Jiovany León Nambo
Expediente 1401/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1401/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 03/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Jiovany León Nambo
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, tres de enero de dos mil veintitrés. 1. Causa estado. Vista la certificación de cuenta, se advierte que no fue impugnado el auto de dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, que desechó de plano la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 97 fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. 2. Archivo. Se ordena el archivo definitivo de este expediente, para lo cual se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. Valoración. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN. De conformidad con el artículo 21, del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el cuaderno principal, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. 3. Documentos exhibidos. De conformidad con el artículo 21 del referido acuerdo, prevéngase a la parte quejosa, para que, dentro del plazo de noventa días, contado a partir de que sea debidamente notificada del presente proveído, comparezca a recoger las documentales que allegó al presente juicio, apercibida que de no hacerlo serán destruidos junto con el expediente. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la persona secretaria Angélica Estefanía Aponte Ayala.
- Principal
Morelia, Michoacán, diecinueve de diciembre de dos mil veintidós. 1. Estado de autos.Visto lo de cuenta, se advierte que por auto de dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por Jiovany León Nambo a través de sus defensores particulares Ignacio Mendoza Oropeza y Farah Ochoa Infante, se determinó desechar la demanda por notoriamente improcedente, y se ordenó la notificación del citado auto personalmente. 1.1 Se ordena dar de alta usuarios. Ahora bien, para estar en condiciones de llevar a cabo la notificación del citado auto en los términos ordenados, y toda vez que la parte quejosa en su escrito de demanda señaló como usuarios "carlosescobedosuarez" "ignaciomendozaoropeza" y "luisdanielsalazargalvan", se comisiona al analista jurídico para que lleve a cabo su alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). 1.2 se autoriza la consulta del expediente electrónico y se ordena notificación electrónica. Hecho lo anterior, se autoriza la consulta del expediente electrónico, y se comisiona a la actuaría de la adscripción, para que en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, las notificaciones de carácter personal que deban realizarse a la parte quejosa, se realicen vía electrónica. 1.3. Señala correo electrónico y número telefónico De igual forma, se tiene proporcionado correo electrónico y número telefónico; por tanto, se ordena mantener bajo resguardo esos datos a efecto de que este órgano jurisdiccional los utilice como medios eficaces y expeditos de contacto. 1.4. Se autoriza el uso de scanner, cámara fotográfica, lectores láser u otro medio electrónico. Finalmente, se le autoriza el uso de scanner, cámara fotográfica, lectores láser u otro medio electrónico, para capturar las actuaciones judiciales que obran en el expediente, siempre y cuando los solicitantes cumplan con los siguientes requisitos: a) solicitarlo por escrito o por comparecencia; y, b) señalar las constancias que serán reproducidas y especificar el medio tecnológico con el que serán capturadas, de lo que se dejará constancia en autos. En el entendido que la reproducción se realizará con la supresión de las firmas de los servidores públicos, que intervengan en la actuación respectiva. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó Citlali Linda Fraga Salcedo, secretaria encargada del Despacho del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, por vacaciones del titular, autorizada por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicado mediante oficio CCJ/ST/6521/2022, suscrito por la secretaria técnica de la Comisión Permanente, con autorización para actuar en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien firma electrónicamente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3, fracción XI, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, así como en los dispositivos 252 y 263, fracción I, del diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; dando fe, bajo la misma forma de suscripción la persona secretaria Mayra Stephany Medel Hernández.
- Principal
EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTO DE FECHA VEINTE DE DICIEMBRE DEL DOS MI LVEINTIDÓS, SE REALIZA LA NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA A LA PARTE QUEJOSA DEL AUTO DE FECHA DIECISÉIS DE DICIEMBRE DEL DOS MIL VEINTIDÓS: Morelia, Michoacán, dieciséis de diciembre de dos mil veintidós. 1. Registro. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio suscrito por el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, por medio del cual hace llegar el original del juicio de amparo indirecto 1387/2022, de su índice; fórmense el expediente y regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 1401/2022. Acúsese recibo. 2. Avocamiento. Al surtirse el supuesto de la fracción II del artículo 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, este juzgado se avoca al conocimiento de la demanda de amparo promovida por Jiovany León Nambo, a través de sus defensores particulares Ignacio Mendoza Oropeza y Farah Ochoa Infante, contra actos de la Jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio, con competencia en Ejecución Penal, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal con sede en Morelia del Poder Judicial de la Federación, y otra autoridad. 3. Improcedencia. El artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que aquél encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deseche de plano la demanda. Conviene mencionar que el motivo aludido debe ser manifiesto, es decir, tiene que advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda; de igual modo, aquél tiene que ser indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto, de manera que no pueda ponerse en duda por lo clara, segura y evidente que es su actualización. De igual modo, se tiene que el estudio de la demanda de amparo se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo establece que la improcedencia del juicio puede derivar no sólo de las causas expresamente previstas en dicho artículo, sino también de los demás supuestos de improcedencia que provengan de la Ley de Amparo o la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tanto que el 107, fracción V, del mismo ordenamiento legal, prevé que un acto de ejecución irreparable es aquel que afecte materialmente derechos sustantivos de la parte quejosa tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados internacionales. En otras palabras, el legislador acotó los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto tratándose de este tipo de actos, pues respecto de la hipótesis prevista en la fracción V, especificó que los relativos a afectación de "imposible reparación" son los que materialmente atañen a derechos sustantivos. No pasa inadvertido que, en una diversa fracción (VIII), el legislador estableció la procedencia del juicio de amparo contra un derecho adjetivo o procesal, pero él mismo determinó el supuesto específico. Lo anterior resulta relevante en el caso que nos ocupa, pues la distinción realizada por el legislador en las fracciones aludidas permite concluir que el amparo indirecto es procedente tratándose de actos en juicio, cuando éstos afecten derechos sustantivos y, respecto de derechos adjetivos o procesales. Ahora bien, del estudio integral de la demanda de amparo se advierte un motivo manifiesto de improcedencia, que impone desecharla de plano, de conformidad con lo establecido en los artículos 113 y 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, de la Ley de Amparo. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que cuando un particular se duela exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable. Sin embargo, dicho criterio contiene una salvedad, en virtud de que el juicio de amparo será procedente cuando se advierta que existe una abierta dilación o paralización total del procedimiento. En el caso, la parte quejosa señaló como actos reclamados: I. De la Jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio, con competencia en Ejecución Penal, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal con sede en Morelia del Poder Judicial de la Federación: a) La omisión de acordar sobre la admisión o desechamiento de la controversia sobre la sanción de multa impuesta al quejoso directo, planteada mediante escrito presentado el seis de diciembre de dos mil veintidós al expediente SIPE-544/2019. b) La omisión de tramitar el recurso de apelación interpuesto el seis de diciembre de dos mil veintidós, contra el auto de seis de diciembre de ese año, dictado en el expediente SD-179/2022. II. Administradora del Centro de Justicia Penal Federal en Morelia, del Poder Judicial de la Federación: a) La omisión de turnar a la diversa responsable Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal con sede en Morelia del Poder Judicial de la Federación el escrito presentado el seis de diciembre de dos mil veintidós, en el expediente SIPE-544/2019. b) La omisión de turnar a la diversa responsable Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal con sede en Morelia del Poder Judicial de la Federación el escrito presentado el seis de diciembre de dos mil veintidós, en el expediente SD-179/2022, conteniendo recurso de apelación. Expuesto el marco legal de la causa de improcedencia examinada, este órgano jurisdiccional explicará porqué se estima actualizada. En el caso, de la lectura integral de la demanda de amparo se observa que el acto reclamado consiste en la omisión de las responsables proveer respecto al ocurso presentado el seis de diciembre de dos mil veintidós, sobre la admisión o desechamiento de la controversia sobre la sanción de multa impuesta al quejoso, dentro del expediente SIPE-544/2019, así como la omisión de tramitar el recurso de apelación interpuesto en esa misma fecha, dentro del expediente SD-179/2022; así como la omisión de turnar al Juez responsable, los ocursos de mérito. Asimismo, como se advierte con data doce de diciembre pasado, fue presentada la demanda de amparo, a través de la cual, el impetrante de amparo, se duele de los actos aquí reclamados; por tanto se observa que a la fecha de presentación de la demanda, transcurrieron solo cuatro días hábiles, lo que no se estima una abierta dilación o paralización del procedimiento, lo cual no produce los efectos de imposible reparación que exige el artículo 107, fracción V de la Ley de Amparo, sino en todo caso, efectos procesales justo dentro del procedimiento en el que es parte. Así resulta, toda vez que ese número de días, no demuestra que el camino procesal se ha retardado en forma muy superior al que normalmente debe haber en similar proceso jurisdiccional, pues aun cuando lo solicitado no reviste mayor complejidad, ni se advierte que el interesado sea quien con su actitud procesal haya impedido la emisión del acuerdo, lo cierto es que constituye un hecho notorio la carga de trabajo que tiene la autoridad responsable y que, en ocasiones, produce el atraso en el despacho de los asuntos. Esto no implica que se justifique la inactividad de la autoridad; empero, sólo se pone de manifiesto que en la especie no se presenta una abierta dilación o paralización total en el trámite del juicio, que es lo que finalmente permitiría que el amparo fuera procedente. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente. En apoyo a lo anterior es de invocar el criterio jurisprudencial, cuyo rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." Por tanto, en el caso, se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, de la Ley Amparo, relacionada con el diverso precepto 107, fracción V, del ordenamiento legal en cita, este último interpretado a contrario sensu, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata. Sin que sea inadvertido que la causal de improcedencia en que se funda el presente desechamiento, podría ser estudiada en la sentencia que resolviera el presente juicio; sin embargo, tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expedites en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la conclusión ahora formulada. Al respecto se invoca el criterio del Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, en la tesis consultable en la página 316, tomo X, octubre de 1992, Semanario Judicial de la Federación, Octava época, que establece: "DEMANDA, DESECHAMIENTO DE LA, POR MOTIVOS DE IMPROCEDENCIA. En relación con la substanciación del juicio de garantías ante los jueces de Distrito, el artículo 145 de la Ley de Amparo, dispone: El Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda; y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. Se comprende, pues, que los motivos manifiestos indudables a que alude el precepto citado, son aquellos que surgen de la sola lectura de la demanda que permitan asegurar, con certeza, que existe un motivo de improcedencia. En otras palabras, puede decirse, atendiendo al contenido del precepto en consulta, que la demanda podrá desecharse, cuando se advierta fácilmente, de su simple lectura, que existe un motivo indudable de improcedencia, y que, de no ser así, deberá llevarse por todo su trámite hasta la audiencia de fondo, sin que esto ocasione agravio, pues siempre queda latente la posibilidad de examinar, en la audiencia de fondo, la existencia de causas que, ya supervenientes o anteriores a la admisión de la demanda determinen el sobreseimiento en el juicio de garantías, empero, referidas lógicamente a las que no encuadran en los motivos indefectibles a que alude la norma en examen; lo que obedece por razones de técnica de amparo, a que el estudio de la improcedencia del juicio de amparo es de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público, según lo precisa el artículo 73, in fine, de la Ley de Amparo". Así como la jurisprudencia J/23, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, publicada en la página 921, tomo XXIV, junio de 2006, Semanario Judicial de la Federación, Novena época, materia común, que indica: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico". Además, la anterior determinación no lesiona el derecho de acceso a la justicia de la parte promovente del amparo que por ello sea contrario al artículo 1° constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo en aplicación, de ahí que las causales de improcedencia tienen una existencia justificada, la cual, debe ser analizada de oficio por este juzgador y, en el caso, la examinada es procedente de manera manifiesta e indudable. Apoya lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 487, libro 3, tomo I, febrero de 2014, Décima época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA". 3. Domicilio y autorizados. Se tiene al quejoso señalando domicilio en esta ciudad para recibir notificaciones y autorizando a las personas que alude, quienes no gozarán de las facultades amplias que prevé el artículo 12 de la Ley de Amparo, dado que no tienen su cédula inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. 4. Transparencia. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 6º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase saber a las partes que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que ante la falta de manifestación expresa, se publicarán las determinaciones judiciales íntegramente con las salvedades y excepciones que contempla el reglamento en cita, en relación con la información catalogada como personal, sensible o reservada, en términos de lo previsto en los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8o y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente, y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma Citlali Linda Fraga Salcedo, secretaria encargada del Despacho del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, por vacaciones de la titular, autorizada por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicado mediante oficio CCJ/ST/6521/2022, suscrito por la secretaria técnica de la Comisión Permanente, con autorización para actuar en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación quien firma electrónicamente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3, fracción XI, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencia en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, así como en los dispositivos 252 y 263, fracción I, del diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; dando fe, bajo la misma forma de suscripción la secretaria Mayra Stephany Medel Hernández.
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