Jesús Solorio Franco
Expediente 1383/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 8 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1383/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 23/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Jesús Solorio Franco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. 1. Ministerio Público exhibe pedimento. Incorpórese al sumario el pedimento suscrito por la fiscal de la Federación adscrita a este Juzgado, por medio del cual formula alegatos que a esa representación social corresponde 2. Informe justificado. Por otra parte, agréguese a los autos el informe justificado rendido por el Titular del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, y por anexando diversas constancias. 3. Se remite ocurso. Ahora bien, toda vez que en auto de quince de noviembre de este año se declinó competencia por conocimiento previo al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad; por tanto, remítasele dicho ocurso y misiva de cuenta, previa copia certificada que se deje en autos, a fin de que ese órgano jurisdiccional acuerden lo conducente. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Carlos Fernando Cabrera López.
- Principal
Morelia, Michoacán, quince de noviembre de dos mil veintitrés 1. Efectos del fallo protector. Del estado que guardan los autos se desprende que mediante sentencia de veintiocho de abril de dos mil veintitrés, por una parte se sobreseyó y negó, y por la otra se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a María Guadalupe Guzmán Chávez, para los efectos siguientes: 1.- Dejar insubsistente la orden de aprehensión de fecha dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis, dictada en la causa penal 718/2014 C, en contra de la quejosa María Guadalupe Guzmán Chávez. 2. Emitir otra determinación en la que con base en los lineamientos trazados en la presente ejecutoria, prescinda de otorgar pleno valor probatorio a las pruebas que obran en la causa penal de origen, por haber sido desestimadas en una diversa determinación que se encuentra firme. 3. De existir en la causa penal diversos medios de prueba por haber sido presentados por el Agente del Ministerio Público adscrito a ese órgano jurisdiccional, con su petición de orden de captura, resuelva nuevamente su solicitud con libertad de decisión; empero, en relación con el cuerpo del delito de fraude específico señale los elementos del cuerpo del delito y posterior a eso, externe un juicio valorativo sobre la eficacia probatoria de los medios de prueba que existan en la indagatoria en relación con todos y cada uno de los elementos que integran la materialidad del citado ilícito, debiendo plasmar lo más relevante de los medios de prueba con los que considere que se demostraron cada uno de los elementos del cuerpo del delito. 4. Por lo que hace a la probable responsabilidad de la quejosa en la comisión del delito que se le imputa, la autoridad una vez acreditados -en su caso- cada uno de los elementos del cuerpo del delito, deberá establecer mediante un razonamiento jurídico las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que haya tenido en consideración para determinar cuáles fueron los hechos que se demostraron con cada una de las pruebas, y determinar el motivo del por qué con las pruebas existentes se demostró su probable responsabilidad penal en la comisión del delito que se le reprocha. Concesión que se extiende a los actos de ejecución que se reclaman a todas y cada una de las autoridades ejecutoras relacionadas en el considerando primero de esta sentencia, toda vez que no se le atribuyen vicios propios. Por su parte las citadas ejecutoras deberán: 1.- No cumplimentar la orden de aprehensión dictada el dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis, por lo que respecta a la quejosa María Guadalupe Guzmán Chávez Misma que causó ejecutoria el cuatro de agosto de este año. 3. Actos llevados a cabo en cumplimiento del fallo protector. En auto de catorce de agosto del presente año, se tuvo al Director de Amparos de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, adjuntando las misivas remitidas a la Directora de Mandamientos Judiciales, Director de la Policía de Investigación Región Morelia, así como a los Comandantes y/o Encargados de Área y Distritos de la Fiscalía Regional Morelia, todos de la Fiscalía del Estado de Michoacán, a efecto de que giraran instrucciones al personal a su cargo para que se abstuviera de ejecutar la orden de aprehensión dictada en contra de la aquí quejosa, hasta en tanto, el juez responsable cumpliera con los efectos decretados en el fallo protector. Luego, en proveído de treinta de agosto siguiente, se tuvo al Juez Segundo en Materia Penal y Justicia Integral para Adolescentes del Primer Partido Judicial en el Estado de Jalisco, remitiendo el proveído de veinticuatro de agosto de la presente anualidad, dictado en el procedimiento de origen, de cuyo contenido se advirtió lo siguiente: Que dejó insubsistente la orden de aprehensión de dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis, dictada dentro de la causa 718/2014-C del índice del extinto Juzgado Décimo Segundo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, decretada en contra de la aquí quejosa; -Que giró oficio al Fiscal de esa entidad federativa, para que ordenara al personal a su cargo dejar sin efectos el citado mandamiento de captura; y, Señaló que dictaría interlocutoria a fin de resolver lo conducente respecto de dicha orden de aprehensión, con base en los lineamientos trazados en el fallo protector. De igual forma, en dicho acuerdo, se tuvo al Director General Jurídico, al Agente del Ministerio Público adscrita a la Dirección de Mandamientos Judiciales y al Comandante de la Dirección de Cumplimiento a Mandamientos Judiciales, todos de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, manifestando que en cumplimiento al fallo protector, se abstendrían de cumplimentar la orden de aprehensión de dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis, materia del presente sumario constitucional. Finalmente, el cinco de septiembre de este año, se tuvo al Juez Segundo en Materia Penal y Justicia Integral para Adolescentes del Primer Partido Judicial en el Estado de Jalisco, remitiendo una nueva determinación en la que se procedió a analizar los medios de prueba que obran en sus actuaciones, como son: La denuncia presentada por ********************, respecto a la narrativa de los hechos delictuosos; La comparecencia de xxxxxxxxxxxxx La declaración xxxxxxxxxx La declaración de xxxxxxxxxxxxxx; Lo declarado por xxxxxxxxxxxxxxx Lo declarado por xxxxxxxxxx; La fe ministerial realizada por el personal adscrito a la Agencia del Ministerio Público del Estado de Jalisco; La fe ministerial practicada por el Fiscal consignador y su personal; y Demás constancias que obran en dicha averiguación. Resolviendo restar valor probatorio a los citados medios de convicción por las razones ahí descritas, negando la orden de aprehensión en contra de la aquí peticionaria al no haber quedado acreditados los elementos del cuerpo del delito de fraude especifico. 4. Conclusión. En tales circunstancias, por lo anteriormente señalado, se considera que la solicitante del amparo fue restablecida en el pleno goce de sus derechos fundamentales violados; ya que, se dejó insubsistente la orden de aprehensión de dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis, girada en contra de la aquí quejosa, y se emitió otra, en la que, en una nueva valoración de pruebas ofrecidas por el fiscal acusador y que obran en la carpeta de investigación, determinó restarles valor probatorio y por ende, negar la orden de aprehensión solicitada por la representación social, por no haber elementos suficientes que acreditaran el delito de fraude especifico y mucho menos la responsabilidad de la quejosa. En consecuencia, se declara cumplida la sentencia de amparo sin exceso o defecto, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. 5. Archivo. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al área habilitada para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en medios electrónicos. 6. Valoración. En términos del artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -en adelante Acuerdo General-, el presente asunto es de CONSERVACIÓN ÍNTEGRA. 7. Transferencia. Por otra parte, con apoyo en los artículos 17 y 26 del mencionado acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años, con apoyo de la Administración Regional, transfiérase al depósito documental que el área coordinadora de archivos haya designado para tal efecto. 8. Incidente de suspensión, valoración. Toda vez que en el incidente de suspensión se concedió la suspensión definitiva, con fundamento en el artículo 17, fracción III, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que los autos originales del incidente de suspensión son de CONSERVACIÓN ÍNTEGRA. 8.1 Destino del expediente. Con apoyo en el mencionado numeral 17, una vez que transcurra el plazo de tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluido, con apoyo de la Administración Regional del edificio sede de este órgano jurisdiccional, transfiérase al depósito documental que el área coordinadora de archivos haya designado para tal efecto. 8.2 Duplicado del incidente de suspensión. Con fundamento en el artículo 19, fracción II, inciso a) del citado acuerdo, una vez transcurrido el término de seis meses, destrúyase. 9. Billete de depósito. Toda vez que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, se ordena dejar a su disposición el billete de depósito N ********************, expedido por el Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, por la cantidad de $********************, por el plazo de dos años contado a partir de la legal notificación de este proveído, apercibida que de no recogerlo, prescribirá en favor del erario federal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 50 y 51 de la Ley de Tesorería de la Federación. 10. Documentos originales. En términos del artículo 19 del citado acuerdo, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos, apercibidos de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. 11. Constancia. Como lo establece el capítulo décimo tercero, del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula relativa a este expediente. Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria María del Rocío Ayala Carrizales.
- Incidental
Morelia, Michoacán, quince de noviembre de dos mil veintitrés. 1. Efectos del fallo protector. De los autos se desprende que mediante sentencia de siete de diciembre de dos mil veintidós, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a********************, para el efecto de que las autoridades responsables, realizaran lo siguiente: "Le proporcionen el tratamiento y medicamentos que a juicio del o los especialistas correspondientes, sean útiles y adecuados para la correcta atención médica del quejoso ********************, atendiendo a los padecimientos que presenta. En el entendido de que la atención médica prestada deberá ser integral, con el propósito de procurar el tratamiento terapéutico y farmacéutico de la paciente, ya sea para lograr su reversibilidad o curación o, de ser el caso, procurando la garantía del tratamiento necesario para el control de su sintomatología, así como el control del deterioro de su integridad física y psíquica, es decir, tomando en cuenta el estado de salud del paciente, así como sus requerimientos clínicos y médicos; procurando que el tratamiento sea adecuado, de modo que si el paciente requiere algún medicamento y/o tratamiento, éste contenga las sales originales o genéricas que conserven la biodisponibilidad y bioequivalencia de las sales originales para su efectividad. En el entendido de que para el caso de ser necesario, deberá canalizar al paciente (quejoso) a una clínica privada, en donde se le brinde el tratamiento adecuado de manera subrogada a cargo de las responsables, a fin de garantizar su derecho a la salud integral. Asimismo, la atención otorgada deberá garantizar que el tratamiento se preste de forma oportuna, permanente y constante, garantizando que las unidades médicas o instituciones de salud que se encarguen de la garantía del tratamiento, lo hagan de conformidad con los estándares más altos de tecnología y especialización médica. Para lo cual deberán proveer la apertura de un expediente clínico del paciente, que deberá ser actualizado conforme evolucione su historial médico, y mantenerlo constantemente informado respecto del avance de su condición de salud, en términos de las fracciones V y VII del artículo 77 bis 37 de la Ley General de Salud1 . Asimismo, deberán elaborar un programa integral que sea adecuado para la atención y tratamiento del padecimiento del quejoso, que puede ser modificado o ajustado conforme evolucione su salud, teniendo siempre como eje rector la recuperación respecto de la enfermedad o el control de la sintomatología. En todo caso, las responsables deberán informar de manera periódica, sobre las sesiones y citas programadas y el resultado de las mismas, así como de toda acción quesea parte del tratamiento del paciente y la evolución de su salud." 2. Ejecutoria. Mediante proveído de veintiocho de diciembre de dos mil veintidós, la sentencia de mérito causó ejecutoria, por lo que se requirió a las autoridades responsables, para que en un plazo de tres días dieran cumplimiento con la misma. 3. Actos llevados a cabo para cumplir con la sentencia de amparo. -En auto de cuatro de enero de dos mil veintitrés, se tuvo al apoderado jurídico de las autoridades responsables de la Secretaría de Salud del Estado de Michoacán, remitiendo copia electrónica del contrato de compraventa y prestación de servicios por licitación pública por medios de identificación electrónica, celebrado por el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo por conducto de la Secretaría de Salud y Servicios de Salud de Michoacán, así como por el Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo con la empresa "********************.", cuyo objeto es la adquisición y contratación de la terapia sustitutiva renal extracorpórea (hemodiálisis) para los pacientes con diagnóstico de insuficiencia renal crónica, como es el caso de la parte quejosa, con vigencia al treinta y uno de diciembre de dos mil veintidós, sin embargo, mediante oficio ********************, de diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, la responsable solicitó al Subdirector de Recursos Materiales y Servicios, gestionara la ampliación del contrato, en cuanto al monto y plazos ahí señalados, para que se sigan proporcionando de manera subrogada las sesiones de hemodiálisis posterior a la fecha de su vencimiento. Asimismo, anexó el acuerdo administrativo de tres de enero de dos mil veintitrés, en el que ordena al hospital responsable proporcionar de forma gratuita e integral la atención médica especializada requerida por la parte quejosa para atender su padecimiento, o mediante la subrogación de sesiones de hemodiálisis en una clínica particular, incluyendo los medicamentos e insumos necesarios para tal efecto, vigilando en todo momento que se cumpla con las normas oficiales correspondientes. -Después, en auto de diez de enero del año en curso, la autoridad responsable, informó que el Subdirector de Recursos Materiales y Servicios, mediante oficio ********************, de veintinueve de diciembre de dos mil veintidós, dirigido al representante legal de la empresa ******************** le solicitó gestionara la ampliación del contrato referido, del cual en la misma fecha emitió respuesta en sentido afirmativo en relación con la ampliación del monto establecido. -Luego, por autos de cuatro, dieciocho y veinticinco de abril de este año, la autoridad responsable remitió diversas constancias relacionadas con el expediente clínico de la parte quejosa del que se desprende el otorgamiento de la hemodiálisis en la clínica subrogada "********************.", en Tacámbaro, Michoacán, en fechas veintisiete y treinta de marzo, así como uno de abril de dos mil veintitrés, recibiendo tres sesiones a la semana. -Por auto de tres de mayo de dos mil veintitrés, se tuvo al superior jerárquico de las autoridades responsables mediante el Director de Asuntos Constitucionales y Legales de la Consejería Jurídica del Ejecutivo del Estado, informando que giró instrucciones a la Secretaría de Salud en el Estado de Michoacán, a efecto de que se avocara a cumplir con la ejecutoria. -Posteriormente, el veintinueve de mayo de este año, se recibieron las constancias con las que la autoridad acreditó haber brindado la atención médica al quejoso durante los meses de diciembre de dos mil veintidós, enero, febrero, marzo, abril y mayo de este año. -Enseguida, mediante auto de dos de junio del año en curso, por escrito el autorizado del quejoso informó que el tratamiento que se le venía otorgando con regularidad en la clínica "********************.", en Tacámbaro, Michoacán, ya no se otorgaba de manera subrogada y gratuita, por lo que se requirió a la responsable gestionara lo necesario a efecto de que se continuara brindando la atención médica solicitada por el peticionario de amparo. Por lo que, en autos de siete y quince de junio de dos mil veintitrés, las autoridades responsables informaron que celebraron Contrato Abierto de Compraventa de Servicios por Licitación Pública por Medios de Identificación Electrónica, con la empresa "******************** remitiendo el oficio ******************** de siete de junio del año en curso, del cual se advierte que las comunidades que señala continuarán los tratamientos con las clínicas con las que convinieron, por lo que el quejoso recibiría el tratamiento de manera continua y subrogada en la clínica privada "********************" ubicada en Pátzcuaro; Michoacán, debido a que no habían logrado convenir con la clínica con la que anteriormente recibía la atención médica, señalando que las sesiones se otorgaran los días lunes y miércoles en un horario de doce horas. -En esas condiciones, en autos de trece y veintidós de junio actual, el autorizado del quejoso ********************, manifestó que el impetrante continuaba sin recibir el tratamiento de hemodiálisis que necesita, ni instrucciones de recibir la terapia en la clínica "********************", ya que la empresa Arquinia lo había contactado para informarle que recibiera el tratamiento de hemodiálisis en la ciudad de Uruapan, Michoacán, respecto de lo cual indicó no estaba de acuerdo ya que ello le generaría un desgaste físico y económico, pues no se encontraba en condiciones de salud para hacer una viaje de más de dos horas de distancia de su lugar de residencia. -Después, en veintinueve de junio y cuatro de julio de dos mil veintitrés, el apoderado jurídico de las autoridades responsables, informó que sus representadas determinaron brindar el tratamiento de hemodiálisis de manera subrogada con la empresa "********************", apoyando al quejoso con el traslado de la ciudad de Tacámbaro a la clínica en Uruapan, los martes y viernes a las trece horas con cuarenta y cinco minutos, con derecho a un acompañante; lo anterior, debido a la gran demanda de solicitud en la clínica privada de Pátzcuaro. -Luego, en autos de siete de julio y quince de agosto del año en curso, se tuvo al autorizado del quejoso, manifestando que el hecho de condicionar a la parte quejosa para que se desplace desde la localidad donde reside hasta la ciudad de Tacámbaro y luego a la diversa de Uruapan, a fin de recibir la atención medica correspondiente, le ocasionaría un perjuicio a la salud de su representado. -Por lo que, por autos de dieciocho de julio, nueve y veintiuno de agosto de este año, las responsables informaron la imposibilidad que tenían para brindarle atención en la ciudad de Tacámbaro, argumentando que la "Clínica ********************" se había negado a colaborar con la empresa "Arquina SA de CV". -Por autos de once, veinticuatro, veintinueve y treinta y uno de agosto, seis, siete, veintidós y veintiocho de septiembre y cinco de octubre de dos mil veintitrés, el Director de Asuntos Constitucionales y Legales de la Consejería Jurídica del Despacho del Gobernador, en cuanto superior jerárquico de las responsables, en acatamiento a los diversos requerimientos realizados por este juzgado, informó que giró instrucciones al Secretario de Salud en el Estado de Michoacán, para que se avocara a cumplir con la ejecutoria. - Enseguida en auto de cinco y veintiuno de septiembre actual, las responsables, informaron que el quejoso no se presentó a recibir el tratamiento de hemodiálisis, en la clínica privada denominada "********************", ubicada Uruapan, Michoacán, donde se ofrecería al quejoso de manera inmediata, subrogada, gratuita y continua tres sesiones de hemodiálisis por semana (lunes a las trece cuarenta y cinco horas, miércoles a las diez horas y viernes a las seis horas),con apoyo en traslado de Tacámbaro a Uruapan; asimismo, informó que ante la negativa del quejoso, requirieron a la moral Arquina S.A. de C.V., a efecto de que en un plazo no mayor a setenta y dos horas, informara las medidas que adoptó para ofrecer tratamiento de sesiones de hemodiálisis en la localidad de Tacámbaro. -Por escrito recibido en proveído de doce de septiembre del año en curso, se tuvo al autorizado en términos amplios del quejoso manifestando que este no acudió a recibir el tratamiento médico que requiere en la ciudad de Uruapan, Michoacán, debido a los posibles perjuicios y/o deterioro que se podría ocasionar a la salud de su representado. -En tales condiciones, en acuerdo de veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, las autoridades responsables Secretaría de Salud de Michoacán y Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Michoacán, hicieron del conocimiento que el servicio de hemodiálisis se podía otorgar en la ciudad de Pátzcuaro más cercana al domicilio del quejoso; asimismo, informó que vía oficio ******************** de diecinueve de septiembre del año en curso, informaron a la Directora de los Servicios de Salud y al Titular del Departamento de Atención Hospitalaria, en calidad de Administrador del contrato con la empresa Arquina S.A. C.V., el incumplimiento de dar las sesiones de hemodiálisis al quejoso en la localidad de Tacámbaro, Michoacán, para que tomaran acciones ante dicha situación; de igual forma hicieron saber que se encontraban analizando la opción, como sugerencia realizar el pago al quejoso por concepto de sesiones de hemodiálisis que requiere, directamente de forma quincenal para que tenga libertad de tomarlas en la localidad que así decida, comprobando de manera idónea la entrega del recurso. -A continuación, en proveído de tres de octubre actual, las responsables manifestaron que a partir del dos de octubre del año en curso, la empresa contratada ARQUINA S.A. C.V. estaría brindando la atención médica en la clínica ********************, donde se otorgarán las sesiones autorizadas al quejoso. -Finalmente, en auto de treinta y uno de octubre del año en curso, se tuvo a las responsables, remitiendo las constancias con las que acreditan que el quejoso recibe la atención médica solicitada en la clínica correspondiente. 4. Conclusión. En tales circunstancias, se estima que las autoridades responsables restituyeron al solicitante del amparo en el pleno goce de los derechos fundamentales violados, ya que en términos de la ejecutoria de amparo, le han brindado de forma periódica sesiones de hemodiálisis de forma subrogada en la ********************, para atender su padecimiento de insuficiencia renal crónica, así como los medicamentos que requiere para tal efecto. Lo que se corrobora incluso con las manifestaciones del quejoso a través de su escrito presentado el treinta de octubre de la presente anualidad, donde hizo del conocimiento que las autoridades responsables le otorgan el tratamiento de hemodiálisis en la clínica "********************" ubicada en Tacámbaro, Michoacán, de manera subrogada. En consecuencia, se declara cumplida la sentencia de amparo sin exceso o defecto, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Sin que lo anterior implique que en lo subsecuente las autoridades queden eximidas de salvaguardar en favor de la parte quejosa, el derecho a recibir la atención médica gratuita adecuada para contrarrestar el padecimiento que presenta. Es así, ya que el deber impuesto a las responsables de restituir en el pleno goce de los derechos fundamentales al peticionario del amparo, no se extingue por el hecho de que se termine la supervisión de la ejecutoria por parte de este órgano jurisdiccional, pues la observancia de tal prerrogativa no depende de que se declare cumplida la ejecutoria, ya que las autoridades quedan sujetas al cumplimiento de la sentencia a pesar de que se declare cumplida; por tanto, quedan obligadas a continuar proporcionando a la impetrante de garantías, el tratamiento médico que necesita de acuerdo a las valoraciones médicas que se le han realizado y que se le seguirán realizando de acuerdo a lo informado por la responsable. 5. Archivo. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al área habilitada para esos efectos, se instruye a la secretaría encargada del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en medios electrónicos. 6. Valoración. En términos del artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -en adelante Acuerdo General-, el presente asunto es de CONSERVACIÓN ÍNTEGRA. 7. Transferencia. Por otra parte, con apoyo en los artículos 17 y 26 del mencionado acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años, con apoyo de la Administración Regional del edificio sede de este órgano jurisdiccional, transfiérase al depósito documental que el área coordinadora de archivos haya designado para tal efecto. 8. Incidente de suspensión, valoración. Sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento, virtud a que no se tramitó incidente de suspensión. 9. Documentos originales. En términos del artículo 19 del citado acuerdo, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos, apercibidas que de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. 10. Constancia. Como lo establece el ordinal 34, párrafo segundo, del Acuerdo General, hágase constar lo anterior en la carátula relativa a este expediente Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria María del Rocío Ayala Carrizales.
- Incidental
El secretario hace constar la inasistencia de las partes, precisando además que éstas, con anterioridad a este acto procesal, no solicitaron estar presentes en la audiencia ni acudieron físicamente al juzgado para anunciar que esa fuera su intención. Acto continuo, para dar cumplimiento a lo que dispone el artículo 144 de la Ley de Amparo, el secretario da cuenta con las constancias necesarias para resolver, y el juez acuerda lo conducente: CUENTA ACUERDO PROMOCIÓN Se da cuenta con el oficio recibido vía electrónica, suscrito por el Titular del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Penal de este Distrito Judicial, registrado con folio 17441. Además, se da cuenta y se hace constar que al realizar una consulta en el expediente electrónico del Sistema Electrónico de Seguimiento de Expedientes (SISE), del incidente de suspensión, derivado del juicio de amparo 1383/2023 del índice del Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, promovido por Jesús Solorio Franco, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal de este Distrito Judicial y otras autoridades, se advierte que el veintinueve de diciembre de dos mil veintidós, se dictó resolución interlocutoria, a través de la cual se concedió la suspensión definitiva a dicho quejoso, en contra de la orden de aprehensión aquí reclamada, por los delitos de secuestro, extorsión y robo, en agravio de Baldomero Velásquez Castro, y por el delito de asociación delictuosa; información que reúne las características propias de un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2 de la Ley de Amparo. Téngase por rendido el informe previo rendido por la autoridad responsable citada. Además, se tiene a la responsable oficiante por informando que dicho quejoso promovió diverso juicio de amparo, el cual correspondió conocer al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, mismo que lo registró con número II-1383/2022-AD; lo anterior, se hace del conocimiento y se ordena proveer lo conducente al momento de resolver el presente cuadernillo. Finalmente, respecto de los hechos notorios con los que se da cuenta, acuérdese como corresponda al resolver la presente incidencia. INFORME PREVIO Se da cuenta con el informe previo rendido por la autoridad responsable Director de Amparos de la Fiscalía General del Estado, con sede en esta ciudad. Téngase por rendido el informe previo de la responsable en comento. PRUEBAS Se hace constar con las documentales ofrecidas por la parte quejosa, no así las demás partes. Se tienen por admitidas y desahogadas las documentales en comento y se cierra esta etapa. ALEGATOS Se da cuenta que ninguna parte formuló alegatos. Se toma conocimiento y se cierra esta fase. Finalmente, el juez procede a dictar la siguiente resolución: VISTOS y RESULTANDO: PRIMERO. Solicitud de suspensión. En su escrito de demanda de amparo Jesús Solorio Franco, solicitó la suspensión de los actos reclamados. SEGUNDO. Trámite. El incidente se tramitó por su cauce legal y la audiencia de ley fue celebrada en términos del acta que antecede; y, CONSIDERANDOS: PRIMERO. Competencia. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente incidente, con fundamento en los artículos 107 fracción X, de la Constitución Federal, 49 en relación con el 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33 fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, ya que la suspensión del acto reclamado es una medida cautelar que deriva del juicio de amparo. SEGUNDO. Precisión de las normas, actos u omisiones reclamadas. Del análisis integral de la demanda, se advierte que la parte quejosa destaca como actos reclamados: - La orden de aprehensión y su ejecución, por los delitos de secuestro, extorsión y robo, en agravio de Baldomero Velásquez Castro, y por el delito de asociación delictuosa. TERCERO. Normas, actos u omisiones cuya existencia quedó acreditada. La autoridad responsable Titular del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Penal de este Distrito Judicial, al rendir su respectivo informe previo, aceptó la existencia del acto reclamado. Es así, pues de las manifestaciones vertidas en su informe previo, la responsable informó que el veintiocho de junio del dos mil, el Agente del Ministerio Público Inevestigador Especializado para la Atención de los Delitos de Secuestro y Extorsión, consigó la averiguación previa 13/2000-AE, instruida contra Jesús Solorio "X" y otros, por los delitos de secuestro, extorsión y robo, en agravio de Baldomero Velásquez Castro, y por el delito de asociación delictuosa, la cual correspondió conocer al Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Apatzingán, Michoacán, quien el dieciocho de agosto del dos mil giró orden de aprehensión, dentro del proceso penal 176/2000. Posteriormente, el siete de junio de dos mil uno, dicho órgano jurisdiccional se inhibió de dicho juicio a favor del Juez oficiante, quien el cuatro de junio de ese año, aceptó la competencia del mismo, registrándolo con número 167/2001-II, y ordenó la acumulación del diverso 133/2000-III; y que actualmente dicho quejoso se encuentra sustraído de la acción de la justicia. Por otra parte, la autoridad responsable Director de Amparos de la Fiscalía General del Estado, con sede en esta ciudad, al rendir su respectivo informe previo, negó la existencia de los actos reclamados; sin embargo, de las manifestaciones vertidas por la autoridad ordenadora, se advierte su existencia, por lo que se presumen ciertos los actos que se le reclaman, ello al tratarse de una autoridad ejecutora. Así como también, dicha autoridad informó que el citado quejoso promovió diverso juicio de amparo, el cual correspondió conocer al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, mismo que lo registró con número II-1383/2022-AD. CUARTO. Se deja sin materia la suspensión definitiva. El incidente de suspensión queda sin materia, conforme al artículo 145 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente. "Artículo 145. Cuando apareciere debidamente probado que ya se resolvió sobre la suspensión en otro juicio de amparo, promovido con anterioridad por el mismo quejoso o por otra persona en su nombre o representación, contra el mismo acto reclamado y contra las propias autoridades, se declarará sin materia el incidente de suspensión. Es el caso, toda vez que al realizar una consulta en el expediente electrónico del Sistema Electrónico de Seguimiento de Expedientes (SISE), del incidente de suspensión, derivado del juicio de amparo 1383/2023 del índice del Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, promovido por Jesús Solorio Franco, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal de este Distrito Judicial y otras autoridades, se advierte que el veintinueve de diciembre de dos mil veintidós, se dictó resolución interlocutoria, a través de la cual se concedió la suspensión definitiva a dicho quejoso, en contra de la orden de aprehensión aquí reclamada, por los delitos de secuestro, extorsión y robo, en agravio de Baldomero Velásquez Castro, y por el delito de asociación delictuosa; información que reúne las características propias de un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2 de la Ley de Amparo. Por ello, como se precisó en los párrafos que anteceden, dado que aparece claramente probado que en contra de la orden de aprehensión aquí reclamada, existe un pronunciamiento previo respecto del mismo acto reclamado, por parte del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, es que se actualiza la hipótesis señalada en el numeral 145 de la Ley de la materia, por lo que se declara sin materia el incidente de suspensión. Por tanto, con apoyo en el artículo 146, fracción IV, de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. Se declara SIN MATERIA el incidente de suspensión. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Carlos Fernando Cabrera López
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