Jhonatan Rodríguez Solorio

Expediente 1208/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 6 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1208/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
06/12/2022

Partes del expediente

  • Jhonatan Rodríguez Solorio

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, seis de diciembre de dos mil veintidós. 1. Causa estado. En virtud de que no fue impugnado el auto que desechó de plano la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 97 fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. 2. Archivo. Se ordena el archivo definitivo de este expediente, para lo cual se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. Valoración. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. De conformidad con el artículo 21, del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el cuaderno principal, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y da fe la persona secretaria María del Rocío Ayala Carrizales.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, ocho de noviembre de dos mil veintidós. 1. Recepción y registro. Se tiene por recibido el oficio procedente del Juez Menor Mixto del Distrito Judicial de La Piedad, Michoacán, al cual se anexa copia del proveído dictado el veintisiete de octubre del año en curso, la demanda de amparo promovida por Jhonatan Rodríguez Solorio y siete copias de traslado, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 1208/2022. Acúsese recibo de estilo correspondiente. 2. Desechamiento. Cabe precisar que el numeral 113 de la Ley de Amparo, establece que se deberá examinar la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia se desechará de plano. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En relación con lo referido, diversos tribunales de la federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo, aunado a que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Precisado lo anterior, de la lectura integra de la demanda se advierte que en relación con los actos reclamados atribuidos al Juez y actuario adscritos al Juzgado Menor Civil del Distrito Judicial de La Piedad, Michoacán, resulta improcedente el juicio de amparo al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con los numerales 5º y 6º primer párrafo, de la Ley de Amparo, así como el 107, fracción I, primer párrafo, de la Constitución Federal, por las razones que a continuación se indican: Debe establecerse que el quejoso señala como actos reclamados los siguientes: "a) De la autoridad ordenadora judicial reclamo la orden encaminada a admitir la remoción del cargo de depositario dentro del expediente 161/2022; además el no admitir el incidente de justas causas tramitado por el suscrito en el expediente en que se actúa. [.] b) De la autoridad ejecutoria reclamo el auxilio o encargos de la aplicación de lo ordenado dentro del auto de catorce de octubre y notificado el diecisiete de octubre de los corrientes, mismos que van encaminados al cambio de depositario. [.]" Ahora, la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con los numerales 5º y 6º primer párrafo, de la Ley de Amparo, así como el 107, fracción I, primer párrafo, de la Constitución Federal, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (.) Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." Se afirma lo anterior, porque la legitimación a que se refieren los preceptos transcritos, para iniciar y seguir un juicio de amparo, se surte cuando el quejoso es titular de un derecho subjetivo afectado en forma personal y directa, esto es, debe fundarse en la lesión o agravio causados directamente por el acto de autoridad o por la ley, al interés del particular, moral o físico, sea de naturaleza jurídica o patrimonial, que deba ser reparado por inconstitucional o ilegítimo. Por tanto, la noción de perjuicio, para que proceda la acción de amparo, presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculte a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Sirve de apoyo, el criterio del Pleno del Máximo Tribunal del País, contenido en la tesis con número de registro 232899, visible en la página 45, Volumen 76, Primera Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que refiere: LEGITIMACIÓN PROCESAL PARA OCURRIR AL AMPARO. La fracción I del artículo 107 constitucional establece como principio esencial del juicio de garantías, el que éste se siga siempre a instancia de parte agraviada, y, a su vez, el artículo 4o. de la Ley de Amparo dispone que el juicio de garantías puede promoverse únicamente por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama. Ahora bien, de la correcta interpretación de los mencionados preceptos, se llega a la conclusión de que la legitimación procesal para ocurrir al amparo sólo la tiene la persona o personas, físicas o morales, directamente agraviadas por la ley o acto que se estime violatorio de garantías, mas no así quien, por ello, indirectamente pudiera resentir algún perjuicio, porque el derecho de promover ese juicio es personalísimo. En ese contexto, si como se puso de manifiesto, los actos reclamados (proveídos de catorce y veintiuno de octubre del presente año) versan el primero, sobre la revocación de depositario de los bienes embargados en autos y, el segundo, en el desechamiento del incidente de justas causas para combatir el primero de los citados; ello revela su falta de legitimación para ocurrir al amparo, al no afectarle de manera personal y directa los referidos actos. Porque con el cambio de depositario no se afecta la situación jurídica de los bienes que se embargaron en la diligencia respectiva con motivo del juicio ejecutivo mercantil 161/2022; ya que la facultad del actor ejecutante para nombrar a un depositario sobre los bienes embargados, consiste en una medida temporal justificada para garantizar el derecho de su crédito, por lo que el cambio de depositario no causa una afectación irrestricta al derecho de propiedad, en razón de que los bienes embargados únicamente se reservan en calidad de garantía del crédito y por ello la designación del nuevo depositario en forma alguna implica la privación total del bien o bienes secuestrados. Además de que el mero cambio de depositario no modifica la situación jurídica procesal, que sigue siendo idéntica a la que prevaleció durante el ejercicio del anterior depositario, ya que no existe razón alguna para que al producirse la sustitución del quejoso en esa calidad, se alteren las funciones que al respecto le correspondían, dado que el nuevo depositario no viene a ser sino sucesor, con idénticos derechos, deberes y responsabilidades, entre las que se encuentra, ser solidariamente responsable junto con el ejecutante. Máxime que no se aprecia que en su demanda impugne algún consecuencia derivada de que haya sido removido del cargo y que por ello genere al quejoso una afectación en sus derechos sustantivos. Tiene aplicación, por las razones que informa, el criterio de la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, con número de registro 2011385, localizable en la página 1110, del Libro 29, Abril de 2016, Tomo II, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: DEPOSITARIO JUDICIAL. EL ARTÍCULO 444 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, QUE PREVÉ LA FACULTAD EXCLUSIVA DEL ACTOR EJECUTANTE DENTRO DE UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL PARA NOMBRARLO, NO VULNERA EL DERECHO DE PROPIEDAD DEL DEMANDADO. El artículo 444 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado dentro del procedimiento ejecutivo mercantil, de forma supletoria al Código de Comercio, de conformidad con su artículo 1393, establece que de todo secuestro se tendrá como depositario o interventor, según la naturaleza de los bienes que sean objeto de él a la persona o institución de crédito que, bajo su responsabilidad, nombre el ejecutante - salvo en los casos de excepción contemplados en los artículos 445, 448 y 449, párrafos primero y último, de la legislación adjetiva referida-, esto es, permite que el depósito judicial recaiga en una persona distinta al demandado; cuestión que no vulnera su derecho de propiedad, pues la facultad del actor ejecutante para nombrar al depositario de los bienes embargados consiste en una medida temporal justificada para garantizar el derecho de crédito del acreedor ejecutante. Por tanto, no existe una afectación irrestricta al derecho de propiedad del demandado en razón de que los bienes embargados únicamente se reservan en calidad de garantía de un crédito, sin que la designación de depositario implique la privación total del bien. Igualmente es aplicable, por las razones que informa, el criterio de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, plasmado en la tesis con número de registro digital 349029, visible en la página 2668, Tomo LXXXIV, de la Época y Semanario en cita, que señala: DEPOSITARIO, AMPARO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE CONFIRMA EL CAMBIO DE, Y ORDENA QUE SE RECIBAN LOS BIENES CONFORME AL INVENTARIO POR EL QUE LOS RECIBIÓ EL DEPOSITARIO SALIENTE (LEGISLACIÓN DE YUCATÁN). Si el acto reclamado se hace consistir en la ejecutoria dictada en el juicio seguido por el quejoso, que confirma el cambio de depositario y ordena que el nuevo depositario reciba los bienes conforme al inventario por el que los recibió el saliente, el juicio de garantías debe reputarse improcedente, por no causar el acto reclamado perjuicio alguno al quejoso. La responsabilidad que contrae el actor con el depositario, no se genera por el acto reclamado, sino que nace del artículo 450 del Código de Procedimientos Civiles de Yucatán, precepto que, al facultar al actor para nombrar depositario, deja a su arbitrio el designar para ese cargo a persona de su absoluta confianza. Por otra parte, el mero cambio de depositario no modifica la situación procesal, que sigue siendo idéntica a la que prevaleció durante el ejercicio de la anterior depositaria, sin que exista razón alguna para que al producirse la sustitución en la persona del depositario, se alteren las funciones que correspondieron al anterior, de quien el nuevo no viene a ser sino sucesor, con idénticos derechos, deberes y responsabilidades; y si la entrada por el nuevo depositario al ejercicio de su cargo, se condicionó por la constitución de una fianza, cuya idoneidad no se ha discutido, es indudable que ésta pone a salvo tanto al deudor como al ejecutante, de las responsabilidades en que pudiera incurrir en lo futuro, el nuevo depositario. Asimismo, cobra aplicación por las razones que informa y por compartirse, el criterio sustentado por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, contenido en la tesis con registro número 216934, visible en la página 263, Tomo XI, Marzo de 1993, Octava Época, del Semanario en cita, que dice: DEPOSITARIO, NUEVA DESIGNACIÓN, NO AFECTA LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS BIENES PROPIEDAD DE LA DEMANDADA QUE LE FUERON EMBARGADOS. A juicio de este órgano colegiado, la interlocutoria del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal que confirmó el proveído por el que el juez de primer grado tuvo a la actora designando nuevo depositario de los bienes que se embargaron a la empresa demandada, no causó a la demandada quejosa ningún agravio personal y directo, en los términos del artículo 4 de la Ley de Amparo, puesto que con el cambio de depositario no se afectó la situación jurídica de los bienes propiedad de la sociedad mercantil quejosa, que resultaron secuestrados en la diligencia de requerimiento, emplazamiento y embargo practicada en el juicio natural, sino que el juzgador se concretó a reconocer el ejercicio del derecho que tiene la acreedora de la quejosa, para designar depositario de los bienes secuestrados en el procedimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 543 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. La anterior conclusión se evidencia, si se toma en cuenta que en virtud del embargo, la sociedad demandada dejó de tener la posesión jurídica de lo embargado; y, además, en el proveído apelado ni siquiera se ordenó poner al nuevo depositario en posesión de los bienes secuestrados, por lo tanto, al no ocasionarse a la peticionaria de garantías un agravio personal y directo, con el solo dictado del auto que tuvo a la actora designando nuevo depositario, se surte la causal de improcedencia del juicio constitucional, prevista por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con lo dispuesto en el numeral 4, ambos de la Ley de Amparo. En esas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del numeral 61 de la Ley de Amparo, SE DESECHA de plano la demanda de amparo. 3. Domicilio. Dígase a la parte quejosa que no ha lugar a tenerla señalando como domicilio para recibir notificaciones de carácter personal el que precisa en su demanda de amparo; toda vez que el mismo se encuentra fuera de la residencia de este órgano jurisdiccional. En tales condiciones, de conformidad al artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, se ordena realizar las notificaciones de carácter personal, por medio de lista que se publique en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, hasta en tanto señale domicilio en el lugar en que reside este órgano jurisdiccional. No obstante lo anterior, por única ocasión y al tratarse del primer auto emitido dentro del juicio, se comisiona al actuario judicial adscrito para que comunique a la parte quejosa, el contenido íntegro del presente proveído a través correo electrónico juridicommyj@outlook.com. 4. Autorizados. Se tiene a la parte quejosa designado como autorizada únicamente para oír y recibir notificaciones a Miriam Elizabeth Tule Vargas, por así haberlo solicitado expresamente. 5. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Notifíquese personalmente a la parte quejosa mediante lista que se publica en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación y por única ocasión se haga del conocimiento a través del correo electrónico.

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