Jhanett Mora Gutierrez

Expediente 866/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 15 actuaciones registradas, la última del 4 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
866/2018
Año
2018
Actuaciones
15
Última actuación
04/04/2019

Partes del expediente

  • Jhanett Mora Gutierrez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, cuatro de abril de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, téngase por recibido el escrito del apoderado jurídico de la parte tercera interesada, mediante el cual solicita la devolución de los documentos que exhibió al presente juicio de amparo; asimismo solicita copias del presente juicio de amparo y autoriza a diversas personas para recogerlos. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles devuélvanse los documentos referidos al promovente o a las personas que menciona, previa comparecencia y firma de recibo que obre en autos. Asimismo, como lo solicita el autorizado de la parte quejosa, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles expídanse a su costa las copias en los términos que solicita, previo recibo que de ello se deje en autos y ténganse como autorizadas para recogerlas a las personas que menciona. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Se notifica al quejoso por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado el auto de diecisiete enero de dos mil diecinueve, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, diecisiete de enero de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la sentencia emitida en autos, por la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin que lo hayan hecho. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, en razón de que se sobreseyó en el presente juicio. Con fundamento en el punto segundo, fracción XXIX, en relación con el punto décimo primero, segundo párrafo y punto vigésimo primero, último párrafo, del citado acuerdo, se considera que el presente asunto no tiene valor histórico o relevancia documental, ya que no se trata de un asunto relativo a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni es un conflicto laboral colectivo trascendente; ni se dictaron resoluciones que tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Respecto del incidente de suspensión relativo a este juico, el original es susceptible de destrucción de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción III, segundo párrafo, del mencionado acuerdo, ya que se negó la suspensión provisional así como la definitiva. Por lo que se refiere al duplicado destrúyase en este juzgado en seis meses de conformidad con el punto vigésimo, fracción III, del referido acuerdo. Transfiérase el presente expediente y el cuaderno original del incidente respectivo a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurran tres años. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Por otra parte, devuélvase a la autoridad responsable las constancias que remitió al presente juicio, consistentes en dos tomos de pruebas del juicio ordinario civil sobre acción reivindicatoria número 452/2016, así como el cuaderno de amparo V-19/2018, respectivamente, por ser innecesaria su retención. Finalmente, como de autos se advierte que obra glosado un documento original exhibido por la parte quejosa, con fundamento en el punto décimo primero, tercer párrafo, capítulo tercero, del referido Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, requiérasele para que dentro del plazo de noventa días, acuda a este juzgado a solicitar su devolución, apercibida que de no hacerlo en dicho término, los mismos correrán la suerte que tenga el presente expediente. Notifíquese por lista, personalmente a la parte quejosa y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    En Morelia, Michoacán, a las once horas del veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Isela Estefania Bueno Gallegos, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 866/2018, sin la comparecencia de las partes. Enseguida, la secretaria da cuenta al juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, la secretaria da cuenta con las documentales que allegó al juicio el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en Ciudad Hidalgo, Michoacán. Al respecto, el juez acuerda: Con apoyo en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, las probanzas antes descritas. Dado que no hay más medios de prueba pendientes por admitir ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, la secretaria da nueva cuenta con los formulados por los apoderados del tercero interesado (foja 42) y hace constar que las demás partes no los formularon. El relación con lo anterior el juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los alegatos de cuenta y se declara precluído el derecho de las demás partes para hacerlo. Una vez cerrado el periodo de alegatos, se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda. RESULTANDO Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el nueve de octubre de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, Jhanett Mora Gutiérrez, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en Ciudad Hidalgo, Michoacán. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en el artículo 11, 14, 16 y 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Admisión y trámite de la demanda. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda a este Juzgado de Distrito, se registró con el número 866/2018, se admitió mediante proveído de once de octubre de dos mil dieciocho (foja 18), se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado y se dio vista al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción la intervención legal que le compete. En auto de cinco de noviembre de este año (foja 23) se reconoció el carácter de tercero interesado a Benigno Espino y/o Beningno Espino Sánchez, por figurar como actor dentro del juicio ordinario civil del que derivan los actos reclamados. Finalmente, en auto de veintitrés de noviembre de la anualidad que transcurre (foja 29) se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; así pues, se procede a resolver el presente juicio de amparo; y, CONSIDERANDOS: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, dado que el acto reclamado fue dictado por autoridad que reside en el lugar en el que este juzgado ejerce jurisdicción y dentro del cual se pretenden ejecutar. Segundo. Fijación del acto reclamado. Conforme a lo establecido por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, lo procedente es fijar el acto reclamado. Al respecto resulta aplicable la tesis aislada P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente contenido y rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el citado precepto legal, con el criterio mencionado y atendiendo además el contenido de las constancias que obran en autos, los actos reclamados por la parte quejosa consisten en: La orden de desalojo del inmueble ubicado en la calle Zaragoza número 25, Centro de Ciudad Hidalgo, del cual se ostenta poseedora la quejosa, emitida en el juicio ordinario civil 452/2016, que sobre reivindicación de inmueble promovió Benigno Espino y/o Beningno Espino Sánchez frente a Fernando Espino Sánchez, Juan Carlos Mora Gutiérrez y José Mora Gutiérrez, sin haberla llamado a juicio. Actos que atribuyó al Juez de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en Ciudad Hidalgo, Michoacán. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, P./J. 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente rubro y contenido: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Tercero. Certeza de los actos reclamados. Es cierto el acto atribuido a la autoridad responsable, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado (foja 21). Lo que se corrobora con las constancias que acompañó a su informe justificado, consistentes en el testimonio autorizado del juicio del que emana el acto reclamado (un tomo de pruebas). Probanzas que tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Por tanto, se tiene por demostrada fehacientemente la existencia del acto que se combate, como indica la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice 2000, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, con número de registro 917812, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Por lo que respecta al valor acreditativo de los documentos públicos, es ilustrativa la jurisprudencia 226 emitida por el Pleno de la Suprema corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153 del Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, Quinta Época, registro 394182, de rubro y texto: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Cuarto. Procedencia. Previamente al estudio del fondo del presente asunto, procede examinar las causales de improcedencia, sea que las hagan valer las partes o que operen de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo que establece el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo; lo anterior, con apoyo además en la jurisprudencia 814 visible a fojas 553, tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dispone: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En ese orden, los apoderados del tercero interesado aducen que la quejosa carece de interés para instar en esta contienda constitucional y que por ende, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo (foja 42). Es fundada dicha causal. Para establecerlo de esa forma, en primer término debe traerse a cuenta el contenido de dicho numeral: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" La hipótesis antes citada, debe analizarse conjuntamente con lo que establece el artículo 5°, fracción I, de la Ley de Amparo y el numeral 107, fracción I, de la Constitución Federal, los cuales señalan lo siguiente: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]" Lo anterior, así lo ha estimado la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sus diversas tesis jurisprudenciales, quien ha llegado -incluso- a delimitar los alcances del concepto "perjuicio", figura que está relacionada con la del interés jurídico; en ese sentido el máximo tribunal del país ha sostenido que por perjuicio se deberá entender aquella afectación a los derechos de un individuo no en el sentido del derecho civil, es decir, como la privación de cualquier ganancia lícita que pudiera haberse obtenido o como el menoscabo en el patrimonio, sino como sinónimo de ofensa que se hace a los derechos o intereses de una persona ya sea en relación a derechos de propiedad, posesión, personalísimos o de cualquier otra especie que forme parte de la esfera jurídica del gobernado, siempre y cuando estén reconocidos por el orden jurídico nacional. Ilustra a lo anterior el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia de la Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, tomo 72, Séptima Parte, visible en la página 55, cuyo texto señala: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, QUE DEBE ENTENDERSE POR PERJUICIO PARA LOS EFECTOS DEL. El artículo 4o. de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prescribe que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclaman. Es presupuesto, de consiguiente, para la procedencia de la acción de amparo, de acuerdo con el ámbito conceptual de esa norma legal, que el acto o ley reclamados, en su caso, en un juicio de garantías, cause un perjuicio al quejoso o agraviado. Así lo ha estimado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sus diversas tesis jurisprudenciales, la que ha llegado, incluso, a definir cuál es el alcance del concepto perjuicio, como podrá apreciarse si se consulta el Apéndice de Jurisprudencia de 1917 a 1965, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Parte, página 239, en donde se expresa que: "El concepto perjuicio, para los efectos del amparo, no debe tomarse en los términos de la ley civil, o sea, como la privación de cualquiera ganancia lícita, que pudiera haberse obtenido, o como el menoscabo en el patrimonio, sino como sinónimo de ofensa que se hace a los derechos o intereses de una persona". Este Alto Tribunal de la República, en otras ejecutorias que desenvuelven y precisan el mismo concepto, es decir, lo que debe entenderse por perjuicio, ha llegado a estimar que el interés jurídico de que habla la fracción VI, ahora V, del artículo 73 de la Ley de Amparo, "no puede referirse, a otra cosa, sino a la titularidad que al quejoso corresponde, en relación con los derechos o posesiones conculcados" (Tomo LXIII, página 3770 del Semanario Judicial de la Federación). Y es que la procedencia de la acción constitucional de amparo requiere, como presupuesto necesario, que se acredite la afectación por el acto reclamado, de los derechos que se invocan, ya sean estos posesorios o de cualquiera otra clase, como se sostiene, acertadamente, en la ejecutoria visible en la página 320, del Tomo LXVII del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época. Sin duda, un acto reclamado en amparo, causa perjuicio a una persona física o moral, cuando lesiona, directamente, sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y es entonces cuando nace, precisamente, la acción constitucional o anulatoria de la violación reclamada en un juicio de garantías, conforme al criterio que sustenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria publicada en la página 2276, del Tomo LXX del mismo Semanario Judicial." Así como la tesis de la Tercera Sala del Máximo Tribunal del País, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, en la página 132, del Tomo 187-192 Cuarta Parte, de la Séptima Época, que dice: "INTERÉS JURÍDICO PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. NATURALEZA DEL. Es presupuesto indispensable para el examen de la controversia constitucional, la existencia del interés jurídico del quejoso, es decir, la existencia de un derecho legítimamente tutelado que, al ser transgredido por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente, demandando que esa transgresión cese. Sin embargo, no todos los intereses que puedan concurrir en una persona merecen el calificativo de jurídicos para la procedencia del amparo, pues para que tal acontezca, es necesario que el derecho objetivo se haga cargo de ellos a través de la norma. El interés jurídico de una persona sólo surge cuando el acto reclamado se relaciona a su esfera jurídica, entendiendo por ésta el cúmulo de derechos y obligaciones poseídos por un sujeto o varios de ellos, como en el caso de una persona jurídica o moral. Si las leyes impugnadas no se refieren a algún derecho perteneciente a la esfera jurídica de la quejosa, ésta carece de interés jurídico para impugnarlas en el juicio de amparo y, si lo hace, debe declararse la improcedencia del juicio." De lo anterior se tiene que a través del ejercicio de la acción constitucional, la promovente de amparo solicita la tutela o protección de un derecho subjetivo que en su perjuicio fue infringido por las autoridades que emitieron el acto impugnado, o sea, mediante el derecho de acción -que es un derecho instrumental- se pretende el respeto del derecho subjetivo y en su caso, la restitución en su goce. Sin embargo, tal derecho subjetivo puede o no existir, o no haber sido infringido por la autoridad responsable, en tal caso la demostración del interés jurídico en su doble matiz, esto es, tanto el acreditamiento de un agravio material o jurídico en perjuicio de la esfera jurídica del particular, como la demostración de titularidad o relación de enlace entre el derecho afectado y el particular que reclama su protección, constituyen aspectos que no pueden valorarse de inmediato a la presentación del libelo de demanda constitucional, sino que es necesario otorgar a la quejosa la oportunidad de que los acredite durante toda la dilación procesal del juicio de amparo, tal y como así lo ha reconocido en la Jurisprudencia sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible en la página 524, del Tomo VI, Común, Apéndice 2000 cuyo rubro dice: "INTERÉS JURÍDICO, FALTA DE. NO ES MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO, PARA DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE GARANTÍAS.", ello, dado que el derecho a la administración de justicia debe operar de forma dinámica. La satisfacción del interés jurídico lleva implícito el acreditamiento forzoso de tres elementos esenciales, a saber: a) La afectación, agravio o perjuicio sufrido en la esfera de derechos causado por el acto de autoridad que se reclama, es decir, probar lo que comúnmente se conoce como el interés jurídico en sí mismo considerado; b) El acreditamiento del derecho específico que se esté afectando con el acto reclamado; c) La relación de titularidad o nexo causal entre el derecho lesionado y la persona física o moral que reclama su protección en la vía constitucional de amparo, esto es lo que se conoce como la satisfacción material de la titularidad del interés jurídico. Ilustra a lo anterior la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 37, del Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice (actualización dos mil dos), Novena Época, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto." De tal manera que el interés jurídico constituye un requisito o presupuesto procesal para que la acción constitucional de amparo tenga un feliz término, de manera que ante su ausencia se impide la conformación del mismo dando lugar al sobreseimiento del juicio por actualización de la causa de improcedencia que lo prevé. Concluyendo, la citada condición -como todas las previstas como improcedencias del juicio- al ser un presupuesto procesal es de estricta aplicación, el cual debe ser observado y valorado de forma contundente, real, material u objetiva y nunca establecer su existencia con base en presunciones ni comprendiendo en ellas casos distintos a los contemplados en las hipótesis previstas para tal efecto, pues su actualización acarrea consecuencias extremas para el solicitante de la protección constitucional. Como se estableció anteriormente, en el caso la parte quejosa se duele de la orden de desalojo del inmueble ubicado en la calle Zaragoza número 25, Centro de Ciudad Hidalgo, del cual se ostenta poseedora, emitida en el juicio ordinario civil 452/2016, que sobre reivindicación de inmueble promovió Benigno Espino y/o Beningno Espino Sánchez frente a Fernando Espino Sánchez, Juan Carlos Mora Gutiérrez y José Mora Gutiérrez, sin que se le hubiera llamado a ese procedimiento. Bajo el anterior panorama, para que este juzgador esté en condiciones de emprender el estudio de la constitucionalidad del acto reclamado por la parte quejosa, es necesario que ésta demuestre que dichas actuaciones afectan de manera directa sus derechos; sin embargo, la peticionaria de amparo no exhibió ningún documento suficiente para acreditar su interés jurídico, ya que no allegó alguno con el que demuestre el derecho que le asiste para ser llamada al juicio de origen, sino que únicamente se limitó a manifestar que habita ese inmueble desde que tiene uso de razón, porque ahí nació y porque su padre Juan Mora García, les dejó ese inmueble a ella y a su hermano, ya que la misma pertenecía a su abuela Celia García Bucio y por ese motivo ha vivido en esa casa por más de cuarenta años, razón por la que se conduce como propietaria y que para acreditarlo haya acompañado copia simple de un recibo expedido a favor de su padre Juan Mora García, datado el uno de julio de mil novecientos ochenta y tres y signado por Celia, Ma. Lourdes y María, todas de apellidos Mora García, -tías de la quejosa-, por la compra de la parte que les correspondía respecto de la herencia de la abuela de la accionante del amparo (foja 12). Sin embargo, dicho documento es insuficiente para acreditar su interés jurídico, por dos aspectos, el primero, porque es copia simple y el segundo, porque en ese recibo quien aparece como titular es su padre Juan Mora García y ella no comparece a este juicio como albacea de la sucesión de su progenitor, sino por propio derecho. Con relación al primer aspecto, se tiene que la probanza allegada es insuficiente para acreditar su interés jurídico, toda vez que en términos del artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, el valor probatorio de los documentos cuando carecen de certificación, es la de meros indicios, de ahí que no sea susceptible de producir convicción sobre la veracidad de su contenido por la facilidad con que pueden confeccionarse. Al respecto, es aplicable la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 66, volumen 193-198, primera parte, del Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, Séptima Época, registro 232210, que a continuación se transcribe: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES, VALOR PROBATORIO DE LAS. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, el valor probatorio de las copias fotostáticas simples queda al prudente arbitrio del juzgador. Por tanto, este Tribunal en Pleno, en ejercicio de dicho arbitrio, considera que las copias de esa naturaleza, que se presentan en el juicio de amparo, carecen, por sí mismas, de valor probatorio pleno y sólo generan simple presunción de la existencia de los documentos que reproducen, pero sin que sean bastantes, cuando no se encuentran adminiculadas con otros elementos probatorios distintos, para justificar el hecho o derecho que se pretende demostrar. La anterior apreciación se sustenta en la circunstancia de que como las copias fotostáticas son simples reproducciones fotográficas de documentos que la parte interesada en su obtención coloca en la máquina respectiva, existe la posibilidad, dada la naturaleza de la reproducción y los avances de la ciencia, que no corresponda a un documento realmente existente, sino a uno prefabricado, que, para efecto de su fotocopiado, permita reflejar la existencia, irreal, del documento que se pretende hacer aparecer." También es aplicable la jurisprudencia 2ª./J.21/98 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 213, del tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de abril de mil novecientos noventa y ocho, Materia común, novena época, registro 196457, de rubro y texto: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. LAS COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES, POR SÍ SOLAS, NO LO ACREDITAN. Conforme a lo dispuesto por el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, el valor probatorio de las fotografías de documentos, o de cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de certificación, queda al prudente arbitrio judicial como indicios. Esta Suprema Corte, en diversas tesis de jurisprudencia, ha sostenido que el quejoso debe probar fehacientemente su interés jurídico, por ello debe estimarse que las copias fotostáticas sin certificación son insuficientes para demostrarlo, si no existe en autos otro elemento que, relacionado con aquéllas, pudiera generar convicción de que el acto reclamado afecta real y directamente los derechos jurídicamente tutelados del quejoso." Mientras que respecto del segundo aspecto, relativo a que en el recibo con el que la quejosa pretende acreditar su interés jurídico, quien aparece como titular es su padre Juan Mora García y ella no comparece a este juicio como albacea de la sucesión de su progenitor, sino por propio derecho. A ese respecto, debe señalarse que si bien la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que los herederos pueden ejercer las acciones que correspondan a la defensa de la masa hereditaria, ello se actualiza cuando se dé alguna de las condiciones siguientes: Que no se haya nombrado interventor o albacea de la sucesión, o Que al haber sido nombrados, sean requeridos para que deduzcan esos actos, y se rehúsen a hacerlo. Lo anterior, dado que por regla general, el único legitimado para acudir al juicio constitucional para reclamar un acto de autoridad que afecte los bienes del caudal hereditario es el albacea de la sucesión intestamentaria a bienes del de cujus y por ello, para que los herederos estén legitimados para promover el amparo es condición necesaria el previo requerimiento mencionado, pues de lo contrario, carecen de interés jurídico. Sin embargo, en este asunto la quejosa no acreditó que ella sea la albacea de la sucesión de su padre; que no se haya promovido la sucesión de su padre; o en su caso, que la sucesión ya se promovió, pero que el albacea se rehúsa a verificar la defensa de los bienes que integran la masa y por ello, debe considerarse que carece de interés jurídico para instar esta acción de amparo. Se cita como sustento jurídico a lo expuesto, la jurisprudencia 1a./J. 73/2018 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación, Publicada el viernes 07 de diciembre de 2018 10:19 h, Décima Época, Registro 2018666, que dice: "HEREDEROS. ESTÁN LEGITIMADOS PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO EN DEFENSA DE LA MASA HEREDITARIA, SI NO SE HA DESIGNADO INTERVENTOR O ALBACEA DE LA SUCESIÓN, O SI ÉSTOS SE NIEGAN A PROMOVERLO, PREVIO REQUERIMIENTO EFECTUADO POR EL HEREDERO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA). Conforme al artículo 18 del Código de Procedimientos Civiles de esa entidad federativa, para que los herederos puedan ejercer las acciones que correspondan a la defensa de la masa hereditaria, se requiere que se dé alguna de las condiciones siguientes: I) que no se haya nombrado interventor o albacea de la sucesión, o II) que al haber sido nombrados, sean requeridos para que deduzcan esos actos, y se rehúsen a hacerlo. Así, por regla general el único legitimado para acudir al juicio constitucional para reclamar un acto de autoridad que afecte los bienes del caudal hereditario es el albacea de la sucesión intestamentaria a bienes del de cujus y; en su defecto, los herederos reconocidos dentro de los juicios sucesorios, cuando el interventor o el albacea de la sucesión no estén en funciones, o bien, en el evento de que éstos sean requeridos previamente para que actúen conforme a sus atribuciones legales en beneficio y protección de los bienes hereditarios y se rehúsen a hacerlo, por tanto, para que los herederos estén legitimados para promover el amparo es condición necesaria el previo requerimiento mencionado, pues de lo contrario, carecen de interés jurídico y por ende, el juicio de amparo es improcedente, en términos de lo previsto en el artículo 61, fracción XII, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal." Así es, porque si lo reclamado se vincula con la posesión de determinado bien, en un procedimiento donde la peticionaria aduce no haber sido oída y vencida, es necesario para justificar esa afectación o perjuicio, que la accionante de amparo demuestre dos aspectos: primero, que el inmueble cuya posesión dice ostentar, es el mismo materia de aquel juicio; y segundo, que tiene un título como causa generadora de la posesión que alega, el cual debe producir la convicción de que se tiene derecho a poseer el bien y no ser perturbado en su posesión, si no es mediante un juicio en el que se sigan las formalidades esenciales de todo procedimiento y, de no acreditar ese derecho, no tendrá por qué ser escuchado en ese procedimiento. En ese sentido, cuando se reclama un acto referente a la posesión o que vulnere ese derecho respecto de un inmueble, debe acreditarse la causa legal que sustenta la posesión, para demostrar que se tiene interés jurídico y pedir amparo, pues el artículo 14 constitucional tutela la posesión jurídica y no la simple detentación material del bien respectivo. Por tal razón, la quejosa estaba obligada a demostrar mediante el instrumento idóneo, el derecho que ostenta sobre el bien materia del juicio de origen, esto es, debió acreditar su posesión, con un título que se sustente en una figura jurídica o precepto que genere ese derecho y además, que ella es la legitimada para la defensa de ese bien, de manera que permitiera advertir que la promovente del juicio constitucional tiene una base objetiva que fundada y razonablemente produjera la convicción que tiene un derecho legítimamente tutelado por el ordenamiento jurídico objetivo, sobre el bien respectivo. Por lo anterior, se considera que no se afecta el interés jurídico de la quejosa, porque como quedó asentado anteriormente, el interés jurídico se constituye de dos elementos, la afectación al derecho subjetivo y la titularidad del derecho subjetivo que se estima afectado; consecuentemente, si la quejosa no acreditó que es titular de algún derecho posesorio del inmueble que defiende, porque el documento con el que pretendió hacerlo es copia simple y además, porque tampoco acreditó que cuente con la legitimación procesal para la defensa del patrimonio que correspondió a su padre, resulta evidente que no tiene interés jurídico en el presente juicio, al no acreditar ser poseedora del mismo, sino simple ocupante. Ello es así ya que es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho como manifestación de un derecho, esto es, siempre y cuando dicho poder de hecho tenga una causa u origen que lo faculte a usar, disfrutar y disponer de la cosa, ya sea a título de poseedor originario o derivado, pues la simple posesión material de un bien no es la posesión jurídica a que alude la legislación civil y, por ende, no puede ser tutelada por la garantía de audiencia a que se refiere el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, atendiendo a que el ejercicio de la acción constitucional está reservada, en exclusiva, a quien resiente un perjuicio con motivo de la ley o el acto de autoridad que se impugna, entendiéndose que la noción de perjuicio presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que, cuando se trasgrede por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante los tribunales federales demandando la protección constitucional contra la citada autoridad; lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que motiva a su vez el sobreseimiento en el juicio en términos del artículo 63, fracción V, de la citada Ley, por falta de interés jurídico. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 16/94: emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, número 82, Octubre de 1994, página 17, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones". Quinta. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Jhanett Mora Gutiérrez, por el acto, autoridad y motivos expuestos en el considerando cuarto de esta resolución. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades respectivas. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Isela Estefania Bueno Gallegos, secretaria que autoriza y da fe.

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