Jesús Sánchez Corona
Expediente 531/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 14 actuaciones registradas, la última del 18 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 531/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 18/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Jesús Sánchez Corona
- JESÚS SÁNCHEZ CORONA y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Téngase por hecha la certificación de cuenta y tomando en consideración lo ahí asentado, se advierte que ya transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión, sin que hasta estos momentos se haya hecho valer contra la sentencia en la que se sobreseyó en el juicio; en consecuencia, con fundamento en los diversos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que la citada sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. ARCHÍVESE COMO TOTALMENTE CONCLUIDO, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Ahora bien, atendiendo a las particularidades del presente juicio, ...; se concluye que no es de relevancia documental. ...; se hace la observación de que el expediente es susceptible de destrucción, en razón de que se trata de un asunto en el que se sobreseyó. Por otro lado, tomando en consideración que las autoridades responsables remitieron diversas constancias en justificación de sus actos; en consecuencia, devuélvanse a su lugar de procedencia, en el entendido de que el actuario de la adscripción deberá verificar que en el sello de recepción se asiente el número de tomos entregados, POR LO QUE RESULTA INNECESARIO EL ACUSE DE RECIBO CORRESPONDIENTE. No obra en autos documento original, en los términos que establece el ordinal 3, fracción XVIII, del Acuerdo General de referencia. Finalmente, vista la certificación que antecede, en cumplimiento al Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus covid-19, y la circular interna 03/2021 de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, la secretaria encargada de la tramitación del expediente revisó e hizo constar que la versión impresa de ese último coincide con la electrónica, lo que se tiene por realizado para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
EXPEDIENTILLO Vista la certificación que antecede, se advierte que a las nueve horas con diez minutos del diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, se celebró la audiencia constitucional en el juicio de amparo 531/2021, y está pendiente de dictarse la sentencia, por lo que se ordena formar el expedientillo con la promoción de cuenta y, se provee: Agréguese el oficio de la Segunda Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en atención a su contenido, dígase a la autoridad responsable que no ha lugar en acordar de conformidad su petición, en razón de que el presente asunto se encuentra en estudio para resolver en definitiva y en su caso, la revisión respectiva. Una vez que se dicte la sentencia, glósese el expedientillo al cuaderno principal para que obre como corresponda. Notifíquese.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL CELEBRADA en el juicio de amparo 531/2021; ..., procediendo a dictar la resolución correspondiente. Doy fe.
- Principal
VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 531/2021, promovido por ... por propio derecho y en representación del menor con iniciales ... (identidad protegida); contra actos de la Segunda Sala y Juez Décimo Octavo, ambos de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; y, RESULTANDO PRIMERO. Demanda. El siete de julio de dos mil veintiuno, la parte quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de las autoridades mencionadas, por considerarlos violatorios de sus derechos tutelados en los artículos 1, 3, 4, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión y substanciación. Derivado de la ejecutoria dictada en la Q.C. ... del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, el cuatro de octubre de dos mil veintiuno, se admitió la demanda, se dio intervención al Ministerio Público adscrita, se requirieron los informes justificados a las autoridades responsables y se señaló a la parte tercera interesada. La representante social de la Federación adscrita no formuló intervención, se tuvieron por rendidos los informes justificados, la parte tercera interesada fue emplazada; y, finalmente, la audiencia constitucional se celebró en los términos del acta que antecede; y, CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado es legalmente competente para resolver este juicio, conforme a los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso c), de la Constitución Federal; 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 37 y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, pues se trata de un juicio de amparo indirecto promovido contra actos derivados de un procedimiento de naturaleza mercantil, tramitado ante un tribunal del orden común con jurisdicción dentro del ámbito de competencia, donde el suscrito ejerce autoridad constitucional. SEGUNDO. Conforme a la fracción I, del artículo 74 de la Ley de Amparo, se tiene que la quejosa, reclama: 1. El proveído de dos de marzo de dos mil veintiuno, dictado en el incidente de régimen de visitas y convivencias dentro del juicio de divorcio ... del índice del Juzgado Décimo Octavo de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, donde tuvo al quejoso formulando diversas manifestaciones, así como por recibidos diversos oficios provenientes del Centro de Convivencia Familiar Supervisada de esta Ciudad y atento a ellos determinó hacer efectivo el apercibimiento decretado en autos a ... por el incumplimiento al régimen de visitas y convivencias, consistente en la multa por la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 moneda nacional). 2. La sentencia de dieciséis de junio de dos mil veintiuno, emitida en los tocas ... y ... por la Segunda Sala Familiar de la Ciudad de México, que modificó el auto descrito en el párrafo anterior y, en su lugar, ordenó dar vista a su contraparte con las manifestaciones hechas, para que en el término de tres días manifestara lo que a sus intereses convenga. TERCERO. Existencia. Las autoridades responsables aceptaron la existencia de los actos reclamados; lo que se corrobora con las copias certificadas del juicio de origen, de valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo. CUARTO. Antecedentes. Es pertinente destacar los antecedentes del acto que derivan de constancias de autos. I. En sentencia de diecinueve de agosto de dos mil catorce, se declaró disuelto el vínculo matrimonial entre ... y ..., dejando a salvo el derecho de las partes respecto a las consecuencias inherentes al divorcio. II. El veintidós de octubre de dos mil catorce, ... promovió incidente de régimen de visitas y convivencias del menor involucrado con su progenitor; proceso resuelto en interlocutoria de quince de enero de dos mil quince, que en lo relativo determinó: "(.) TERCERO. Se decreta un régimen de visitas y convivencias definitivo entre el actor (sic) ... y el menor (.), los domingos de cada quince días en un horario de las once de la mañana a las dieciséis horas, condenándose a las partes a que la entrega y recepción de menor se realice en el Centro de Convivencias Familiar Supervisada, Plaza Juárez, como se ha venido realizando, los días domingos de cada quince días en un horario de las once a las dieciséis horas, por lo que se previene a ambas partes para que otorguen todas las facilidades para que se lleve a cabo dicho régimen de visitas y convivencias, apercibidos que en caso de incumplimiento se harán acreedores a una medida de apremio contempladas por la ley. (.)." III. Dicho fallo fue confirmado en grado de apelación el dos de octubre de dos mil quince, amén de la inconformidad del impetrante. IV. Ante dicha determinación el quejoso interpuso juicio de amparo directo, resuelto por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en el toca D.C ..., el nueve de febrero de dos mil diecisiete, de la forma siguiente: "ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ..., por propio derecho, contra la sentencia de dos de octubre de dos mil quince dictada por la Segunda Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México en el toca ... y su ejecución atribuida al Juez Décimo Octavo de lo Familiar de la Ciudad de México. La protección constitucional se concede para los efectos precisados en la parte final del último considerando de esta resolución." V. En cumplimiento, el seis de marzo de dos mil diecisiete, la Sala responsable modificó la resolución reclamada para quedar como sigue: "TERCERO. Se decreta un régimen de visitas y convivencias definitivo entre el actor ... y el menor (.), la que se alternará los fines de semana entre los progenitores, quedando de la forma siguiente: los sábados de cada quince días a las diecisiete horas deberá ... recoger a su hijo (.) en el Centro de Convivencias y lo reintegrará el domingo a las dieciocho horas con treinta minutos en el mismo lugar, ello tiene razón de ser dado el conflicto que hay entre los contendientes, para que sea materialmente posible tales convivencias, y a fin de salvaguardar y promover la convivencia familiar, amén que con base en el artículo 8 del Reglamento que fija las Bases de Organización y Funcionamiento del Centro de Convivencia Familiar Supervisada, se deja de prestar servicio a las dieciséis horas con treinta minutos. Lo anterior con fundamento en los artículos 73 y 62 del Código de Procedimientos Civiles." Contra esta última sentencia, la progenitora y ahora tercera interesada interpuso amparo directo que fue radicado en el propio tribunal colegiado con el número DC. ..., el cual fue resuelto en sesión de once de octubre de dos mil diecisiete, y se negó la protección constitucional. Vl. El veintinueve de junio dos mil dieciocho, el quejoso puso de conocimiento del juzgador familiar retrasos de su contraparte en el horario determinado para la entrega-recepción de su menor hijo, dispuestas para desarrollar las visitas y convivencias decretadas, a lo cual recayó la siguiente determinación: "Ciudad de México, a cuatro de julio de dos mil dieciocho.- Agréguese a sus autos el escrito de ..., téngase por hechas las manifestaciones que refiere y visto el contenido del proveído de fecha nueve de noviembre de dos mil diecisiete en el que se hizo del conocimiento la resolución dictada en el toca número ... visible a foja 197 del presente cuaderno, y a efecto de no dejar en estado de indefensión a la parte demandada, toda vez que la resolución antes aludida omitió señalar el apercibimiento que se impondría a las partes en el caso de cumplimiento de régimen de convivencia decretado, se previene a ambas partes para que den cumplimiento en sus términos al régimen de convivencia decretado por la Segunda Sala de este tribunal, apercibidos que en caso de incumplimiento se le impondrá como primer medida de apremio una multa por la cantidad de $10,000.00 (DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.). En relación con lo solicitado en el punto tercero dígase que deberá estarse a lo previsto en el artículo 39 del Reglamento que fija las bases de organización y funcionamiento del centro de convivencia familiar supervisada.- En relación a lo solicitado en el punto cuarto petitorio dígase que por el momento no ha lugar a acordar de conformidad lo solicitado por no existir en autos las constancias que refiere.- NOTIFÍQUESE.-" Vll. Inconforme, el impetrante interpuso recurso de apelación, resuelta por la sala responsable el siete de agosto de dos mil dieciocho, en los términos siguientes: "PRIMERO. Se confirma el auto apelado. SEGUNDO.- No es el caso de hacer especial condena en costas." Esa resolución fue materia del juicio de amparo indirecto 1047/2018 de este índice, sentenciado el veinticinco de enero de dos mil diecinueve que concedió la protección constitucional, para el efecto de que la sala responsable dejara insubsistente la resolución reclamada; y, con plenitud de jurisdicción, reasumiera el estudio del recurso de apelación planteado por el quejoso contra la determinación de cuatro de julio de dos mil dieciocho dejando de considerar que no existe apercibimiento dictado en el proceso, y calificara las pretensiones del recurrente fundada y motivadamente. En cumplimiento, la Ad Quem emitió el fallo de cinco de marzo de dos mil diecinueve, donde modificó el auto de cuatro de julio de dos mil dieciocho, para quedar como sigue: "...Agréguese a sus autos el escrito de ..., téngase por hechas las manifestaciones que refiere. Con fundamento en los artículos 55 y 81 del Código de Procedimientos Civiles, no ha lugar acordar su petición que hizo en escrito presentado el veintiocho de junio del año dos mil dieciocho, toda vez que en primer lugar, a la fecha en que se presentó el escrito que se provee aun no obraba el reporte de las convivencias de los días veintitrés y veinticuatro de junio del año dos mil dieciocho; y, en segundo lugar, de autos no obra que se hubiere notificado personalmente a los contendientes de la parte considerativa de la sentencia del seis de marzo del año dos mil diecisiete, pronunciada en el Toca ...; sin embargo, a fin de no dejar en estado de indefensión alguna de las partes y atendiendo al interés superior del infante, notifíquese personalmente a las partes del apercibimiento contenido en la parte considerativa de la sentencia del seis marzo del año dos mil diecisiete, pronunciada en el Toca .... En relación con lo solicitado en el punto tercero dígasele que deberá estarse a lo previsto en el artículo 39 del Reglamento que fija las bases de organización y funcionamiento del centro de convivencias familiar supervisada.- En relación a lo solicitado en el punto cuarto petitorio dígasele que por el momento no ha lugar a acordar de conformidad lo solicitado por no existir en autos las constancias que refiere. Notifíquese...". VllI. El catorce de agosto de dos mil veinte, el quejoso solicitó acusar la rebeldía de su contraparte por dejar de hacer la entrega del menor hijo de las partes en diferentes fechas y pidió hacer efectivas sendas multas a la progenitora del menor relacionado; a dicha pretensión recayó el auto de dieciocho de agosto siguiente, donde se mandó dar vista a la contraria. IX. Previa promoción del impetrante, el juzgador de origen dictó la siguiente determinación: "(.) Ciudad de México, a siete de septiembre de dos mil veinte. Agréguese a sus autos el escrito de ..., téngase por hechas las manifestaciones que refiere y respecto a lo solicitado en los puntos SEGUNDA (sic), TERCERA(sic), CUARTA(sic) Y QUINTA (sic), dígase al ocursante que no ha lugar a acordar de conformidad lo solicitado, debiendo tomar en cuenta que durante las fechas que éste señala en el de cuenta el Centro de Convivencia Familiar Supervisada no prestó servicios debido a la pandemia que se vive, además por encontrarse los menores dentro de los grupos vulnerables, estos deben permanecer resguardados hasta en tanto se emita el aviso respectivo para que éstos puedan salir de su domicilio con los cuidados necesarios, siendo los padres quienes deben velar por el bienestar y felicidad de su hijo en todo momento, evitando exponerlo a cualquier peligro, en este caso el contagio del virus SarsCov2, y si bien es cierto que es un derecho del menor la convivencia de éste con el progenitor no custodio, también lo es que el interés superior de su menor hijo se encuentra por encima de sus propios intereses, por lo que atendiendo a la contingencia sanitaria que se vive actualmente corresponde a los padres privilegiar su derecho a la vida y a la salud, sobre el derecho a la convivencia con aquellos, en tal virtud se conmina a las partes para que en aras del bienestar de su descendiente, anteponiendo sus intereses y tomando en cuenta la necesidad y bienestar de su hijo, con la responsabilidad y madurez que como adultos tienen, puedan llevar a cabo la convivencia entre el menor y su padre, sin ponerlo en riesgo o exponerlo, y dadas las circunstancias atípicas que la emergencia sanitaria ha provocado y con el fin de que el menor no pierda vínculo con su padre puedan en su caso llevar a cabo la convivencia con el progenitor no custodio mediante videollamada, reuniones virtuales en plataformas electrónicas y otras similares." (énfasis añadido) Inconforme, el quejoso apeló la determinación y ese medio de impugnación fue resuelto el veintiuno de mayo de dos mil veintiuno en el toca ..., que modificó la determinación recurrida, para dejarla como se indica: "(.) Agréguese a sus autos el escrito de ..., téngase por hechas las manifestaciones que refiere y respecto a lo solicitado en los puntos SEGUNDA (sic), TERCERA (sic), CUARTA (sic) Y QUINTA (sic), dígase al ocursante que no ha lugar a acordar de conformidad lo solicitado, debiendo tomar en cuenta que durante las fechas que éste señala en el de cuenta el Centro de Convivencia Familiar Supervisada no prestó servicios debido a la pandemia que se vive. En atención al interés superior de la niñez y en suplencia de la queja que refiere el artículo 941 del Código de Procedimientos Civiles, toda vez que si bien en las fechas que hizo mención el ocursante, las medidas para controlar la pandemia derivada del virus (covid-19) estaban más restringidas, también lo es que a la fecha en que se dicta el presente proveído ya estamos en semáforo amarillo, por lo que no sería perjudicial para el niño el que siga conviviendo con su padre en los términos ordenados en la sentencia de fecha seis de marzo del dos mil diecisiete, dictada en el Toca ..., sino al contrario le beneficia, en razón de lo anterior, se requiere en forma personal a las partes que cumplan a dichas convivencias, quedando subsistente el apercibimiento decretado en dicha resolución. De igual forma se previene a los contendientes para que cumplan con los cuidados necesarios con la finalidad de evitar la propagación del contagio del virus que se presenta actualmente. No obstante lo ordenado en líneas que anteceden, a fin de no transgredir su derecho de audiencia y respetar el principio de contradicción, con la petición contenida en el cuarto punto petitorio del escrito que se provee y las medidas sanitarias preventivas que refirió en el punto petitorio primero, dese vista a su contraria ..., por el término de tres días, para que manifieste lo que a sus derecho convenga y hecho que sea, se proveerá lo que corresponda." Tal determinación fue materia del juicio de amparo indirecto resuelto en este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, bajo el número ..., donde se negó el amparo y protección de la Justicia Federal a Jesús Sánchez Corona, por propio derecho y en representación del menor de identidad protegida e iniciales ..., lo que recurrió en revisión, que se encuentra pendiente. X. El veintidós de febrero de dos mil veintiuno, dentro del incidente de régimen de visitas y convivencias la parte quejosa señaló que la progenitora del menor no se presentó para la entrega de éste, los días doce y veintiséis de diciembre de dos mil veinte, así como nueve de enero de dos mil veintiuno, por lo que solicitó se hiciera efectivo el apercibimiento de multa a su contraria. XI. El dos de marzo de dos mil veintiuno, el Juez responsable, determinó: "Agréguese a sus autos el escrito de ..., téngase por hechas las manifestaciones que refiere y vistas las constancias de autos, así como los diversos oficios que remite el Centro de Convivencia Familiar Supervisada y que se acuerdan con esta misma fecha, de donde se desprende el incumplimiento de la demandada incidentista ... respecto al régimen de convivencias entre su menor hijo y el ocursante, al no acudir a entregar al mismo a dicho centro como se encuentra ordenado en el presente juicio durante los días doce de diciembre, veintiséis de diciembre de dos mil veinte y nueve de enero de dos mil veintiuno, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de fecha cuatro de julio de dos mil dieciocho, visible a foja 387 del tomo I del incidente en que se actúa, y se impone a ... una multa por la cantidad de $10,000.00 (DIEZ MIL PESOS 00/100 m.n.) por lo que una vez que el presente auto quede firme, deberá elaborarse el formato de multa correspondiente y remitirse a la DIRECCIÓN PARA EL COBRO DE MULTAS JUDICIALES DE ESTE TRIBUNAL. Respecto a la suspensión de la Patria Potestad que solicita el promovente, dígasele que se dejan a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía autónoma que corresponda y ante la autoridad competente." Inconformes, sendas partes interpusieron recurso de apelación, del cual conoció la Segunda Sala Familiar de la Ciudad de México en los tocas ... y ..., quien determinó modificar el auto impugnado para quedar de la siguiente manera: "Agréguese a sus autos el escrito de ..., téngase por hechas las manifestaciones que refiere, y en atención a las mismas, así como a fin de no dejar en estado de indefensión y violentar el derecho de audiencia de la actora en la reconvención, dese vista a ..., para que dentro del término de tres días manifieste lo que a su derecho e interés convenga; y hecho que sea se resolverá lo conducente. Lo anterior con fundamento en los artículos 55 y 137, fracción V, del Código de Procedimientos Civiles." Esta determinación constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo. QUINTO. Improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiar de oficio el juzgador antes de examinar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo que establece el último párrafo del artículo 62 de la ley de la materia. I. Respecto del acto reclamado consistente en el auto de dos de marzo de dos mil veintiuno, descrito en el inciso a), es improcedente, ya que cesaron sus efectos, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece:: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;[...]" De la lectura del artículo en cita, se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando cesan los efectos del acto reclamado, entre otros casos, cuando en el proceso se emite una resolución que sustituye jurídicamente al acto reclamado, pues los alcances de éste desaparecen debido a la sustitución jurídica que implica el pronunciamiento de la determinación que origina dicha cesación. Sirve de apoyo, la tesis del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XI, Marzo de 1993, página 198, que dice: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando contra la resolución impugnada en el juicio de garantías, se interpuso recurso al cual recayó nueva resolución, que vino a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la ley que lo reglamenta". También sustenta lo señalado, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 1492, Tomo XXX, Diciembre de 2009, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS POR SUSTITUCIÓN PROCESAL. LA RESOLUCIÓN QUE RECAE A LOS MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS, TORNA IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INTENTADO CONTRA EL AUTO O RESOLUCIÓN RECURRIDO. El ejercicio de los medios ordinarios de defensa, incide en la vigencia y ejecutividad de la determinación recurrida; motivo por el que la misma tendrá ejecutividad y firmeza, una vez que se decida el medio de impugnación, ya sea por el propio Juez del conocimiento o por el tribunal de alzada. Así, la decisión que recaiga al medio de defensa sustituye al auto o resolución impugnado, por virtud del análisis de legalidad que se hace de él, por lo que será esta nueva determinación y no la impugnada la que de manera extraordinaria podrá ser materia de análisis a través del juicio de garantías, pues el juicio de amparo no puede coexistir con los medios de defensa ordinarios; máxime que conforme al principio de definitividad, el amparo sólo es procedente contra actos definitivos." En el caso, respecto del auto de dos de marzo de dos mil veintiuno, se actualiza la causal de improcedencia referida, puesto que de las manifestaciones que realiza bajo protesta de decir verdad la parte accionante de amparo, se advierte que ese proveído fue objeto de apelación en los tocas ... y ..., de los que conoció la Segunda Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Por tal motivo, ese acuerdo quedó sustituido procesalmente por la sentencia de segunda instancia que lo modificó. Consecuentemente, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXI de la Ley de amparo, respecto del auto de dos de marzo de dos mil veintiuno. lI. Respecto del acto reclamado consistente en la sentencia de dieciséis de junio de dos mil veintiuno, emitida en los tocas ... y ... por la Segunda Sala Familiar de la Ciudad de México, que modificó el auto de dos de marzo anterior y, en su lugar, ordenó dar vista a su contraparte con las manifestaciones hechas, para que en el término de tres días manifestara lo que a sus intereses convenga, el presente juicio es improcedente, pues no es de imposible reparación, esto es, no afecta material e inmediatamente los derechos humanos de la parte quejosa, conforme al precepto 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el 107, fracción V, interpretada a contrario sensu, de la Ley de Amparo. Estas disposiciones instituyen la procedencia del juicio de amparo para combatir actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, cuando su ejecución se hace irreparable; sin embargo, la Constitución Federal se limita a enunciar esta categoría de actos, pero no ofrece su definición, dado que en ésta se establecen principios esenciales de las instituciones, dejando el Constituyente Permanente para el legislador la tarea de pormenorizar y explicar lo que debe entenderse en torno a dicha figura. En cambio, el artículo 107 de la Ley de Amparo, sí define qué debe entenderse por actos de imposible reparación, al describir que serán aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte. De esta forma, el legislador proporcionó seguridad jurídica, ya que mediante una definición reiteró su propósito de que tanto en procedimientos judiciales, como en procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos para ser examinados en amparo indirecto necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberán impedir el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Al resolver la contradicción de tesis 377/2013, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos derechos revistan la categoría de "sustantivos"; expresión que excluye a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, es decir, en los que la afectación depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Al respecto se invoca la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), derivada de la citada contradicción de tesis, décima Época. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, Materia(s): Común, Página: 39, que dice: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Como esta tesis lo señala, por la connotación legislativa con que ahora cuenta la Ley de Amparo, no pueden seguir siendo aplicables los criterios que trataban el aspecto de la imposible reparación, ya que son criterios generados con una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión; lo que además, se apoya con el contenido del sexto artículo transitorio de la ley de amparo. En el particular, se reclama la sentencia en segunda instancia que modificó el proveído que en lugar de hacer efectiva la multa a ... le otorga el término de tres días para que se manifieste respecto a las alegaciones hechas por el aquí quejoso relativas al incumplimiento del régimen de visitas y convivencias decretado. De este modo, la resolución reclamada solo implica la posibilidad otorgada a la contraparte para imponerse de lo expuesto por su contendiente en el proceso natural; actuación que únicamente envuelve cuestiones adjetivas o procedimentales que inciden en la integración del proceso de origen, ya que no traen como consecuencia directa e inmediata la afectación de alguno de los derechos fundamentales reconocidos ni a las garantías individuales del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución Federal, tales como la vida, la integridad humana, la libertad, la propiedad, la posesión, etcétera. -y que son algunos ejemplos de los derechos que pueden afectarse en forma irreparable-; aunado a que no se decide en el fondo el derecho discutido, pues únicamente se otorgó un plazo a su contraria para que manifestara lo que a su derecho conviniera en cuanto al incumplimiento alegado y contra ponerlo con lo expresado por el quejoso, lo que es una expresión de la garantía de audiencia para las partes. Sirve de apoyo, por analogía, la tesis jurisprudencia IX.1o. J/22, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, visible en la página 2859 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Novena Época, registró 163233 que dice: "AMPARO. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO PROMOVIDO CONTRA DETERMINACIONES DE TRÁMITE DICTADAS DENTRO DE LA SECUELA PROCESAL DE UN INCIDENTE. Es improcedente el juicio de amparo en sus dos vías (directa o indirecta) para reclamar determinaciones de trámite dictadas dentro de la secuela procesal de un incidente, porque éstas no constituyen una resolución definitiva, en tanto que no deciden todos los puntos jurídicos debatidos, dado que aún falta por pronunciar la interlocutoria del propio incidente. En este sentido, para efectos del juicio de garantías, el trámite de un incidente es equiparable a un juicio común, con sus características procesales como demanda, contestación, término de ofrecimiento y desahogo de pruebas, alegatos y sentencia, con la aclaración de que en los incidentes la demanda y contestación vendrían siendo el escrito en que éste se plantea y el desahogo de la vista a la contraparte, respectivamente. En consecuencia, el juicio de amparo no puede promoverse contra cualquier auto, acuerdo, determinación o sentencia pronunciada en un juicio, sino únicamente contra aquellas que constituyan una resolución final y que en su contra no proceda ni esté pendiente de resolver un medio de defensa o recurso ordinario que pueda tener por efecto nulificar, revocar o modificar dicha determinación, salvo cuando se trata de algún acto que cause un gravamen irreparable en términos del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo." Además existe la posibilidad de que una vez desahogada la vista otorgada por el Juez de origen, dicte una determinación relativa a las pretensiones formuladas por el promovente -incluidas las medidas de apremio solicitadas- favorable a los intereses del quejoso; en cuyo caso, el reclamo que hoy formula, quedará superado sin dejar huella en su esfera jurídica; y en caso contrario, podrá combatir esa determinación a través del medio de impugnación que en su caso promueva, donde podrá invocar lo que estime conveniente en torno a las violaciones procesales que considere le perjudican. Sirve de apoyo, por analogía, la jurisprudencia IX. 1o. J/10, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Octubre de 2002, página 1303, Novena Época, Materia Común, registro 185612, de rubro "VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO. DEBEN RECLAMARSE EN EL AMPARO DIRECTO QUE SE PROMUEVA CONTRA LA SENTENCIA, LAUDO O RESOLUCIÓN QUE PONGA FIN AL JUICIO." Asimismo, no es óbice que el impetrante de amparo venga en representación de un menor de edad, pues aún y cuando la Constitución Federal y el marco jurídico internacional aplicable obliga a los juzgadores a velar por el interés superior de los menores, ello no implica de ninguna manera que la suplencia que opera a su favor haga procedente lo improcedente; pues sostener ésta afirmación, implicaría materialmente una modificación al sistema de causales de improcedencia establecido en la propia Ley de Amparo, mismas que son de estudio preferente y oficioso. Apoya lo anterior, por analogía la jurisprudencia 1a./J. 113/2013, visible publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, Diciembre 2013, Tomo I, página 350, Décima época, en materia común, con número de registro 2005039, cuyo rubro y texto es: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo." También es conveniente citar en lo tocante a este punto, la parte considerativa de los términos en que se pronunció el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en la resolución del recurso de queja Q.C. 9/2019 de su índice, en el que sostuvo lo siguiente: ".el interés superior del niño no justifica dejar de observar un presupuesto de procedencia del juicio de amparo, que obliga al quejoso a que antes de promover, agote los recursos ordinarios que establece la ley que rige el acto reclamado y permitan modificarlo, revocarlo o nulificarlo. Lo que, por cierto, torna patente la ineficacia de la pretensión de la recurrente, porque acoger su pretensión implicaría someter a control constitucional la jurisprudencia aplicable al caso y de observancia obligatoria del Máximo tribunal del país, lo que sería incorrecto porque no está permitido" Por lo expuesto, el acto reclamado se encuentra en el supuesto de la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 107, fracción V, interpretada contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Consecuentemente, al actualizarse las causales de improcedencia, previstas en el numeral 61 fracciones XXI, y XXIII, la última en relación con el 107, fracción V, interpretada contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en el juicio de amparo. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo establecido en los dispositivos 73, 74, 75, 76, 217 y 218 de la Ley de Amparo, se: RESUELVE ÚNICO. SE SOBRESEE el juicio de amparo 531/2021, promovido por ... por propio derecho y en representación del menor con iniciales ... (identidad protegida); contra actos de la Segunda Sala y Juez Décimo Octavo, ambos de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por los motivos expuestos en este fallo. NOTIFÍQUESE COMO LEGALMENTE CORRESPONDA. Lo sentencia y firma electrónicamente, ..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, asistido de ..., secretaria del Juzgado que autoriza y da fe; en términos de los artículos 3º de la Ley de Amparo, y 28 del Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, hasta hoy veintiuno de enero de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.
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