Jheremmy Aldahir Roman Zevallos Arevalo
Expediente 1161/2023 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1161/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 11/10/2023
Partes del expediente
- Jheremmy Aldahir Roman Zevallos Arevalo
- Smaikeel Dennilson Rosas Arevalos
Actuaciones
- Principal
Tijuana, Baja California, once de octubre de dos mil veintitrés. Transcurrió plazo. Vista la certificación de cuenta y el estado de autos, se advierte que trascurrió el plazo de cinco días establecido en el artículo 98, párrafo primero, en relación con el numeral 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del proveído de veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo; sin que lo hubiere hecho. Causa estado. Por tanto, con fundamento en el precepto ya mencionado y en relación con el ordinal 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que la citada determinación ha causado estado. Certificación. Ahora, vista la certificación de cuenta, se advierte que se ha incorporado cada promoción, acuerdo, constancia y acuse tanto al expediente físico, como electrónico, a fin de que coincidan en su totalidad, lo que se verificó al realizar la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con los artículos 25 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Archivo. Por tanto, al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, hágase la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Juicio de amparo. Se precisa que el presente expediente es conservable por un término de tres años; lo anterior, al encuadrar en la hipótesis prevista en el manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, capítulo 7, punto 7.4 "Tratamiento los expedientes con suspensión de plano", al haberse concedido la suspensión de plano de los actos reclamados, por tanto, dicha medida cautelar tiene efectos definitivos, lo cual actualiza el supuesto antes citado. En tal sentido, resguárdese el presente expediente en el archivo de este juzgado y una vez cumplido el plazo de tres años de haberse dictado el presente proveído, procédase a su transferencia; lo anterior, de conformidad con el artículo 17 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del artículo 15 del mencionado Acuerdo, a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, veintidós de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que fue celebrada la audiencia constitucional en el presente juicio y a la fecha, no ha sido dictada la sentencia. Asimismo se aprecia que por oficio SECNO/STCCNO/873/2023 de treinta de agosto de dos mil veintitrés, la Secretaría Técnica de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, informó que la citada comisión determinó que el Juzgado Cuarto de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, apoye en el dictado de las sentencias referentes a los juicios de amparo que se tramitan ante este juzgado; y, que en la remesa de asuntos generada en el Programa para el Turno Aleatorio de Asuntos a los Órganos Jurisdiccionales del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se encuentra el presente juicio. Por tanto, hágase lo anterior del conocimiento de las partes mediante lista de acuerdos, para los efectos conducentes. Se ordena vincular el expediente electrónico respectivo y hacerse la captura que corresponda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés. Imposibilidad actuarial. Vista la constancia actuarial de cuenta, se advierte la imposibilidad que tuvo la fedataria judicial para notificar el auto de diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés, a los quejosos 1) Jheremmy Aldahir Román Zevallos Arevalo, y 2) Smaikeel Dennilson Rosas Arevalos; ello, toda vez que al constituirse en las instalaciones de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, en esta ciudad, le fue informado que los citados quejosos no se encontraban en dichas instalaciones. Por tanto, ante la aludida imposibilidad para notificar a los quejosos 1) Jheremmy Aldahir Román Zevallos Arevalo, y 2) Smaikeel Dennilson Rosas Arevalos;, el auto de diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés y precisamente porque no se encuentran ni alojados ni detenidos en la Estancia Migratoria de esta ciudad; requiérase al promovente Ricardo Martínez Nuño, para que dentro del término de tres días, legalmente computado, informe a este órgano jurisdiccional si conoce de diverso lugar en el cual puedan ser localizados los agraviados aludidos. Apercibimiento. Apercibido que de no cumplir con lo anterior, se tendrá por no presentada la demanda de amparo de que se trata, conforme a lo establecido en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo y se dejaran sin efecto las providencias dictadas por este órgano jurisdiccional con motivo de la medida suspensional otorgada. Notifíquese y personalmente vía electrónica al promovente Ricardo Martínez Nuño.
- Principal
Tijuana, Baja California, diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Radicación. Vista la demanda de cuenta, fórmese el expediente físico y electrónico respectivos y captúrese en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación como juicio de Amparo 1161/2023-VII. Precisión Especial. Cabe precisar que la parte promovente señaló de manera genérica como autoridades responsables "Agentes Federales y demás personal del Instituto Nacional de Migración adscritos al Aeropuerto Internacional de Tijuana, Baja California", de los Subrepresentantes Locales A y B, ya que no precisó los nombres o cargos de dichos agentes, los cuales resultan necesarios para estar en posibilidad de que rindan su informe, sin perjuicio de tener a los Subrepresentantes señalados como responsables. Suspensión de plano. Ahora, de una lectura al escrito de demanda de amparo se advierte que los actos reclamados por el promovente se hacen consistir, esencialmente, en: Deportación, expulsión, traslado a diversa estación migratoria; Incomunicación y posible tortura. Detención y privación de la libertad. De los que dice son y pueden ser objeto 1) Jheremmy Aldahir Román Zevallos Arevalo, y 2) Smaikeel Dennilson Rosas Arevalos, con motivo de encontrarse a disposición del Instituto Nacional de Migración con sede en Tijuana, Baja California, al indicarse que son de nacionalidad extranjera. No se inadvierte que el promovente en el apartado de antecedentes del acto reclamado haya referido que tiene temor de que los directos quejosos sean sometidos a desaparición forzada, sin embargo, no se aprecia que dicho promovente efectivamente tenga conocimiento de la existencia de ese acto, ya que inclusive manifestó que los quejosos fueron enviados a la estación migratoria de esta ciudad, por lo que es evidente que el acto reclamado no puede ser tratado como una desaparición forzada. Deportación, expulsión y traslado a diversa estación migratoria. Por tanto, con fundamento en los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión de plano, a fin de que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran y los directamente agraviados no sean deportados o expulsados del país, así como trasladados a otra parte de la República Mexicana. II. Incomunicación y posible tortura. Las autoridades responsables de manera inmediata deberán cesar todo acto de incomunicación, y posible tortura infringidos en contra de los agraviados 1) 1) Jheremmy Aldahir Román Zevallos Arevalo, y 2) Smaikeel Dennilson Rosas Arevalos, y, en su caso, se les permita mantener comunicación con su defensor o familiares, así como mantenerlos informados de su situación migratoria; lo anterior, hasta en tanto se resuelva en definitiva el presente juicio de amparo. Por tanto, se hace del conocimiento de las autoridades responsables que la integridad física y salud de los quejosos queda bajo su más estricta responsabilidad. Asimismo, es importante destacar que tal circunstancia también se previene en términos del artículo 5 referente al Derecho a la Integridad Personal, puntos 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el que se establece que toda persona que se encuentre privada de su libertad, como acontece en el asunto que nos ocupa, deberá ser tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano, por lo que tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral, así como a no ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. En el entendido que esto es, sin perjuicio de la continuación de algún procedimiento migratorio, en el que se encuentren involucrados los quejosos, debiendo acompañar las constancias que acrediten el cumplimiento a la suspensión de plano. Asimismo, se comisiona a cualquiera de los actuarios de este juzgado a fin de que, al momento de la diligencia de ratificación de la demanda, dé fe del estado físico en el que se encuentran. III. Detención y privación de la libertad. Ahora, previo a pronunciarse sobre la suspensión de plano relativa a la detención y privación de la libertad de las personas en situación de migración, es necesario tener en cuenta que la Ley de Migración, establece las facultades de control, verificación y revisión migratoria a cargo del Instituto Nacional de Migración, entre las que se encuentra la instauración del procedimiento administrativo migratorio; éste comprende, entre otros aspectos, el control migratorio, consistente en la revisión de documentación de personas que pretendan internarse al país. Del mismo modo, implica la supervisión de los medios de transporte que se utilizan para internarse al país, lo que realizarán las autoridades migratorias con auxilio de las autoridades policiales, lo cual se efectúa en los lugares destinados al tránsito internacional de personas por mar, aire y tierra y de manera excepcional, previa solicitud de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en lugares distintos a estos. En ese contexto, es relevante tener en cuenta lo dispuesto en los artículos 68, primer párrafo y 100 de la Ley de Migración, que establecen: "Artículo 68. La presentación de los migrantes en situación migratoria irregular sólo puede realizarse por el Instituto en los casos previstos en esta Ley; deberá constar en actas y no podrá exceder del término de 36 horas contadas a partir de su puesta a disposición. Artículo 100. Cuando un extranjero sea puesto a disposición del Instituto, derivado de diligencias de verificación o revisión migratoria, y se actualice alguno de los supuestos previstos en el artículo 144 de la presente Ley, se emitirá el acuerdo de presentación correspondiente dentro de las veinticuatro horas siguientes a la puesta a disposición." De la anterior porción normativa se advierte que la presentación de los migrantes en situación migratoria irregular sólo puede realizarse por personal del Instituto Nacional de Migración, en estaciones migratorias o en lugares habilitados para ello, lo cual deberá constar en actas y no podrá exceder del término de treinta y seis horas contadas a partir de su puesta a disposición, para lo cual, deberá dictarse acuerdo dentro de las veinticuatro horas derivado de la diligencia de verificación o revisión migratoria. En resumen, si la autoridad migratoria realiza una verificación en la que detecta a una persona migrante en situación irregular, debe dar inicio al procedimiento migratorio. Ahora, conforme a la jurisprudencia 1a./J. 112/2023 (11a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo que, para evitar que la detención administrativa sea arbitraria debe: Ser menor al plazo de treinta y seis horas; y, Debe cumplir con los requisitos de: Razonabilidad, que es un criterio de evaluación objetivo; Necesidad; y, Proporcionalidad, que son criterios de evaluación subjetivos. Explicó, que la razonabilidad exige que la detención sea impuesta en cumplimiento de un fin legítimo en cada caso individual, que tiene que estar estipulado expresamente en la legislación, y definir y enlistar exhaustivamente las razones consideradas como fines justificadores. Además, destacó que la necesidad exige que la detención sea indispensable para cumplir el fin legítimo y que, en las circunstancias individuales del caso, no exista otra menos restrictiva de los derechos de la persona afectada. Finalmente, señaló que la proporcionalidad reclama que el Estado alcance un balance entre la gravedad de la medida y la situación de la persona migrante en cuestión. Por lo que, consideró que el derecho a la libertad personal no es absoluta, pues puede haber escenarios en los que se encuentre justificada su restricción, como sucede con la facultad del Estado mexicano para establecer medidas tendentes a regular la entrada, admisión y expulsión de personas migrantes en territorio nacional. Así, determinó que para una detención en ese contexto, en aras de evitar su arbitrariedad, debe ser aplicada como medida excepcional, por el periodo más breve y sólo si se justifica por una finalidad legítima, siempre que ésta sea acorde con el artículo 21 constitucional, el cual mandata que ningún acto privativo de la libertad de las personas por razones administrativas puede exceder del periodo máximo de treinta y seis horas. Por tanto, la suspensión de plano solicitada se puede conceder, bajo ciertos parámetros y condiciones, dependiendo de la etapa en la que se encuentre el procedimiento, por lo que, esta juzgadora concede la suspensión de plano en los supuestos y para los efectos siguientes: En el caso de que la internación de 1) Jheremmy Aldahir Román Zevallos Arevalo, y 2) Smaikeel Dennilson Rosas Arevalos al país, no se considere irregular por la autoridad migratoria, o, en el caso de que se encuentren detenidos, y éstos no tengan relación con la comisión de un ilícito, las autoridades responsables deberán ponerlos en inmediata libertad. En el supuesto de que la detención de 1) Jheremmy Aldahir Román Zevallos Arevalo, y 2) Smaikeel Dennilson Rosas Arevalos derive de la comisión de un hecho que la ley señale como delito, las autoridades deberán ponerlos en inmediata disposición del agente del ministerio público competente a fin de que se dé inicio a la carpeta de investigación correspondiente. En el escenario de que la internación de 1) Jheremmy Aldahir Román Zevallos Arevalo, y 2) Smaikeel Dennilson Rosas Arevalos sea considerada irregular por parte de la autoridad migratoria, deberá, dentro del plazo de veinticuatro horas, contados a partir de que les fueron puestos a su disposición, dictar el acuerdo de presentación a que se refiere el artículo 100 de la Ley de Migración, y antes de que fenezca el plazo de las treinta y seis horas a partir de su detención, deberán dejarlos en inmediata libertad. En el entendido de que la orden de dejarlos en libertad no impide que se les fijen las medidas contempladas en la Ley General de Migración, para que 1) Jheremmy Aldahir Román Zevallos Arevalo, y 2) Smaikeel Dennilson Rosas Arevalos continúen su procedimiento en libertad. Por tanto, las medidas que señalen las autoridades deberán ser diversas a las que impliquen privación de la libertad personal de las personas en situación de migración, pero deberán tomar en cuenta aquellas que aseguren que éstas no evada el cumplimiento de las leyes sobre inmigración, refugio, protección complementaria y asilo político; como puede ser, de manera enunciativa, mas no limitativa, la obligación de presentarse ante la propia autoridad administrativa cuantas veces le sea exigido y, en el supuesto de que determine imponer una garantía económica, ésta deberá ser asequible, debidamente fundada y motivada, atendiendo a la situación específica de la persona, lo que deberá analizar y justificar la autoridad administrativa, sin que ello, sea impedimento para que las personas migrantes puedan seguir su procedimiento en libertad. Con la precisión que, la integridad personal de 1) Jheremmy Aldahir Román Zevallos Arevalo, y 2) Smaikeel Dennilson Rosas Arevalos es responsabilidad de las autoridades migratorias, razón por la cual durante el tiempo que se encuentren presentes ante la mismas, deberán velar por la protección de sus derechos humanos, esto es, conservar y asegurar su integridad física, entre lo que destaca, proporcionar alimentos, vestimenta en caso de necesitarlo, así como brindar la atención médica básica que se requiera, con el objeto de que no se provoque un menoscabo a su salud, mientras estén a su disposición. Estas consideraciones, se desprenden de un análisis del Protocolo para juzgar casos que involucren personas migrantes y sujetas de protección internacional, emitido y publicado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en mayo de dos mil veintiuno, ya que en dicho documento, la Corte estableció que las restricciones a la libertad personal deben ser seriamente analizadas para determinar su validez constitucional, pues no es casualidad que la Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos lo protejan con tanta intensidad y arrebato, por lo que se trata de un derecho de primer rango que sólo puede ser limitado bajo determinados supuestos de excepcionalidad, ya que garantiza a su vez el pleno ejercicio de otros derechos constitucional y convencionalmente reconocidos para un completo desarrollo y bienestar de las personas. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis PR.P.CN. J/5 P (11a.) , de rubro y contenido siguiente: "SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONCEDERLA A LAS PERSONAS MIGRANTES QUE RECLAMAN LA PRIVACIÓN DE SU LIBERTAD POR MÁS DE TREINTA Y SEIS HORAS EN ESTACIONES MIGRATORIAS, AL SER UN ATAQUE A SU LIBERTAD PERSONAL FUERA DE PROCEDIMIENTO Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes conocieron de diversas quejas en las que se dilucidó si procede o no la suspensión de oficio y de plano en tratándose de personas extranjeras privadas de la libertad, cualquiera que sea su forma de denominación (aseguramiento, medida de apremio, alojamiento o sanción) por más de treinta y seis horas en una estación migratoria del Instituto Nacional de Migración (INM), al constituir la detención alegada un ataque a la libertad personal fuera de procedimiento, lo que actualiza la hipótesis prevista en el artículo 126 de la Ley de Amparo. Criterio jurídico: El Pleno en Materia Penal de la Región CentroNorte, con residencia en la Ciudad de México determina que cuando en el juicio de amparo indirecto las personas migrantes en situación irregular reclamen un ataque a su libertad personal fuera de procedimiento, cualquiera que sea su forma de denominación (aseguramiento, medida de apremio, alojamiento o sanción), por más de treinta y seis horas, atribuida al Instituto Nacional de Migración, derivado del procedimiento administrativo en estaciones migratorias, procede conceder la suspensión de oficio y de plano para el efecto de que sean puestas en libertad, al actualizarse la hipótesis del artículo 126 de la Ley de Amparo. Justificación: En atención al principio de excepcionalidad de la detención por ingreso irregular previsto en el Protocolo para Juzgar Casos que involucren Personas Migrantes y Sujetas de Protección Internacional, publicado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el apartado F, fracción I, numeral 3, inciso b, denominado "b. Excepcionalidad y medidas alternativas", en el que establece que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha denunciado que la Ley de Migración y su reglamento prevén la detención migratoria como la regla y no como la excepción. Asimismo, el Protocolo de actuación para quienes imparten justicia encasos que afecten a personas migrantes y sujetas de protección internacional, en su capítulo VIII, intitulado "Reglas específicas de actuación", entre otros aspectos, expone ampliamente el tópico relativo a la excepcionalidad de la detención, por lo que la irregularidad en el ingreso es considerada una falta administrativa. En consecuencia, los derechos y las garantías que deben observar quienes juzgan son aquellas propias de las personas que son sujetas a procedimientos administrativos sancionadores. Ello, además, atendiendo el principio pro persona previsto en el artículo 1o. constitucional, conforme al cual las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la propia Ley Fundamental y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, se considera que en el caso debe privilegiarse la solución conforme con el derecho a la libertad personal de los quejosos, por lo que se debe conceder la suspensión de oficio y de plano cuando la detención de las personas migrantes sea, cualquiera que sea su forma de denominación (aseguramiento, medida de apremio, alojamiento o sanción) por más de treinta y seis horas en la estación migratoria con motivo del procedimiento administrativo previsto en la Ley de Migración, al ser esa detención reclamada un ataque a la libertad personal fuera de procedimiento, lo que actualiza la hipótesis prevista en el artículo 126 de la Ley de Amparo, para el efecto de que sean puestas en libertad inmediata, para continuar con el trámite migratorio. En el entendido de que la autoridad migratoria, a efecto de dar el debido seguimiento al procedimiento, podrá fijar los requisitos y medidas necesarias, tomando como parámetro las establecidas en los artículos 101 y 102 de la Ley de Migración, una vez que ya haya decretado la libertad." Informe. Requiérase a las autoridades responsables para que dentro del término de veinticuatro horas siguientes a la recepción del oficio, informen sobre el cumplimiento dado a la suspensión de plano, remitiéndoles para tal efecto copia simple del escrito de demanda. Apercibimiento. Apercibidas que la violación a este mandato trae como consecuencia la aplicación de lo dispuesto por el artículo 262, fracción III de la Ley de Amparo, que establece que se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra. Autorización de informe vía electrónica. Se autoriza a las autoridades responsables para que, en su caso, remitan el informe requerido al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación o bien al correo electrónico 14jdo15cto@correo.cjf.gob.mx; asimismo, se sirvan proporcionar un correo electrónico a fin de realizarles las subsecuentes notificaciones por esa vía, para privilegiar el uso de los medios electrónicos, sin perjuicio de que lo realicen mediante oficio que se envíe a este juzgado. Ratificación de demanda. Se faculta a cualquiera de los actuarios judiciales de este juzgado para que se trasladen a las instalaciones del Instituto Nacional de Migración Delegación Baja California con sede en esta ciudad, y busquen a los directamente agraviados en dicho lugar, y en caso de no localizarlos, y observar camiones dentro de las instalaciones de dicho Instituto, deberán también buscarlos en su interior; así como a aquellos lugares de los que tenga noticia en que pudieran encontrarse, a fin de que notifiquen personalmente el presente acuerdo a 1) Jheremmy Aldahir Román Zevallos Arevalo, y 2) Smaikeel Dennilson Rosas Arevalos, y los requiera para que al momento de la notificación manifiesten si ratifican o no la demanda interpuesta a su favor. Apercibimiento. Con el apercibimiento que de no hacerlo así, con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda y quedaran sin efectos las providencias decretadas. Señalamiento de autorizado. Se tiene por autorizado en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Ricardo Martínez Nuño, hasta en tanto los quejosos ratifiquen la demanda. Requerimiento. Ahora, en atención a que quién presentó el escrito de demanda fue Ricardo Martínez Nuño, requiérasele para que dentro del plazo de tres días, legalmente computados, informe a éste órgano jurisdiccional si promovió diversa demanda de amparo en los municipios de Ensenada o Mexicali, o en su defecto, en otro Estado de la República, por los mismos quejosos y actos reclamados. Apercibimiento. Con el apercibimiento que en caso de dar cumplimiento a lo anterior o no informar el impedimento legal que tenga para hacerlo, de acuerdo con lo estipulado en los ordinales 237, fracción I y 259 de la ley de la materia, se le impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, equivalentes a $5,187.00 cinco mil ciento ochenta y siete pesos moneda nacional, de conformidad con los artículos segundo y tercero Transitorios el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo. Cantidad que resulta de multiplicar por cincuenta la suma de $103.74 (ciento tres pesos con setenta y cuatro centavos moneda nacional), valor diario de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el uno de febrero de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación, de conformidad con el precepto 238 de la citada legislación. Consulta vía electrónica. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencia en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza al promovente el acceso al presente asunto en su modalidad de expediente electrónico, para consulta y envío de promociones por tal medio. En tal sentido, y a fin de lograr la notificación al promovente de éste acuerdo; con fundamento en el artículo 26, fracción IV de la Ley de Amparo y 55 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramite de expediente electrónico y el uso de videoconferencia en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, por única ocasión, se ordena notificar a través de la vía electrónica el presente proveído al promovente; por tanto, se instruye a los actuarios adscritos a este juzgado para que el presente auto se le notifique vía electrónica.. Por tanto, se comisiona a la Oficial Judicial "A" adscrita, realice la autorización para la notificación al promovente a través de la vía electrónica, por conducto del usuario "Ricardo2023". Datos de contacto. Téngasele señalando el correo electrónico única y exclusivamente para entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al presente expediente previa la certificación correspondiente. Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles.
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