Jesus Vazquez Tovar

Expediente 767/2020 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 7 actuaciones registradas, la última del 19 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
767/2020
Año
2020
Actuaciones
7
Última actuación
19/08/2021

Partes del expediente

  • Jesus Vazquez Tovar
  • Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda Para los Trabajadores (Infonavit)

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Cuenta. En esta misma fecha, se da cuenta con la certificación secretarial que antecede y con el estado de autos. Conste.Tijuana, Baja California, diecinueve de agosto de dos mil veintiuno. Transcurrió plazo. De la certificación que antecede se advierte que transcurrió el plazo de diez días concedido a las partes por el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión en contra de la sentencia de siete de julio de dos mil veintiuno, en la que se otorgó el amparo y protección de la justicia federal al quejoso. Causa ejecutoria. Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que la citada sentencia ha causado ejecutoria; en consecuencia, dense los avisos de ley. En ese orden, en la sentencia definitiva se otorgó el amparo y la protección de la justicia federal a la parte quejosa en los siguientes términos: "Séptimo. Efectos del fallo protector. Con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, se precisa que el efecto de la concesión del amparo y la protección de la Justicia de la Unión, es para que la Junta Especial número 59 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, dicte, con plenitud de jurisdicción, el laudo dentro del expediente laboral número 988/2017." Ahora, sin que sea el caso requerir a la autoridad responsable dé el cumplimiento respectivo, toda vez que mediante oficio recibido en este juzgado el trece de julio de dos mil veintiuno, el Presidente de la Junta Especial Número Cincuenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, remitió copia certificada del laudo emitido el siete de julio del año en curso, en los autos del juicio laboral 988/2017 de su índice, por lo que, con el contenido del mismo, así como de los anexos, dese vista a las partes por el plazo de tres días legalmente computado, para que manifieste lo que a su derecho convenga, y una vez trascurrido dicho plazo, con o sin manifestación alguna, tráiganse los autos para resolver sobre el cumplimiento de la sentencia, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsables; lo anterior con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo. Apercibimiento. Con el apercibimiento de que una vez desahogada la vista o sin ella, este órgano judicial resolverá sobre el cumplimiento realizado a lo ordenado en la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la responsable. Sirve de apoyo a lo anterior la siguiente tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, publicada en la página 728, del Tomo X, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, correspondiente al mes de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, del tenor siguiente: "INFORMES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE UNA EJECUTORIA DE AMPARO INDIRECTO. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ OBLIGADO A DAR VISTA CON ELLOS A LA PARTE QUEJOSA. El Juez de Distrito debe dar vista a la parte quejosa con los oficios por los que las autoridades responsables informen lo relativo al cumplimiento o incumplimiento de un ejecutoria de amparo, trámite que se considera necesario, a fin de que dicha parte manifieste lo que a su interés convenga, dado el derecho que le asiste para promover la ejecución de la sentencia de amparo, incluso para los efectos que contempla el artículo 105, último párrafo, de la ley de la materia". Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y por oficio al tercero interesado.

  2. Principal

    En este apartado, se considera necesario precisar que la celebración de esta audiencia constitucional no le depara perjuicio alguno a las partes, ya que si bien de conformidad con los artículos 27 y 28 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencia en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, establece el uso del método electrónico de videoconferencia para el desahogo de la presente audiencia; lo cierto es que a fin no retardar la pronta impartición de justicia se considera procedente la celebración de esta manera. Aunado, a que se estima que no existe vulneración a algún derecho de las partes por su imposibilidad para asistir a la audiencia al no haberse ofrecido medios de prueba que ameriten su presencia, además de realizarse de manera remota ocasionaría la dilación en su resolución. De igual manera, no depara ninguna afectación a las partes esta determinación, toda vez que pudieron alegar en forma escrita, en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo. Certificación de relación de constancias. Acto seguido, el Secretario certifica que se dio lectura a las constancias que obran en el presente expediente. Asimismo, el Secretario certifica que con fundamento en el artículo 3, fracción III, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, que las promociones y determinaciones que se encuentran glosadas a este expediente físico -al día de hoy- se encuentran digitalizadas e integradas al expediente electrónico y éstos son coincidentes entre sí. Acuerdo. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 117 y 124 de la Ley de Amparo, la jueza tiene por reproducidas todas y cada una de las constancias que obran en el expediente, para los efectos legales conducentes. Pruebas. A continuación, se abre el periodo probatorio y el Secretario hace constar que se ofrecieron las siguientes pruebas: No. Partes Prueba Fojas Admitidas y desahogas 1 Junta Especial Número Cincuenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, en esta ciudad. Autoridad responsable. Documentales 52 a 124 11 de mayo de 2021 (Foja 125) 2 Quejoso Documentales 12 y 13 11 de diciembre de 2021 (Fojas 17 a 21) Asimismo, el Secretario hace constar que no existen pruebas pendientes por desahogar y que el expediente está debidamente integrado. Acuerdo. Con fundamento en los artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza las documentales exhibidas por la parte quejosa y las autoridades responsables en cita, y, al no tener pruebas que acordar ni pendientes de desahogo, la jueza da por concluida la etapa probatoria. Alegatos. Enseguida, se apertura el periodo de alegatos y el secretario hace constar que las partes no hicieron uso de ese derecho, ni la Agente del Ministerio Público de la Federación presentó pedimento. Acuerdo. Con fundamento en el numeral 124 de la ley de la materia, toda vez que las partes no formularon alegatos ni la representación social presentó pedimento, la jueza tiene por precluido ese derecho, y da por concluida la presente etapa. Cierre de la audiencia. Con lo expuesto, se tienen por cumplidas las etapas precedentes de la audiencia constitucional en términos de la presente acta y se procede al estudio de las constancias relativas, para dictar el fallo que en derecho corresponda. VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 767/2020-VI; y, R E S U L T A N D O S Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el nueve de diciembre de dos mil veinte, en el buzón habilitado para recibir demandas de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, Jesús Vázquez Tovar, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por el acto señalados en la demanda de amparo. Segundo. Trámite del juicio. El once de diciembre de dos mil veinte, la demanda se radicó bajo el número de expediente 767/2020-VI y se admitió a trámite. Luego, seguidos los trámites de ley, se celebró la audiencia constitucional en los términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O S Primero. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, es competente para conocer del presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 37 de la Ley de Amparo, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Segundo. Precisión de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, al realizarse una lectura integral de la demanda de amparo y constancias allegadas al juicio, ya que la demanda de amparo debe ser interpretada en su integridad, se advierte que el quejoso solicita el amparo y protección de la justicia federal en contra del acto consistente en la omisión de dictar laudo en el expediente laboral número 988/2017, del índice de la Junta Especial Número Cincuenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Tercero. Certeza del acto reclamado. Por razón de método, resulta oportuno pronunciarse respecto a la certeza o inexistencia de los actos reclamados en el presente asunto, ya que se trata de una cuestión de análisis previo cuyo pronunciamiento, en su caso, permitirá estudiar las causas de improcedencia, así como los aspectos de fondo de la controversia. En ese sentido, la autoridad responsable en su denominación correcta, rindió su informe justificado, tal como se precisa a continuación: No. Autoridad responsable Sentido del Informe Foja 1 Junta Especial Número Cincuenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad. Cierto 51 Como se ve, la autoridad responsable reconoció expresamente la existencia del acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis 749, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de epígrafe y texto: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Confesión que está corroborada con la copia certificada de las constancias relativas a las constancias de origen, que fueron remitidas por las autoridades señaladas como responsables; por ende, se toma en cuenta como prueba documental pública y con valor pleno". Lo que se corrobora con las copias certificadas del mencionado juicio laboral número 988/2017 que remitió la junta responsable; documentales que tienen valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de copias certificadas emitidas por un servidor público en ejercicio de sus funciones. En apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro y texto siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena" . Cuarto. Procedencia del juicio de amparo. En razón que las partes no hicieron valer causales de improcedencia ni de oficio se advierte que se actualice alguna de las previstas por el numeral 61 de la Ley de Amparo, resulta procedente entrar al estudio del fondo de la litis constitucional planteada, sin que se tenga la obligación de analizar todas las causas de improcedencia que hipotéticamente prevé tal precepto. Cobra aplicación, la jurisprudencia P.J. 22/91 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de epígrafe y contenido: "IMPROCEDENCIA. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A ESTUDIAR OFICIOSAMENTE TODAS Y CADA UNA DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Si el Juez de Distrito no encuentra causal de improcedencia que amerite su estudio oficioso para sobreseer en el juicio, no está obligado a hacerse cargo del estudio de todas y cada una de las contempladas en el artículo 73 de la Ley de Amparo, ya que el último párrafo de dicho precepto no lo obliga a que analice todos y cada uno de los supuestos de improcedencia contenidos en la ley, bastando que estudie y se pronuncie sobre las causales específicamente invocadas por las partes y las que oficiosamente considere aplicables, para tener por satisfecho el precepto en comento". Quinto. Conceptos de violación. Atento al principio de economía procesal no se transcribirán los motivos de disenso que se enderecen en contra del acto reclamado, porque el artículo 74 de la legislación de la materia, que prevé los requisitos que deben contener las sentencias de amparo, no establece tal exigencia y para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad es innecesaria su transcripción. Sin que esa circunstancia perjudique en forma alguna a la parte quejosa, dado que se dará respuesta integral a sus inconformidades. Lo expuesto encuentra apoyo, en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.". Sexto. Estudio del asunto. Es fundado el concepto de violación hecho valer por la parte quejosa. En dicho concepto de violación, el peticionario del amparo expone, en lo que interesa, que la Junta responsable vulnera su derecho fundamental de impartición de justicia pronta, expedita e imparcial, contenido en el artículo 17 Constitucional, toda vez que ésta ha sido omisa en emitir la resolución correspondiente. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone lo siguiente: "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales [.]". El aludido precepto constitucional consagra el llamado derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, consistente en los siguientes tópicos: a) De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; b) De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; c) De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, d) De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se encomienda dicha función no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Por lo tanto, las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos señalados, son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales; es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales. Cobra aplicación, en el caso, la jurisprudencia 2a./J. 192/2007 (con número de registro electrónico 171257), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 209 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Octubre de 2007, Novena Época, de rubro y texto: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales." Ahora, los artículos 885, 886, 887 y 890 de la Ley Federal del Trabajo anterior a las reformas del treinta de mayo de dos mil dieciocho; legislación conforme a la que está obligada a actuar la junta responsable al iniciarse el juicio laboral en dos mil diecisiete, establecen lo siguiente: "Artículo 885. Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, se dará vista a las partes por el término de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación, bajo el apercibimiento de que si transcurrido el término señalado no lo hicieren y hubiere pruebas por desahogar, se les tendrá por desistidos de las mismas para todos los efectos legales y se procederá conforme a lo que dispone el párrafo siguiente. En caso de que las partes, al desahogar la vista señalada, acrediten que alguna o algunas pruebas ofrecidas no se desahogaron, la Junta, con citación de las mismas, señalará dentro de los ocho días siguientes día y hora para su desahogo. Desahogadas las pruebas pendientes, las partes formularán alegatos dentro de las veinticuatro horas siguientes. Hecho lo anterior, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción y, dentro de los diez días siguientes, formulará por escrito el proyecto de laudo, que deberá contener los elementos que se señalan en el artículo 840 de esta Ley. I. Un extracto de la demanda y de la contestación, réplica y contrarréplica; y en su caso, de la reconvención y contestación de la misma; II. El señalamiento de los hechos controvertidos; III. Una relación de las pruebas admitidas y desahogadas, y su apreciación en conciencia, señalando los hechos que deban considerarse probados; IV. Las consideraciones que fundadas y motivadas se deriven, en su caso, de lo alegado y probado; y V. Los puntos resolutivos". "Artículo 886. Del proyecto de laudo se entregará copia a cada uno de los integrantes de la Junta. Dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se hubiere recibido la copia del proyecto, cualquiera de los integrantes de la Junta podrá solicitar que se practiquen las diligencias que juzgue convenientes para el esclarecimiento de la verdad. La Junta, con citación de las partes, señalará, en su caso, día y hora para el desahogo, dentro de un término de ocho días, de las pruebas que no se llevaron a cabo o para la práctica de las diligencias solicitadas". "Artículo 887. Transcurrido el término a que se refiere el artículo anterior, concedido a los integrantes de la Junta, o en su caso, desahogadas las diligencias que en este término se hubiesen solicitado, el Presidente de la Junta citará a los miembros de la misma, para la discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes al en que hayan concluido el término fijado o el desahogo de las diligencias respectivas". "Artículo 890. Engrosado el laudo, el Secretario recogerá, en su caso, las firmas de los miembros de la Junta que votaron en el negocio y, una vez recabadas, turnará el expediente al actuario, para que de inmediato notifique personalmente el laudo a las partes". De lo anterior, se deduce que una vez declarada cerrada la instrucción, dentro del plazo de diez días, el Auxiliar formulará por escrito el proyecto de resolución en forma de laudo. Asimismo, una vez entregadas las copias del proyecto de laudo a cada uno de los miembros de la Junta, dentro de los cinco días hábiles siguientes de recibido éste, cualquiera de los miembros de la Junta podrá solicitar que se practiquen las diligencias que no se hubieren llevado a cabo por causas no imputables a las partes, o bien, cualquier diligencia que juzgue conveniente para el esclarecimiento de la verdad. La Junta, con citación de las partes, señalará, en su caso, día y hora para el desahogo, dentro de un término de ocho días, de aquellas pruebas que no se llevaron a cabo o para la práctica de las diligencias solicitadas. Transcurridos los ocho días a que se refiere el párrafo anterior, concedido a los integrantes de la Junta en su caso, desahogadas las diligencias que en este término se hubiesen solicitado, el Presidente de la Junta citará a los miembros de la misma, para la discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes al en que hayan concluido el plazo fijado o el desahogo de las diligencias respectivas; así, engrosado y turnado el laudo deberá notificarse inmediatamente a las partes. Precisado lo anterior, en el caso se aprecia de las constancias que remitió la responsable en apoyo a su informe justificado, que mediante audiencia de once de diciembre de dos mil dieciocho, se declaró cerrada la instrucción en el juicio laboral 988/2017 y se turnaron los autos para la elaboración del proyecto de laudo correspondiente (foja 124 reverso), sin que a la fecha se haya realizado; menos aún, que se haya dictado el laudo respectivo. Tal dilación vulnera el derecho fundamental contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en perjuicio de la parte quejosa, pues de la fecha en que se declaró cerrada la instrucción (once de diciembre de dos mil dieciocho), al día de hoy (siete de julio de dos mil veintiuno), han transcurrido más de dos años y seis meses, sin que la responsable haya dado continuidad a dicho juicio laboral con la elaboración del proyecto de resolución, siendo que conforme a la legislación aplicable contaba con diez días siguientes al cierre de instrucción para realizar el proyecto correspondiente y, seguido el procedimiento de ley emitir el laudo respectivo, incumpliendo así con lo dispuesto en los artículos 885, 886 y 887 de la Ley Federal del Trabajo, anteriormente transcritos. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XXVII.3o.19 L (10a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, que aparece en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro electrónico 2009707, Libro 21, Agosto de 2015, Tomo III, Materia(s): Constitucional, Común, página 2407, del rubro y texto siguientes: "LAUDO. PARA ANALIZAR LA CONSTITUCIONALIDAD EN LA OMISIÓN DE SU DICTADO NO SÓLO DEBE ATENDERSE A LA DILACIÓN EXISTENTE A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO, SINO TAMBIÉN AL TIEMPO EN QUE SE PROLONGUE DURANTE DICHO JUICIO. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece los principios que integran el derecho fundamental de acceso a la impartición de justicia, la cual debe ser pronta, completa, imparcial y gratuita; la prontitud se traduce en la obligación de las autoridades jurisdiccionales de resolver las controversias dentro de los términos y plazos que establezcan las leyes de la materia; así, cuando el acto reclamado en el juicio de amparo indirecto consista en la omisión del dictado del laudo, el análisis de su constitucionalidad no sólo debe atender a la dilación existente a la fecha de la presentación de la demanda de amparo, sino también al tiempo que transcurra durante el juicio constitucional, pues es precisamente la expeditez en la impartición de justicia la que se reclama, y lo que hace susceptible de analizar la constitucionalidad de la omisión por el tiempo prolongado que subsista." En razón de lo anterior, es innegable la transgresión al derecho de justicia pronta y expedita a que alude el normativo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que el retardo en emitir el pronunciamiento correspondiente contraviene en demasía los plazos y los términos que al efecto establece el ordenamiento legal aplicable al caso concreto y se traduce en una denegación de justicia pronta en perjuicio del derecho consagrado por el aludido precepto constitucional al gobernado. Decisión. En las relatadas condiciones, al ser fundado el concepto de violación, suplido en su deficiencia, se impone conceder el amparo y la protección de la justicia federal. Séptimo. Efectos del fallo protector. Con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, se precisa que el efecto de la concesión del amparo y la protección de la Justicia de la Unión, es para que la Junta Especial número 59 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, dicte, con plenitud de jurisdicción, el laudo dentro del expediente laboral número 988/2017. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: Único. La Justicia de la Unión ampara y protege a Jesús Vázquez Tovar, en contra del acto y autoridad responsable precisados en el considerando segundo y para los efectos contenidos en la última consideración de esta sentencia. Notifíquese

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, veintiséis de mayo de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito de cuenta presentado por Daniel De Los Santos Almada, autorizado de la parte quejosa; en atención a su contenido, dígasele que deberá estar a lo acordado en auto de once de mayo de dos mil veintiuno, en el cual se tuvo por recibido el informe justificado rendido por la autoridad responsable Junta Especial Número Cincuenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad. Notifíquese.

  4. Principal

    Cuenta. El once de mayo de dos mil veintiuno, se da cuenta con el oficio registrado con el número de folio 5112 y anexos que lo acompañan. Conste.Tijuana, Baja California, once de mayo de dos mil veintiuno. Recepción de informe. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el informe justificado rendido por la autoridad responsable y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes por el término de ocho días, a fin de que estén en aptitud de imponerse de su contenido. Prueba documental. En cuanto a las pruebas documentales que anexa al informe rendido, con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se admiten y se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional. Reconocimiento de tercero interesado. Por otra parte, del estado de autos se advierte que mediante acuerdo de once de diciembre de dos mil veinte, se reservó proveer lo conducente con relación al reconocimiento de terceros interesados; por tanto, en atención a las constancias remitidas por la responsable, se colige que de conformidad con el artículo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, le asiste el carácter de tercero interesado al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT). Lo anterior, pues corresponde a este Juzgado de Distrito garantizar el debido llamamiento a juicio de las partes, con el fin de otorgarle su derecho de audiencia y evitar irregularidades en el procedimiento del juicio constitucional; además de que el emplazamiento de tercero interesado en el juicio de amparo, se decreta precisamente con el objeto de respetarle el derecho de audiencia y así otorgarle la oportunidad legal de comparecer al mismo y defender sus intereses, haciendo las alegaciones que considere convenientes y ofrecer todas las pruebas para ese efecto. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VIII, noviembre de 1998, página 580, materia civil, con número de registro 195180, cuyo rubro y texto dicen, cuyo texto y rubro señalan: "TERCERO PERJUDICADO. EN EL JUICIO DE AMPARO. RAZÓN DE SU EMPLAZAMIENTO. La necesidad de emplazar al tercero perjudicado en el juicio de amparo, tiende a observar la garantía de audiencia y así otorgarle la oportunidad legal de comparecer al mismo y defender sus intereses, haciendo las alegaciones que considere convenientes y ofrecer todas las pruebas para ese efecto." Por tanto, emplácese al citado tercero interesado mediante oficio y córrasele traslado con fotocopia simple del escrito de demanda, su admisión, así como con el informe justificado rendido por la autoridad responsable. Notifíquese y emplácese al tercero interesado Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT).

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