Joab Melgarejo Romero
Expediente 563/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 16 actuaciones registradas, la última del 9 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 563/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 09/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Magistrado de la Novena Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de michaocán.
- Joab Melgarejo Romero
- María del Carmen Molina Chavez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Morelia, Michoacán, nueve de abril de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibido el oficio signado por el Magistrado de la Novena Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el cual solicita la devolución del toca penal y disco compacto que anexó a su informe justificado. Atento lo anterior, toda vez que el veintiséis de marzo del presente año, causó ejecutoria la sentencia dictada dentro del presente asunto, devuélvase a la autoridad responsable las documentales que allegó al presente asunto, consistentes en el toca penal XI-24/2020 y tres discos compactos, por ser innecesaria su retención. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
El licenciado Javier Morales Guzmán, secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hago constar y certifico: Que concluyó el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia dictada dentro del juicio de amparo 563/2020, pues transcurrió del once al veinticinco de marzo del año en curso, tomando en consideración únicamente los días hábiles correspondientes, de conformidad con los artículos 19 y 22 de la misma ley, sin que a la fecha se haya recibido recurso alguno. Morelia, Michoacán, veintiséis de marzo de dos mil veintiuno. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta al secretario encargado del despacho dentro del juicio de amparo 563/2020, con la certificación secretarial que antecede y el estado de autos. Conste. Morelia, Michoacán, veintiséis de marzo de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia por la que se sobreseyó en el juicio, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. JAVIER MORALES GUZMAN 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.2e.60 28/09/21 14:52:34 Igualmente, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de depurarse, ya que se concedió la medida cautelar solicitada. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo; una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, que prevé el artículo 21 del aludido Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio y dentro de los noventa días siguientes, depúrese el original del incidente y transfiérase éste a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del mismo Acuerdo General. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, contado a partir de esta propia fecha. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el licenciado Oscar Hernández García, secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargado del despacho, en términos del párrafo primero del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo Quinto de la publicación de la lista de aspirantes aceptados al Quinto Concurso de Oposición Libre para la Designación de Magistradas y Magistrados de Circuito, en virtud de que el titular de este órgano jurisdiccional participa en el mismo, de acuerdo con el numeral 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la carrera judicial y las condiciones de los funcionarios judiciales, ante el licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Se notifica a la parte Quejosa por medio de lista que se fija en los estrados de éste juzgado, así como en el sistema SISE, el proveído y/o resolución de 8 de marzo de dos mil veintiuno, de conformidad con el artículo 27 fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo.
- Principal
En Morelia, Michoacán, a las diez horas del ocho de marzo de dos mil veintiuno, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Isela Estefania Bueno Gallegos, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 563/2020, sin la comparecencia de las partes. Enseguida, la secretaria da cuenta al juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, la secretaria da cuenta con las documentales que allegaron las autoridades responsables y hace constar que no existen medios de prueba pendientes por admitir o desahogar. Al respecto el juez acuerda: Con apoyo en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, las probanzas antes descritas. Dado que no hay más medios de prueba pendientes por admitir ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, la secretaria hace constar que las partes no los expresaron. En relación con lo anterior el juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se declara precluido el derecho de demás partes para formularlos. Una vez cerrado el periodo de alegatos, se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda. R E S U L T A N D O Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el once de agosto de dos mil veinte, ante el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad de Morelia, compareció Joab Melgarejo Romero, por su propio derecho a demandar el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Magistrado de la Novena Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán y del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral de la Región Zamora, Michoacán, que estimó violatorios de los derechos contenidos en los artículos 1º, 14, 19, 20, 21 y 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Recepción, admisión y trámite. En auto de diecinueve de agosto de dos mil veinte (foja 20), este juzgado al que por razón de turno correspondió recibir la demanda de amparo, la registró con el número 563/2020, la admitió a trámite, solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, le dio a la Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción la intervención legal que le compete. Luego, en auto de diez de septiembre de dos mil veinte (foja 48) se reconoció el carácter de terceros interesados a: María del Carmen Molina Chávez, en cuanto madre y representante legal de la menor víctima del delito de iniciales M.G.R.M.; y, Al Agente del Ministerio Público adscrito a la Novena Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán. Posteriormente, en proveído de doce de noviembre de la anualidad pasada (foja 94), se reconoció también ese carácter a Erick de Jesús Ruiz Moreno y a Denise Alejandra Medina Jiménez, en su calidad de Agentes del Ministerio Públicos que actuaron en la causa penal de origen. Por último, en auto de once de febrero de este año (foja 104) se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se verificó al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O S : Primero. Competencia. Este juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107 de la Constitución General de la República; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, modificado por el diverso 51/2015, del mismo órgano, toda vez que los actos reclamados fueron dictados por autoridades jurisdiccionales con residencia en esta ciudad y en Zamora, Michoacán, territorios en el que ejerce jurisdicción este juzgado. Segundo. Fijación del acto reclamado. De conformidad con lo que establece el ordinal 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se entrará al estudio de la certeza o inexistencia del acto reclamado, previa fijación del mismo. Al respecto resulta aplicable la tesis aislada P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación, del siguiente contenido y rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el citado precepto legal y atendiendo además al criterio señalado con antelación, los actos reclamados por el quejoso consisten en: La resolución dictada el cuatro de agosto de dos mil veinte dentro del toca de apelación XI-24/2020, que confirmó el auto de vinculación a proceso pronunciado en forma oral el treinta de mayo de dos mil veinte en la causa penal 350/2020, que se sigue en contra del quejoso, por el delito de abuso sexual, en perjuicio de la de la menor de iniciales M.G.R.M.; y, El propio de vinculación a proceso. Actos que atribuyó a: Magistrado de la Novena Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad; y, Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral de la Región Zamora, Michoacán. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, P./J. 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del tomo XI, Abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Tercero. Existencia de los actos reclamados. Ambas autoridades responsables aceptaron la existencia del acto reclamado (fojas 32 y 61). Lo que se corrobora con las constancias que remitieron ambas autoridades como complemento de su informe justificado, consistente en el toca de apelación del que deriva la resolución reclamada (que obran en un tomo de pruebas), así como las remitidas por el juez de control y enjuiciamiento responsable, consistentes en el disco que contiene la videograbación de la audiencia mediante la cual se vinculó al quejoso al proceso de origen. Probanzas que alcanzan valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". Y la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 703, Libro XXIII, agosto de dos mil trece, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación, materia común, de rubro y texto siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Luego, se tienen por ciertos los actos reclamados a las citadas autoridades responsables. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que indica: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Cuarto. Análisis causales improcedencia. Determinada la certeza del acto reclamado, procede analizar la procedencia del juicio de amparo, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia deben estudiarse preferentemente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público; lo anterior, con apoyo además en la jurisprudencia 814 visible a fojas 553, tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dispone: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Al respecto, este Juzgador Federal, de oficio, estima que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XIII, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; [...]" De la porción normativa inserta se advierte que el juicio de derechos fundamentales es improcedente contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. Para tener por consentido un acto de autoridad, es necesario que dicho acto exista, que produzca un agravio al gobernado en su esfera jurídica y que éste se haya conformado expresamente con él o lo haya admitido por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. En la inteligencia de que el consentimiento puede ser expreso o tácito, según las siguientes proposiciones: 1. Hay consentimiento expreso del acto cuando directamente se exterioriza que se está de acuerdo o conforme con dicho acto; 2. Hay consentimiento expreso, también, cuando media una manifestación de voluntad que entrañe ese consentimiento; y 3. Hay consentimiento tácito del acto cuando no se impugna a través de la acción constitucional y dentro de los términos que se conceden para ello. Por tanto, interpretando la fracción en comento, se puede concluir que el juicio de amparo es improcedente contra actos que ya han sido consentidos de una manera indubitable, bien sea porque tácitamente o de manera expresa se consienta el acto; porque en su momento, no se ejercitó un derecho para atacarlo, o bien, porque la persona exteriorice al mundo fáctico determinada conducta con la que se presuma que ha consentido la práctica del acto que, posteriormente diga le causa perjuicio. En el caso concreto, el quejoso reclamó ante esta instancia constitucional, tanto la resolución de alzada que confirmó el auto de vinculación a proceso por el delito de abuso sexual, como el propio auto vinculatorio; sin embargo, al rendir su informe justificado, el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia penal Acusatorio y Oral, informó que desde el veinticinco de junio de dos mil veinte (antes de la promoción de este juicio de amparo), la causa penal de origen se encontraba suspendida en razón que se determinó procedente la suspensión condicional del proceso solicitada por la defensa del quejoso y que por ello, se estableció un plazo de quince meses de suspensión, el cual fenecerá el veinticinco de septiembre de dos mil veintiuno. Asimismo, señaló que en atención a la actualización de ese mecanismo alterno de solución de la controversia, se suspendió la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa impuesta al accionante del amparo, por lo que se ordenó su inmediata libertad, con la obligación de cumplir con las condiciones que le fueron impuestas en el propio proceso, consistentes en residir en la ciudad de Zamora, Michoacán, abstenerse de frecuentar a la menor víctima del delito, someterse a tratamiento psicológico y someterse a la vigilancia de la unidad de medidas cautelares y suspensión condicional del proceso de Zamora, Michoacán. Establecido lo anterior, es necesario señalar que, de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales, la suspensión condicional del proceso es una solución alterna de controversias, prevista en la fracción II, del numeral 184, que consiste en el planteamiento formulado por el Ministerio Público o por el imputado, que busca la extinción de la acción penal. Dicho planteamiento debe proponer, de conformidad con el artículo 191 del Código Nacional de Procedimientos Penales, un plan detallado sobre el pago de la reparación del daño y, además, debe contener el sometimiento del imputado a una o varias de las condiciones que garanticen una efectiva tutela de los derechos de la víctima u ofendido. Asimismo, de conformidad con el numeral 192 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la suspensión condicional del proceso, requiere la satisfacción de los requisitos siguientes: A. Que el auto de vinculación a proceso del imputado se haya dictado por un delito cuya media aritmética de la pena de prisión no exceda de cinco años; B. Que no exista oposición fundada de la víctima y ofendido, y C. Que hayan transcurrido dos años desde el cumplimiento o cinco años desde el incumplimiento, de una suspensión condicional anterior, en su caso. No procederá cuando el imputado haya sido absuelto en dicho procedimiento. En cuanto a la oportunidad para su solicitud, el artículo 193 dispone que, una vez dictado el auto de vinculación a proceso, la suspensión condicional del proceso podrá solicitarse en cualquier momento hasta antes de acordarse la apertura de juicio. Por lo que corresponde al pronunciamiento respecto de su procedencia, el numeral 194 dispone que en la audiencia en donde se resuelva sobre su solicitud, el imputado deberá plantear, un plan de reparación del daño causado por el delito y plazos para cumplirlo; y que de otorgarse la suspensión condicional, el juez de control fijará el plazo de suspensión que no podrá ser inferior a seis meses ni superior a tres años, y determinará imponer al imputado una o varias de las condiciones que deberá cumplir, las cuales en forma enunciativa más no limitativa son señaladas en el precepto legal en mención, son: I. Residir en un lugar determinado; II. Frecuentar o dejar de frecuentar determinados lugares o personas; III. Abstenerse de consumir drogas o estupefacientes o de abusar de las bebidas alcohólicas; IV. Participar en programas especiales para la prevención y el tratamiento de adicciones; V. Aprender una profesión u oficio o seguir cursos de capacitación en el lugar o la institución que determine el Juez de control; VI. Prestar servicio social a favor del Estado o de instituciones de beneficencia pública; VII. Someterse a tratamiento médico o psicológico, de preferencia en instituciones públicas; VIII. Tener un trabajo o empleo, o adquirir, en el plazo que el Juez de control determine, un oficio, arte, industria o profesión, si no tiene medios propios de subsistencia; IX. Someterse a la vigilancia que determine el Juez de control; X. No poseer ni portar armas; XI. No conducir vehículos; XII. Abstenerse de viajar al extranjero; XIII. Cumplir con los deberes de deudor alimentario, o XIV. Cualquier otra condición que, a juicio del Juez de control, logre una efectiva tutela de los derechos de la víctima. Ahora bien, cabe destacar que la redacción actual del artículo 17, párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: "Artículo 17 (.). Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En la materia penal regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requerirá supervisión judicial." Con la reforma constitucional, la justicia restaurativa y la retributiva, coexisten en el nuevo sistema de justicia penal; la justicia retributiva significa infligirle al imputado un daño -a través de una pena, en especial la privación de su libertad- como retribución del daño que generó con la comisión de un delito, con el objetivo primario de sanción y, adicionalmente, como medida ejemplar de disuasión hacia todos los gobernados: así reacciona el Estado contra los gobernados que cometan delitos. En este sentido, el legislador es quien determina (a través de las normas sustantivas penales) el castigo que el inculpado debe compensar, sobre todo a la sociedad, por la infracción generada a un miembro de la sociedad. En cambio, la justicia restaurativa, implica volver las cosas al estado en que se encontraban antes del hecho delictivo y buscar que el inculpado repare el daño que ha causado, sin declararlo "culpable" e imponerle propiamente una sanción, dado que no persigue sancionar, sino sólo reparar; ambos tipos de justicia parten de la base de que ocurrió un hecho considerado como delito y los dos también pretenden, por la vía de la justicia, solucionarlo; no obstante ello, el segundo, se construye sobre la premisa de que el primero ha sido incapaz para solucionar la conflictiva penal y de que, por diseño normativo, ha dificultado la real incorporación de la víctima en el proceso. Con todo, la justicia restaurativa continúa teniendo como presupuesto la comisión de un hecho considerado como delito, lo cierto es que no pretende ya, por regla general, declarar una responsabilidad penal e imponer una pena aflictiva, especialmente la de prisión. Así, los procesos de justicia restaurativa, se sustentan en un cambio de paradigma, entendido como un proceso donde las partes involucradas en un conflicto originado por la comisión de un delito, acuerdan solucionarlo tratando las consecuencias del delito y sus implicaciones para el futuro, esto es, demanda que las partes envueltas en el conflicto sean los protagonistas, no un tercero, que en el juicio es el Estado: tanto como parte actora (Ministerio Público) como decisor (Juez). En este sentido, los mecanismos que buscan justicia restaurativa requieren, como punto de partida, el consentimiento libre y voluntario de la víctima y del imputado de someter el conflicto a un proceso restaurativo, lo que implica que el imputado acepte los hechos de la imputación o que, al menos, no los cuestione. Es así, porque la aceptación del inculpado no es gratuita, ya que, a través de la celebración de un mecanismo de solución alterna, el imputado suspende la tramitación del proceso penal y, con ello, evita la posibilidad de resentir los efectos de la justicia retributiva: que se le imponga una pena, principalmente la privación de su libertad, así como la consecuente reparación del daño. Los beneficios inmediatos hacia los partícipes (reparación del daño para la víctima y para el imputado, evitar la tramitación de un proceso que culmine con la imposición de una pena privativa de libertad) no son los únicos efectos relevantes, esto es, no llega al extremo de considerase un asunto privado y, eso explica la necesidad de la intervención del Estado, quien conserva un rol significativo al: a) Establecer el marco legal dentro del cual se desarrollan los procesos restaurativos; b) Decidir qué casos pueden ser encausados por esto; c) Supervisar la legalidad en los procesos; y, d) Velar por el cumplimiento de los acuerdos. En cambio, constituyen decisiones exclusivas de las partes, la opción de participar en un proceso restaurativo, a qué tipo de acuerdo va a llegar y algunas veces la forma en la cual el proceso restaurativo será conducido. Con base en lo anterior, en la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia 1a./J. 33/2017 (10a.) que más adelante se citará, el Alto Tribunal concluyó que, al acceder a un mecanismo alternativo de solución de controversias, mediante la suscripción de un acuerdo reparatorio o de la suspensión del proceso, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, por los motivos siguientes: "(.) Pues bien, a juicio de esta Primera Sala, cuando el quejoso -en su calidad de imputado- suscribe un acuerdo reparatorio o la suspensión del proceso a prueba, dicha acción entraña el consentimiento del auto de vinculación a proceso respectivo, dado que su voluntad de concluir el proceso penal, a través de un mecanismo de solución alterna debe entenderse para todos los efectos legales. Es así porque, el presupuesto para transitar por la justicia restaurativa, consiste en el consentimiento libre y voluntario del imputado de someter el conflicto a un mecanismo restaurativo, lo que implica la aceptación de los hechos de la imputación o que, al menos, no la cuestione, ya que su aceptación no es gratuita, persigue un beneficio, pues consentir las bases jurídicas en que se sustenta la vinculación, pasa por buscar una solución alterna construida en la lealtad de las partes para la efectiva solución del conflicto penal, al obligarse a reparar el daño causado por la comisión del delito y, a cambio, evita la posibilidad de resentir los efectos de la justicia retributiva, esto es, que se le imponga una pena, privativa de su libertad, principalmente, en delitos que por la especial naturaleza de los derechos que tutelan, pueden ser renunciables. Lo anterior, propicia una adecuada interacción entre el Nuevo Sistema de Justicia Penal y el Juicio de Amparo, pues implica que al examinarse la constitucionalidad del acto reclamado, el Juez constitucional pondere que la paralización del proceso motivado por haber alcanzado algún mecanismo alternativo de solución, se debe al único propósito que distingue a la justicia restaurativa: reparar el daño causado por el delito, sin sanción penal. Estimar lo contrario, no sólo se traduciría en un exceso de rigor técnico de la acción de amparo, sino que también desnaturalizaría este moderno sistema, al premiar que el imputado ejerza intereses incompatibles, uno que tiene como presupuesto la validez del acto reclamado, al participar en un mecanismo alternativo y, otro, que lo cuestiona, mediante el juicio de amparo, lo que jurídicamente es inadmisible. Por tanto, si la referida causa de improcedencia, se actualiza antes de la presentación de la demanda, motivará que la misma se deseche por notoriamente improcedente, o bien, si sobreviene durante la tramitación del amparo, generará el sobreseimiento del juicio, incluso antes de la celebración de la audiencia constitucional. No se opone a la conclusión asumida, lo sustentado por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 27/2011, de rubro: "AMPARO DIRECTO EN MATERIA PENAL. EL ACOGERSE A LOS BENEFICIOS DE LA CONDENA CONDICIONAL O SUSTITUCIÓN O CONMUTACIÓN O SUSPENSIÓN DE LA PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD, IMPUESTA EN LA SENTENCIA DEFINITIVA, NO SIGNIFICA QUE SE TENGA POR CONSENTIDA LA SENTENCIA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DE AQUÉL.",(34) dado en la ejecutoria de la que derivó, se analizó una hipótesis distinta a la que se presentó en esta contradicción de tesis. En efecto, en la solicitud de modificación de jurisprudencia 3/2010, se analizó el supuesto si la aceptación de un beneficio como la condena condicional o la sustitución o conmutación o suspensión de la pena privativa de libertad, establecidas en la sentencia definitiva, implica el consentimiento de la sentencia para los efectos de la procedencia del amparo. En esa hipótesis, esta Primera Sala consideró que el hecho de que el sentenciado, se hubiese acogido a los beneficios sustitutivos de la pena de prisión, otorgados en la sentencia condenatoria, no implica que consienta la sentencia definitiva, dado que el bien jurídico afectado por la aplicación de la pena de prisión es la libertad personal, que por ser un valor supremo, justifica que todo procesado en un juicio penal, agote todos y cada uno de los recursos que la ley le otorgue, a fin de conservarla o recuperarla, pues considerar lo contrario, esto es, que el acogerse al beneficio de la pena sustituta, implica que el inculpado aceptó los razonamientos y el sentido condenatorio de la sentencia reclamada, significa dejarlo inaudito sin posibilidad alguna de combatirla no obstante que le agravia; o, lo que es más grave, condicionar el medio de defensa extraordinario a que permanezca en prisión. Como puede observarse, el caso que dio origen a la jurisprudencia 1a./J. 27/2011, es distinta a la que se estudió en esta determinación, dado que los mecanismos de solución alterna no son equivalentes al beneficio de condicional o sustitución o conmutación o suspensión de la pena privativa de libertad, básicamente porque éstos presuponen la imposición de una pena, mientras que aquéllos buscan resolver el conflicto penal sin necesidad de la imposición de una sanción, sino a través de la restauración del daño causado por el delito. De ahí que lo sustentado en dicho criterio jurisprudencial no se contraponga a lo resuelto en la contradicción de tesis que nos ocupa." Conforme a lo expuesto, en la especie se estima actualizado el motivo de improcedencia invocado, debido a que fue el propio quejoso quien, a través de sus defensores, solicitó expresamente la suspensión condicional del proceso, con fundamento en los artículos 184, fracción II, 191 y 193 del Código Nacional de Procedimientos Penales; y en la audiencia verificada el veinticinco de junio del año pasado, dicha petición se determinó procedente. De modo que, si este juzgador emprendiera el estudio de fondo de los actos reclamados, a pesar que el quejoso a través de un consentimiento libre y voluntario, decidió someter la controversia penal a la justicia alternativa, supondría, un menoscabo a la lealtad que la víctima del delito emitió para la solución alterna del proceso y desnaturalizaría el sistema, al premiar que el imputado ejerza intereses incompatibles, como lo son que, por un lado, participe en una solución alterna y, por otro, cuestione a través del juicio de amparo la constitucionalidad del auto que lo vinculó a proceso, aun cuando de antemano sabía que uno de los requisitos para acceder al mecanismo alterno que solicitó, implicaba que aceptara los hechos de la imputación o que, al menos, no los cuestionara. Entonces, es más que claro que el quejoso exteriorizó inequívocamente manifestaciones de voluntad que entrañaron el consentimiento de los actos reclamados; lo que provoca que se actualice la causa de improcedencia prevista en la fracción XIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Se cita como sustento de esta determinación, la jurisprudencia 1a./J. 33/2017 (10a.), a que se hizo alusión líneas atrás, derivada de la contradicción de tesis 220/2016, publicada en la página 461, Libro 43, Junio de 2017, Tomo I, Décima Época, registro 2014495, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "CONSENTIMIENTO DEL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ACONTECE CUANDO EL IMPUTADO ACEPTA CONCLUIR EL PROCESO PENAL A TRAVÉS DE UN ACUERDO REPARATORIO O SUSPENSIÓN DEL PROCESO A PRUEBA, POR LO QUE SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XIII, DE LA LEY DE AMPARO. La reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, introdujo la justicia restaurativa como eje toral del sistema, creando nuevos caminos de solución para encausar, mediante mecanismos alternativos, los conflictos de naturaleza penal que podrán encontrar mejor solución que en el juicio, los cuales, si bien parten de la comisión de un hecho delictivo, se distinguen porque no buscan declarar la responsabilidad penal del imputado, ya que su prioridad radica en restaurar el daño causado y concluir el conflicto penal sin la imposición de una pena. Ahora bien, cuando el juicio de amparo se promueve contra el auto de vinculación a proceso y posterior a su emisión el quejoso -en su calidad de imputado- accede a un mecanismo alternativo, mediante la suscripción de un acuerdo reparatorio o de la suspensión del proceso a prueba, dicha manifestación entraña el consentimiento del acto reclamado, que como causa de improcedencia prevé el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, ya que su voluntad de concluir el proceso penal a través de vías de solución alternas debe entenderse para todos los efectos legales. Es así, porque uno de los presupuestos para transitar por la justicia restaurativa consiste en el consentimiento libre y voluntario del imputado de someter la solución de la controversia penal a un mecanismo alternativo, lo que implica la libre aceptación de los hechos de la imputación o que, al menos, no los cuestione, ya que esa aceptación no es gratuita, sino que persigue un beneficio, pues consentir las bases jurídicas en que se sustenta la vinculación a proceso pasa por buscar una solución construida en la lealtad de las partes para la efectiva solución del conflicto penal, al obligarse a reparar el daño causado por la comisión del delito y, a cambio, evitar la posibilidad de que se le imponga una pena privativa de libertad, en delitos que por la especial naturaleza de los derechos que tutelan pueden ser renunciables. Estimar lo contrario, no sólo sería un exceso de rigor técnico de la acción de amparo, sino que también desnaturalizaría este moderno sistema, al premiar que el imputado ejerza intereses incompatibles: uno, que tiene como presupuesto la validez del acto reclamado, al participar en una solución alterna y, otro, que lo cuestiona a través del juicio de amparo, lo que jurídicamente es inadmisible. Por tanto, si la referida causa de improcedencia se actualiza antes de la presentación de la demanda, motivará que la misma se deseche por notoriamente improcedente, o bien, si sobreviene durante la tramitación del amparo, generará el sobreseimiento del juicio, incluso antes de la celebración de la audiencia constitucional." Consecuentemente, al actualizarse el motivo de improcedencia previsto en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, válidamente se impone sobreseer en el juicio de amparo respecto de los actos reclamados por el quejoso; esto con fundamento en el numeral 63, fracción V, de la ley de la materia. Quinta. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Joab Melgarejo Romero, por los actos, autoridades y motivos expuestos en los considerandos tercero y cuarto de esta resolución. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades respectivas. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Isela Estefania Bueno Gallegos, secretaria que autoriza y da fe.
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