Jesús Sánchez Corona
Expediente 349/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 20 actuaciones registradas, la última del 9 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 349/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 09/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Jesús Sánchez Corona
- Lic. María Olivia Carmona Sánchez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
Agréguese el oficio del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, por medio del cual acusa recibo e informa que admitió el recurso interpuesto. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Agréguese el escrito del quejoso; atento a su contenido, con fundamento en los artículos 81 fracción I inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo se tiene por interpuesto el recurso de revisión contra la sentencia dictada en este asunto; remítase el presente expediente y cinco legajos de constancias, al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito que por turno corresponda, así como el escrito original de expresión de agravios para la substanciación del referido medio de impugnación, previa formación del cuaderno de antecedentes. Distribúyase entre las partes copia simple del mismo, dejando en esta Secretaría la de la contraria. Se instruye al actuario de la adscripción para que, previo al envío del recurso interpuesto al Tribunal Colegiado respectivo, efectúe las notificaciones necesarias y las vincule al expediente electrónico, para que la superioridad esté en condiciones de consultarlas a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Se ordena que, una vez que se tenga información de quién es el Tribunal que conocerá del mismo, se haga disponible este asunto en el sistema aludido. NOTIFÍQUESE.
- Principal
día y hora señalados para la CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL en el juicio de amparo 349/2023; el Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ..., asistido de ..., Secretaria que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declara abierta sin la asistencia de las partes. A continuación se hace relación de las constancias que obran agregadas en autos, y da cuenta con: A) Demanda de amparo; B) Oficios por los cuales las autoridades responsables rindieron su informe justificado; C) Emplazamiento de la parte tercera interesada. Al efecto se acuerda: Téngase por hecha la relación que antecede para los efectos legales conducentes. A continuación se procede a la apertura del período probatorio, en el que se hace constar que el quejoso ofreció las documentales, la presuncional en su doble aspecto legal y humano y la instrumental de actuaciones, las cuales se admiten y desahogan dada su especial naturaleza. Al no haber elementos de convicción por desahogar, se cierra el presente periodo y se abre la etapa de alegatos, donde se precisa que la parte quejosa los formuló y la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no intervino; por lo que se cierra esta etapa. Con lo anterior, se da por terminada la audiencia que firma el Juez con la Secretaria que da fe para constancia legal, procediendo a dictar la resolución correspondiente. Doy fe.
- Principal
VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 349/2023, promovido por ..., contra actos de la Segunda Sala y Juez Décimo Octavo, ambos de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; y, RESULTANDO PRIMERO. Demanda. El veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, el quejoso solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos que consideró violatorios de los derechos humanos contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 17 Constitucionales. SEGUNDO. Por razón de turno, tocó conocer al suscrito, que lo admitió, dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, requirió informes justificados, señaló parte tercera interesada y fijó hora y día para celebrar la audiencia constitucional. Las autoridades rindieron sus informes; la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no formuló intervención, la tercera interesada fue emplazada, finalmente, la audiencia constitucional tuvo lugar en los términos del acta que antecede; y CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este órgano jurisdiccional es competente para conocer y resolver el presente juicio, conforme a los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República; 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 37 y 107, fracción V, de la ley de la materia, en atención a que se trata de un amparo indirecto promovido contra un acto derivado de un proceso de naturaleza familiar, seguido en un Juzgado del fuero común, con sede en la ciudad donde el suscrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Conforme al artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, se precisa que el acto reclamado es la sentencia de seis de marzo de dos mil veintitrés, emitida por la Segunda Sala Familiar de esta ciudad en el toca ..., donde modificó el proveído de siete de septiembre de dos mil veintiuno, dictado por el Juez Décimo Octavo en la misma materia y sede, en el incidente de régimen de visitas y convivencias derivado del juicio de divorcio ...; y su ejecución. La modificación fue para reducir el monto de la multa impuesta al quejoso, quedando en $3,000.00 (tres mil pesos 00/100 moneda nacional). Dicha resolución se emitió en cumplimiento a la ejecutoria del amparo 358/2022. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Al rendir su informe justificado, las responsables aceptaron los actos que se les atribuyen, lo que se corrobora con las copias certificadas que remitieron en su apoyo; las cuales por tener el carácter de actuaciones judiciales, gozan de valor probatorio pleno, de acuerdo con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Antecedentes. Para una mejor comprensión del asunto, es pertinente hacer las siguientes precisiones que se advierten de las constancias remitidas por la autoridad responsable como sustento de su informe justificado: 1. En el incidente de régimen de visitas y convivencias derivado del juicio de origen, el veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho, se previno al quejoso para abstenerse de realizar afirmaciones carentes de fundamento, pues en caso de continuar con esa conducta, se le impondría una multa por $7,600.00 (siete mil seiscientos pesos 00/100 moneda nacional). 2. Mediante escrito presentado el treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, el quejoso promovió apelación contra una determinación diversa de nueve de ese mes y año, y formuló manifestaciones. 3. En auto de siete de septiembre de esa anualidad, el A quo admitió la apelación y por otro lado, refirió: "[.] Toda vez que en diverso auto de fecha veinte de agosto de dos mil diecinueve, visible a foja 179 en el cuaderno relativo al incidente denominado resarcimiento de la potestad del menor...., se hizo de su conocimiento la resolución emitida por la Segunda Sala Familiar en el toca ... que en su parte conducente dice '. Asimismo se previene al ocursante para que se dirija en forma respetuosa y honesta, apegándose a la verdad y no imputaciones y mentiras, apercibido que para el caso de desobediencia se le impondrá la medida de apremio contenida en autos. .' y visto el lenguaje, el tono y la manera en que el promovente se dirige al suscrito y a las autoridades que integran la Segunda Sala Familiar, en el de cuenta, concretamente en la foja 7 del de cuenta, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de fecha veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho, fojas 436 y 437, tomo I, incidente de régimen de visitas) (sic) Y se impone al promovente ... una multa por la cantidad de $7,600.00 (SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS00/100 [SIC] M.N.) por lo que una vez que el presente acuerdo se encuentre firme, gírese atento oficio a la Dirección para el Cobro de Multas Judiciales de éste (sic) Tribunal." 4. Inconforme, el peticionario apeló dicho auto y seguido el trámite correspondiente, el treinta de marzo de dos mil veintidós, la Ad quem dictó sentencia confirmándolo. 5. Contra dicha resolución, el quejoso promovió amparo indirecto que conoció y resolvió este órgano jurisdiccional en el expediente ..., donde el veintidós de agosto de dos mil veintidós, dictó sentencia concediendo la protección constitucional para los siguientes efectos: "Conforme a ello, con fundamento en el artículo 77 párrafo primero fracción I de la Ley de Amparo, a fin de restablecer las cosas al estado que guardaban con anterioridad a su emisión, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, a fin de que la Sala responsable: 1. Deje insubsistente la resolución reclamada; y 2. Con libertad de jurisdicción, dicte otra en la que resuelva la apelación contra el proveído que impuso la multa al quejoso y funde y motive su decisión conforme a los argumentos expuestos en este fallo. Lo anterior se hace extensivo a los actos de ejecución atribuidos al juez responsable." 6. En cumplimiento a dicha resolución, el seis de marzo de dos mil veintitrés, la Sala responsable dictó una nueva resolución en la que modificó el auto impugnado para reducir la multa impuesta al quejoso, quedando en $3,000.00 (tres mil pesos 00/100 moneda nacional). Esta determinación constituye el acto reclamado. QUINTO. Conceptos de violación. El quejoso sostiene que el acto reclamado vulnera los derechos humanos contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 17 Constitucionales, por lo siguiente: a) La autoridad responsable ha vulnerado diversos derechos humanos de su hijo, como los inherentes a la salud, educación, familia, debido proceso, igualdad y progresividad. b) El quejoso ha sido tratado en desigualdad, lo que implica una discriminación por razón de género, pues en supuestos similares donde se le impusieron multas a su contraria, el A quo, incluso oficiosamente, las ha dejado insubsistentes, argumentando que es para no causar un perjuicio económico, y que se atiende al interés superior de la infancia; lo cual a su consideración revela una incongruencia. Incluso refiere que el juez responsable en el auto de once de septiembre de dos mil catorce razonó que no haría efectiva una medida de apremio contra su colitigante para no causarle algún perjuicio económico, lo que califica como contrario a la resolución emitida por este órgano jurisdiccional en el amparo indirecto ..., donde se dijo que las medidas de apremio no tienen como objetivo afectar o dañar el patrimonio ni la esfera jurídica de la persona a quien van dirigidas. Refiere que en la resolución reclamada, la Sala responsable indica que sí tienen como propósito causar un detrimento económico al rebelde y no sólo son para que las resoluciones judiciales sean prontas. c) Además indica que se le ha impedido el ejercicio de su derecho a la crianza. d) Se duele de que en el diverso toca ..., la Sala responsable resolvió no tener por acusada la rebeldía de su contraria, argumentando que las convivencias entre él y su hijo se habían llevado a cabo, y con ello la finalidad de las medidas de apremio quedaron satisfechas. Sobre este punto, refiere que posterior al escrito que motivó la imposición de la multa, se ha conducido con respeto e incluso sus promociones han sido acordadas de conformidad, por lo cual la finalidad de la medida de apremio se logró, de ahí que deba seguir la misma suerte que lo resuelto en el diverso toca. e) No existe causa justificada que motive la imposición de la multa, pues ninguno de sus escritos es violento, irrespetuoso, altanero, falaces, tampoco tergiversa el contenido de las actuaciones judiciales, ni contiene falacias, infamias, insolencias, burlas o mentiras. Por el contrario, son precisos sobre las violaciones a los derechos humanos de su hijo. Agrega que la Sala responsable omite exponer por qué considera que sus escritos contienen expresiones como las mencionadas en el primer párrafo de este motivo de disenso, y que son suficientes para imponer la multa. f) Indica diversos argumentos relativos a la inconstitucionalidad del artículo 282 del Código Civil para esta ciudad, sin señalarlo como reclamo (pues incluso se le previno en tal sentido y su desahogo fue en el sentido de no dolerse expresamente de ello como acto reclamado). g) Es incorrecta la forma en que se señaló el régimen de visitas y convivencias entre él y su hijo. h) El juez responsable se abstuvo de dar contestación a diversas interrogantes formuladas con relación a los derechos que tienen tanto él como su hijo, mediante escrito de veintisiete de mayo de dos mil diecinueve. Sobre ello, abunda en que no tiene por qué probar nada para acreditar el derecho que tiene a la custodia del niño, sino que basta la exhibición del acta de nacimiento. Dicho lo anterior, los conceptos de violación a), c), f), g) y h) son inoperantes; los b), d) y e) son infundados. En términos generales, los conceptos de violación devienen inoperantes cuando se presenta algún impedimento técnico o jurídico que imposibilita el análisis del planteamiento formulado; lo anterior se ilustra analógicamente con el criterio de jurisprudencia 2a./J. 188/2009, sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: "AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS EN LOS QUE SE PRODUCE UN IMPEDIMENTO TÉCNICO QUE IMPOSIBILITA EL EXAMEN DEL PLANTEAMIENTO QUE CONTIENEN." Lo inoperante de los conceptos de violación a), c), f), g) y h), deriva de que a través de ellos, la parte quejosa impugna cuestiones sobre derechos tanto de él y de su hijo como la salud, educación, crianza, entre otras; alude a la aplicación del artículo 282 del Código Civil para esta ciudad en su perjuicio; tilda de incorrecta la forma en que se determinó la convivencia entre él y su hijo; y combate la falta de respuesta de parte del juez a diversas interrogantes planteadas mediante un escrito de veintisiete de mayo de dos mil diecinueve. Ahora bien, en la resolución reclamada el objeto se centró en determinar la legalidad de la sanción impuesta por haber desatendido la instrucción de conducirse con respeto hacia la autoridad; de ahí que si los razonamientos aludidos no atacan las consideraciones del acto reclamado, es claro que resultan ajenos. Por ello, existe un obstáculo para calificar esos argumentos, dado que escapan de la litis constitucional y por ello devienen inoperantes. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia I.6º.C, J/15, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, localizable en la página 621, del Tomo XII, Julio de 2000, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES, CUANDO NO ATACAN LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA IMPUGNADA.- Los conceptos de violación resultan inoperantes si los argumentos que aduce la quejosa no atacan las consideraciones de la sentencia impugnada." También, sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 460, del Tomo IX, Abril de 1992, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que refiere: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. SON AQUELLOS QUE NO RAZONAN CONTRA EL ACTO IMPUGNADO. Cuando no se formula ningún razonamiento lógico jurídico encaminado a combatir las consideraciones y fundamentos de la sentencia impugnada, y el quejoso sólo se concreta a decir que se violaron las leyes del procedimiento, que la responsable no valoró correctamente las pruebas, y que la sentencia carece de fundamentación y motivación, pero sin emitir ningún razonamiento, tales conceptos de violación son inoperantes, teniendo en consideración que los mismos deben ser la relación razonada que ha de establecerse entre los actos emitidos por la autoridad responsable y los derechos fundamentales que se estimen violados, demostrando jurídicamente la contravención de éstos por dichos actos." Por otra parte, es infundado alegar que el acto reclamado es discriminatorio e implica un trato desigual, y para contestar tal planteamiento es conveniente transcribir las afirmaciones que dan pauta a tal reclamo: "[.] Me causa molestia legal el acto de autoridad de fecha SEIS de marzo de 2023, por el distingo e incongruencia sobre la aplicación de la medida de apremio en mí perjuicio -SIN CAUSA-, caso concreto, la multa económica con respecto a aquel trato y criterio jurídico que ha recibido la abogada Tania Migdalia Olvera Espinoza para casos de las rebeldías en que ha incurrido y, a ella -la contraparte en juicio-, no se le hacen efectivas las medidas de apremio existiendo CAUSA. [.]" Como se ve, el alegato de discriminación implica afirmaciones subjetivas por el sentido en el cual se resolvió el acto reclamado. No obstante, en el fallo de la Sala responsable no se advierte que la sanción impuesta al quejoso esté motivada por razones de género; menos aún que le impida disfrutar de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar, erradicar situaciones de violencia, o contextos vulnerantes. En ese sentido, contrario a lo alegado, para determinar el sentido de su decisión, la Ad Quem tomó en cuenta que existía una prevención dirigida al quejoso para conducirse con respeto y probidad, la cual incluso había motivado una sanción previa; y el incumplimiento del accionante a dicha instrucción. Aspectos de los cuales no se advierte alguna motivación por razón de género para sancionar al peticionario de amparo; tampoco puede afirmarse que se esté frente a un trato diferenciado, pues las rebeldías en que refiere ha incurrido su contraparte, obedecen a órdenes diferentes (como es la presentación de su hijo a las visitas y convivencias), y no a conducirse con respeto hacia las autoridades; de ahí que se trate de supuestos diversos. De ahí lo infundado de los motivos de disenso b) y d). Apoya lo expuesto, la tesis aislada II.1o.1 CS (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito con residencia en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, en la Décima Época, de registro 2012773, que dice: "PERSPECTIVA DE GÉNERO. LA OBLIGACIÓN DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DE JUZGAR BAJO DICHO PRINCIPIO, NO SIGNIFICA QUE DEBAN RESOLVER EL FONDO DEL ASUNTO CONFORME A LAS PRETENSIONES PLANTEADAS POR LAS O LOS GOBERNADOS. El reconocimiento de los derechos de la mujer a una vida libre de violencia y discriminación y de acceso a la justicia en condiciones de igualdad, exige que todos los órganos jurisdiccionales del país impartan justicia con perspectiva de género, lo cual constituye un método que pretende detectar y eliminar todas las barreras y obstáculos que discriminan a las personas por condición de sexo o género, es decir, implica juzgar considerando las situaciones de desventaja que, por cuestiones de género, discriminan e impiden la igualdad; sin embargo, la perspectiva de género en la administración de justicia no significa que en cualquier caso los órganos jurisdiccionales deban resolver el fondo del asunto conforme a las pretensiones planteadas por las o los gobernados en razón de su género, ni que dejen de observarse los requisitos de procedencia y de fondo previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que el principio de juzgar con perspectiva de género, por sí mismo, resulta insuficiente para declarar procedente lo improcedente." Por otro lado, también deviene infundado lo inherente a que después del auto que le impuso la multa, el peticionario se ha conducido con respeto e incluso el juez responsable acordó sus promociones, y por ello la finalidad de la sanción quedó satisfecha; de ahí que lo inherente a la sanción deba resolverse en los mismos términos en que se condujo la Sala responsable en el diverso toca ..., cuando determinó un criterio similar para no sancionar a su contraria. Ello es así, pues las medidas de apremio tienen como objetivo que los juzgadores hagan cumplir sus determinaciones, sin que ello se traduzca en la posibilidad de afectar o dañar el patrimonio o esfera jurídica de la persona a quien van dirigidas. En apoyo a lo anterior, se cita en su parte conducente la tesis con registro digital 206034, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Octava Época, en Materias Civil, Constitucional, que dice: "CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL DISTRITO FEDERAL, ARTICULO 73, FRACCION I, DEL. ES CONSTITUCIONAL. El artículo 73, fracción I, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, autoriza a los jueces para hacer cumplir sus determinaciones, el empleo de la multa, entre otras medidas de apremio, sin que dicha facultad pueda considerarse contraria a la garantía de audiencia, establecida en el artículo 14, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que su aplicación no tiene como finalidad esencial la de privar a los gobernados de sus propiedades, posesiones o derechos, sino compeler a las partes a que cumplan con una determinación judicial, respecto a la cual la sociedad y el Estado tienen interés en que sea acatada a la brevedad posible." En ese sentido, si las actuaciones en las que el quejoso refiere que se ha conducido con respeto hacia el A quo y éste ha proveído de conformidad sus peticiones, son posteriores a la fecha en que se le impuso la sanción, no pueden considerarse que deban influir hacia el pasado; de ahí que no asista la razón al quejoso en su motivo de inconformidad. Ahora bien, con relación a lo alegado en el motivo de disenso e), donde el quejoso refiere que no existe causa justificada que motive la imposición de la multa, pues únicamente ha expuesto de forma precisa las violaciones a los derecho de su hijo, y que la Sala responsable omitió exponer por qué considera que sus escritos contienen expresiones que ameriten sancionarlo, tampoco le asiste la razón. Para darle respuesta a dicho motivo de disenso, es importante señalar que en la ejecutoria relativa al amparo ..., se determinó que al imponer una multa, la autoridad debe observar y valorar una serie de requisitos necesarios para cumplir cabalmente con el deber de fundamentación y motivación. En torno a las circunstancias que la autoridad debe tomar en cuenta para valorar e individualizar una medida de apremio, sobre todo cuando no se imponen los mínimos autorizados por la ley, se precisó lo siguiente: - Analizar la gravedad de la infracción, su reincidencia, el retraso o la imposibilidad del cumplimiento y las consecuencias, estableciendo la trascendencia que tiene la conducta del infractor en el procedimiento. - Tomar en cuenta los elementos que se encuentran relacionados con la o las personas que cometen la infracción, con el afán de poder medir el grado de comprensión del hecho que implica la desobediencia, y por tanto, el grado de rebeldía y consecuentemente lo reprochable de su conducta. Se hizo hincapié en que para determinar la sanción, se debe también valorar al infractor y considerar básicamente con los elementos que obren en autos: la persona a quien va dirigida, su edad, posición económica, ocupación y todas aquellas circunstancias culturales, sociales y laborales, es decir; las objetivas y subjetivas que el juez pueda advertir para calificar individualizadamente la gravedad de la conducta, su reprochabilidad y, por consiguiente, la magnitud de la medida, para así concluir en la medida de apremio que le corresponde. Dichas circunstancias sí fueron desarrolladas en el acto reclamado, porque la Sala responsable adujo que en el procedimiento natural se emitieron diversos pronunciamientos apercibiéndolo para evitar el despliegue de conductas irrespetuosas hacia la autoridad; y no obstante de tener conocimiento de ello (pues incluso ya había sido sancionado por incurrir en desacato a tal advertencia), mediante escrito de treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, el peticionario realizó diversas manifestaciones donde tildó de deshonesto y carente de ética la impartición de justicia que ha recibido, así como la falta de compromiso jurisdiccional con relación a la aplicación de la ley, y refirió que sólo tienen una visión acotada y miope del ejercicio gubernamental, por vivir de los erarios. Sobre ese aspecto, la Ad quem refirió que su inferior motivó la imposición de la multa por el lenguaje empleado, el tono y la manera en que el promovente se dirige a las autoridades. Aunado a ello, tomó en cuenta los elementos que obran en el expediente de origen, a saber: que la sanción está dirigida al quejoso Jesús Sánchez Corona, de cincuenta y seis años, quien se ostenta como doctor en derecho y es subdirector de área en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, recibiendo un sueldo aproximado de $8,418.68 (ocho mil cuatrocientos dieciocho pesos 68/100 moneda nacional). Ello motivó que redujera el monto de la multa, pues consideró que sobrepasaba el mínimo que debe tener una persona para solventar sus necesidades. De ahí que contrario a lo sostenido por el quejoso, sí se advierten causas que motivaran la imposición de una sanción, pues el peticionario incurrió en desacato a la instrucción recibida por el A quo. Incluso es importante destacar que el peticionario no se inconformó con los elementos valorados por la autoridad responsable para justificar la sanción y su monto. Además, las expresiones que empleó para dirigirse a lo que él considera como una descripción del actuar de las autoridades responsables dentro del procedimiento natural, sí pueden considerarse como términos Ad hominem, que únicamente tienden a evidenciar apreciaciones subjetivas del inconforme para desestimar la labor jurisdiccional. Ante lo infundado e inoperante de los motivos de disenso, lo conducente es NEGAR LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL SOLICITADA. Lo anterior se hace extensivo a los actos de ejecución atribuidos al juez responsable, conforme a la jurisprudencia 88, de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS." Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo establecido en los artículos 73 a 76, 217 y 218 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ..., contra actos de la Segunda Sala y Juez Décimo Octavo, ambos de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, precisados en el considerando segundo, por las razones señaladas en el diverso último. NOTIFÍQUESE COMO LEGALMENTE CORRESPONDA. Lo sentencia y firma ..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, asistido de ..., Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, en términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, hasta hoy veintidós de agosto de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.
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