Jhoana del Rosario Vera Canto
Expediente 1557/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1557/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 13/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Jhoana del Rosario Vera Canto
Actuaciones
- Principal
Visto, para resolver el juicio de amparo ********************, promovido por ********************, a favor de la directa quejosa ********************; y R E S U L T A N D O PRIMERO. Mediante escrito presentado el cuatro de octubre de de dos mil veintitrés, recibido el mismo día por la Secretaria de Guardia de este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ********************, a favor de la directa quejosa ********************, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de los actos que reclamó del Secretario, Director de la Policía Estatal de Investigación de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Elementos de la Policía Preventiva y Elementos de la Policía Femenil del Estado, todos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad. Por lo que en auto de cuatro de octubre de dos mil veintitrés, se otorgó a la directa quejosa la suspensión de plano en contra de los actos reclamados, consistentes en la incomunicación, peligro de privación de la vida, y privación de la libertad fuera de procedimiento (ilegal detención). SEGUNDO. En la misma fecha la quejosa ratificó la demanda promovida a su favor, y en proveído de cinco de octubre de dos mil veintitrés se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó su informe a las autoridades señaladas como responsables, se ordenó dar a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención legal que le compete y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 35 y 37, de la Ley de Amparo, 48, en relación con el 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los Acuerdos Generales 3/2013 y 3/2015 emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Precisión de actos. De conformidad con el artículo 74 fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar los actos reclamados que constituyen la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento, además, en la tesis visible en la página 255, del Tribunal Pleno, Tomo XIX, abril de 2004, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se tiene que los actos reclamados consisten en: - La incomunicación, peligro de privación de la vida y privación de la libertad fuera de procedimiento (ilegal detención) de la directa quejosa. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado consistente en la incomunicación. Las autoridades responsables Secretario, Director de la Policía Estatal de Investigación, Elementos de la Policía Preventiva y Elementos de la Policía Femenil del Estado, todos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, por conducto del Director Jurídico de dicha Secretaría [Registros 15761, 15777 y 16242], al rendir sus respectivos informes justificados, negaron categóricamente la existencia del acto reclamado consistente en la incomunicación de la directa quejosa, sin que la parte impetrante del amparo aportara prueba alguna que desvirtuara dicha negativa. En tales condiciones, ante la negativa respecto del citado acto reclamado, procede decretar el SOBRESEIMIENTO en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, y por identidad de criterio la jurisprudencia 310, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Compilación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, página 209, que textualmente dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen y los quejosos no desvirtúan ésta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." CUARTO. Existencia de diverso acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Secretario de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta ciudad (Registro 16242), únicamente por cuanto hace a la detención de la directa quejosa, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado. Es aplicable la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos treinta y uno, Tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Quinta Época, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Máxime que lo informado por la autoridad responsable en el sentido anotado, se corrobora con las constancias procesales que anexó a su informe justificado. Constancias que tienen la calidad de documentos públicos por haber sido expedidas por funcionario en ejercicio de sus funciones, investido con fe pública, por lo que se les otorga valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202, del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Resulta aplicable la jurisprudencia 226, visible en la página 153, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, cuyo rubro y texto literal dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". De igual forma, resulta ilustrativa, la tesis aislada sustentada por la otrora Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 150, Tomo CXXXV, Tercera Parte, Materia Común, Sexta Época, Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro y contenido: "DOCUMENTOS PÚBLICOS. LO SON LOS OFICIOS PROVENIENTES DE AUTORIDAD RESPONSABLE. Los oficios son documentos públicos que hacen prueba plena de su contenido, hasta en tanto no se demuestre su falsedad. No es correcto el argumento de que un oficio carece de valor pleno, por el solo hecho de que la autoridad que lo giró es parte en el juicio de amparo, pues esa circunstancia no lo priva de su carácter de documento público. La adopción del criterio contrario, conduciría al absurdo de considerar que todos los documentos públicos expedidos por las responsables y presentados por ellas en los juicios de amparo, carecen de validez por el sólo hecho de provenir de parte interesada, quedando tales autoridades en un completo estado de indefensión, pues es lógico que para justificar sus actos, se remitan fundamentalmente a las constancias que obren en los expedientes relativos, y en las cuales apoyan los actos reclamados, no obstante que las mismas hayan emanado de las propias autoridades responsables, lo que, por otra parte, es normal". QUINTO. Improcedencia del juicio de amparo. Previo a analizar el fondo de la litis, se debe verificar la procedencia del juicio constitucional, cuyo estudio es de orden público y preferente a cualquier otra cuestión, conforme a lo dispuesto por el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. Cobra aplicación la jurisprudencia publicada en el Apéndice del Semanario Judicial de la Federación mil novecientos diecisiete a mil novecientos noventa y cinco, Tomo VI, Materia Común, visible a página 543, cuyo texto indica: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público, deben estudiarse previamente" En la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, por los motivos que a continuación se exponen. El precepto de la ley de la materia antes invocado, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [---] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; [.]". En el caso, la directa quejosa********************, ratificó la demanda de amparo promovida a su favor, reclamando de las autoridades responsables sustancialmente la detención. Sin embargo, de las constancias que integran los presentes autos, a las cuales se les ha otorgado pleno valor probatorio en términos del párrafo que antecede, se advierte que********************, si bien fue detenida por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, también lo es, que fue puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado, residente en esa ciudad, por un hecho de tránsito. Atento a lo anterior, en relación con la detención originalmente decretada se generó un cambió en su situación jurídica, ya que la quejosa fue puesta a disposición del Fiscal General del Estado, con residencia en la ciudad; lo que conduce a la actualización de la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XVII, de la ley de la materia, de ahí que deben considerarse consumadas irreparablemente las posibles violaciones reclamadas en este juicio. En efecto, dicha situación no hace posible realizar un análisis del acto reclamado, pues no puede decidirse sobre su legalidad sin afectar la nueva situación jurídica en la que se encuentra la parte amparista al haber sido puesta a disposición de la autoridad fiscal investigadora. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio contenido en la tesis 2ª. CXI/96, visible en la página 219, Tomo IV, de diciembre de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguiente: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." Consecuentemente, el acto reclamado fue sustituido jurídica y procesalmente, ya que al momento de que la autoridad puso a disposición del Fiscal correspondiente a la quejosa, la privación de su libertad no estaba a potestad de la autoridad de seguridad pública, sino que quedó bajo la decisión de la autoridad fiscal investigadora a la que fue puesta a disposición la parte amparista. Por tanto, es inconcuso que el acto atribuido a las autoridades, quedó consumado formal e irreparablemente, al acontecer un cambio de situación jurídica. Apoya a lo anterior, por las razones que expone, la tesis II.2o.P.44 P (10a.), del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 37, Diciembre de 2016, Tomo II, Materia(s): Común, Página: 1702 y Registro: 2013315, que señala: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA POR CESACIÓN DE EFECTOS DERIVADA DE LA SECUENCIACIÓN DE ETAPAS EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO, CON INDEPENDENCIA DE LA CONDICIÓN QUE GUARDE EL QUEJOSO EN CUANTO A SU LIBERTAD PERSONAL. Dada la naturaleza del procedimiento de tipo acusatorio seguido en México, para los efectos del amparo, la expresión "cambio de situación jurídica" no puede entenderse sólo desde la perspectiva de la condición del sujeto a quien se inicia un procedimiento penal (sujeto pasivo de la relación jurídico procesal en materia penal), esto es, dependiendo únicamente del carácter de indiciado, imputado, procesado o acusado, como otrora se aducía conforme al procedimiento tradicional, sino que también resulta del ineludible reconocimiento de la sustitución y secuenciación de los actos o etapas procesales del nuevo sistema, en sí mismas y con independencia de la condición que guarde el quejoso en cuanto a su libertad personal, pues la continuidad de las etapas del proceso actual no depende sólo de ello. Por tanto, si se transita de una fase de investigación no judicializada a una judicializada, como efecto del ejercicio de la acción procesal penal, es claro que los actos atribuidos a la autoridad ministerial quedan consumados formal e irreparablemente para los efectos del amparo, en virtud del cambio de la condición jurídica de las fases procesales subsecuentes." Asimismo, por analogía de razón, la tesis IV.2o.P.43 P, correspondiente a la Novena Época, aprobada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXX, Octubre de 2009, página 1373 que dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA CUANDO SE RECLAMAN ACTOS DENTRO DE UNA AVERIGUACIÓN PREVIA Y EL MINISTERIO PÚBLICO YA EJERCITÓ LA ACCIÓN PENAL (ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO). Cuando en un juicio de garantías biinstancial se reclaman actos materia de una averiguación previa y se demuestra que la autoridad responsable, agente del Ministerio Público, consignó los hechos ante un Juez, a quien solicitó el libramiento de la correspondiente orden de aprehensión, es incuestionable que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo y, por ende, debe sobreseerse en el juicio de garantías, toda vez que, al ejercitarse la acción penal quedaron consumadas de modo irreparable las posibles violaciones acaecidas en la etapa de investigación, porque la situación jurídica del impetrante ahora queda sometida a la potestad del Juez penal que tendrá a cargo la instauración de la causa respectiva. En consecuencia, ya no podrá analizarse en el amparo la constitucionalidad de dichos actos, sin afectar la nueva situación". En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, relativa al cambio de situación jurídica del quejoso, lo procedente es SOBRESEER en el presente juicio con apoyo en la fracción V, del artículo 63, de la citada ley. SEXTO. Del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN" Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública. De ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMO. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. OCTAVO. Expedición de copias. Finalmente, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia, en el entendido que las constancias que cuentan en este expediente con su respectiva evidencia criptográfica, hacen las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 365 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Por lo expuesto y considerado, con apoyo también en los artículos del 73, 74, 75, 124 y demás relativos de la citada Ley de Amparo, se: R E S U E L V E : PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ********************, en contra de los actos que reclamó de las autoridades precisadas en el resultado primero de esta sentencia, por los motivos expuestos en el considerando tercero. SEGUNDO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ********************, en contra de los actos que reclamó de la autoridad precisada en el resultado primero de esta sentencia, por los motivos expuestos en el considerando quinto. TERCERO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando sexto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. CUARTO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. QUINTO. Como está ordenado en el último considerando, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan estos autos, se acuerda: agréguense para los efectos legales correspondientes, los oficios signados por la Presidenta Municipal de Seyé, Yucatán, con sede en ese municipio, con los que, en relación con el requerimiento que se le hizo mediante proveído de veintinueve de septiembre del año actual, remite a este juzgado copias certificadas de la sesión de Cabildo de diecisiete de marzo del presente año e informa que solicitó a las autoridades vinculadas al cumplimiento que se lleve a cabo una reunión interinstitucional para contar con su asesoría en temas de índole presupuestal. Circunstancia de la cual este órgano jurisdiccional queda enterado, para los efectos legales conducentes, como una medida más a las antes ya acordadas, tendiente al cumplimiento del laudo. Ahora bien, tomando en consideración las manifestaciones consistentes en que remitió a la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado, copia certificada de la sesión de Cabildo de diecisiete de marzo del presente año, requiérase a la Presidenta Municipal de Seyé, Yucatán, para que dentro del término de tres días hábiles siguientes a aquel en que quede notificada de este proveído, remita a este juzgado copias certificadas completas y legibles del acuse de recibo relativo a la entrega de la mencionada constancia. Apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá una multa de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, con cero centavos, moneda nacional), equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, conforme a lo dispuesto en el artículo 258 de la Ley de Amparo y en el párrafo sexto, del apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, seis de octubre de dos mil veintitrés. Vistos estos autos y la cuenta que antecede, se advierte que a la fecha la institución bancaria Scotiabank Inverlat, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank, con sede en esta ciudad, no ha dado cumplimiento al fallo protector dictado en este asunto. Lo anterior, no obstante los requerimientos que se le hicieron mediante proveídos de once y veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, ante los cuales la autoridad de mérito ha sido omisa en informar lo conducente. En consecuencia, SE LE REQUIERE POR ÚLTIMA OCASIÓN para que dentro del término de tres días hábiles siguientes al de la notificación de este acuerdo, cumpla sin demora con la ejecutoria; para lo cual, deberá adjuntar las constancias que así lo acrediten, o bien, informar a este Juzgado las gestiones que haya realizado para dar debido cumplimiento. Apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada o de hacer nuevamente caso omiso al presente requerimiento, de conformidad con el artículo 258 de la Ley de Amparo, SE LE IMPONDRÁ UNA MULTA por el equivalente al valor de cien unidades de Medida y Actualización, que refiere el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, Constitucional, equivalente a $10,374.00 (diez mil, trescientos setenta y cuatro pesos, con cero centavos, moneda nacional); y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese y cúmplase.
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