Jhonny Jimenez Ruiz

Expediente 526/2020 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 6 actuaciones registradas, la última del 11 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
526/2020
Año
2020
Actuaciones
6
Última actuación
11/02/2021

Partes del expediente

  • Jhonny Jimenez Ruiz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, once de febrero de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se advierte que el presente asunto se encontraba paralizado con motivo de la suspensión de actividades jurisdiccionales en el periodo del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al dieciocho de enero de dos mil veintiuno, que se sustentó en lo instruido en las circulares CAP/3/2020 y SECNO/1/2021; como consecuencia a la suspensión de plazos y términos procesales, práctica de diligencias y celebración de audiencias, en los asuntos no calificados como de tramitación urgente o prioritaria, o los tramitados en su modalidad de "juicio en línea". Transcurrió plazo. Por otro lado, vista la certificación de cuenta y el estado de autos, se advierte que transcurrió el plazo de diez días establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el quince de diciembre de dos mil veinte, en la que se determinó sobreseer en el presente juicio de amparo; sin que lo hubieren hecho. Causa ejecutoria. Por tanto, con fundamento en el precepto ya mencionado y en relación con el ordinal 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que la citada sentencia ha causado ejecutoria. Archivo. En consecuencia, al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFIQUESE...

  2. Principal

    R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por María Guadalupe Ruíz Ramírez, a favor de Jhonny Jiménez Ruiz, en contra de los actos y autoridades precisados en el considerando segundo. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, veinticuatro de noviembre de dos mil veinte. Designa asesor jurídico. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio suscrito por la Coordinadora del Área Penal Zona Costa de Defensoría Pública Estatal en esta ciudad, mediante el cual designa a los licenciados Marianna Lizzbeth García y Jesús Mendoza Medina, a fin de que brinden el servicio de defensa y asesoría al quejoso Jhonny Jiménez Ruiz. Atento a lo anterior, se tienen como defensores públicos del quejoso a los profesionistas antes mencionados; por lo que, con fundamento en los artículos 1º. y 14 Constitucionales, y en términos de los arábigos 2º., fracción I de la Ley Orgánica de la Defensoría Pública del Estado de Baja California, resulta procedente dar vista con la totalidad de las actuaciones que conforman el presente juicio de amparo; para que vigilen la representación legal de los intereses del quejoso en el presente asunto, debiendo emprender las acciones conducentes para evitar dejar al directamente agraviado en estado de indefensión, pese a que las mismas deban ser examinadas de oficio por el juzgador de amparo, al tratarse de una cuestión de orden público. Lo anterior, acorde a los lineamientos previstos en los artículos 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, instituido en el Estado Mexicano a través del juicio de amparo. Sirve de apoyo el criterio jurisprudencial Tesis 1a./J. 43/2019 (10a), de rubro y texto siguiente: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva previsto en los artículos 17 constitucional, así como 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, requiere de garantías eficaces de los derechos humanos. En nuestro sistema, el juicio de amparo es una de ellas. El derecho a la asistencia de un abogado es una condición de efectividad del juicio de amparo, porque permite que la parte quejosa pueda ejercer adecuadamente el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Pues bien, cuando una persona privada de la libertad, provisional o definitivamente, en virtud de un proceso penal, promueve demanda de amparo indirecto sin asistencia jurídica, el órgano de control constitucional que reciba dicho escrito debe prevenirle para que nombre a un abogado que lo represente, ya sea en la diligencia en la que se comunique esa prevención, o dentro de los tres días posteriores a que surta efectos dicha notificación. En caso de que el quejoso no quiera o no pueda nombrarlo, el órgano jurisdiccional de amparo deberá nombrarle uno de oficio, para lo cual requerirá a la defensoría pública correspondiente (federal o local) que proporcione de inmediato el servicio -sin importar la denominación formal de la figura: defensor, asesor, representante, asistente jurídico, etc. -, y ésta deberá prestarlo interpretando las leyes que la rigen conforme a la Constitución. Lo anterior, dadas las condiciones de precariedad que en esas circunstancias imperan para acceder a la justicia, y las graves consecuencias que la falta de representación jurídica pueden tener para los derechos humanos del quejoso. En el entendido de que el incumplimiento de esta obligación por parte del órgano jurisdiccional deberá considerarse como una violación a las normas fundamentales del procedimiento y ameritará la reposición del juicio de amparo indirecto, siempre y cuando no genere mayor beneficio a la persona quejosa la resolución del fondo del asunto y/o la suplencia de la queja." Autorizados. Asimismo, ténganse como autorizados para oír y recibir notificaciones a las personas que se precisan en el oficio de cuenta. Domicilio. Túrnense los autos a cualquiera de los Actuarios de la adscripción, a fin de que se sirvan notificar en forma personal el contenido del presente proveído a los licenciados Marianna Lizzbeth García y Jesús Mendoza Medina, quienes pueden ser localizados en el domicilio que para tal efecto la funcionaria oficiante proporciona en el oficio que se atiende. Notifíquese; personalmente al quejoso y a los defensores públicos.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, veintitrés de noviembre de dos mil veinte. Oficio. Agréguese a los autos el oficio registrado con el número 11062, a través del cual la autoridad responsable informa que mediante oficios CESISPE/CRSH/JUR/3864/2020 y CESISPE/CRSH/JUR/3927/2020, se rindieron los informes en relación a la suspensión de plano y justificado, respectivamente, de lo que se toma nota para los efectos a que haya lugar. Sin mayor proveído. En otro orden, agréguese a los autos el oficio registrado con folio 11063 a través del cual la autoridad responsable rinde su informe en relación a la suspensión de plano concedida en autos; sin embargo, no es el caso proveer al respecto, toda vez que el mismo ya fue recibido y acordado el veintinueve de septiembre del año en curso. Se rinde informe justificado. Finalmente, agréguese a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar el informe justificado rendido por la autoridad responsable registrado con el folio 11064, y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, déjese a la vista de las partes por el plazo de ocho días para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

Quedan 2 actuaciones en este expediente

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