Jesus Zacatenco Jimenez
Expediente 1174/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1174/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 08/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Jesus Zacatenco Jimenez
Actuaciones
- Principal
JUICIO DE AMPARO 1174/2021-IV. Puebla, Puebla, ocho de diciembre de dos mil veintiuno. Causa estado. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que el quejoso no interpuso recurso de queja contra el proveído de veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, en el cual fue desechada su demanda de tutela constitucional. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE EL REFERIDO ACUERDO CAUSÓ ESTADO (QUEDÓ FIRME). Por lo que habrá de ordenarse en párrafos posteriores, el archivo del presente juicio como asunto concluido. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la Analista Jurídica del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realicen las anotaciones correspondientes a la declaración de firmeza procesal. Valoración documental. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente expediente constituye un asunto concluido. Por lo que en uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, previo análisis de las constancias, se estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso d), del referido acuerdo, ya que en el proveído inicial se desechó la solicitud de amparo. Resguardo del expediente. Con fundamento en el artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Lo anterior implica que en este acuerdo, se ordena el archivo del presente juicio como asunto concluido. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. Documento original. La revisión efectuada al presente expediente, permitió detectar que el quejoso exhibió un documento original como prueba -adjunta al escrito inicial-. Por tanto, se pone a su disposición y de su autorizado, ese documento y las otras impresiones simples adjuntas a la demanda, para que alguno las recoja dentro del plazo de noventa días, contados a partir del día siguiente al cual le surta efectos la notificación de este proveído. Para ello, alguno deberá obtener una cita en la agenda del portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" y el sistema "Agenda OJ", donde aparecerán las fechas y horarios disponibles para este órgano jurisdiccional. Así podrá recoger el quejoso o su autorizado los mencionados documentos, con credencial oficial vigente con fotografía y una copia simple de la misma; de todo lo cual se dejará razón de recibo en autos para constancia. Se le apercibe al quejoso, que de no comparecer en el plazo otorgado, el documento original que aportó a este expediente será destruido -con las demás impresiones simples adjuntas a la demanda-. Lo anterior, con fundamento en el artículo 20 fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Inexistencia de anexos. En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Carátula del expediente. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capitulo Quinto, del citado acuerdo general del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena hacer las anotaciones en la carátula del expediente. Revisión del expediente. Se instruye al secretario que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Sin cuadernos incidentales. No existe incidente de suspensión derivado de este juicio, porque la demanda de amparo fue desechada en el proveído inicial, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Notifíquese; en forma personal al quejoso (vía electrónica); y cúmplase.
- Principal
JUICIO DE AMPARO 1174/2021-IV. Puebla, Puebla, veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno. Radicación del expediente. Se recibe la demanda de protección de derechos fundamentales, signada por el quejoso ***, por derecho propio, contra actos del Fiscal General se exhorta al quejoso a que continúe la tramitación del presente asunto en el esquema de "juicio en línea", esto es, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (E.Firma). Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo3 , establece que el juez de distrito examinará la demanda, y si encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado en el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán con una resolución de sobreseimiento. Para demostrarlo, es necesario indicar que la lectura integral efectuada a la demanda, llevó a visualizar el reclamo de tres actos y el señalamiento de diferentes autoridades ministeriales -ninguna de carácter judicial-. El primero de los actos fue delimitado por el quejoso en el inciso a) del capítulo relativo, como sigue: ".A).- EL ILEGAL "CITATORIO" DE FECHA 10 DE NOVIEMBRE DE 2021, PARA QUE DENTRO DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN CDI SIN CAUSA JUSTIFICADA ALGUNA, ME PRESENTE YO.". Tal citatorio fue dirigido a aquél, para que compareciera a una sesión de mecanismos alternativos de controversias penales, en específico un procedimiento indemnatos (sic), con el cual se pretende un arreglo entre las partes involucradas en la referida carpeta, y puede alcanzarse la extinción de la acción penal o terminar la prosecución procesal por voluntad de las partes -como se desprende de ese citatorio, adjunto a la demanda-. Además, el único apercibimiento que se formuló al quejoso para el caso de desatender el citatorio de marras, comprende lo siguiente: continuar la integración de la carpeta de investigación. Entonces, debe imponerse a ese acto la causal de improcedencia relativa a la ausencia de interés jurídico, prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con los numerales 5º fracción I, y 6º, todos de la Ley de Amparo, que corresponden al precepto 107 fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establecen: Ley de Amparo: "Artículo 61. El amparo es improcedente: [.] XII. ; [.]". "Artículo 5º. ." "Artículo 6º. ". Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: "Artículo 107. ; [.]". De los preceptos legales transcritos se obtiene que el interés jurídico, representa uno de los presupuestos básicos para la procedencia del juicio de amparo, el cual se traduce en que si las leyes o actos reclamados no lesionan la esfera jurídica del gobernado, entonces ninguna legitimación existirá para entablar el juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia VI. 2o. J/87, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro: "INTERÉS JURÍDICO. EN QUÉ CONSISTE".5 De modo que la acción constitucional de amparo únicamente compete a aquella persona que resiente un perjuicio, daño o menoscabo sobre su esfera jurídica. Se entiende por perjuicio la afectación de un derecho legítimamente tutelado por el proceder de una autoridad o por la ley, que otorga al afectado la facultad para acudir ante el órgano competente a fin de que ese derecho protegido por la ley le sea reconocido o que no le sea violado. Lo anterior, es precisamente lo que constituye el interés jurídico a que se ha hecho referencia y que la técnica del juicio de amparo considera para la procedencia de la vía constitucional. Así las cosas, el principio general de procedencia en alusión, consiste en que sólo puede promoverse juicio de amparo si existe una afectación al interés jurídico o legítimo del quejoso; esto es, sólo por la parte a quien afecte el acto o la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame...Luego, para considerar que a una persona se le afecta en la esfera de sus derechos jurídicamente tutelados y que tiene interés jurídico para acudir al juicio de amparo, necesariamente se requiere, por una parte, de la existencia de derechos legítimamente tutelados y, por otra, del perjuicio que los actos reclamados pudieran ocasionarle. En otras palabras, para que proceda la acción constitucional no basta que se manifieste o, en su caso, se acredite algún interés cualquiera o simple; esto, sin contar con respaldo legal, sino que es necesario que encuentre apoyo en derechos reconocidos por la ley y que se ocasione perjuicio alguno por los actos de autoridad reclamados. Por su parte, es igualmente válido concluir que únicamente puede promoverse juicio de amparo a instancia de parte agraviada, teniendo ese carácter quien aduce tener un interés legítimo, individual o colectivo, cuando los actos reclamados provengan de actos administrativos que no sean jurisdiccionales, pues así lo establece el segundo párrafo de la fracción I del ya transcrito artículo 107 constitucional. Esto es, tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un interés jurídico más no legítimo. De modo que si la precondición para la procedencia de un juicio de amparo, radica en la existencia de un derecho y su consiguiente afectación, entonces, si no hay derecho afectado que tutelar, tampoco existe justificación para analizar la regularidad constitucional de un acto de autoridad. Bajo este contexto, es válido afirmar que el citatorio reclamado por el quejoso y que delimitó en el inciso a) del capítulo de actos, no le ocasiona un perjuicio a su esfera de derechos porque ese citatorio sólo pretende que asista a una sesión de mediación de controversia en materia penal, sin apercibimientos que pudieran implicar una consecuencia adversa para su libertad personal. En efecto, el citatorio únicamente tiene el alcance de convocar a una persona determinada, para que asista a una sesión de mediación en la cual se le habrá de informar un conflicto de naturaleza penal, y de ser posible se logre una solución en el terreno de los medios alternativos previstos en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Citatorio que podrá o no atender la persona a la cual va dirigido, en forma voluntaria; y si rehusare atender a la sesión de mediación, únicamente se habrá de continuar la integración de la carpeta de investigación. Sobre todo porque la persona citada siempre estará libre de coacción, pues nunca puede obligársele a asistir y participar en el mecanismo alternativo respectivo; incluso, dentro de sus derechos se encuentra el relativo a que no puede ser objeto de presiones, intimidación, ventaja o coacción para someterse a él. En consecuencia, cuando alguno de los requeridos no asiste a la cita en más de una ocasión, debe continuar el agente del Ministerio Público el trámite para integrar la carpeta de investigación, hasta en su momento determinar si procede el ejercicio de la acción penal. Por ello es que el citatorio emitido dentro del proceso de justicia restaurativa, para comparecer a la etapa conciliatoria, no causa una afectación real y actual en la esfera jurídica del gobernado, pues constituye solamente una invitación para presentarse ante la emisora con la finalidad de realizar la diligencia correspondiente. Así, no puede aceptarse que el citatorio reclamado, genere una afectación al interés jurídico del quejoso; y tampoco podría considerarse el parámetro del interés legítimo, porque este depende de que el gobernado esté ubicado en una situación particular, respecto del orden jurídico que dio sustento al acto reclamado, lo cual es ajeno al citatorio para una sesión de mediación, porque este sólo comprende a las personas involucradas en la controversia penal. Por tanto, debe estimarse que el citatorio reclamado por el quejoso y el cual delimitó en el inciso a) del capítulo de actos, encuentra la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del diverso 61 de la Ley de Amparo, que es indudable y manifiesta conforme a las razones expuestas con antelación, las cuales descansan en la falta de interés jurídico. Así, con fundamento en la fracción XII, del artículo 61, en relación con los diversos 112 y 113, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo respecto del acto siguiente: ".A).- EL ILEGAL "CITATORIO" DE FECHA 10 DE NOVIEMBRE DE 2021, PARA QUE DENTRO DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN CDI./ SIN CAUSA JUSTIFICADA ALGUNA, ME PRESENTE YO.". Sobre todo porque el citatorio de marras, encontró la causal de improcedencia que descansa en la falta de interés jurídico. Por otra parte, se observa que el segundo acto reclamado por el quejoso, fue delimitado como sigue: ".B).- LA POSIBLE E INMINENTE ORDEN DE APREHENSIÓN Y/O COMPARECENCIA Y/O DETENCIÓN Y/O RETENCIÓN Y/O PRESENTACIÓN .UTILIZANDO DE MANERA FALAZ Y COMO SEÑUELO EL ILEGAL "CITATORIO" DE FECHA 10 DE NOVIEMBRE DE 2021, DENTRO DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN.". También combate el quejoso la posible ejecución de la mencionada orden. Pero todas las autoridades responsables ordenadoras señaladas en la demanda, pertenecen a la Fiscalía General del Estado de Puebla. Mientras las autoridades señaladas como ejecutoras, son de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla y de la citada fiscalía. Dicho de otro modo, el quejoso no señaló a jueces penales como autoridades responsables ordenadoras ni ejecutoras; y tampoco manifestó en su demanda, la existencia de alguna causa penal instruida en su contra. Entonces, si el quejoso no señaló a jueces penales como autoridades ordenadoras ni ejecutoras, y tampoco manifestó la existencia de alguna causa penal instruida en su contra, es válido deducir que las distintas órdenes reclamadas a las ordenadoras ministeriales y la consecuente ejecución imputada a las restantes autoridades, en realidad corresponden a una orden de presentación con fines de investigación. Máxime que las autoridades ministeriales señaladas como responsables ordenadoras, no tienen facultades para librar órdenes de aprehensión ni de comparecencia para audiencia inicial en causa penal, motivo por el cual puede afirmarse que el carácter de autoridades ministeriales -de las responsables señaladas en la demanda como ordenadoras-, implica el reclamo de una orden de presentación con fines de investigación, en alguna carpeta de investigación donde el quejoso tiene el carácter de imputado. De hecho, porque la emisión de órdenes de aprehensión y de comparecencia, está reservada para las autoridades judiciales en términos de los artículo 16 de la constitución federal, y 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De modo que el reclamo planteado en el inciso b) del capítulo de actos, está circunscrito en realidad a una orden de detención con fines de investigación, porque las autoridades ordenadoras únicamente podrían haber instruido la detención de aquél para que sea presentado a un agente del Ministerio Público, con el propósito de que le sea recabada su entrevista en una carpeta de investigación. En efecto, las autoridades ministeriales señaladas en la demanda como responsables ordenadoras, sólo pueden instruir la detención del quejoso para que le sea recabada declaración en una carpeta de investigación; y al tratarse de autoridades de una institución ministerial, no pueden visualizarse órdenes de aprehensión ni de comparecencia para audiencia inicial, porque estas corresponden en forma exclusiva a autoridades judiciales, y como se dijo, ninguna fue señalada en la demanda. Por consiguiente, se arriba a la convicción de que los actos reclamados en el inciso b) de la demanda -que comprende una posible ejecución-, convergen en forma exclusiva a la figura de la orden de presentación atribuida a diferentes autoridades ministeriales, que actúan bajo las reglas del sistema penal acusatorio previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Sin embargo, debe indicarse que una orden de presentación instruida por autoridades ministeriales, no implica la restricción de la libertad para el quejoso aun cuando vaya dirigida a este, pues dicha restricción únicamente se genera con la aprehensión, la detención en flagrancia, la prisión preventiva o la pena, que constituyen figuras jurídicas distintas a la presentación. Asimismo, es menester precisar que la actuación emitida por la autoridad ministerial, en la que ordena la presentación de un imputado, no contraviene lo dispuesto por el artículo 20 de la constitución federal, porque la orden de presentación solamente se libra para el imputado con el propósito de que comparezca ante el fiscal investigador. En otras palabras, la orden de presentación jamás genera la obligación de que declare, pues al encontrarse ante el Ministerio Público, siempre puede el imputado manifestar su voluntad de abstenerse de declarar. Además, con la orden de presentación, lejos de coartarse algún derecho al imputado, la autoridad investigadora satisface sus derechos constitucionales de audiencia y defensa, porque al requerirle que se presente a ser entrevistado en la carpeta de investigación, aquel puede conocer el nombre de su acusador, así como de las personas que hubieran testificado en su contra, la naturaleza y causa de la acusación. Incluso se le da la oportunidad al imputado de exponer lo que a su derecho corresponda, y obtener todos los datos que solicite para su defensa y que consten en las actuaciones de la carpeta de investigación, con lo que de considerarlo conveniente, estará en posibilidad de ofrecer las pruebas de descargo. De lo anterior resulta patente que una orden de presentación no constituye un acto restrictivo de la libertad personal, dado que en realidad corresponde a un acto de investigación legítimo, porque todo ciudadano está obligado a comparecer ante el Ministerio Público que integre una carpeta de investigación, sin que ello implique una afectación a la libertad personal porque de considerarlo así, se llegaría al extremo de entorpecer la obligación de investigar los hechos con apariencia de delitos que es de orden público. Más aún, de considerar que la presentación para recabar entrevista puede ser un acto ilegal, se contravendría lo dispuesto por el artículo 21 de la constitución federal, dado el interés de la sociedad en que el Ministerio Público cumpla su función investigadora a fin de que se persigan y castiguen los delitos. Luego, es válido afirmar que los actos reclamados en el inciso b) de la demanda -que comprende una posible ejecución-, encuentran una causa de improcedencia con las características de indudable y manifiesta, la cual se obtiene de relacionar la fracción XXIII del numeral 61, con el primer párrafo del artículo 20 aplicado a contrario sensu, y con el primer párrafo de la fracción IV del diverso 107, también a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo.6 Máxime que la regulación de la orden de presentación, traducida en un acto de investigación de la autoridad ministerial, ni siquiera está prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales,7 el cual contempla las formas en que un imputado debe comparecer ante un juez de control. Es más, de la lectura de las fracciones I y II del precepto legal antes citado, es posible establecer que la presentación de la persona investigada en la carpeta, incluso ante un juez, donde habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte la libertad personal del gobernado, al tratarse de una simple comunicación del juez a solicitud del Ministerio Público, de requerir la presencia del investigado para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación seguida en su contra y se formulará la imputación respectiva. Lo anterior se obtiene de lo previsto en los artículos 310, segundo párrafo, y 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Incluso, en la referida audiencia podrá el imputado ser o no vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. De modo que la circunstancia de que conforme a la fracción II del artículo 141, del código procesal penal en comento, en caso de dejar de comparecer el imputado sin causa justa, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, tampoco es suficiente para estimar que la orden de presentación afecte la libertad personal, dado que esa comparecencia forzosa constituye un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el imputado no asista, sin justificación, y el agente del Ministerio Público solicite que se ordene su comparecencia a través de la fuerza pública. Por consiguiente, los actos reclamados en el inciso b) de la demanda -que comprende una posible ejecución-, constituyen actos fuera de juicio que no afectan la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, también a contrario sensu, de la Ley de Amparo. Por tanto, de conformidad con los artículos 20, primer párrafo, aplicado a contrario sensu, 61, fracción XXIII, 107, fracción IV, primer párrafo, también a contrario sensu, 112 y 113, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo respecto de los actos reclamados en el inciso b) de la demanda -que comprende una posible ejecución-, porque encontraron una causal de improcedencia manifiesta e indudable, en términos de las consideraciones expuestas con antelación. En último lugar, debe indicarse que el tercer y restante acto combatido por el quejoso, fue delimitado como sigue: ".C).- EL INICIO E INTEGRACIÓN DE CUALQUIER CARPETA DE INVESTIGACIÓN EN MI CONTRA POR PARTE DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES DE MANERA CONJUNTA O INDIVIDUAL.". Pero la integración que realice cualquier agente del Ministerio Público, en alguna carpeta de investigación formada contra el quejoso por hechos con apariencia de delito -acto delimitado en el inciso c)-, encuentra desde este momento la causal de improcedencia relativa a la falta de interés jurídico, prevista en el artículo 61 fracción XII, de la Ley de Amparo. A fin de demostrarlo, es necesario indicar que los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 5, fracción I, de la Ley de Amparo, establecen que el juicio de tutela constitucional sólo puede promoverlo el gobernado a quien le afecte el acto, omisión o ley que se reclama. Ello, porque el objetivo del juicio de amparo se traduce en reparar las violaciones que determinado acto, omisión o ley de autoridad, hubiera generado sobre los derechos del quejoso.10 No obstante, la posible actividad que se presente en una carpeta de investigación, cuyo trámite se rige por las normas del Código Nacional de Procedimientos Penales, no genera un escenario concomitante a la tutela de derechos para quienes tengan el carácter de imputados. Cierto, las diligencias que puedan disponerse para la integración y eventual determinación de la acción penal, en una carpeta de investigación, no pueden ser materia de análisis en el juicio de amparo que promueva el imputado, porque ningún derecho fundamental se afecta con la integración de la referida carpeta. Sobre todo porque el diseño del sistema penal acusatorio, respeta la presunción de inocencia a favor del imputado, desde que inicia la carpeta de investigación, motivo por el cual no puede visualizarse algún derecho fundamental que se le afecte, con la supuesta actividad que realice el agente del Ministerio Público para la eventual determinación del ejercicio de la acción penal. Entonces, si el imputado o la persona que deduce la posibilidad de tener ese carácter, promueve juicio de amparo contra la integración para la eventual determinación de la acción penal, en una carpeta de investigación -que se traduce en la integración-, debe estimarse que no se cumple el presupuesto procesal de interés jurídico. Lo cual obligará a actualizar la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que descansa en la falta de interés jurídico. Bajo esas premisas, debe imponerse la hipótesis de desechamiento de plano sobre el acto delimitado en el inciso c), pues la integración que realice cualquier agente del Ministerio Público, en una carpeta de investigación formada contra el quejoso, no le genera una afectación a su interés jurídico conforme al diseño del sistema penal acusatorio. Máxime que el derecho a la presunción de inocencia, entre otros derechos fundamentales que asisten a las personas imputadas, fueron contemplados en el diseño del sistema penal acusatorio, bajo el cual se tramitan las carpetas de investigación, razón por la cual no pueden advertirse afectaciones al quejoso, con la supuesta actividad de las responsables ordenadoras, y menos ante el escenario de mera integración como se desprende de los antecedentes relatados por éste, pues ningún acto de molestia informó que haya sido emitido en su contra. Al hilo de lo apuntado, debe considerarse la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, respecto del acto delimitado en el inciso c) -el último acto reclamado en la demanda-. Lo cual obedece, como se dijo, a que el trámite de alguna carpeta de investigación, no genera una afectación a la esfera de derechos jurídicos del quejoso, porque estos se mantienen intactos conforme al diseño del sistema penal acusatorio, pese a que el agente del Ministerio Público encargado de la carpeta, haya emitido actos de investigación para el esclarecimiento de los hechos con apariencia de delito, que sean materia de la investigación preliminar. Así, debe estimarse que la invocada causal de improcedencia, se materializa desde este momento con las características de indudable y manifiesta, sobre el acto siguiente: ".C).- EL INICIO E INTEGRACIÓN DE CUALQUIER CARPETA DE INVESTIGACIÓN EN MI CONTRA POR PARTE DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES DE MANERA CONJUNTA O INDIVIDUAL.". Por tanto, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, relacionado con la fracción XII del diverso 61 de la propia legislación, procede desechar de plano la demanda de protección respecto del acto delimitado en el inciso c) -el último combatido en la demanda-. Sólo resta decir que ningún otro reclamo formuló el quejoso, motivo por el cual es válido imponer el desechamiento de plano a toda la demanda de amparo, pues los distintos actos combatidos por aquél, encontraron las causales de improcedencia examinadas con anterioridad. Bajo este contexto, con fundamento en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo presentada por el quejoso ** Se tiene como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones, el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, es decir, la notificación vía electrónica, porque lo solicitó de manera expresa en la demanda de amparo. Por consiguiente, se instruye al secretario encargado del presente asunto, habilite al quejoso tanto la notificación electrónica como el acceso al expediente electrónico, con el nombre de usuario proporcionado en la demanda: * Sobre todo porque ese nombre de usuario se encontró registrado, desde el Sistema Integral de Seguimiento de (SISE). De ahí que se descarte el inmueble que pretendió señalar el quejoso como domicilio procesal, pues de manera expresa pidió la notificación electrónica e incluso manifestó su deseo de continuar este juicio bajo la modalidad en línea. Por otro lado, con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, queda autorizado en términos amplios el profesionista de nombre César Velázquez Trejo, porque así lo solicitó aquél y este tiene su cédula profesional registrada en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación. Comunicación con el quejoso. La demanda refleja que el quejoso señaló un correo electrónico y un número telefónico, para recibir notificaciones. Pero esos medios no están previstos en la Ley de Amparo, para realizar notificaciones personales. A pesar de lo anterior, podrán considerarse el correo electrónico y el número telefónico proporcionados por el quejoso, como medios de contacto para futuras notificaciones personales cuando las circunstancias así lo requieran. Se hace la precisión que los referidos medios electrónicos de comunicación, sólo serán para establecer contacto. De modo que las notificaciones que en derecho le correspondan al quejoso, siempre serán realizadas conforme lo establece la Ley de Amparo. Notifíquese; en forma personal al quejoso (vía electrónica); y cúmplase.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · 6,491 expedientes
- Jesus Seynos de los Santos454/2019
- Jesus Seynos de los Santos388/2020
- Jesus Tellez Selais1218/2022
- Jesus Tovar Tecuatl427/2019
- Jesús Vélez Martinez653/2022
- Jesus Zacatenco Jimenez1154/2021
- Jezmin Aguilar Boleaga212/2021
- Jhoana Alejandrina Sanchez Mejia421/2021
- Jhonathan Rosario Benites1105/2018
- Jhoni Carrillo Peña289/2023
- Jibram Emmanuel Guerrero Sanchez651/2021
- Joan Sebastian Avelino Juárez862/2022