familiar cometido en agravio de Guadalupe Hernández Juárez.". Al respecto, es preciso establecer que el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos refiere: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento [.].". Dicha porción normativa prevé uno de los derechos que mayor protección otorgan al gobernado dentro de nuestro orden constitucional, a saber, el de legalidad, pilar fundamental del estado de derecho, porque implica una limitación al actuar arbitrario de la autoridad que sólo puede actuar si la ley le faculta para ello; su eficacia jurídica reside en el hecho de que, dada su extensión y efectividad, protege al gobernado de todo acto de autoridad que le provoque afectación a su esfera de derechos, que no sólo sea arbitrario, es decir, que no esté basado en norma legal alguna, sino, también, que sea contrario a cualquier precepto, independientemente de la jerarquía o naturaleza del ordenamiento a que éste pertenezca, o bien que no contenga las razones de hecho y de derecho que le den sustento. El derecho de legalidad y en la parte relativa a la debida fundamentación y motivación, se cumple: a). Con la existencia de una norma legal que atribuya a favor de la autoridad la facultad para actuar en determinado sentido y, asimismo, mediante el despliegue de la actuación de esa misma autoridad en la forma precisa y exacta en que lo disponga la ley, es decir, ajustándose escrupulosa y cuidadosamente a la norma legal en la cual encuentra su fundamento la conducta desarrollada. b). Con la existencia de los antecedentes fácticos o circunstancias de hecho que permitan colegir con claridad que sí procedía aplicar la norma correspondiente y, consecuentemente, que justifique con plenitud el que la autoridad haya actuado en determinado sentido y no en otro. A través de la primera premisa, se dará cumplimiento al derecho de debida fundamentación, en tanto que mediante la observancia de la segunda, a la de debida motivación. La motivación de los actos de autoridad es una exigencia esencial para tratar de establecer, sobre bases objetivas, la racionalidad y la legalidad de aquéllos, a fin de eliminar la subjetividad y la arbitrariedad de las decisiones de autoridad, pues permite a los afectados impugnar los razonamientos de éstas -una vez conocidas-, en tanto que al órgano que debe resolver la impugnación, determinar si son fundados o no los motivos de inconformidad que se formulan en ese sentido, al contar con todos los elementos para llevar a cabo el estudio relativo a la materia de la impugnación, ya sea ésta ordinaria o extraordinaria, como el juicio de amparo. En el mismo orden, la motivación implica la necesaria adecuación que debe hacer la autoridad entre la norma general en que funda su acto y el caso específico en el que opere o resulte aplicable. Si no se realiza objetivamente dicha adecuación, se viola, por ende, el requisito de motivación que con el de debida fundamentación integran el derecho de legalidad. Para llevar a cabo esta adecuación, la autoridad respectiva debe aducir los motivos que justifiquen la aplicación correspondiente, así como señalar los hechos, circunstancias y modalidades objetivas del caso que influyeron para determinar que el asunto sometido a su consideración encuadra en el supuesto abstracto previsto normativamente. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 143, Volumen 97-102, Tercera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, cuyo rubro y texto dicen: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." Por lo anterior, se estiman fundados los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, estudiados en su conjunto, y suplidos en su deficiencia, en razón de que, como se vio en la audiencia de revisión de la medida cautelar, el juez responsable únicamente refirió el lugar en el que el aquí quejoso debía cumplimentar la medida cautelar de prisión preventiva justificada, sin que expusiera las razones que lo motivaron a determinar que el Centro Penitenciario de Cuicatlán, Oaxaca era el adecuado para internarlo; como tampoco citó el fundamento legal para dicha decisión; lo anterior, a fin de eliminar la subjetividad y posible arbitrariedad en su determinación. En efecto, el juez responsable no expresó los razonamientos necesarios para explicar al quejoso el por qué era el Centro Penitenciario de Cuicatlán, Oaxaca al que sería trasladado en cumplimiento a la medida impuesta y no uno diverso, así como tampoco dio el o los fundamentos de ello, dado que únicamente refirió que al habérsele impuesto al acusado Jhony Isaac Espina Fuentes la prisión preventiva, que la policía del Estado, con respeto a sus derechos humanos, lo trasladara al Centro Penitenciario de Cuicatlán, Oaxaca. De lo que se colige que, en el caso, existe violación a los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica previstos en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues el juez responsable no pronunció el motivo por el que consideró el referido centro penitenciario a fin de que el aquí quejoso fuera ingresado en acatamiento a la medida cautelar de prisión preventiva impuesta, ni expresó fundamento alguno al respecto; pese a que es necesario que el imputado, aquí quejoso, conozca los razonamientos de dicha determinación de internamiento en el referido centro penitenciario, en específico, para que esté en aptitud de efectuar la impugnación correspondiente, de ser el caso. En consecuencia, lo procedente es conceder el amparo y protección de la justicia federal, que se solicita, para los efectos que se precisarán en el apartado siguiente. SÉPTIMO. Efectos del amparo. En términos de lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo y en virtud de las razones expuestas en el considerando que antecede, lo procedente es conceder al quejoso Jhony Isaac Espina Fuentes la protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la autoridad responsable, juez de Control en Materia Penal del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca: 1° Deje insubsistente la resolución de catorce de enero de dos mil veintidós, dictada en la causa penal 564/2021, en la que se impuso a Jhony Isaac Espina Fuentes la medida cautelar de prisión preventiva, únicamente en la parte en la que refirió que ".al haberse impuesto la prisión preventiva que la policía del Estado, con respeto a los derechos humanos del acusado, lo traslade al Centro Penitenciario de Cuicatlán, Oaxaca, reitero, para que ahí esté en prisión preventiva y a disposición de este juzgador, que se le informe esto al director del mencionado reclusorio, en razón de que he impuesto en esta audiencia a Jhony Isaac Espina Fuentes, por el delito de violencia familiar cometido en agravio de Guadalupe Hernández Juárez."; debiendo dejar intocado lo que no fue objeto de análisis en la referida concesión; hecho lo cual: 2° De manera fundada y motivada, exponga los argumentos respectivos para determinar que el quejoso Jhony Isaac Espina Fuentes debía ser ingresado al Centro Penitenciario de Cuicatlán, Oaxaca, para que ahí esté en prisión preventiva justificada y a su disposición, en la causa penal 564/2021, de su índice. OCTAVO. Publicación de datos personales. Como la parte quejosa se opuso a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, la publicación de la referida resolución se realizará en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al razonamiento emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal3, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia Federal no ampara ni protege a Jhony Isaac Espina Fuentes, respecto del acto reclamado consistente en la resolución de catorce de enero de dos mil veintidós, dictada en la causa penal 564/2021, en la que se impuso a Jhony Isaac Espina Fuentes la medida cautelar de prisión preventiva, atribuida al juez de Control en Materia Penal del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca; por los motivos expuestos en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia Federal ampara y protege al quejoso ***, contra el acto reclamado, consistente en su internamiento en el Centro Penitenciario de San Juan Bautista Cuicatlán, Oaxaca, que se decretó en audiencia de catorce de enero de dos mil veintidós, celebrada en la causa penal 564/2021; en términos del considerando sexto y para los efectos precisados en el séptimo de esta sentencia. TERCERO. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo, en los términos ahí precisados. Notifíquese personalmente.
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