Jesus Solorio Franco
Expediente 1383/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 24 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1383/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 24
- Última actuación
- 22/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Jesus Solorio Franco
- Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal de este Distrito Judicial de Morelia, Michoacán
Actuaciones
Las 4 más recientes de 24.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, agréguese el oficio signado por el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal de este Distrito Judicial, por medio del cual informa sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo y al efecto remite la copia certificada de la resolución dictada el veintiuno de noviembre del año en curso, dentro del proceso penal número ******************** y su acumulado ********************. En tal virtud, se deja sin efectos el apercibimiento decretado al respecto y con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa con el oficio y anexo de cuenta, para que dentro del plazo de tres días, computado a partir de la notificación del presente acuerdo, manifieste lo que a su interés convenga; con el apercibimiento que de no hacerlo, este juzgado resolverá sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente. Notifíquese por lista y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, catorce de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la sentencia, por la que se concedió la protección de la Justicia Federal en el presente juicio de amparo, sin que lo hayan realizado, en virtud que a la fecha no se ha recibido escrito alguno. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Atento lo anterior, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase al Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, para que dentro del plazo de tres días, computado legalmente cumpla con la sentencia ejecutoriada de referencia, la cual se concedió para que realice lo siguiente: "1. Una vez que cause ejecutoria la presente sentencia y sea requerido para su cumplimiento, el juez responsable deje insubsistente la orden de aprehensión dictada contra Jesús Solorio Franco el dieciocho de agosto del dos mil, en la causa penal 167/2001 y acumulada 133/2000, por su probable responsabilidad penal en la comisión de los delitos de secuestro, extorsión, robo, y asociación delictuosa, cometidos en agravio de Baldomero Velázquez Castro y de la sociedad, previstos y sancionados por los artículos 228, fracciones I, II, IV y VI; 236; 299, 300, fracción III y 303, fracciones I, IV, VII y X; y, 132, todos del Código Penal para el Estado de Michoacán, respectivamente; y, 2. Hecho lo anterior, dicte una nueva resolución en la que, atento los argumentos expuestos en esta sentencia de amparo, resuelva con plenitud de jurisdicción lo que estime pertinente, orden que podrá ser en el mismo sentido que la anterior, pero purgando los vicios formales detectados en este fallo, o en sentido distinto fundando y motivando su determinación." Con el apercibimiento que de no hacerlo sin causa justificada, se le impondrá multa por el equivalente a cien unidades de medida de actualización de conformidad con el artículo 192, segundo párrafo, en relación con los diversos 238 y 258 del ordenamiento legal en cita. Además, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado competente o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, para seguir el trámite de inejecución que puede culminar con la separación del puesto del titular de la autoridad responsable y su consignación ante la autoridad judicial. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
... Asimismo, estimó que el acto reclamado vulnera sus derechos contenidos en los artículos 1, 14, 16, 18, 19, 20 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Trámite del juicio de amparo Por razón de turno correspondió conocer de la demanda a este juzgado, misma que registró con el número 1383/2022, admitió a trámite mediante proveído de quince de diciembre siguiente (fojas 7 a 11); otorgó la intervención legal que le corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita (reverso de la foja 16); y se pidió el informe justificado a las autoridades responsables. Finalmente, en auto de veintiséis de mayo de dos mil veintitrés (foja 98), se fijó hora y fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual se verificó en los términos precisados en líneas precedentes; y, CONSIDERANDO: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, de acuerdo con los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 49 y 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que el acto reclamado se atribuye a autoridades que residen dentro del ámbito territorial donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión de los actos reclamados. De acuerdo con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, previo al análisis de la certeza de los actos, debe precisarse cuáles son éstos con base en la integridad de la demanda, armonizando los datos y elementos que la conforman, sin cambiar su alcance y contenido, para determinar con exactitud la intención de la parte promovente, así como que ésta no vea obstaculizado su derecho de acceso a la justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Con fundamento en el artículo 217 y sexto transitorio, ambos de la Ley de Amparo, así como en observancia obligatoria de la jurisprudencia P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, registro: 192097, cuyo rubro y texto son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". Asimismo, el criterio P. VI/2004, sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro: 181810, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.". En ese contexto, de conformidad con el precepto citado y atendiendo además a los criterios señalados con antelación, los actos reclamados por ********************, por propio derecho, consisten en: La orden de aprehensión emitida el dieciocho de agosto del dos mil, dentro de la causa penal ******************** y acumulada ******************** así como su ejecución. Actos que atribuyó a las siguientes autoridades: 1. Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal; 2. Fiscal General de Estado; 3. Directora de Mandamientos Judiciales de la Fiscalía General del Estado; y, 4. Coordinador General de la Policía de Investigación. Todos con residencia en esta ciudad. 5. Fiscal Regional de Apatzingán; y, 6. Director de la Policía de Investigación de la Fiscalía Regional de Apatzingán. Tercero. Certeza de los actos reclamados. La secretaria de acuerdos encargada del despacho del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Penal, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado (foja 35) aceptó la existencia del acto que se le reclama; por tanto, se tiene la certeza de la existencia del mismo. Lo que se corrobora con el original de la causa penal ******************** y acumulada ******************** así como con las copias certificadas que adjuntó dicha autoridad a su informe, las cuales obran en dos tomos de prueba por separado, documentales que adquieren valor probatorio pleno al tenor de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 830, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, registro: 1002815, que indica: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto.". Así como la diversa jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, registro: 394182, del tenor literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena.". Determinación que se hace extensiva respecto de las siguientes autoridades: 1. Fiscal General de Estado; 2. Directora de Mandamientos Judiciales de la Fiscalía General del Estado; y, 3. Coordinador General de la Policía de Investigación. Todos con residencia en esta ciudad. 4. Fiscal Regional de Apatzingán; y, 5. Director de la Policía de Investigación de la Fiscalía Regional de Apatzingán. Lo anterior, pese a que éstas hayan negado la existencia del acto que se les reclama, se advierte que tienen el carácter de autoridades ejecutoras. Cuarto. Análisis de las causales de improcedencia. Determinada la certeza de los actos reclamados, por ser preferente su estudio, se analiza en primer lugar la improcedencia del juicio, ya que de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo, dicha cuestión debe atenderse antes de abordar el fondo del asunto, pues de actualizarse alguna hipótesis del diverso precepto 61 del mismo ordenamiento, deberá sobreseerse en el juicio constitucional sin juzgar la legalidad de los actos reclamados y mucho menos atender a los conceptos de violación. Ahora bien, la agente del Ministerio Público Federal adscrita aduce que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 63, fracción IV, toda vez que el aquí quejoso no demostró encontrarse dentro de la excepción a la extensión de la norma reclamada y que por tanto, no acreditó una afectación en su interés jurídico o legítimo. Lo argumentado en torno a dicha causa de improcedencia es infundado, ya que de autos se advierte que la orden de aprehensión fue emitida contra el aquí quejoso, tal y como se advierte de las constancias que allegaron las autoridades responsables, lo que evidentemente afecta su interés jurídico, pues lo considera violatorio de sus derechos; además, no se observa que en el presente juicio los actos reclamados consistan en una norma, como lo refiere la representante social adscrita. Por tanto, toda vez que las partes no hicieron valer diversa causal de improcedencia, ni se advierte de oficio la actualización de alguna, lo procedente es analizar los conceptos de violación. Quinto. Estudio de los conceptos de violación. Los conceptos de violación expresados por la parte quejosa se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, en obvio de repeticiones innecesarias y por no existir artículo expreso en la Ley de Amparo que obligue a su transcripción en la sentencia. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACION O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCION. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer.". En su único concepto de violación (fojas 5 y 6), el quejoso aduce que se vulneran sus garantías de libertad, legalidad y seguridad jurídica contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debido a que se le pretende privar de la libertad sin que se haya seguido un proceso previo ante la autoridad competente con las formalidades esenciales de éste en el que se funde y motive su causa legal. Dicho concepto de violación es esencialmente fundado y suficiente para otorgar la protección constitucional al accionante del amparo, aun cuando para apreciarlo de esa manera debe ser suplido en su queja deficiente, conforme a lo dispuesto en la fracción III, inciso a) del artículo 79 de la Ley de Amparo. Es aplicable por analogía jurídica, la tesis de Jurisprudencia número 2a./J. 26/2008, visible en la página 242, Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XXVII, Marzo de 2008, del rubro y texto subsecuentes: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. CONSISTE EN EXAMINAR CUESTIONES NO PROPUESTAS, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE RESULTEN FAVORABLES O DESFAVORABLES PARA QUIEN SE SUPLE.- La figura de la suplencia de la queja prevista en el artículo 76 bis de la Ley de Amparo, tanto en relación con el juicio de garantías, como con los recursos que en aquélla se establezcan, consiste, en esencia, en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente, en sus conceptos de violación o en sus agravios, respectivamente, que podrían resultar favorables, independientemente de que finalmente lo sean. Técnicamente resulta absurdo atender que sólo debe suplirse cuando ello favorezca a quien se le suple, puesto que para determinar si procede la suplencia tendría que examinarse previamente la cuestión relativa, lo que implicaría necesariamente haber realizado esa suplencia. Por consiguiente, es suficiente la posibilidad de que el análisis de un problema no propuesto pudiera resultar benéfico para que se deba suplir, realizando el análisis correspondiente.". Para establecerlo de esa forma, en primer término conviene verificar el estudio de la orden de aprehensión conforme a los siguientes lineamientos: Marco jurídico de la orden de aprehensión. El segundo párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece lo siguiente: "Artículo 16. [.] No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión [.].". Esto es, por imperativo constitucional una orden de aprehensión debe reunir los requisitos siguientes: 1. Que sea emitida por autoridad judicial; 2. Que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito; 3. Que dicho hecho, esté sancionado cuando menos con pena privativa de libertad; 4. Que existan datos que acrediten el cuerpo del delito y que hagan probable la responsabilidad del indiciado; y, 5. Que el mandamiento de captura reúna los requisitos de fundamentación y motivación inherentes a todo acto de autoridad. El primero de tales requisitos está cumplido, porque la orden de aprehensión reclamada fue dictada por el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal, con residencia en Apatzingán, Michoacán, el cual se trata de una autoridad judicial, con competencia para conocer de delitos del orden federal. El segundo requisito, también está cumplido, pues la averiguación previa se inició en virtud de la comparecencia ministerial de veintinueve de enero del año dos mil por parte de la víctima ********************(foja 534 del tomo de pruebas II). Respecto del tercero de los requisitos mencionados, es decir, que el mandato de captura tenga como fundamento un hecho tipificado como delito que sea sancionado con pena privativa de libertad, también se encuentra satisfecho, pues de la orden de aprehensión reclamada, se advierte que el juez responsable precisó que los delitos de secuestro, extorsión, robo, y asociación delictuosa, cometidos en agravio de ********************y de la sociedad, se encuentran previstos y sancionados por los artículos 228, fracciones I, II, IV y VI; 236; 299, 300, fracción III y 303, fracciones I, IV, VII y X; y, 132, todos del Código Penal para el Estado de Michoacán (vigente en la temporalidad de la comisión de los ilícitos), los cuales tienen señalada una pena de prisión de veinte a cuarenta años, de uno a cinco años, de tres a doce años y de seis meses a seis años, respectivamente. Con relación con el requisito cuarto y quinto, en la parte que señala que, existan datos que acrediten el cuerpo del delito, a juicio del suscrito, se estima que, el juez responsable al hacer el estudio del cuerpo del delito y al precisar los hechos probados, omitió hacer mención de algunos en los que se evidencie la intervención del quejoso; igualmente, puesto que al analizar la probable responsabilidad no indicó cuál es la conducta y/o forma de participación de éste en la comisión de los delitos que se le imputan, cuál fue la aportación de ******************** para la comisión del delito. Lo anterior, debido a que el juez responsable en la orden reclamada únicamente enunció los siguientes: "(.) TERCERO.- En la Averiguación previa penal consignada entre, otras existen las siguientes constancias: a) Denuncia que por comparecía presentó el ofendido ********************, en la que manifestó: que el día 16 dieciséis de noviembre del año próximo anterior, siendo aproximadamente las 22;30 veintidós treinta, cuando iba llegando a su domicilio y cuando trataba de estacionar la camioneta que traía, cuando de pronto intentaba meter la camioneta de reversa a un callejón que se encuentra detrás de su domicilio, se acercó un sujeto encapuchado armado amenazándolo y apuntándole a la cabeza, quienes le habían gritado párate hijo de la chingada, por lo que pare la camioneta y subiendo el individuo al volante, en tanto que otro de ellos se subía al lado del copiloto, poniendo al ofendido en medio de los dos y agachándolo, diciéndole que no intentara nada en contra de ellos, subiendo además otros sujetos a la caja de la camioneta sin saber cuántos eran, pero los sujetos que iban en el interior de la camioneta traían cubierto el rostro con pañuelos y gorras, encaminando la camioneta con rumbo a la carretera que va a la población de Zicuiran, Municipio de la Huacana, durando en el trayecto como unos cinco minutos sobre la carretera para posteriormente encontrar una brecha que conduce al ranchería del Guayabo Viejo, para después bajarlo y mantenerlo con la cabeza agachada y preguntándole que si tenía un teléfono donde se pudieran comunicar con su familia, contestándoles el ofendido que no, que ellos lo que querían era dinero que no le iban a hacer nada que se trataba de un SECUESTRO, por lo que les dio el teléfono de la caseta la cual se encuentra a un lado de su casa 53030, caminando como unos treinta minutos para posteriormente meterlo a una barranca cerca del rio pastora, en donde le preguntaban si sus padres tenían dinero, respondiéndoles que no, contestándole los inculpados que le hiciera como el quisiera que a fin de cuenta iba a ser otro de sus compañeros el que iba a negociar el rescate con sus padres, durante el secuestro del ofendido como de cuatro días, durante ese tiempo estuvieron con él dos sujetos en virtud de que uno de sus compañeros iban a llevar de comer, dándole de comer sardina pollo, carnitas, atún galletas y agua, por lo que al cuarto día los inculpados le dijeron que ya habían llegado a un arreglo con su familia y les habían dado CIENTO CINCUENTA MIL PESOS y que el ofendido una vez liberado les tenía que entregar SETENTA MIL PESOS, que cuando ellos se fueran calculara media hora y se podía ir, y siendo como las cuatro de la tarde, manifestando el ofendido ********************, que cuando lo levantaron quitaron la cantidad de QUINIENTOS PESOS y un reloj marca citizen de batería de un valor de OCHOCIENTOS PESOS, llegando el ofendido a su domicilio como a las cinco de la tarde ya que había caminado a la carretera y de ahí tomo un taxi y sus padres le comentaron que habían dado DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL PESOS, los cuales habían entregado en la ranchería la gallina, pero aproximadamente una semana después los inculpados lo volvieron a llamar para que les entregara el dinero que les habían dicho y que nada más les diera CINCUENTA MIL PESOS y que ahí moría, manifestándoles el ofendido que ese dinero no lo tenía, llegando a un acuerdo que les entregaría la cantidad de TREINTA MIL PESOS y que el dinero tenía que llevarlo su padre al mismo lugar donde habían realizado el pago del rescate, llevándolo el padre del ofendido a finales del mes de noviembre del año pasado. b).- Declaraciones Ministeriales de ********************, de fecha 29 veintinueve de Enero del año 2000 dos mil, padres del ofendido, quienes señalan que siendo las 00:00 cero horas del día 17 diecisiete de noviembre del año próximo anterior, los sujetos que tenían secuestrado a su hijo se comunicaron vía telefónica a una caseta pública que se ubica a un costado del domicilio del ofendido, contestando la mamá del ofendido ya que no querían que contestara el papá, pidiéndoles inicialmente la cantidad de SEISCIENTOS MIL PESOS, para posteriormente bajar y negociar la cantidad de CUATROCIENTOS MIL PESOS, transcurriendo así cuatro días negociando y aceptando los inculpados la suma de DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL PESOS como pago del rescate, y que se los entregaría por una brecha que se encuentra delante de la ranchería de la gallina, municipio de la Huacana, escuchando perfectamente las voces de las personas que hablaban por teléfono negociando la cantidad, dejando el dinero en lugar indicado como a las 14:30 catorce horas con treinta minutos, encontrando en su domicilio a su hijo como a las 16 dieciséis horas, llamando nuevamente los inculpados exigiendo la cantidad de CINCUENTA MIL PESOS que habían quedado con el ofendido, negociando que les entregaran la cantidad de TREINTA MIL PESOS cantidad entregada tres días después de la liberación del ofendido; presentándose con fecha 29 de enero, el ofendido ******************** quien le manifestó a sus padres que elementos de la policía ministerial del Estado, habían detenido a varios sujetos que habiten participado en el secuestro, pidiéndole que lo acompañara, y una vez en las instalaciones, escucho la voz de ********************, identificándolo como el de la persona que se estuvo comunicando con él en dos ocasiones cuando estuvo secuestrado el ofendido y de la llamada que le contesto para llevarle la cantidad de TREINTA MIL PESOS, por lo que no existe ninguna duda de que sea esta persona que se estuvo comunicando durante el secuestro de su hijo. c).- Parte informativo, respecto de la investigación cumplida, que suscriben los Agentes de la Policía Ministerial del Estado, mediante oficio número 0061, de fecha 29 veintinueve del mes de enero del año en curso, rendido al Representante Social. d).- Oficio número SP/4912/4395/00-C mediante el cual se emite dictamen de avalúo intrínseco de objeto y monto total de lo robado el ofendido ********************, realizado por el Perito en Criminalística Doctor Juan José Eduardo Aguilar Ibarra, adscrito a la Dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría general de Justicia del Estado. e).- Documentales procesales de la averiguación previa penal número ********************, levantadas por el Agente del Ministerio Público Investigador Especializado LICENCIADO ********************, constancias donde obran las confesionales Ministeriales de los indiciados ********************quienes en forma resumida en la parte correspondiente manifestaron: Que en el mes de noviembre del año pasado secuestraron a un muchacho de nombre ********************, encargándose de levantarlo ********************y de llevarlo al lugar y llevar de comer al ofendido como de cobrar el dinero********************quien se encargaba de cuidar a la víctima en su cautiverio para que no escapara, así como para cuidar también al ofendido ********************, y de hacer las llamadas telefónicas ********************, y quien señaló al ofendido para realizar el secuestro fue ********************, quienes reconocen haber recibido la cantidad de doscientos cuarenta mil pesos para dejar libre al ofendido y posteriormente haber recibido la cantidad de treinta mil pesos. De los anteriores medios de prueba a los que se les reconoce pleno valor demostrativo a la luz de los artículos 209, 289, 291, 323, 324, 325, 326, 327, 329, 331, 333, 334 y 335 del Código Instrumental del Ramo, en virtud de que no hace falta que las diligencias ministeriales sean repetidas por el Juzgador para que tengan plena validez; la el parte informativo policiaco, la opinión policial y las documentales porque no fueron objetados de falsedad en su contenido por quien tenía derecho para hacerlo, mientras que la pericial fue emitida por un técnico oficial con conocimientos especiales en la materia sobre la que versó; la denuncia y testimonios, porque fueron vertidos por personas mayores de edad, que por su capacidad e instrucción tienen el criterio de posición y sus antecedentes personales se aprecia que se condujeron con absoluta imparcialidad; que los hechos de que se trata son susceptibles de ser conocidos mediante los sentidos, especialmente porque los testigos conocen los hechos por sí mismos y otros por referencia de otras personas; sus declaraciones son claras y precisas sobre la sustancia del hecho y sus accidentes, tampoco se advierte que hayan sido obligados a declarar en esos términos por fuerza o miedo, ni impulsados por error, engaño o soborno; las confesiones calificadas de los inculpados, por que (sic) fueron rendidas por personas mayores de edad, con pleno conocimiento de los hechos sobre los que declararon, sin coacción ni violencia, además de que en sus respectivas declaraciones estuvieron asistidos por defensor particular; deduciéndose con meridiana claridad los medios de convicción analizados y valorados con anterioridad, como así lo manifiestan los inculpados ********************, y se corrobora con la denuncia presentada por el ofendido ********************, los testigos ********************, así como del parte informativo policiaco rendido mediante oficio número 0061, de fecha 29 veintinueve del mes de enero del año en curso: Que los ahora inculpados ********************, CUSTODIO ORTIZ JIMÉNEZ, JOSÉ ARELLANO PÉREZ, ********************RANFERI O RANFERES PIMENTEL SÁNCHEZ, ********************, SACRAMENTO GUTIÉRREZ "X", ******************** Y JESÚS SOLORIO, este último hijo de ******************** se pusieron de acuerdo para secuestrar a ******************** (.) Tomando en consideración la anterior narración de hechos se encuentran acreditados los elementos y la corporeidad de los tipos penales de SECUESTRO, EXTORSIÓN, ROBO Y ASOCIACIÓN DELICTUOSA, previstos y sancionados respectivamente por los artículos 228, fracciones I, II, III, IV, VI; 236, 299, 300 fracción III, 301, 303, fracciones I, IV, VII y 132, todos del Código Penal para el Estado, (.). CUARTO.- La presunta responsabilidad penal de los inculpados ******************** SOSA ARELLANO, RANFERI O RANFERES PIMENTEL SAÁNCHEZ, ********************, SACRAMENTO GUITIÉRREZ ?X?, ******************** ?X? Y JESÚS SOLORIO ?X?, por los delitos de SECUESTRO, EXTORSIÓN, ROBO Y ASOCIACIÓN DELICTUOSA, delitos cometidos en agravio de ******************** Y LA SOCIEDAD, respectivamente, se encuentra plenamente justificada en autos, con los mismos medios de prueba con los que se tuvo por acreditado el cuerpo de los delitos en estudio, mismos que se dan por reproducidos en este apartado, en obsequio del principio de economía procesal, y con los que se justifican las circunstancias de tiempo, modo y lugar de ejecución de las infracciones penales de mérito, (.).". De lo transcrito, únicamente se advierte que la autoridad responsable solo hizo mención de que ********************, padre del quejoso, fue quien señaló a la víctima ********************, para ser secuestrado; sin embargo, no estableció cómo es que ese dato puede incriminar al quejoso ********************, en la comisión de los delitos de secuestro, extorsión, robo, y asociación delictuosa, cometidos en agravio de ********************y de la sociedad, previstos y sancionados por los artículos 228, fracciones I, II, IV y VI; 236; 299, 300, fracción III y 303, fracciones I, IV, VII y X; y, 132, todos del Código Penal para el Estado de Michoacán, respectivamente; menos indicó cuáles fueron las pruebas con las que acreditó que hubiera cometido el delito del que se trata; cuál fue su intervención. Por eso es que, quien resuelve estima que no se encuentra satisfecho el quinto de los requisitos a que se hizo alusión, esto es, el mandamiento de captura reclamado no reúne las exigencias de fundamentación y motivación inherentes a todo acto de autoridad. Se considera así, toda vez que la garantía de legalidad consagrada en el referido artículo 16 Constitucional establece como uno de los elementos esenciales, el que todo acto de molestia que se dirija a los gobernados esté fundado y motivado. Esto es, toda autoridad está obligada, al emitir un acto de molestia, fundarlo en ley, es decir, tener como apoyo el o los preceptos jurídicos que le permiten expedirlo y que establezcan la hipótesis que genere su emisión. Así, se advierte que la garantía de legalidad que contempla este artículo se refiere a un principio general que tiene aplicación en materia civil, penal, administrativa y laboral, abarcando tanto a los actos administrativos como a los jurisdiccionales. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 16 de nuestra Ley Fundamental, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse, con precisión, el precepto aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, concretamente, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso de que se trate. Así, el precepto en mención consagra lo que la doctrina jurídica ha denominado garantía de legalidad, el cual constituye un mandamiento supremo para que toda autoridad al emitir los actos que trasciendan a la esfera jurídica de los particulares, los funde y motive suficientemente. Sobre el particular, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en forma reiterada que por fundamentación del acto de autoridad se entiende que éste debe sustentarse en una disposición normativa de carácter general, es decir, que se cite la ley que prevea una situación concreta para la cual resulte procedente realizar el acto de autoridad. En cambio, por motivación, debe entenderse en el sentido de exponer las razones de hecho que actualizan la hipótesis normativa; de tal suerte que la motivación implica que se citen las circunstancias y modalidades del caso particular que encuadren dentro del marco general correspondiente; por tanto, si una determinada conducta no corresponde o no encuadra en el supuesto específico previsto en la norma, el acto de autoridad respectivo violará la exigencia de la motivación legal, por más que se hubiese previsto en una norma, es decir, aunque esté debidamente fundado. En síntesis, la motivación legal implica la necesaria adecuación que debe hacer la autoridad entre la norma general fundatoria del acto de molestia y el caso específico en el que éste va a operar o surtir sus efectos. Entonces, para que una autoridad cumpla con la garantía de legalidad a que se refiere el numeral 16 de la Carta Magna, es necesario que en sus determinaciones cite los preceptos legales que le sirvan de apoyo y, además, precise los razonamientos jurídicos que la condujeron a la adecuación de los hechos sometidos en la específica hipótesis normativa de que se trate. En otras palabras, para que una autoridad pueda actuar, sin violar el ordinal 16 constitucional, se requiere, entre otras condiciones, que obre no sólo de acuerdo con una ley (fundamentación de su procedimiento), sino que en el caso concreto hacia el cual va encaminada su actuación se encuentren los extremos previstos o contenidos en aquélla (motivación del procedimiento). De esta manera, el juicio de amparo tiene como finalidad proteger al gobernado cuando las autoridades no ciñen su conducta a alguna disposición legal, sea de la naturaleza y categoría que fuere, obligación que se constata como consecuencia directa y necesaria del principio de legalidad y que ha confirmado la jurisprudencia de la Suprema Corte de la Nación en los términos siguientes: 'Las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite'; de ahí que la ratio legis de dicho artículo no sólo es que los actos realizados por las autoridades contengan los preceptos legales en que se apoyen, sino que realmente exista motivo para emitirlos y exista un precepto de la ley que los funde. Sirve de apoyo a las consideraciones expuestas, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 204, en la página 166, tomo VI, común, sección jurisprudencia S.C.J.N. de la compilación 1917-2000 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que lleva por rubro y texto los siguientes: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." Asimismo, tratándose de resoluciones jurisdiccionales, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene que su fundamentación y motivación se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso, de lo que invariablemente deriva el principio de congruencia que deben cumplir tales resoluciones. La jurisprudencia que se comenta es la tesis 1a./J. 139/2005 publicada en la página 162 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXII, Diciembre de 2005, Novena Época, cuyo texto y rubro son: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso." Luego, en el estudio de los conceptos de violación este Juzgado de Distrito atiende al principio de mayor beneficio implícito en el artículo 189 de la Ley de Amparo, conforme al cual deben abordarse aquellas cuestiones que trasciendan a la plena restitución en el goce de la garantía individual violada, a fin de garantizar al quejoso, con la mayor amplitud posible, el acceso real, completo y efectivo a la garantía de tutela judicial efectiva contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sentado lo anterior, en suplencia de la deficiencia de la queja, este juzgado advierte que la orden de aprehensión reclamada carece de la debida fundamentación y motivación de que debe estar revestido todo acto de autoridad, por cuanto se refiere a tener por acreditados los elementos del cuerpo del delito atribuido al hoy quejoso, así como su probable responsabilidad. Ahora bien, como se advierte de la resolución reclamada el juez responsable no precisó específicamente con cuáles medios de prueba tuvo por acreditados los elementos de los delitos de secuestro, extorsión, robo, y asociación delictuosa; cómo fue que tuvo por acreditada la probable responsabilidad del quejoso, ya que no señaló con cuáles medios de prueba se encontraba satisfecha; y finalmente, no realizó una conclusión de la que se advierta que atentos a los medios de prueba que obran en autos y una vez concatenados entre sí, se acreditaban tanto los elementos del delito como la probable responsabilidad del quejoso -falta de motivación y fundamentación-. En tal virtud, se demostró que la orden reclamada infringe en perjuicio del quejoso sus derechos fundamentales consagrados en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y lo conducentes es, en términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de la Materia, concederle el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para los efectos siguientes: 1. Una vez que cause ejecutoria la presente sentencia y sea requerido para su cumplimiento, el juez responsable deje insubsistente la orden de aprehensión dictada contra ******************** el dieciocho de agosto del dos mil, en la causa penal ******************** y acumulada ******************** por su probable responsabilidad penal en la comisión de los delitos de secuestro, extorsión, robo, y asociación delictuosa, cometidos en agravio de ********************y de la sociedad, previstos y sancionados por los artículos 228, fracciones I, II, IV y VI; 236; 299, 300, fracción III y 303, fracciones I, IV, VII y X; y, 132, todos del Código Penal para el Estado de Michoacán, respectivamente; y, 2. Hecho lo anterior, dicte una nueva resolución en la que, atento los argumentos expuestos en esta sentencia de amparo, resuelva con plenitud de jurisdicción lo que estime pertinente, orden que podrá ser en el mismo sentido que la anterior, pero purgando los vicios formales detectados en este fallo, o en sentido distinto fundando y motivando su determinación. Es de invocarse como fundamento de estos efectos, la jurisprudencia P./J. 59/96, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable con el registro digital 200030, Novena Época, Materias(s): Penal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IV, Octubre de 1996, página 74, de rubro y texto: "ORDEN DE APREHENSION Y AUTO DE FORMAL PRISION. EFECTOS DEL AMPARO QUE SE CONCEDE POR FALTA O DEFICIENCIA DE FUNDAMENTACION Y MOTIVACION DE ESAS RESOLUCIONES. Tratándose de órdenes de aprehensión y de autos de formal prisión, el amparo que se concede por las indicadas irregularidades formales, no produce el efecto de dejar en libertad al probable responsable, ni tampoco el de anular actuaciones posteriores, sino que en estos casos, el efecto del amparo consiste en que la autoridad responsable deje insubsistente el acto reclamado y con plenitud de jurisdicción dicte una nueva resolución, la cual podrá ser en el mismo sentido de la anterior, purgando los vicios formales que la afectaban, o en sentido diverso, con lo cual queda cumplido el amparo. De ahí que en la primera de esas hipótesis las irregularidades formales pueden purgarse sin restituir en su libertad al quejoso y sin demérito de las actuaciones posteriores, porque no estando afectado el fondo de la orden de aprehensión o de la formal prisión, deben producir todos los efectos y consecuencias jurídicas a que están destinadas." La concesión del amparo se hace extensiva al acto de ejecución que se atribuye a las autoridades ministeriales y policiacas, los cuales no se reclaman por vicios propios, sino que su legalidad se hace depender de los actos reclamados al juez responsable. Sustenta lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia VI.2o. J/338, del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que aparece en la página 69, del 83, Noviembre de 1994, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, materia común, con número de registro 209878: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE. NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS. Si la sentencia de amparo, considera violatoria de garantías una resolución, igual declaración debe hacerse respecto de los actos de autoridad que pretendan ejecutarla, si no se reclaman, especialmente, vicios de tal ejecución." Sexto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, y 77 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E : Primero. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, contra el acto reclamado al Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal, con sede en esta ciudad y al resto de las autoridades ejecutoras, por las razones expuestas en el considerando quinto de este fallo protector de amparo. Segundo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese por lista; personalmente a las partes y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada Isela Estefanía Bueno Gallegos, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), el proveído y/o resolución de 29 de septiembre del dos mil veintitrés, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo.
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