Jhadany Mairyn Rodriguez Barrera

Expediente 1177/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1177/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
09/08/2023

Partes del expediente

  • Jhadany Mairyn Rodriguez Barrera

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, nueve de agosto de dos mil veintitrés. CUMPLIMIENTO DE PREVENCIÓN Vistos estos autos y el escrito de cuenta signado por Susana Jazsellvy Barrera Muñoz, mediante el cual da cumplimiento a la prevención realizada en auto de dos de agosto del año en curso y señala que hace suya la demanda de amparo promovida por la menor quejosa con iniciales J.M.R.B., asimismo, aclara que el juicio de origen 686/2018 se encuentra en su etapa probatoria, cuyo acuerdo de treinta de marzo del año en curso, le fue notificado el diecinueve de abril siguiente; y, señala que actos le atribuye a cada una de las autoridades señaladas como responsables. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA Ahora bien, visto el escrito aclaratorio y la demanda de amparo promovida por Susana Jazsellvy Barrera Muñoz por sí y en representación de la menor J.M.R.B., en contra de los actos y las autoridades, que según se desprende de la lectura integral de la demanda de amparo, en términos de lo dispuesto en el numeral 74 fracción I, de la Ley de Amparo, como una facultad exclusiva del juzgador federal, son los siguientes: 1. Del Juez Primero Oral Familiar de Cancún, Quintana Roo. 2. Del Juez de Instrucción del Juzgado Primero Familiar Oral de Cancún, Quintana Roo. El acuerdo de treinta de marzo de dos mil veintitrés, que ordeno entrega de la menor con iniciales J.M.R.B., a Martín Jesús Rodríguez Silveira, en el expediente 686/2018. 3. Del Juez Quinto Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán; y, 4. Del actuario de su adscripción, ambos con sede en Izamal. La ejecución de lo ordenado por el Juez Primero Oral Familiar, con sede en Mérida. 5. Del Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito de Cancún, Quintana Roo. 6. Del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con sede en Mérida. 7. Del Secretario de Seguridad Pública del Municipio de Izamal, Yucatán. 8. Del Policía Municipal coordinada de Hoctun, Yucatán. La ejecución de entregar a la menor con iniciales J.M.R.B. 9. Del Juzgado Primero Oral Familiar, turno matutino, con residencia en Mérida, Yucatán. El cumplimiento a lo solicitado por el Juez Primero Oral Familiar de Cancún, Quintana Roo, mediante exhorto. PRECISIÓN RESPECTO A AUTORIDAD RESPONSABLE Ahora bien, toda vez que en el escrito aclaratorio señala expresamente que es su deseo desistirse de instar el presente juicio constitucional por la autoridad responsable: actuario adscrito al Juzgado Primero Familiar Oral, de Cancún, Quintana Roo, se tiene por vertida tal manifestación y se le deja de tener como autoridad responsable. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA Ahora bien, antes de entrar al estudio de la demanda de amparo promovida por la parte quejosa, es pertinente hacer notar lo que establece el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Conforme al precepto transcrito, este juzgador se encuentra facultado a desechar de plano una demanda de amparo, cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En el presente asunto, se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia regulado por el artículo 61, fracción XIV, primer párrafo, en relación con los numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo. Para el análisis de dicha causa de improcedencia, es necesario transcribir los artículos citados: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos". "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De una interpretación armónica de los dispositivos legales anteriormente transcritos, se desprende que el término para la interposición del juicio de amparo es de quince días contados a partir del día siguiente: a) A aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; b) A aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Establecido lo anterior, a fin de aterrizar la causal de improcedencia en estudio al caso particular, es menester señalar que, tal como quedó establecido, el presente juicio constitucional fue promovido por la menor de identidad reservada de iniciales J.M.R.B., por conducto de su progenitora SUSANA JAZSELLVY BARRERA MUÑOZ, señalando como acto reclamado el proveído de treinta de marzo de dos mil veintitrés, en el que refieren, los jueces responsables ordenaron la entrega de la menor a Martín Jesús Rodríguez Silveira, en el expediente 686/2018. En ese sentido, si bien es cierto que la menor impetrante del amparo no es parte formal en el procedimiento del que deriva el acto reclamado, por lo que el proveído que reclaman no le fue directamente notificado. También lo es, que sus derechos en el procedimiento de origen, se encuentran debidamente representados por sus progenitores, entre ellos, la aquí promovente, al compartir la patria potestad con el padre de ésta. Por lo que resulta incuestionable que por su conducto ejercieron su derecho a ser escuchados, y por consiguiente, tuvieron conocimiento del acto reclamado y al ser así se encontraban en aptitud de impugnarlo por la presente vía constitucional dentro del plazo señalado por la ley de la materia, al no estar obligados a agotar el principio de definitividad como lo ha sustentado el Máximo Tribunal del País. Apoya la anterior consideración, la jurisprudencia por contradicción de tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página novecientos noventa, Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 2, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, número de registro 2004677, de rubor y texto: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO EN LOS CASOS EN LOS QUE ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD, CUANDO EL RECURSO ORDINARIO NO ADMITE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO. En términos del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad y, particularmente, otorgar una protección especial a los derechos de la infancia por las circunstancias de vulnerabilidad en que se hallan. Por lo anterior, y en términos de los artículos 107, fracción III, inciso b), de la propia Constitución y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se sigue que se actualiza una excepción al principio de definitividad en el juicio de amparo indirecto en aquellos casos en los que esté involucrado un menor de edad, cuando, de acuerdo con la legislación aplicable al caso, el recurso ordinario que deba agotarse no admita suspensión y cualquiera de las partes alegue un riesgo para el menor en caso de ejecutarse la resolución impugnada, pues en ese supuesto el recurso es inadecuado o ineficaz para alejarlo de la situación de vulnerabilidad en que pueda encontrarse. Lo anterior es así, pues el principio de definitividad supone la existencia de recursos idóneos, efectivos, oportunos y aptos para reparar oportuna y adecuadamente las violaciones a las leyes cometidas en el acto o resolución impugnada." De ahí que no resulte jurídicamente factible que, por un lado, la promovente hubiere tenido pleno conocimiento del acto reclamado, encontrándose en aptitud de impugnarlo por la vía ordinaria; y por el otro, que su menor hija desconociera la existencia del mismo, y que por ello, se encuentren en aptitud de promover el juicio constitucional en cualquier tiempo, pues como quedó establecido, la misma se encuentra debidamente representada en autos del juicio de origen por conducto de su progenitora, por lo que, a través de ella se hizo sabedora del mismo. En ese tenor, de los antecedentes de los actos reclamados narrados bajo protesta de decir verdad, en el escrito aclaratorio que en esta propia fecha se provee, se desprende que la progenitora de la menor quejosa manifestó que el proveído de treinta de marzo de dos mil veintitrés (acto reclamado), emitido en el expediente 686/2018, le fue notificado el diecinueve de abril de dos mil veintitrés. Por tanto, tomando en consideración que lo declarado por la ocursante fue en forma expresa y bajo la formal "protesta de decir verdad", y que por disposición del artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los hechos manifestados por la promovente constituyen una confesión expresa. Por tanto, si la parte quejosa tuvo conocimiento del acto reclamado -por lo menos- desde el diecinueve de abril del presente año, con motivo de la notificación que se le realizó, resulta que el término de quince días para el ejercicio del juicio de amparo, empezó a contarse a partir del día hábil siguiente, es decir, el veinte de abril de dos mil veintitrés, feneciendo el doce de mayo siguiente. Debiendo descontar de dicho cómputo los días veintidós, veintitrés, veintinueve y treinta, todos de abril y seis y siete, ambos de mayo del año en curso, por tratarse de sábados y domingos, así como uno y cinco de mayo del presente año, por ser inhábiles de conformidad con lo establecido por el artículo 19 de la Ley de Amparo. Por lo que al haber sido presentada la demanda de amparo treinta y uno de julio de dos mil veintitrés, es inconcuso que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo; por ende, se ha consentido tácitamente la resolución que se reclama, por no haberse promovido el amparo dentro del término de ley. Lo anterior es así, toda vez que en el presente asunto no nos encontramos en alguno de los casos de excepción previstos por el artículo 20 de la Ley de Amparo, es decir, no se trata de actos que importan peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal, deportación, destierro, ni de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, o la incorporación forzosa al servicio del Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en cuyo caso la demanda puedo promoverse en cualquier tiempo. Por tanto, si la demanda de amparo en estudio fue presentada en el buzón judicial, el treinta y uno de julio del presente año, según se desprende de la boleta de turno, válidamente se concluye que la presentación de la misma resulta extemporánea al haber fenecido el plazo que la ley le concedía para tal efecto, y como consecuencia de ello, el acto reclamado se considera como tácitamente consentido para los efectos del juicio constitucional, lo que por sí solo, hace que se actualice la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo. Cobra aplicación a lo anterior, la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página 235, Tomo XI, Junio de 1993, Octava Época, del Semanario judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 216152, cuyo rubro y texto señalan: "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita." Sin que lo aquí determinado, cause perjuicio alguno a los derechos de los menores impetrantes del amparo, pues en el caso de que la resolución que se dicte en el incidente de cambio de custodia resulte adversa a sus intereses, se encontraran en aptitud de interponer en su contra el medio de impugnación correspondiente, por conducto de su progenitor. En consecuencia, al haberse actualizado la invocada causal de improcedencia, la cual es manifiesta e indudable, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de que se trata, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Lo anterior tiene sustento en la siguiente jurisprudencia: "Localización: Jurisprudencia: I.1o.A. J/4 Novena Época Instancia: Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito Tomo: VII del mes de mayo de 1998 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Página: 890 DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Notifíquese, haciéndolo personalmente a la parte quejosa y cúmplase.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, dos de agosto de dos mil veintitrés. PROTECCIÓN DE LOS DATOS DEL MENOR Primeramente, cabe precisar que en el presente asunto está involucrada una menor de edad (quejosa), y siendo que los niños, niñas y adolescentes son personas diferentes a un adulto, en relación a su desarrollo cognitivo, emocional y moral, resulta indispensable brindarle una atención especializada, en virtud de que darle el mismo trato que a los mayores de dieciocho años, supone colocarlo en una situación desigual en el pleno ejercicio de sus derechos. Por lo que, a fin de resguardar la identidad de la menor de edad quejosa, el suscrito juzgador determina como medida para proteger la intimidad de la misma, que se supriman de este juicio su nombre, dirección o cualquier otra información que pudiera servir para identificarle, de ahí que en lo sucesivo únicamente se procederá a mencionarle por sus iniciales J.M.R.B. Lo anterior, de conformidad con el principio del interés superior del niño, niña o adolescente, y con fundamento además, en los artículos 1°, primeros tres párrafos, y 4, parágrafo noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en términos del Capítulo III reglas y Consideraciones Generales para las y los Juzgadores, puntos 6 y 7, del Protocolo de Actuación para quienes Imparten Justicia en Casos que Involucren Niñas, Niños y Adolescentes, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA Vista la demanda de amparo presentada por la menor de edad quejosa J.M.R.B., en contra de los actos y las autoridades, que según se desprende de la lectura integral de la demanda de amparo, en términos de lo dispuesto en el numeral 74 fracción I, de la Ley de Amparo, como una facultad exclusiva del juzgador federal, son los siguientes: 1. Juez Primero Oral Familiar de Cancún, Quintana Roo (Autoridad también señalada como Juez Oral del Juzgado Primero Familiar Oral de Cancún, Quintana Roo). 2. Juez de Instrucción del Juzgado Primero Familiar Oral de Cancún, Quintana Roo. 3. 4. Actuario adscrito al Juzgado Primero Familiar Oral de Cancún, Quintana Roo. 5. Juez Quinto Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en Izamal (En su denominación correcta, de las autoridades también señaladas como Juez de Instrucción del Juzgado Quinto Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial de Yucatán y "Juez Oral del Juzgado Quinto Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán", ambos con sede en Izamal). 6. Actuario adscrito al Juzgado Quinto Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en Izamal. 7. Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito de Cancún, Quintana Roo. 8. Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con sede en Mérida. 9. Director de la Policía Municipal de Izamal, Yucatán (En su correcta denominación de la autoridad señalada como Secretario de Seguridad Pública del Municipio de Izamal, Yucatán). 10. Policía Municipal coordinada de Hoctun, Yucatán. 11. Juzgado Primero Oral Familiar, turno matutino, con residencia en Mérida, Yucatán. FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE Al respecto, se acuerda: fórmese expediente, regístrese con el número 1177/2023-I-B y anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. PREVENCIÓN Primeramente, es pertinente señalar que la menor quejosa adjuntó a su demanda de amparo, el acta de nacimiento con identificador electrónico 23005000720220007309 de veintisiete de junio de dos mil siete, en la que se hace constar que J.M.R.B., nació el veintiséis de abril de dos mil siete, en Benito Juárez, Quintana Roo, y que su madre es +++++. Prueba documental a la que se otorga pleno valor probatorio, conforme a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°, toda vez que la misma contiene los sellos digitales correspondientes, equiparándose a un documento original. En este orden de ideas, considerando que del análisis del artículo 8o. de la Ley de Amparo se advierte que los menores de edad, las personas con discapacidad o una diversa mayor de edad sujeta a interdicción, podrán pedir amparo por sí o por cualquier persona en su nombre sin la intervención de su legítimo representante cuando éste se halle ausente, se ignore quién sea, esté impedido o se negare a promoverlo. En consecuencia, a fin de estar en aptitud de acordar lo que legalmente corresponda en el presente asunto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 108, 110, 112 y 114 de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa por conducto de su progenitora +++++, para que dentro del término de CINCO DÍAS, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, aclare su demanda en los siguientes términos: Por escrito y bajo protesta de decir verdad, manifieste el impedimento material o jurídico que no le permite promover directamente la demanda de amparo en representación de su hija menor de identidad reservada J.M.R.B., Exprese si hace suyos los actos que reclama su hija menor de edad, en su demanda de amparo. Ello pues, de lo manifestado por la promovente, no se advierte que su progenitora se encuentre impedida para promover directamente el juicio de amparo en su representación, en virtud de que por regla general, son los padres quienes ejercen la patria potestad sobre los menores, en términos de los artículos 276, 277 y 278, fracción I, del código de Familia del Estado de Yucatán. Pues de estimar lo contrario, implicaría que sin legitimación alguna, se promovieran juicios de amparos pasando por alto lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley de Amparo antes señalado. Así mismo, como ya se señaló, del acta de nacimiento exhibida con la demanda de amparo es evidente que a +++., al ser su madre y consecuentemente, ejercer la patria potestad sobre ella, en términos de los artículos 276, 277 y 278, fracción I, del código de Familia del Estado de Yucatán, los cuales refieren: "Patria potestad Artículo 276. La patria potestad es un conjunto de derechos y obligaciones que se otorgan e imponen legalmente a los ascendientes, en su caso, para cumplir con las necesidades materiales, afectivas, de salud, educación y recreativas de los hijos o hijas menores de edad, así como para la administración de sus bienes. Ejercicio de la patria potestad Artículo 277. La patria potestad se ejerce sobre la persona y bienes de los hijos o hijas. Su ejercicio queda sujeto a las modalidades que imponga este Código, las resoluciones judiciales que en su caso se dicten y las que dispongan otros ordenamientos aplicables. Personas a las que les corresponde el ejercicio de la patria potestad Artículo 278. La patria potestad corresponde: I. Al padre y a la madre, conjunta o separadamente, [.]". La interpretación conjunta de los preceptos legales previamente transcritos, permite colegir que los hijos menores de edad no emancipados estarán bajo la patria potestad de sus padres, quienes serán sus legítimos representantes y tendrán la administración legal de los bienes que pertenezcan a aquéllos. En esa tesitura, conviene precisar que la patria potestad consiste en la regulación jurídica que se hace de los deberes y derechos que se reconocen a los padres en las legislaciones civil y familiar sobre los hijos y sus bienes; lo que implica el reconocimiento de los mismos con el fin de proveer la protección y desarrollo integral de los hijos menores. Así, la patria potestad debe atender a la buena administración y cuidado de las condiciones personales, materiales y económicas para satisfacer las necesidades primarias del menor y generar su buena salud y desarrollo físico y mental, así como sus bienes. Pues bien, como se mencionó, es evidente que SUSANA +++++., ejerce su patria potestad y, por ende, es su legítima representante legal en todo lo que concierne a sus intereses, incluidos. En caso de que ********************haga suyos los actos reclamados en la demanda de amparo, deberá: Precisar con claridad qué actos le reclama de las autoridades señaladas como responsables. Lo anterior ya que en el apartado correspondiente al acto reclamado, la quejosa únicamente señaló como actos reclamados del Juez Primero Familiar Oral del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, Juez Primero Oral Familiar, turno matutino, con sede en esta ciudad y del Juez Quinto Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en Izamal, Yucatán, sin hacer pronunciamiento alguno respecto a los actos atribuidos a las restantes autoridades responsables. Proporcione mayores antecedentes del acto reclamado, para lo cual, deberá manifestar bajo protesta de decir verdad, que tipo de procedimiento se promovió y la etapa procesal en la que se encuentra el expediente 686/2018, así como las partes que lo integran; de igual manera, la fecha en la que le fue notificado el acuerdo dictado el treinta de marzo del año en curso que reclama. APERCIBIMIENTO Se apercibe a la parte quejosa por conducto su madre ********************que, de no cumplir con los requerimientos señalados dentro del término otorgado para ello, se tendrá por no presentada la demanda de mérito, como lo dispone el penúltimo párrafo del numeral 114, de la Ley de Amparo. REQUERIMIENTO DE COPIAS En la inteligencia que deberá acompañar copias suficientes de su escrito aclaratorio, a fin de correrle debido traslado a todas las partes, de conformidad con el invocado artículo 110 de la ley de la materia. Lo anterior, en razón de que once son para las autoridades responsables, una para la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, otra más para la apertura del incidente de suspensión que solicita y las suficientes para los terceros interesados. DESIGNACIÓN DE AUTORIZADOS Y DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES Se tiene como domicilio de la parte quejosa el que señala en su demanda; y como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************y en términos restringidos a las demás personas precisadas en el escrito de demanda, hasta en tanto acrediten ante este Juzgado encontrarse legalmente autorizados para ejercer la licenciatura en derecho o abogacía. Debiendo no solamente proporcionar los datos correspondientes en el escrito en que se le otorgue dicha autorización, si no proceder a su registro en los términos establecidos en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del Propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de noviembre de dos mil trece, que establece el referido sistema registral de profesionales del derecho. COMUNICACIONES NO PROCESALES Por otra parte, se tienen por proporcionados el número de teléfono y correo electrónico que se señalan en la demanda de amparo, a efecto de establecer contacto, de resultar necesario por esas vías, para comunicaciones no procesales. EXHORTACION A LAS PARTES PARA LA ACTUACIÓN A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA. Además, en atención a lo indicado en el artículo 263, fracción II, párrafo último, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, de catorce de octubre de dos mil veintidós, se exhorta a las partes, a que con independencia del esquema tradicional, híbrido o en línea con el que intervengan, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el portal de Servicios en Línea. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Desde este momento y con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN En cumplimiento al artículo 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de conformidad a lo dispuesto por la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 2, fracción XIV, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la misma, publicado el dos de abril de dos mil cuatro, en vigor al día siguiente. Que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos. Con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales. En la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos. Asimismo, se les hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. De acuerdo con el artículo 8° del citado Reglamento, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos de la fracción IV, del artículo 13 de la mencionada Ley. AUTORIZACIÓN DE REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES De conformidad con lo previsto por la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la utilización de cámara fotográfica, escáner o cualquier otro aparato de reproducción documental, respecto de las actuaciones que obran en este expediente. FORMACIÓN DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Fórmese el correspondiente expediente electrónico de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE POR LA VÍA ELECTRÓNICA Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que con motivo de la entrada en vigor del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, el presente expediente se tramitará vía electrónica, esto es, los acuerdos y resoluciones que se dicten en el mismo únicamente obrarán en el expediente electrónico, por lo que sólo se agregarán las promociones físicas que se presenten. PRECISIÓN RESPECTO DE LAS COPIAS Finalmente, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar las constancias conducentes que integran el presente juicio, en el entendido que las constancias que cuenten con su respectiva evidencia criptográfica, harán las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa menor de edad, por conducto de su progenitora ********************y regístrese.

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