Joaquín Alberto Becerra Bastidos
Expediente 692/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 6 actuaciones registradas, la última del 8 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 692/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 08/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Joaquín Alberto Becerra Bastidos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; ocho de marzo de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, en contra de la sentencia de catorce de diciembre de dos mil veintiuno, en la que se negó el amparo y protección federal, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2°, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante tres años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Luego, atento a la certificación de cuenta, el presente expediente es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, toda vez que se negó el amparo y protección de la Justicia Federal. En atención a la certificación de cuenta, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Notifíquese por lista y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.
- Principal
VISTA LA CONSTANCIA DE LA ACTUARIA, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, LA SENTENCIA DE CATORCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, MISMO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ****, con relación a los actos reclamados y autoridad responsable precisados en el considerando tercero, por las razones expuestas en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese personalmente a las partes y por oficio a las autoridades.
- Principal
Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; catorce de diciembre de dos mil veintiuno. Visto para resolver el juicio de amparo 692*2021-III, promovido por ****, en representación de ***. Resultando Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido el veintisiete de julio de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Decimoséptimo Circuito, con residencia en esta localidad, turnado a este juzgado el mismo día, ***, en representación de ***, en su calidad de su defensora pública federal, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal en contra de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con sede en la Ciudad de México, y otras autoridades, de quienes se reclamó, en el ámbito de su respectiva competencia, el proceso que dio origen al decreto por el que se reformó el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales; y por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, del Código Penal Federal, de la Ley General de Salud, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y de la Ley de Vías Generales de Comunicación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, así como su aplicación. Asimismo, del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, en funciones de Juez de Control, reclamó el auto de vinculación a proceso dictado el veintiuno de julio de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal 593*2021. Segundo. Derechos constitucionales que la parte peticionaria del amparo estimó violentados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados, los contenidos en los artículos 1, 14, 16, 17, 19, 20 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Tramitación de la demanda. En proveído de veintiocho de julio de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda, se solicitó informe justificado a las autoridades señaladas como responsables, se ordenó emplazar al tercero interesado, se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia. Cuarto. Escisión de la demanda de amparo y firmeza de la determinación. En proveído de veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, emitido en el aludido juicio 565*2021-III, por las consideraciones ahí vertidas, se impuso dividir la demanda de amparo que originó tal asunto, en los siguientes términos: *** En el caso en concreto, de los actos reclamados por el promovente de la demanda de amparo se desprende que aquéllos atribuidos a las autoridades foráneas, consisten medularmente en el proceso legislativo de la normatividad reclamada, así como su acto de aplicación, endilgado al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Acusatorio Adscrito al Centro de Justicia en esta ciudad, en funciones de Juez de Control, consistente en la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva; actos que, evidentemente, guardan una estrecha relación, al deducirse éste último del cambio legislativo que aduce el accionante del amparo, resulta inconstitucional. Por otra parte, el quejoso, reclama el auto de vinculación emitido en su contra, atribuido al Juez señalado como responsable; empero, se estima que el mismo no guarda relación lógica con los diversos actos combatidos. En efecto, aunque los actos reclamados al Juez responsable nacieron a la vida jurídica de un mismo hecho, no tienen relación entre sí, toda vez que, la imposición de la medida cautelar se deduce directamente del cambio normativo que reclama el quejoso, esto es, de su aplicación; mientras que, el auto de vinculación a proceso, independiente de aquéllos, debe estudiarse si fue emitido en apego a los lineamientos establecidos en el artículo 19, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la diversa normatividad respectiva; sin que, se insiste, su análisis guarde vínculo alguno con los diversos actos aquí reclamados. De tal forma, al tratarse de actos reclamados distintos, desvinculados entre sí, lo conducente es hacer una separación de ellos a fin de que sean analizados en juicios de amparo diferentes, con el propósito de emitir una sentencia congruente respecto de cada uno de ellos. *** Por lo tanto, se ordena la separación de los actos reclamados, en la inteligencia que, deberán ventilarse en este juicio, 565*2021, *** el proceso legislativo del decreto por el que se reformó el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, del Código Penal Federal, de la Ley General de Salud, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y de la Ley de Vías Generales de Comunicación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de febrero de dos mil veintiuno; así como su acto de aplicación, consistente en la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, reclamada al Juez responsable. Mientras que, *** el auto de vinculación a proceso, tendrá que ventilarse en uno diverso, igualmente, del índice de este órgano jurisdiccional, a efecto de garantizar a la parte quejosa una pronta impartición de justicia, debido a que ya se tiene conocimiento del mismo. *** Así, se originó el presente juicio 692*2021-III, con el objeto de resolver el auto de vinculación a proceso emitido en contra del quejoso; mientras que se determinó que en el diverso juicio 565*2021-III, se resolverían los restantes actos reclamados por tal persona. Asimismo, la aludida determinación de escisión, quedó firme en audiencia constitucional de veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, celebrada en el juicio 565*2021-III, ya que ninguna de las partes, dentro del término con que contaban para ello, la combatieron. Quinto. Acreditación de credenciales como licenciada en Derecho de la defensora del imputado. Mediante proveído de veintiocho de julio de dos mil veintiuno, se solicitó al Juez responsable que remitiera las certificaciones respectivas respecto a si la defensora del imputado, cuenta con las credenciales pertinentes para ejercer como licenciada en Derecho, a efecto de tener la certeza de que el derecho fundamental del quejoso a ser defendido por un perito en Derecho, fue respetado. Ello, pues de conformidad con la Contradicción de Tesis 405*2017, en concatenación con la Contradicción 1*2020, emitidas por la Primera Sala del Más Alto Tribunal, en la audiencia inicial del procedimiento penal acusatorio, el defensor del imputado debe acreditar su calidad de licenciado en derecho y el Juez de Control debe verificar dicha actuación, obligación que constituye una garantía en forma de regla que permite aseverar que el derecho de ser defendió por licenciado en Derecho, fue respetado. Al respecto, como se acotó en la audiencia constitucional, el Juez responsable cumplió la solicitud que se le efectuó, pues remitió a) certificación en la que se hizo constar que la licenciada ***, Defensora Pública Federal adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, desempeña la defensa del imputado en la causa penal de origen y b* copia certifica de la cédula profesional 4991358, expedida por la Secretaría de Educación Pública, en favor de ***, a fin de ejercer profesionalmente la licenciatura en Derecho. De manera que, tal como se acotó en dichos autos, ha quedado evidenciado que la profesional en comento sí cuenta con las credenciales atinentes que la avalan como perito en Derecho; de tal suerte que, la prerrogativa constitucional del aquí quejoso, de contar con una defensa técnica adecuada, por parte de un licenciado en Derecho, está colmada. Considerando Primero. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 03*2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Segundo. Fijación del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo1, de la totalidad de constancias que integran el presente juicio, se desprende que el quejoso reclama lo siguiente, de la autoridad señalada enseguida: Del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, en funciones de Juez de Control, con residencia en esta ciudad: El auto de vinculación a proceso dictado en su contra el veintiuno de julio de dos mil veintiuno, en la causa penal 593*2021, por su probable responsabilidad en la 1 Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado; . comisión del delito de Portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea; previsto y sancionado en el artículo 83, fracción II, con relación al diverso numeral 11, inciso b), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Tercero. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos combatidos por el accionante del amparo, al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, en funciones de Juez de Control, con residencia en esta ciudad, pues al rendir su informe con justificación, así lo aceptó. Lo previo, encuentra sustento en la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917*2000, Quinta Época, tomo VI, materia común, página 231, que dice: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. De igual forma, el Juez responsable remitió copia certificada de la constancia inicial verificada en la causa penal de origen, de la que los actos combatidos en este juicio, se deducen; misma que posee valor probatorio pleno conforme a los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles2, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Asimismo, envió copia certificada del registro de audio y video de la audiencia inicial, constante en un disco compacto, al que se 2 Artículo 129. Son documentos públicos aquellos cuya formación está encomendada por la ley, dentro de los límites de su competencia, a un funcionario público revestido de la fe pública, y los expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones. La calidad de públicos se demuestra por la existencia regular, sobre los documentos, de los sellos, firmas u otros signos exteriores que, en su caso, prevengan las leyes. Artículo 197. El tribunal goza de la más amplia libertad para hacer el análisis de las pruebas rendidas; para determinar el valor de las mismas, unas enfrente de las otras, y para fijar el resultado final de dicha valuación contradictoria; a no ser que la ley fije las reglas para hacer esta valuación, observando, sin embargo, respecto de cada especie de prueba, lo dispuesto en este capítulo. Artículo 202. Los documentos públicos hacen prueba plena de los hechos legalmente afirmados por la autoridad de que aquéllos procedan; pero, si en ellos se contienen declaraciones de verdad o manifestaciones de hechos de particulares, los documentos sólo prueban plenamente que, ante la autoridad que los expidió, se hicieron tales declaraciones o manifestaciones; pero no prueban la verdad de lo declarado o manifestado. . le reconoce valor probatorio, en términos de los numerales invocados supra líneas, del Código Federal de Procedimientos Civiles, además del diverso artículo 210*A, del mismo3. Al respecto, cabe precisar que la información contenida en el disco compacto de referencia, también se valora como una prueba documental pública, la cual se tuvo por desahogada desde el momento en que fue remitida por la autoridad responsable, sin necesidad de fijar una audiencia especial para su desahogo; y a fin de brindar certeza jurídica a las partes, se ordenó dar vista oportunamente con ella y con el contenido del informe justificado emitido. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 43*2013 *10*, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Contradicción de Tesis 455*2012, visible en la página 703, Libro XXIII, Tomo 1, Agosto de 2013, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro señala: VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. Por lo tanto, se tiene por acreditada la existencia de los actos atribuidos por los quejosos, a la autoridad en cita. Cuarto. Procedencia. Previo al estudio de los conceptos de 3 Artículo 210*A. Se reconoce como prueba la información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra tecnología. Para valorar la fuerza probatoria de la información a que se refiere el párrafo anterior, se estimará primordialmente la fiabilidad del método en que haya sido generada, comunicada, recibida o archivada y, en su caso, si es posible atribuir a las personas obligadas el contenido de la información relativa y ser accesible para su ulterior consulta. Cuando la ley requiera que un documento sea conservado y presentado en su forma original, ese requisito quedará satisfecho si se acredita que la información generada, comunicada, recibida o archivada por medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, se ha mantenido íntegra e inalterada a partir del momento en que se generó por primera vez en su forma definitiva y ésta pueda ser accesible para su ulterior consulta. violación, procede analizar si se actualiza alguna causal de improcedencia, por ser una cuestión de orden público cuyo análisis procede de oficio y previo al fondo del asunto, conforme se dispone en el artículo 62 de la Ley de Amparo4. Las partes legitimadas en este juicio de amparo no alegan la actualización de hipótesis de improcedencia, ni quien suscribe advierte que se actualice alguna, por lo que, se procede al análisis de los conceptos de violación expresados por el quejoso, los cuales no se transcribirán en obvio de innecesarias repeticiones, según lo determinado en la jurisprudencia 58*2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830 del tomo XXXI, correspondiente al mes de mayo de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, registro 164618, del rubro: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. Quinto. Examen constitucional del auto de vinculación a proceso. Previo a efectuar el análisis atinente, se considera oportuno acotar que en este asunto opera la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo5, en virtud de la especial situación en que se encuentran el aquí quejoso, esto es, en su carácter de imputado en la causa penal 593*2021, que se instruye en su contra, siempre que ello le resulte benéfico. Es aplicable, por identidad jurídica, la jurisprudencia 2a.*J. 67/2017 *10a.*, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN 4 Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. 5 Artículo 79. La autoridad que conozca del juicio de amparo deberá suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios, en los casos siguientes: . III. En materia penal: a) En favor del inculpado o sentenciado; y LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE *LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRILDE 2013*. Pues bien, el análisis de la constitucionalidad del auto de vinculación que por esta vía se reclama, se realizará a la luz del artículo 19 Constitucional, que establece los requisitos que deben ser observados al dictarse resoluciones de esta naturaleza, mismo que en su parte conducente, dispone: Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión . La lectura del fragmento antes transcrito, pone de manifiesto que los requisitos constitucionales que deben reunirse para emitir un auto de vinculación a proceso, son la expresión de lo siguiente: 1. El delito que se impute al acusado; 2. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución de aquél; y, 3. Los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Es decir, solamente mediante el cumplimiento de estos requisitos se podrá justificar un auto de vinculación a proceso. Por su parte el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para el mismo efecto precisa: Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; 6 Décima Época, registro digital 2014703. Instancia: Segunda Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro 44, Julio de 2017, Tomo I. Materia(s): Común. III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente. De este dispositivo se advierte, además de los ya mencionados, los siguientes requisitos para dictar un auto de vinculación a proceso: a) Que se haya formulado imputación; b) Que se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; c) Que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. d) Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. Cabe precisar que en esta clase de actos también pueden violarse derechos fundamentales distintos a las consagrados en el artículo 19 Constitucional, en virtud de que, si bien, dicho precepto contiene los requisitos de forma y fondo que un mandato de tal naturaleza debe contener, ello no significa que para su emisión sólo deba cumplirse con lo previsto en el mismo. En efecto, un auto de vinculación a proceso, como acto proveniente de autoridad, debe colmar también, los requisitos previstos en el artículo 16 Constitucional, que en su primer párrafo, dispone: Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. . Es decir, que: A* Debe constar por escrito; B* Provenir de autoridad competente; y, C*En el documento en el que conste, debe fundarse y motivarse la causa legal del procedimiento. Por lo que hace a la fundamentación, motivación y el nexo lógico entre ambos, se pueden conceptuar, de forma sintética, de la manera siguiente: 1. Motivación: es expresar las razones por las cuales se toma determinada decisión. 2. Fundamentación: básicamente es indicar la hipótesis normativa aplicable al caso concreto. 3. Adecuación *nexo lógico*: relación apropiada entre el precepto legal aplicable y la situación de hecho. Consecuentemente, para determinar si una resolución jurisdiccional cumple con una adecuada fundamentación y motivación, los razonamientos judiciales utilizados deben justificar la racionalidad de la decisión, con el fin de dar certeza a los gobernados a quienes se dirigen del porqué se llegó a una conclusión y la razón por la cual es la más acertada, en tanto: a* permiten resolver el problema planteado; b* responden a los elementos de hecho y de derecho relevantes para el caso, y c* muestran si la decisión es consistente respecto de las premisas dadas, con argumentos razonables. Es aplicable, el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia 1a.*J. 139*2005, visible en la página 162, Tomo XXII, diciembre de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época *registro 176546*, que estipula: FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso. Establecido lo anterior, en el cometido de tener o no por cumplidos los requisitos que debe contener un auto de vinculación a proceso y que ya fueron señalados con antelación, se establece lo siguiente: El auto de vinculación a proceso consta por escrito, pues el Juez responsable remitió copia certificada, ya valorada, de la constancia relativa a la vinculación a proceso, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 67, fracción IV, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Dicho numeral, en lo que interesa, es del siguiente contenido: Artículo 67. Resoluciones judiciales La autoridad judicial pronunciará sus resoluciones en forma de sentencias y autos. Dictará sentencia para decidir en definitiva y poner término al procedimiento y autos en todos los demás casos. Las resoluciones judiciales deberán mencionar a la autoridad que resuelve, el lugar y la fecha en que se dictaron y demás requisitos que este Código prevea para cada caso. Los autos y resoluciones del Órgano jurisdiccional serán emitidos oralmente y surtirán sus efectos a más tardar al día siguiente. Deberán constar por escrito, después de su emisión oral, los siguientes: . IV. La de vinculación a proceso; . En ningún caso, la resolución escrita deberá exceder el alcance de la emitida oralmente, surtirá sus efectos inmediatamente y deberá dictarse de forma inmediata a su emisión en forma oral, sin exceder de veinticuatro horas, salvo disposición que establezca otro plazo. *Es propio lo destacado.* De cuya intelección se desprende, que el Juez responsable deberá emitir en forma escrita, luego de su verificación oral y hasta un periodo máximo de veinticuatro horas posteriores a su celebración, la audiencia relativa a la vinculación, o no, a proceso, cuya extensión no podrá exceder el alcance de la emitida en la diversa forma. Al respecto, ya que dicho numeral no señala expresamente que la transcripción escrita deba ser íntegra, sino únicamente que no deberá exceder de lo ocurrido oralmente, se colige que válidamente la reproducción a papel puede ser parcial. Ante lo anterior, es evidente que el Juez responsable, colmó dicho requisito, pues emitió de manera escrita, el propio día de continuación de la audiencia inicial, la constancia relativa a la misma, a través de la cual dictó auto de vinculación a proceso en contra del hoy quejoso. Además, fue dictado por autoridad competente de conformidad con el artículo 50, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación7, tal como lo acotó el propio Juez responsable, en virtud de que el delito de que se trata, fue previsto como tal en ordenamiento federal, como lo es la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; por hechos presuntamente ocurridos en esta ciudad, ámbito territorial donde ejerce jurisdicción el Juez responsable, de conformidad con el Acuerdo General 29*2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal8, por el que se creó el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez. Lo anterior, previa formulación de imputación por parte de la agente del Ministerio Público; el aquí quejoso, estuvo asistido en todo momento de su defensora; asimismo, se les dio la oportunidad de emitir su declaración, haciéndoles saber el derecho que le asistía a guardar silencio, quien optó por ejercerlo. Luego, se tiene que el Juez responsable, estimó que los hechos que se hicieron de su conocimiento, son constitutivos del siguiente delito: Portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea; previsto y sancionado en el artículo 83, fracción II, con relación al diverso numeral 11, inciso b) de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Asimismo, estimó que de los datos de prueba expuestos hasta ese momento procesal, se desprendía la probabilidad de 7 Artículo 50. Los jueces federales penales conocerán: I. De los delitos del orden federal. Son delitos del orden federal: a) Los previstos en las leyes federales y en los tratados internacionales. En el caso del Código Penal Federal, tendrán ese carácter los delitos a que se refieren los incisos b) a l) de esta fracción; que el aquí quejoso hubiera cometido tal ilícito, con la calidad de autor material. Ahora bien, antes de comenzar el análisis de la configuración de dicho delito, conforme a los términos propuestos por el Juez responsable en el auto de vinculación a proceso reclamado, es menester precisar que basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, de manera que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable, con el fin de no anticipar un juicio técnico procesal sobre los elementos del tipo (objetivos, subjetivos y normativos), propio de una etapa diversa posterior del proceso penal. Ello implica que la comprobación de la configuración del hecho ilícito para el dictado de un auto de vinculación a proceso, también es en grado de probabilidad, al igual que la participación del imputado en su comisión. Al respecto, se cita la jurisprudencia por contradicción de tesis 1ª.*J. 35*2017 *10ª*, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 360, del Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia Penal, Décima Época y número de registro 2014800, que dice: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones *comprobar* por *establecer* y *cuerpo del delito* por *hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de *pruebas* ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí *como sucede en el sistema mixto*, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado *cuerpo del delito*, entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley. Precisado lo anterior, se tiene que los artículos 11 y 83 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; disponen lo siguiente: Artículo 11. Las armas, municiones y materia para el uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, son las siguientes: a).-Revólveres calibre .357 Magnum y los superiores a .38 Especial. b).-Pistolas calibre 9 mm. Parabellum, Luger y similares, las .38 Super y Comando, y las de calibres superiores. c).-Fusiles, mosquetones, carabinas y tercerolas en calibre .223*, 7 mm., 7.62 mm. y carabinas calibre .30* en todos sus modelos. d).-Pistolas, carabinas y fusiles con sistema de ráfaga, sub-ametralladoras, metralletas y ametralladoras en todos sus calibres. e).-Escopetas con cañón de longitud inferior a 635 mm. *25*, las de calibre superior al 12 *.729 o 18. 5 mm* y las lanzagases, con excepción de las de uso industrial. f).-Municiones para las armas anteriores y cartuchos con artificios especiales como trazadores, incendiarios, perforantes, fumígenos, expansivos de gases y los cargados con postas superiores al 00 *.84 cms. de diámetro* para escopeta. g).-Cañones, piezas de artillería, morteros y carros de combate con sus aditamentos, accesorios, proyectiles y municiones. h).-Proyectiles-cohete, torpedos, granadas, bombas, minas, cargas de profundidad, lanzallamas y similares, así como los aparatos, artificios y máquinas para su lanzamiento i).-Bayonetas, sables y lanzas. j).-Navíos, submarinos, embarcaciones e hidroaviones para la guerra naval y su armamento. k).-Aeronaves de guerra y su armamento. l).-Artificios de guerra, gases y substancias químicas de aplicación exclusivamente militar, y los ingenios diversos para su uso por las fuerzas armadas. En general, todas las armas, municiones y materiales destinados exclusivamente para la guerra. Las de este destino, mediante la justificación de la necesidad, podrán autorizarse por la Secretaría dela Defensa Nacional, individualmente o como corporación, a quienes desempeñen empleos o cargos de la Federación, del Distrito Federal, de los Estados o de los Municipios, así como a servidores públicos extranjeros en los casos a que se refieren los artículos 28 y 28 Bis de esta Ley. Artículo 83. Al que sin el permiso correspondiente porte un arma de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, se le sancionará: I. Con prisión de tres meses a un año y de uno a diez días multa, cuando se trate de las armas comprendidas en el inciso i) del artículo 11 de esta Ley; II. Con prisión de tres a diez años y de cincuenta a doscientos días multa, cuando se trate de armas comprendidas en los incisos a) y b) del artículo 11 de esta Ley, y III. Con prisión de cuatro a quince años y de cien a quinientos días multa, cuando se trate de cualquiera de las otras armas comprendidas en el artículo 11 de esta Ley. En caso de que se porten dos o más armas, la pena correspondiente se aumentará hasta en dos terceras partes. Cuando tres o más personas, integrantes de un grupo, porten armas de las comprendidas en la fracción III del presente artículo, la pena correspondiente a cada una de ellas se aumentará al doble. De tales dispositivos se desprende, en lo que aquí interesa y tal como lo resaltó el Juez responsable, que: a) El material bélico descrito en el primero de tales artículos, es catalogado como de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea; b) Que de conformidad con la fracción II del artículo 83, se sancionará con prisión de tres a diez años y de cincuenta a doscientos días multa, cuando se trate de armas comprendidas en los incisos a) y b) del artículo 11 de esa Ley. Ahora bien, los elementos para la configuración de los ilícitos de que se trata relativos a la portación de los objetos bélicos de referencia, como acertadamente concluyó el Juez responsable, son los siguientes: Sin el permiso correspondiente; Se porte un artefacto bélico (armas, cartuchos o cargadores) de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea; esto es, que lo tenga dentro de su radio de acción y ámbito de disponibilidad inmediata. Al respecto, el Juez responsable, estimó que los hechos materia de la imputación, sí configuran, en esa etapa procesal, el mencionado hecho ilícito -en grado de probabilidad-. Para determinar lo anterior, tomó en cuenta los datos de prueba que relacionó la agente del Ministerio Público (pues la defensa, fue omisa en ofrecer medio de prueba alguno) consistentes en: Evidencia material consistente en arma de fuego tipo pistola, color negro, de la marca Taurus Millenium G2, modelo PT111 G2, 9 milímetros, con número de matrícula TIZ04678, arma abastecida con cargador con nueve cartuchos útiles, indicio que se encuentra en la bodega de indicios de la Policía Federal Ministerial. Informe policial homologado de fecha diecinueve de julio de dos mil veintiuno, del cual se desprende, que en esta ciudad, aproximadamente a las dieciséis horas con cincuenta minutos, de esa fecha, los agentes de seguridad pública municipal de nombres ****, se encontraban realizando su recorrido de prevención y vigilancia, cuando circulaban por la calle Senderos de Occidente, en un sentido de oriente a poniente; y al llegar al cruce de la ****; observaron que sobre la calle ****, caminaba una persona del sexo masculino, complexión delgada, tez morena, con tatuajes visibles en rostro y cuello, con vestimenta, playera negra de manga larga, el cual llevaba colgando en su hombro una bolsa color negro, y merodeaba las casas abandonadas de ese fraccionamiento, observaron que en su mano derecha, traía una pipa de cristal transparente, de las utilizadas para consumir narcótico denominado metanfetaminas, conocido como *cristal*, por lo cual, los agentes se acercaron y al estar aproximadamente a tres metros de distancia y con las ventanas de la unidad abiertas, observaron que el hombre estaba fumando de la pipa, por lo cual, mediante señales audibles y visibles, le marcaron al masculino el alto; pero éste, al dirigir la mirada hacia la unidad, guardó la pipa en la bolsa que traía consigo y sacó de su cintura un objeto parecido a un arma de fuego color negra y la guardó en el bolso, posteriormente salió corriendo, por lo cual iniciaron la persecución por parte de los Agentes Policiacos, logrado detenerlo aproximadamente a treinta metros del lugar. Una vez que lo detuvieron, le preguntaron su nombre, a lo que manifestó llamarse, ****, la bolsa que traía consigo se encontraba abierta, por lo cual la agente de nombre ****, pudo ver en su interior un objeto al parecer arma de fuego color negra, por lo que solicitó al detenido que le permitiera realizar la inspección, a lo cual accedió de manera voluntaria. Acto seguido, a las diecisiete horas del día diecinueve de julio de dos mil veintiuno, la agente de nombre ****, realizó la inspección del bolso negro con la leyenda *cambar*, donde encontrón lo siguiente: 1.- Un arma de fuego color negro, con la leyenda Taurus Millenium -G2, pt111G2, 9 mm, asimismo la leyenda TIZ04678, arma abastecida con cargador con nueve cartuchos útiles, con la leyenda Águila 9 mm. 2.- Así mismo, se encontró en el interior del bolso, una pipa de cristal transparente, con residuos de sustancia quemada. Ante dicho hallazgo, a las diecisiete horas con diez minutos, del día diecinueve de julio de dos mil veintiuno, los agentes de referencia, llevaron a cabo la detención de ****, esto sobre la calle ****, casi esquina con calle ****, en el Fraccionamiento ****, de esta ciudad. Acto seguido, a las diecisiete horas con quince minutos, del mismo día, llevaron a cabo el aseguramiento y embalaje del arma descrita y se dio inicio a la cadena de custodia. Posteriormente se trasladaron a la estación de Distrito Universidad, ubicada en Avenida ****, en esta Ciudad, a donde llegaron aproximadamente a las diecisiete horas con cuarenta y ocho minutos de esa misma fecha, procedieron a ingresar al detenido al departamento de AFIS, a efecto de ser ingresado al sistema así como la toma de sus datos generales. Una vez lo anterior, el detenido fue canalizado al área médica, donde se le expide un certificado médico, a las diecisiete horas con cincuenta y cuatro minutos, de ese mismo día. Seguido de su ingreso a las celdas para iniciar los trámites administrativos previos a la puesta a disposición, esto fue a las dieciocho horas con diez minutos. Se llevó a cabo el ingreso al registro nacional de detenidos, el cual quedó registrado bajo el folio con terminación 72, terminando las citadas diligencias a las veinte horas con veinte minutos de misma data. Acto seguido, a las veintidós horas con doce minutos del diecinueve del diecinueve de julio de dos mil veintiuno, el detenido fue puesto materialmente a disposición de la Fiscalía General de la República. III.- Dictamen en materia de balística forense, de veinte de julio de dos mil veintiuno, con folio 5539 del cual se dijo, se desprende que la perito ****, determinó, previo estudio del artefacto bélicos ya señalado, lo siguiente: Que el arma de fuego, tipo pistola de 9 milímetros, por sus características y calibre son de las que se contemplan en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, específicamente en el artículo 11, inciso b); como de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. III.- Por lo que hace a la autorización por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, para portar el arma de fuego en mención, se tiene por acreditado en sentido negativo, puesto que en la carpeta de investigación no obra dato alguno de que el imputado cuente con permiso para portar el artefacto bélico descrito con antelación. Precisado lo anterior, refirió el Juez responsable que el anterior artefacto bélico, fue aparentemente encontrado dentro del radio de disponibilidad del hoy quejoso. Luego, refirió el Juez responsable que no obraba dato de prueba alguno que revelara que dicha persona tenía permiso otorgado por la Secretaría de la Defensa Nacional, para portar el aparato bélico ya descrito, de uso exclusivo de las fuerzas armadas del país. Expuso que los agentes captores, de forma personal y directa depusieron en contra del imputado, al señalar que éste, luego de una revisión, le encontraron el objeto bélico multicitado. Asimismo, el Juez responsable manifestó que del informe policial homologado se establecía la probabilidad de que el indiciado, hubiera cometido el hecho delictivo en comento, según se desprendió además de los diversos medios de prueba arriba reseñados. Lo previo, a título de autor material, en grado de autor, en términos del artículo 13, fracción II, a título de dolo con base en el artículo 9, párrafo primero, del Código Penal Federal, pues además de que se establecieron las circunstancias de modo tiempo y lugar, dijo, también existía la imputación directa de que era la persona que traía consigo el instrumento bélico, bajo su radio directo de disponibilidad. Así, aludió el Juzgador responsable que no se encontraba acreditada la extinción de la acción penal o excluyente de los delitos de referencia. En efecto, como adecuadamente determinó el Juez responsable, previo a emitir el auto de vinculación a proceso, es preciso que se hubiera formulado imputación, lo cual ocurrió el veintiuno de julio de dos mil veintiuno; que se haya otorgado al imputado la oportunidad de declarar, lo cual ocurrió, como lo acotó aquél; y, que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprenden datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Tales extremos, como indicó el Juez responsable, están actualizados. Así, fueron valorados por el Juez responsable la totalidad de datos de prueba aportados (únicamente por la agente del Ministerio Público, pues la defensa omitió ofertar medio de prueba alguno); y consideró, acertadamente, al analizarlos armónicamente y en su conjunto, que esos hechos actualizan el supuesto de: Portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea; previsto y sancionado en el artículo 83, fracción II, con relación al diverso numeral 11, inciso b) de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Por lo que, dictó auto de vinculación a proceso, ante tal probabilidad de la comisión de los delitos de referencia. Impuso la medida cautelar de prisión oficiosa al imputado, por la duración que dure del proceso, sin exceder por el periodo de dos años; y, por último, fijó como plazo para el cierre de investigación complementaria, el lapso de dos mes. Con lo que se estima además, que el Juez responsable acató la obligación que tenía de fundar y motivar dicha determinación; pues, además de invocar las porciones normativas aplicables para sustentar la resolución de que se trata, demostró fehacientemente las razones por las cuales consideró, que existe la probabilidad de que el imputado, aquí quejoso, ****, haya cometido el ilícito de que se trata. Para lo cual, además, expuso de forma concreta los hechos jurídicamente relevantes destacados con los medios de prueba; las circunstancias consideradas por las partes; y, finalmente, resolvió procedente la vinculación a proceso del imputado, aquí quejoso. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 143, tomo 97-102 Tercera Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. Asimismo, encuentra sustento -por identidad de razones- en la tesis XXVII.3o.20 P (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, tomo III, febrero de dos mil dieciséis, que dice: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA QUE EL JUEZ DE CONTROL PUEDA DETERMINAR SI EL HECHO IMPUTADO POR EL MINISTERIO PÚBLICO AL ACUSADO ES O NO CONSTITUTIVO DE DELITO, DEBE ANALIZAR LOS ELEMENTOS DE LA DESCRIPCIÓN TÍPICA DEL ILÍCITO CORRESPONDIENTE, ESTO ES, SUS ELEMENTOS OBJETIVOS, NORMATIVOS Y SUBJETIVOS. De la interpretación armónica de los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 316, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, se colige que para el dictado de un auto de vinculación a proceso, es necesario que de los antecedentes de investigación expuestos por el Ministerio Público se adviertan datos de prueba (indicios razonables) que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Ahora bien, lo anterior no puede lograrse sin antes determinar el delito, es decir, la conducta típica, antijurídica y culpable prevista por el legislador como merecedora de una sanción penal. Esto es así, porque si no se establece con precisión el ilícito con todos los elementos normativos y subjetivos específicos que lo integran, esa circunstancia provoca que no se esté en aptitud de determinar si el hecho extraído de los datos de prueba encuadra como delito, pues es necesario que el Juez de control conozca cuál es el ilícito materia de la imputación, lo que implica -inmediata o intrínsecamente- que éste efectúe un análisis de los elementos de la descripción típica del delito correspondiente, esto es, sus elementos objetivos, normativos y subjetivos específicos previstos en la ley, que le permitan calificar si los hechos que el Ministerio Público imputa al acusado son o no constitutivos de delito y, posteriormente, determinar con base en aquéllos si se desprenden indicios razonables que permitan suponer que efectivamente se cometió, lo que no se logra, sin antes analizar los elementos mencionados; máxime que este estudio contribuye al respeto del derecho de defensa del inculpado y crea seguridad jurídica, incluso, conlleva que se prepare adecuadamente la defensa para desvanecer la imputación o la pena que pretenda imponerse en la etapa del juicio correspondiente. En esa intelección, al no existir violación a los derechos fundamentales que se protegen en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y al no advertirse algún motivo para suplir la deficiencia de la queja en su favor, aunado a que tampoco se advierte en el presente asunto alguna violación a los derechos humanos reconocidos por la Constitución y Tratados Internacionales en los que México es parte; se niega el amparo y la protección constitucional solicitada por el quejoso ****. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ****, con relación a los actos reclamados y autoridad responsable precisados en el considerando tercero, por las razones expuestas en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese personalmente a las partes y por oficio a las autoridades. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada ****, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado ****, hasta el día de hoy catorce de diciembre de dos mil veintiuno, fecha en que lo permitieron las labores de este Juzgado. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos para que conste como legalmente corresponda el escrito signado electrónicamente por *******, Defensora Público Federal del quejoso, mediante el cual informa que a partir del dieciséis del presente mes y año, se encontrará separada de su encargo, por seis meses, pues se le concedió una licencia por ese periodo. En atención a lo anterior, entiéndanse las notificaciones de índole personal, con los autorizados del quejoso, en las instalaciones de la Defensoría Pública Federal, con sede en esta ciudad. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.
Quedan 2 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · 7,505 expedientes
- Jhon Fabricio Muñoz Puga y Otros.279/2023
- Jhon Jairo Parra Carrion571/2023
- Jhovany Peña Rangel38/2017
- Jixson Alexis Tamayo Correa1066/2022
- Joanna Jazmín Vásquez Quintana y Otros.363/2016
- Joaquín Alberto Becerra Bastidos565/2021
- Joaquin Antonio Valenzuela Vega441/2014
- Joaquín Arturo Gómez Carreón318/2016
- Joaquin Flores Ramos567/2018
- Joaquin Martinez Tellez426/2014
- Joaquín Pinacho Esquivel792/2023
- Joaquín Puente Quezada667/2019