Jesús Villegas Bautista
Expediente 1317/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1317/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 10/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Jesús Villegas Bautista
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, diez de octubre de dos mil diecinueve. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto el recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la citada ley de la materia, en contra del acuerdo de fecha veinticinco de septiembre del año en curso, mediante el cual se desechó la demanda de amparo. En tal virtud, se declara que el referido proveído ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones relativas en el libro de gobierno correspondiente, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción. Lo anterior, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, nueve de octubre de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos, se acuerda: agréguese a este expediente el escrito del promovente ********y en atención a su contenido, no habiendo impedimento legal alguno al respecto, devuélvase al mismo el documento que solicita por los conductos que indica, previa identificación y recibo que para constancia se deje en autos. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA A LA PARTE quejosa EL PROVEÍDO DE veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve. Mérida, Yucatán, veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por JESÚS VILLEGAS BAUTISTA, solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclama del Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad; el cual hizo consistir en: La omisión de acordar el escrito de fecha veintisiete de agosto del año en curso, presentado ante la responsable el tres del actual mes. Al respecto, se acuerda: fórmese expediente, regístrese con el número 1317/2019-II-B, que es el que le corresponde y anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. En ese contexto, antes de proveer sobre su admisión y con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, el cual dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda; y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo antes transcrito, tenemos que es obligación del Juez de Distrito examinar, ante todo, el escrito de demanda y anexos que se acompañan a ella y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las causas de improcedencia reguladas en el artículo 61 de la Ley de Amparo vigente. Ahora, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de amparo, e indudable significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual. Es aplicable, la tesis LXXI/2002, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." Ahora bien, del estudio integral de la demanda de amparo se advierte, que la misma resulta improcedente por actualizarse la hipótesis prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 5 fracción II, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, lo que trae como consecuencia que de conformidad con lo establecido por el artículo 113, de la Ley de la Materia, SE DEBA DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO. Para demostrar la certeza de tal afirmación, debe traerse a cuenta lo dispuesto en los relacionados artículos, que por su orden son del texto siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte alg0una disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: . II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general...". De los artículos transcritos se advierte que el juicio de amparo es improcedente, cuando las autoridades realizan actos que no puedan considerarse como aquellos que infrinjan derechos fundamentales de los gobernados, en razón del carácter con el que los dictan, ordenan, ejecutan o tratan de ejecutar. Esto porque, para efectos del juicio de amparo, autoridad responsable es aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto unilateral que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del gobernado, en forma unilateral y obligatoria. Como se ve, es factible promover el juicio de amparo contra actos u omisiones de las autoridades, concebidas como órganos pertenecientes al Estado, que desde la perspectiva teórica de las relaciones jurídicas se ubican en un plano de supra a subordinación, puesto que imponen su imperio a los gobernados. Lo que no ocurre en el caso, porque el acto reclamado en la demanda de amparo que se provee, y que el quejoso pretende encuadrar como en un derecho de petición, tiene su génesis en la falta de pago por un servicio prestado a la autoridad que designó como responsable el quejoso. Esto es, la autoridad que el quejoso designó como responsable, mantiene una relación de igualdad con ésta, y no de supra a subordinación, y por ende, para obtener el pago del servicio que le prestó a ésta, debe acudir a las instancias civiles que estime pertinentes De esta manera el acto que se le atribuye a la citada responsable, en nada se puede asemejar a un acto de una autoridad, pues como se dijo, la relación que existe entre quejosa y autoridad, deriva de una prestación de servicios, por lo que no se encuentran colocadas en un plano diferente al señalado, es decir, al de igualdad. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo que aquí interesa, la jurisprudencia sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan: "AYUNTAMIENTOS DE QUINTANA ROO Y YUCATÁN. EL INCUMPLIMIENTO A UN LAUDO PRONUNCIADO EN UN JUICIO LABORAL EN EL QUE FIGURARON COMO PARTE DEMANDADA, NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El incumplimiento a un laudo por los Ayuntamientos de Quintana Roo y Yucatán, derivado de un juicio laboral en el que figuraron como parte demandada, no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, porque en el marco normativo de esas entidades federativas, los tribunales burocráticos estatales cuentan con una amplia gama de instrumentos legales para lograr el cumplimiento y la ejecución de sus laudos, lo que supone que se ubican en un plano de coordinación que caracteriza a las relaciones laborales, y la igualdad procesal que subyace en ellas también se extiende al ámbito de la ejecución de los laudos; es decir, los Ayuntamientos demandados no actúan en un esquema de supra a subordinación, sino dentro de una relación laboral con el particular actor." También sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." De igual manera apoya a lo anterior, el criterio establecido por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que señala: "AUTORIDADES EN EL AMPARO. NO TIENE TAL CARÁCTER EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LO CONTENCIOSO Y LABORAL DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LIBROS DE TEXTO GRATUITOS, CUANDO UN PARTICULAR LE SOLICITA EL PAGO DE UN SERVICIO PRESTADO A DICHO ORGANISMO. Cuando un gobernado solicita al jefe del Departamento de lo Contencioso y Laboral de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, el pago de un servicio prestado a dicho organismo descentralizado, la respuesta de dicho servidor público en el sentido de declarar improcedente aquélla por desconocer el correspondiente adeudo, no resulta violatoria de la garantía constitucional contenida en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que el acto desplegado por éste queda comprendido en una relación de coordinación emanada de una posible relación contractual regulada por el derecho privado, en la cual el ente público actúa como particular, es decir, en un plano de igualdad, y no como autoridad para efectos del juicio de amparo, pues su actuación no implica actos de autoridad, porque si bien unilateralmente negó el pago solicitado, no se está frente a un acto autoritario, el cual se da cuando los titulares de los órganos de la administración pública federal o, en su caso, de la administración descentralizada, actúan con potestad y poder que les confiere la propia ley. En este sentido, el derecho de petición surge con motivo de una relación jurídica entre gobernante y gobernado, ello con independencia de que el particular eleve tal solicitud al funcionario público en su carácter de autoridad, toda vez que considerar lo contrario se traduciría en que quedara al arbitrio del gobernado el decidir cuándo nace la aludida prerrogativa constitucional, y no con motivo de la naturaleza jurídica; por ende, como la naturaleza de la relación existente entre el gobernado y el servidor público es fundamental para la existencia de este derecho, es inconcuso que, en el caso, no se está en presencia de una relación jurídica de supra a subordinación que actualice la procedencia de la acción constitucional." En consecuencia, en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el artículo 5° fracción II, de la Ley de Amparo. En consecuencia, por lo anteriormente expuesto, y con apoyo en los artículos 113 y 217 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de mérito. Apoya al anterior razonamiento la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA, ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado: debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que este debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por si mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que señala en su demanda de amparo, y como sus autorizados, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, las personas a que en el mismo se refiere. Desde este momento y con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales. De conformidad con lo previsto por la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la utilización de cámara fotográfica, escáner o cualquier otro aparato de reproducción documental, respecto de las actuaciones que obran en este expediente. En cumplimiento al artículo 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de conformidad a lo dispuesto por la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 2, fracción XIV, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la misma, publicado el dos de abril de dos mil cuatro, en vigor al día siguiente. Que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos. Con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales. En la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos. Asimismo, se les hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. De conformidad con el artículo 8° del citado Reglamento, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos de la fracción IV, del artículo 13 de la mencionada Ley. Por último, fórmese el correspondiente expediente electrónico de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y cúmplase.
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