JHONATAN ZARAGOZA VIDAL y Otros.

Expediente 235/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 22 actuaciones registradas, la última del 26 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
235/2022
Año
2022
Actuaciones
22
Última actuación
26/01/2023

Partes del expediente

  • JHONATAN ZARAGOZA VIDAL y Otros.
  • FABIOLA ZEPEDA CAMPOS y Otros.
  • Jhonatan Zaragoza Vidal
  • ROSA RIVAS GARCÍA y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 22.

  1. Principal

    Agréguese el oficio del Juez Trigésimo Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México, mediante el cual acusa recibo de las constancias que refiere, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Téngase por hecha la certificación de cuenta y tomando en consideración lo ahí asentado, se advierte que ya transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión, sin que hasta estos momentos se haya hecho valer contra la sentencia en la que se sobreseyó en el juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que la citada sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. ARCHÍVESE COMO TOTALMENTE CONCLUIDO, previas las anotaciones respectivas en el libro electrónico. Ahora bien, atendiendo a las particularidades del presente juicio, y tomando en consideración que no se trata de delitos contra: la seguridad de la nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente o la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales o que sea relativo a conflictos laborales colectivos trascendentes; tampoco trata sobre juicios con relación al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, o fue generado por el Pleno del Circuito que estableciera jurisprudencia; no versa sobre materia agraria, o bien que su sentencia integrara jurisprudencia o tesis aislada de Tribunal Colegiado; se concluye que no es de relevancia documental. De conformidad con lo que establece el artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se hace la observación de que el expediente es susceptible de destrucción, en razón de que se trata de un asunto en el que se sobreseyó. En ese mismo sentido, por lo que hace al cuaderno original del incidente de suspensión, de conformidad con lo establecido en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo Plenario aludido, se estima que es susceptible de depuración, toda vez que se concedió la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados; por lo que, una vez que transcurran más de tres años, en que se haya ordenado su archivo, deberá depurarse debiendo conservarse, únicamente las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación. Respecto al duplicado del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción, una vez que transcurra más de seis meses a que se refiere el artículo 20 del Acuerdo en cita. Por otro lado, tomando en consideración que el juez responsable remitió diversas constancias en justificación de sus actos; devuélvanse a su lugar de procedencia, en el entendido de que el actuario de la adscripción deberá verificar que en el sello de recepción se asiente el número de tomos entregados, POR LO QUE RESULTA INNECESARIO EL ACUSE DE RECIBO CORRESPONDIENTE. Conforme a lo dispuesto por el Acuerdo Plenario citado, mediante notificación personal requiérase a la parte quejosa para que acuda al local de este juzgado, dentro de un plazo de noventa días, a recoger los documentos originales que exhibió, apercibida de que, en caso de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos junto con el expediente. Por lo anterior, se hace de su conocimiento de la parte quejosa que ya no se cuenta con agenda para acudir a este órgano jurisdiccional para la recepción de documentos, por lo que podrá acudir al recinto de este órgano los días viernes de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos, para tal efecto. Sirve de apoyo el Acuerdo General 21/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid19, en relación con el periodo de vigencia. En cumplimiento al Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus covid-19, y la circular interna 03/2021 de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, la secretaria encargada de la tramitación del expediente revisó e hizo constar que la versión impresa de ese último coincide con la electrónica, lo que se tiene por realizado para los efectos legales conducentes. Por último, en cumplimiento al artículo 42 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, en relación con la publicación de la totalidad de las sentencias, así como la implementación del buscador de resoluciones especializado en el sistema de justicia penal adversarial, y la circular interna 03/2022 de veintisiete de abril de dos mil veintidós, la secretaria certificó que la versión pública del fallo dictado en el presente asunto está disponible en la liga institucional: ejusticia.cjf.gob.mx/BuscadorSISE/#/BusqExp, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, lo que se tiene por realizado para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  3. Principal

    día y hora señalados para la CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL en el juicio de amparo 235/2022; el Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ..., asistido de ..., Secretario que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declara abierta sin la asistencia de las partes. A continuación el Secretario hace relación de las constancias que obran agregadas en autos, y da cuenta con: A) Demanda de amparo; B) Oficios por los cuales las autoridades responsables rindieron su informe justificado; C) Emplazamiento de la parte tercera interesada. Al efecto se acuerda: Téngase por hecha la relación que antecede para los efectos legales conducentes. A continuación se procede a la apertura del período probatorio, en el que se hace constar que la parte quejosa ofreció diversas documentales, la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto legal y humano, mismas que se admiten y desahogan dada su especial naturaleza. Por lo que hace a la testimonial e inspección judicial, se desecharon en auto de trece de mayo de dos mil veintidós, quedando intocado ese acuerdo por decisión del Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Al no haber más elementos de convicción por desahogar, se cierra el presente periodo y se abre la etapa de alegatos, donde se hace constar que ninguna de las partes los formularon, por su parte la Secretaría de Seguridad Ciudadana, todos de la Ciudad de México invocó la improcedencia del juicio; con lo que se cierra esta etapa. Por lo anterior, se da por terminada la audiencia que firma el Juez con el Secretario que da fe para constancia legal, procediendo a dictar la siguiente resolución: VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 235/2022, promovido por ..., ..., .., ..., ..., ..., ... y ..., contra actos del Juez y Actuario adscritos al Juzgado Trigésimo Civil y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, todos de la Ciudad de México; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda. El quince de marzo de este año, los quejosos solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de las autoridades citadas por considerarlos violatorios de los derechos humanos consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión. Previa aclaración, se admitió a trámite el asunto, dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, requirieron los informes justificados, y señaló parte tercera interesada. El representante social de la Federación adscrito no formuló intervención, se tuvieron por rendidos los informes, se emplazó a la parte tercera interesada; finalmente, la audiencia constitucional se celebró en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso c), de la Constitución General de la República; 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 37 y 107, de la Ley de Amparo, en atención a que se trata de un juicio constitucional indirecto promovido contra actos derivados de un proceso de naturaleza civil, tramitado ante un Juzgado del orden común con sede en la Ciudad donde el suscrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados, en términos de la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo. De la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que los quejosos, ostentándose como terceros extraños auténticos, reclaman la falta de llamamiento al juicio civil plenario de posesión ..., del índice del Juzgado Trigésimo Civil de esta Ciudad; y de manera particular, la orden de lanzamiento del inmueble ubicado en ... . TERCERO. Existencia. El juez y actuario responsables aceptaron la existencia de los actos reclamados, lo que se corrobora con las constancias allegadas de valor probatorio pleno, acorde a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo. Por su parte Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, negó el acto reclamado; sin embargo, debe tenerse por cierto, pues, en su carácter de autoridad ejecutora, está en aptitud de dar cumplimiento al mandamiento del Juez aludido, respecto del cual se tuvo por cierto el acto reclamado; lo anterior, con apoyo en la tesis emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito de rubro: "ACTO RECLAMADO NEGADO POR AUTORIDADES EJECUTORAS Y ADMITIDO POR LA AUTORIDAD ORDENADORA. DEBE TENERSE POR CIERTO" . CUARTO. Improcedencia del juicio. La procedencia del juicio es una cuestión de orden público y estudio preferente que debe analizar el juzgador, aún de oficio, de conformidad con el artículo 62 de la ley de la materia. El presente juicio es improcedente, pues las promoventes carecen de interés jurídico, lo anterior, de conformidad con lo previsto en el precepto 61, fracción XII de la Ley de Amparo La acción de amparo exige como presupuesto o condición esencial para su procedencia, entre otros, la existencia de un perjuicio real y actual que afecte a la persona o los derechos de la parte quejosa, debiendo entenderse por perjuicio para los efectos del amparo, la lesión directa en los intereses jurídicos de la persona, o bien una ofensa, un daño, una afectación indebida derivada de una ley o de un acto de autoridad, que se haga a los derechos o intereses de un particular. En este entendido, la procedencia del juicio de amparo en contra de un acto dictado por una autoridad, debe referirse en primer término, a la existencia de un derecho subjetivo (interés jurídico); y en segundo, que éste se vea real y directamente afectado con la actuación de la autoridad (agravio). Al respecto se invoca la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volúmenes 199-204, Primera Parte, página 135, que es del tenor literal siguiente: "AGRAVIO. PARA JUSTIFICAR LA ACCIÓN DE AMPARO DEBE SER ACTUAL. De los artículos 73, fracción V, y 4o. de la Ley de Amparo, se desprende que el agravio a su interés jurídico para ejercitar la acción constitucional, debe ser actual, por referirse a una situación que está causando perjuicio a la peticionaria, o que, por estar pronta a suceder, seguramente se le causará". Resulta aplicable a lo anterior, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a./J. 51/2019 (10a.), publicada en el Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 64, Marzo de 2019, Tomo II, página 1598, cuyo rubro y texto son: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.- El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente." El interés jurídico debe estar plenamente acreditado y no inferirse con base en presunciones, tal como lo establece la jurisprudencia 2a./J. 16/94, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, intitulada: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE." En el particular, los accionantes se ostentan terceros extraños y reclaman la falta de llamamiento al juicio civil plenario de posesión 123/2019, del índice del Juzgado Trigésimo Civil de esta Ciudad; y de manera particular, la orden de lanzamiento del inmueble ubicado en .... Por tanto debieron demostrar fehacientemente la propiedad del inmueble, o algún derecho real sobre este. Para ello, los accionantes exhibieron lo siguiente: 1. Contratos originales de compraventa de quince de octubre de dos mil quince, (uno con firma de la parte vendedora y otro sin la signatura, como se asentó en auto de diecisiete de marzo de dos mil veintidós). 2. Entrevistas ante una agencia del Ministerio Público. Sin embargo esos medios de convicción son insuficientes puesto que el primero, es un contrato que carece de fecha cierta, al ser original, privado y sin firma del vendedor; y el segundo porque solo demuestra la participación ante una unidad investigadora, más no representa o consigna derechos sobre el bien. Para que un documento privado, tenga eficacia plena, debe tener fecha cierta, y ello acontece: a) A partir del día en que se celebran ante fedatario público o funcionario autorizado; b) A partir del día en que se incorpore o inscriba en un registro público; y c) Desde la muerte de los que firmaron. De manera que, si no se actualiza alguno de estos supuestos, al documento no se le puede dar ningún valor jurídico ante terceros, por carecer de certeza de la fecha que se celebró. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia sustentada por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DOCUMENTOS PRIVADOS, FECHA CIERTA DE LOS. La certeza de fecha de un documento privado, depende de su presentación a un registro público, o ante un funcionario público en razón de su oficio, o de la muerte de cualquiera de los firmantes." Luego, con el contrato no es dable tener por acreditada la causa generadora de la propiedad que ostentan sobre el inmueble litigioso, pues no reúne las características referidas en párrafos previos por ser el original del pacto privado; de tal modo, que sólo produce efectos jurídicos entre quienes intervinieron en su celebración, mas no frente a terceros. Sirve de fundamento la jurisprudencia VI.2o.C. J/308, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, que expresa: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. EL DOCUMENTO PRIVADO DE FECHA INCIERTA ES INSUFICIENTE PARA DEMOSTRARLO. Si quien se queja en el amparo indirecto de haber sido afectado en sus derechos de propiedad y posesión de un bien inmueble, y exhibe un contrato privado de compraventa, con tal documento no puede tenerse por demostrado, de manera fehaciente, su interés jurídico pues, para que ello ocurra, resulta necesario que el referido título sea de fecha cierta, lo que acontece a partir del día en que un documento de tal naturaleza se inscribe en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio correspondiente, desde la muerte de cualquiera de los firmantes, o bien desde la fecha en que el documento se entrega a un funcionario público por razón de su oficio pues, en caso contrario, tal documento sólo produce efectos jurídicos entre las partes que originalmente intervinieron en la operación contractual, mas no frente a terceros, dado que la circunstancia de no tener fecha cierta, imposibilita determinar si el embargo y su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de que se duele el quejoso, fueron actos anteriores o posteriores a la adquisición del bien litigioso. Y ello es así por resultar claro, que la fuerza convictiva de un título privado, que contiene un acto traslativo de dominio no abarca la fecha en que aparezca realizada la enajenación cuando éste es de fecha incierta, por no reunir ninguno de los apuntados requisitos." Aunado a ello, uno de esos documentos carece de firma autógrafa de la vendedora lo que patenta una ausencia de voluntad de trasladar sus derechos sobre el bien a terceros o distintas personas. Sirve de fundamento la tesis I.12o.C.2 C (10a.), de los Tribunales Colegiado de Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 41, Abril de 2017, Tomo II, página 1699, que expresa: "CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA. EL CONCEPTO DE PARTE FIRMANTE CORRESPONDE A QUIENES PARTICIPAN EN LA CELEBRACIÓN DE UN ACTO JURÍDICO Y ÉSTAS SON QUIENES EMITIERON O EXPRESARON SU VOLUNTAD PARA OBLIGARSE. Conforme a la interpretación de la jurisprudencia 1a./J. 18/2016 (10a.) y a la ejecutoria que le dio origen, el concepto de parte firmante en un contrato no debe entenderse en sentido restrictivo, sino en uno amplio, porque la parte firmante de un acto jurídico no se limita solamente a quienes con su firma manifestaron su voluntad para el sentido en que hayan decidido obligarse, sino que se refiere al emisor de la voluntad, lo cual informa al otorgante del acto y en ello se subsume la intervención indirecta del materialmente obligado, esto es, de las partes que específicamente concertaron, de origen, el acto que, en la especie, consiste en la compraventa celebrada presuntamente a través de apoderado de la parte vendedora; así, el firmante del acto, subsume a toda la unidad involucrada desde origen, sea vendedor o comprador, incluso, cuando éstos hayan actuado a través de representantes pues, de otra manera, carecería de sentido, contenido y operatividad jurídica la figura de la representación, cuya teoría que explica la funcionabilidad de ésta es, precisamente, la sustitución real de personalidades, que es donde orbita la mecánica funcional del impacto patrimonial y jurídico de lo realizado por el representante en favor del representado; consecuentemente, el concepto "parte firmante del acto", corresponde a quienes participan en la celebración de un acto jurídico y éstas son, por ende, quienes emitieron o expresaron su voluntad para obligarse." Respecto a las documentales marcadas con el número 2, solo demuestran una circunstancia de hecho, respecto a la comparecencia de dos personas, ante una autoridad investigadora por la posible comisión de un delito, sin que tengan el alcance de acreditar la posesión o propiedad del inmueble que se pretende defender en esta instancia, pues en esas diligencias se investigan delitos. Ahora, en el supuesto no concedido de que los quejosos tengan la posesión material del inmueble, este sólo hecho no es suficiente para considerar procedente el estudio de la constitucionalidad de los actos de autoridad, pues tratándose de casos en que los agraviados se ostentan como terceros extrañaos a juicio, aduciendo tener la posesión de un bien por virtud de un contrato, es indispensable la plena comprobación de que dicho título tiene fecha cierta; lo anterior es así, ya que la posesión sin derecho sólo puede tenerse como simple detentación, y por tanto no protegida a través del juicio constitucional. Al respecto se cita la tesis de jurisprudencia P./J. 1/2002 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto es: "TERCERO EXTRAÑO. INTERES JURIDICO. NO LO ACREDITA LA DETENTACION MATERIAL DEL INMUEBLE. De acuerdo con el artículo 790 del Código Civil del Distrito Federal, es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho. Sin embargo, tal poder de hecho necesariamente debe tener una causa u origen según se advierte de los propios términos del artículo 791 del referido código, pues si dicha causa, por su naturaleza jurídica, faculta al poseedor a usar, disfrutar y disponer de la cosa, se trata de la posesión originaria o en concepto de dueño; en cambio, si la causa de la posesión faculta al titular del derecho, únicamente a usar y disfrutar del bien, se trata de la posesión derivada, en calidad de usufructuario, arrendatario, acreedor pignoraticio, depositario, u otro título análogo. Ahora bien, si cualquiera de las dos clases de posesión, originaria o derivada, debe reconocer una causa jurídicamente suficiente para atribuir al sujeto que la ejerce alguno o algunos de los derechos o atributos de la propiedad (usar, disfrutar, disponer), o aquellos que son característicos y exclusivos de la posesión derivada (usar y disfrutar del bien, pero no disponer de él), es inconcuso que la simple tenencia material de un bien, faltando dicha causa, no es la posesión jurídica a que alude la legislación civil común y, por ende, no puede ser tutelada por la garantía de audiencia del artículo 14 constitucional, el cual protege la posesión jurídica, sea ésta originaria o derivada. De lo anterior, resulta inconcuso que el agraviado necesariamente debe hacer mención en su demanda de amparo a la causa u origen de ese poder de hecho, y demostrarla en el juicio, a fin de proporcionar al Juez del amparo los elementos objetivos necesarios para apreciar si ese poder de hecho constituye o no la posesión jurídica protegida por el derecho, a través de la garantía de seguridad contenida en el aludido artículo 14 constitucional. Consecuentemente, si en el amparo indirecto el inconforme se reduce a manifestar que tiene el carácter de propietario del inmueble, del que dice que la autoridad responsable trata de desposeerlo sin haber sido oído y vencido en un juicio previo; pero no alude a la causa de esa posesión originaria, ni la demuestra en el juicio de garantías; resulta inconcuso que aun en el supuesto de que se hubiera acreditado con las pruebas que aportó, que ejerce un poder de hecho sobre el inmueble relacionado, debe concluirse que se trata de la simple detentación material que no constituye la posesión jurídica, en los términos de la legislación civil común; y, por ende, el Juez de Distrito estuvo en lo correcto al sobreseer en el juicio de amparo, toda vez que lo actuado en el juicio natural respecto del que el recurrente afirma ser tercero extraño, jurídicamente tiene que pararle perjuicio, porque sólo la posesión jurídica es protegible, mas no la simple tenencia; por lo que si se está en este último caso, ello no implica la existencia de un interés jurídico, sino de un interés simple, que no autoriza al quejoso para reclamar en la vía constitucional." Consecuentemente, al no acreditarse el interés jurídico, se actualiza la causal de improcedencia a que se ha hecho referencia y con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con 61, fracción XII, ambos de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en el juicio de amparo. No pasa inadvertido que la autoridad ejecutora invocara la improcedencia del juicio, empero, no existe necesidad de emprender un análisis adicional, cuando ya existe probada causa suficiente para decretar el sobreseimiento. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 54/98 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, de agosto de 1998, página 414, en materia común, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA." Conforme al sentido de este fallo es innecesario atender los conceptos de violación formulados en la demanda de amparo, porque la declaración de sobreseimiento lo impide. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1028, cuyo sumario textualmente indica: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente." Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 73 a 79 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee el juicio promovido por ..., ..., ..., ..., ..., ..., ... y ..., por las razones precisadas en esta resolución. NOTIFÍQUESE COMO LEGALMENTE CORRESPONDA. Lo sentencia y firma ..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ante ..., Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, en términos de los artículos 3º de la Ley de Amparo, y 28 del Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, el día que tiene verificativo la audiencia constitucional. Doy fe.

  4. Principal

    Por recibido el oficio del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, mediante el cual remite un legajo de constancias y el testimonio de la resolución donde declaró infundado el recurso de queja interpuesto contra el auto de trece de mayo de la presente anualidad. Acúsese recibo. Considerando que el nueve de junio de dos mil veintidós se suspendió el procedimiento, hasta en tanto se resolviera el medio de impugnación aludido; situación que ahora acontece, en este acto se levanta la paralización del juicio. Así, para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las ONCE HORAS MINUTOS DEL VEINTICINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. NOTIFÍQUESE POR LISTA A LA QUEJOSA Y PERSONALMENTE A LA TERCERA INTERESADA.

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