Jesus Seynos de los Santos

Expediente 388/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 14 actuaciones registradas, la última del 16 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
388/2020
Año
2020
Actuaciones
14
Última actuación
16/03/2021

Partes del expediente

  • Jesus Seynos de los Santos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Puebla, Puebla, dieciséis de marzo de dos mil veintiuno. Declaración de firmeza procesal. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del expediente, se advierte el proveído de diecinueve de enero de dos mil veintiuno, por el que se declaró cumplida la ejecutoria de protección. Lo cual se hizo del conocimiento a las partes en términos del artículo 202 de la Ley de Amparo, para manifestar lo que a su interés conviniera, apercibidas que en caso de no hacerlo, se tendría consentido tal acuerdo. Pese a lo anterior, el plazo otorgado transcurrió hasta su conclusión, y tanto el quejoso como las demás partes no interpusieron el recurso de inconformidad, pues ningún escrito se recibió de ese medio de impugnación, dentro del periodo en mención. Entonces, con fundamento en el artículo 202 primer párrafo, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho acuerdo ha quedado firme (causó estado), porque el cumplimiento allí declarado fue consentido. Por lo que habrá de ordenarse en párrafos posteriores, el archivo del presente juicio como asunto concluido. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la Analista Jurídica del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realicen las anotaciones correspondientes a la declaración previa. Valoración documental. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente expediente constituye un asunto concluido. Por lo que en uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de las constancias, estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de depuración, lo cual deberá acaecer dentro de los noventa días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del referido acuerdo, ya que se otorgó el amparo al quejoso. Resguardo del expediente (ARCHIVO). Con fundamento en el artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Lo anterior implica que en este acuerdo, se ordena el archivo del presente juicio como asunto concluido. Una vez que transcurra el lapso de conservación, el juicio de amparo deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis o Depósito Documental que corresponda; ello, una vez realizada la depuración del expediente. Hecho lo anterior, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Inexistencia de documentos originales. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permite visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver al quejoso. Anexos. Se ordena devolver al Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Asalto y Robo de Vehículos, de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, las copias autorizadas de la carpeta de investigación ******************** (en cinco tomos), que remitió en apoyo de su informe justificado. Pero se descarta requerirle acuse de recibo, porque sólo se le remiten copias y existe seguridad en la entrega, dado que habrá de llevarlas una actuaria judicial. Carátula del expediente. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capitulo Quinto, del citado acuerdo general del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena hacer las anotaciones en la carátula del expediente. Notificación del presente proveído. Se descarta emitir oficio para notificar este acuerdo a las responsables, pues ningún derecho procesal está involucrado en la declaración de causa estado. Aunado a que si las responsables, el fiscal adscrito, el quejoso o los terceros interesados desearan conocer el estado de este juicio, se considera que tienen las condiciones para ingresar a la página de internet donde se publicará este acuerdo. Pese a lo anterior, se deja establecido que si alguna parte deseara conocer el estado procesal de este juicio, se le habrá de informar en caso de recibir oficio o escrito donde lo solicite. De ahí que este proveído se habrá de notificar a las partes por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Revisión del expediente. Se instruye al secretario que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Incidente de suspensión. Por último, se ordena agregar copia de este proveído en los cuadernos incidentales formados, para determinar lo conducente al archivo. Notifíquese y cúmplase.

  2. Incidental

    Puebla, Puebla, dieciséis de marzo de dos mil veintiuno. Del estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que con esta fecha quedó firme la sentencia dictada en el expediente principal del cual deriva el presente incidente, lo cual constituye un hecho notorio para quien suscribe, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2. Por lo que también es procedente el archivo de este incidente. Sobre todo, porque no existe billete de depósito ni garantía exhibida por la parte quejosa cuya devolución resulte necesaria. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se determina que el cuaderno original es susceptible de destrucción, al haberse negado la suspensión tanto provisional como definitiva, por lo que deberá resguardarse en el archivo físico de este órgano jurisdiccional durante el lapso de tres años. Mientras que de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo del Judicatura Federal, el cuaderno duplicado deberá ser destruido, una vez transcurridos seis meses después de su archivo como asunto concluido. Hecho lo anterior, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Se instruye a la secretaria encargada de la tramitación de este expediente para efectos de que realice las anotaciones correspondientes en la caratula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto. También, de conformidad con el artículo 25, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá certificar la coincidencia de la versión electrónica con la totalidad de la versión impresa. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    Puebla, Puebla, diecinueve de febrero de dos mil veintiuno. Antecedentes. De conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, resulta un hecho notorio para esta juzgadora el brote epidémico de infecciones por COVID-19 -enfermedad producida por el virus SARS-CoV-2- que condujo a adoptar una serie de acciones transversales, dirigidas a mitigar y controlar la enfermedad en la República Mexicana. Por ello, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal ha emitido múltiples acuerdos relativos a los esquemas de trabajo y medidas de contingencia aplicables en los órganos jurisdiccionales ante el referido fenómeno de salud pública -partiendo de una suspensión de actividades ordinarias hacia un retorno paulatino-. Así, mediante el Acuerdo General 21/2020 (reformado por el diverso 37/2020), el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal estableció un esquema para la reanudación de plazos procesales y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales -vigente a partir del tres de agosto de dos mil veinte- reactivando en su totalidad el funcionamiento de éstos. Sin embargo, dicha reactivación se vio interrumpida por los diversos acuerdos de la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, siendo la última ocasión la que abarcó del uno al quince de febrero de dos mil veintiuno, conforme lo dispuesto en las circulares SECNO/8/2021 y SECNO/9/2021. Con base en éstas, se ordenó a los órganos jurisdiccionales del sexto circuito (entre otros) regresar al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020, lo que implicó, entre otras cuestiones, la suspensión de plazos y términos procesales durante su vigencia, dando trámite solamente a los asuntos catalogados como urgentes o seguidos en la modalidad de "juicio en línea". Reanudación de plazos y términos procesales. Ahora, en sesión de trece de febrero de dos mil veintiuno -comunicada mediante la circular SECNO/10/2021-, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal determinó que a partir del dieciocho de febrero del mismo año (en el sexto circuito y otros) retoma su vigencia el esquema de operación previsto en el ya citado Acuerdo General 21/2020 (reformado por el diverso 37/2020). Por tanto, de conformidad con el artículo 367 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en relación con el diverso 20 del Acuerdo General 21/2020, se reanudan los plazos y términos procesales del presente juicio. Sin embargo, es menester precisar que la reanudación de ninguna manera implica su reinicio. Plazo para impugnar la sentencia dictada en la audiencia constitucional. Visto el estado procesal del juicio, se observa que el diecinueve de enero de dos mil veintiuno se acordó el auto que tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo. Además, el referido proveído fue notificado a la parte quejosa (última de las partes en ser notificadas) -por lista- el veintiocho siguiente y surtió efectos el veintinueve de enero de este año, último día hábil. Por tanto, toda vez que se ha decretado la reanudación de los plazos y términos procesales, se informa a las partes que el plazo de quince días para interponer recurso de inconformidad -previsto por el artículo 202 de la Ley de Amparo- para recurrir el auto que tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de amparo comenzó a computarse el día dieciocho de este mes y año. Consulta física del expediente y presentación de promociones físicas. Se hace saber a los intervinientes en este sumario constitucional que se retoman las medidas de contingencia sanitaria establecidas en el Acuerdo General 21/2020 (reformado por el diverso 37/2020), por lo que el acceso a las instalaciones de este juzgado para la consulta del expediente de manera física será mediante cita que deberán agendar en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" y el sistema "Agenda OJ". De igual forma, la recepción de todas las promociones que deseen presentar de manera física, serán recibidas a través de la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Cuarto y Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal, la cual se encuentra ubicada en el arco de seguridad del inmueble donde dichos órganos jurisdiccionales tienen su sede (avenida 23 poniente, número 2509, colonia Volcanes, Puebla, Puebla). Notificación del presente proveído. Del artículo 309, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se deduce que, cuando el proceso se mantiene inactivo por un lapso prolongado -más de seis meses- antes de la sentencia definitiva o entre ésta y el cumplimiento o ejecución forzosa, la notificación ordenada a alguna de las partes deberá hacerse en forma personal. Sin embargo, la suspensión del presente asunto únicamente abarcó del uno al quince de febrero de dos mil veintiuno, esto es, menos de seis meses. De ahí se obtiene que este acuerdo deba notificarse mediante listas; pues, la carga procesal de las partes de vigilar regularmente las actuaciones publicadas de conformidad con el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, no se diluyó durante este breve periodo de inactividad. En efecto, las cargas procesales para las partes y demás sujetos que intervienen en el proceso, parten del supuesto lógico y jurídico de que los sujetos a quienes se les imponen conocen la existencia del procedimiento, activo y no paralizado, ante un tribunal determinado, lo cual ocurre ordinariamente, en el caso del quejoso, cuando presenta su demanda; y, de las autoridades responsables y terceros interesados, cuando son emplazadas a juicio. Así, con tales actos, se genera y mantiene la vinculación de dichos sujetos a las consecuencias del proceso, hasta el dictado de la sentencia definitiva o resolución final del juicio, y en su caso, se prolonga hasta las actuaciones concernientes a su cumplimiento o ejecución forzosa, cuando se inician y continúen a la brevedad. Luego, el presente asunto únicamente tuvo un periodo breve de inactividad, motivo por el cual resulta innecesario refrendar la vinculación de las partes; pues, como ya se precisó, estas tienen la carga procesal de vigilar regularmente las actuaciones. Además, debe destacarse que tanto la suspensión de labores como su reanudación fueron dadas a conocer al público en general en el portal de internet del Consejo de la Judicatura Federal. Por tanto, se ordena notificar este acuerdo por lista, dado que no contiene algún requerimiento para las partes. Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    JUICIO DE AMPARO 388/2020 -VIII Puebla, Puebla, diecinueve de enero de dos mil veintiuno. Cumplimiento. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal de este juicio, se observa que ha concluido el plazo de tres días concedido al quejoso y al fiscal adscrito, mediante acuerdo de once de diciembre de dos mil veinte, para manifestarse respecto de los actos efectuados por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Asalto y Robo de Vehículos, para cumplir la ejecutoria de protección. Entonces, se procede a determinar si fue cumplida la protección constitucional, en específico se revisará si los actos realizados por la principal responsable obligada, se ajustan a los efectos del amparo otorgado. De entrada, conviene indicar que el veintitrés de noviembre de dos mil veinte fue celebrada la audiencia constitucional, y en la fase de sentencia se otorgó el amparo al quejoso contra los actos de las responsables. Ninguna de las partes interpuso recurso de revisión. Mediante acuerdo de once de diciembre de dos mil veinte, se declaró ejecutoriada la sentencia dictada en la audiencia constitucional, motivo por el cual fue requerido el cumplimiento al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Asalto y Robo de Vehículos, para los siguientes efectos: a) El Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Asalto y Robo de Vehículos deje insubsistente el acuerdo de veintiséis de febrero de dos mil veinte, emitido en la carpeta de investigación *;b) Hecho lo anterior, emita una nueva resolución en la que, con plenitud de jurisdicción, se pronuncie nuevamente respecto de la devolución solicitada fundando y motivando su determinación, sin incurrir en los vicios formales conforme a los aspectos destacados en esta ejecutoria. Por oficio *, el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Asalto y Robo de Vehículos, comunicó que dejó insubsistente el acuerdo de veintiséis de febrero de dos mil veinte y envió copia del acuerdo dictado el ocho de diciembre de dos mil veinte, por el que comunica, de manera fundada y motivada, que mantiene el aseguramiento de los vehículos del quejoso, expresando los actos procesales faltantes (tales como el plazo restante al que hace referencia sobre la etapa de investigación complementaria, el descubrimiento probatorio y la acusación que vaya a realizar la fiscalía en la etapa respectiva) que hacen imposible su devolución al momento de la solicitud del quejoso, expresando además de que el aseguramiento decretado se mantendrá hasta la resolución de la causa penal 102/2019. Con esos actos manifestó haber cumplido los términos de la protección.Por acuerdo de once de diciembre de dos mil veinte, se otorgó una vista de tres días al quejoso y al fiscal adscrito, para manifestarse como a su interés conviniera respecto de las actuaciones realizadas por la autoridad obligada. Ninguna de las partes presentó escrito durante el referido plazo de tres días, aun cuando fueron notificadas en forma debida.Ahora, las copias que remitió la autoridad responsable tienen pleno valor probatorio como documento público, debido a que fueron certificadas por un servidor público con facultades legales.De modo que se pueden utilizar para resolver el cumplimiento a la protección de amparo, dado lo previsto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria.Entonces, se procede a revisar si las actuaciones recibidas en copias, se ajustan a los efectos de la protección otorgada. Así, se puntualiza que esas copias revelan que la autoridad responsable dejó insubsistente el acuerdo dictado el veintiséis de febrero de dos mil veinte en la carpeta de investigación *, y emitió un nuevo acuerdo el ocho de diciembre de dos mil veinte, por el que subsanó los vicios que fueron detectados por esta juzgadora constitucional, para después resolver con libertad de jurisdicción, por lo que sostuvo que mantiene la negativa de la devolución de los vehículos del quejoso debido a que aquellos son instrumentos del delito que guardan relación con los ilícitos que investiga (posesión ilícita de petrolífero) y que resulta necesario se mantenga su aseguramiento hasta la conclusión de la causa penal *, ello debido a que aún requiere de los automotores para continuar con las fases procesales restantes en esa misma causa, tales como la investigación complementaria, descubrimiento probatorio y acusación. Todo lo cual se ajusta a los efectos de la protección otorgada. Por tanto, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara que la ejecutoria de protección que rige el presente juicio, fue cumplida por la principal autoridad responsable obligada, sin excesos ni defectos en las actuaciones realizadas. Luego, se ordena dar vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, para que esté en aptitud de manifestarse en términos de sus obligaciones legales; y hágase del conocimiento este proveído al quejoso, para que si lo desea pueda recurrir esta decisión, a través del recurso de inconformidad previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo. Por último, con el objeto de registrar la presente determinación en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) se puntualizan los datos siguientes: a) Se concedió el amparo en la sentencia dictada en la audiencia constitucional de veintitrés de noviembre de dos mil veinte; b) Mediante acuerdo de once de diciembre de dos mil veinte, se declaró ejecutoriada la referida sentencia y fue requerido el cumplimiento; c) La autoridad responsable cumplió la protección constitucional, el ocho de diciembre de dos mil veinte, fecha cuando dejó sin efecto el acuerdo declarado ilegal y emitió uno nuevo en la que mantuvo su negativa de devolver los vehículos solicitados por el quejoso, justificando las causas de su decisión; d) El mismo once de diciembre de dos mil veinte (fecha en que causó ejecutoria), se recibió en este juzgado el oficio *, de la autoridad responsable, con el que aportó copia certificada de los actos de cumplimiento; y e) En la presente fecha, diecinueve de enero de dos mil veintiuno, se declara cumplida la ejecutoria de amparo. Notifíquese; de forma personal al quejoso y a la agente del Ministerio Público adscrita a este juzgado y cúmplase.

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