Jhonathan Rosario Benites

Expediente 1105/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de enero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1105/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
09/01/2019

Partes del expediente

  • Jhonathan Rosario Benites

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal así como la certificación precedente, se advierte que el quejoso omitió recurrir el sobreseimiento fuera de audiencia constitucional dictado en el presente juicio el diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho. En consecuencia, con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2º, se declara que el referido auto ha causado estado y se tiene por consentido por las partes. Por tanto, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. En otro orden, de conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito; y en atención a la hipótesis prevista en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracciones I de dicho acuerdo, el presente juicio de amparo es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, dado el sentido de la resolución pronunciada en el mismo. Se instruye a la secretaria para que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico, ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo de la Ley de Amparo, y posteriormente realice la certificación correspondiente. Por otro lado, resulta innecesario conservar el anexo remitido por el Juez de Control del Juzgado de Oralidad y de Ejecución sede Regional, Puebla, por lo que se ordena remitir las copias certificadas relativas a la carpeta judicial administrativa ***********, sin que sea necesario solicitarle el acuse de recibo dado que solo se remiten copias. Sin necesidad de enviar oficio al Agente del Ministerio Público tercero interesado, pues en acuerdo de diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho, se determinó lo conducente a la notificación del auto que determina el archivo del sumario en el cual se actúa.

  2. Principal

    Se agrega el oficio del Juez de Control del Juzgado de Oralidad y de Ejecución sede Regional, Puebla, por el cual rinde el informe justificado que le corresponde y remite copia autorizada de la carpeta judicial administrativa ** Dado el volumen de las constancias remitidas por la autoridad responsable, fórmese el cuaderno auxiliar I relativo a este juicio constitucional, para lo cual deberá respetarse el folio, rúbrica y entresello de origen. De la lectura de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que el treinta de octubre de dos mil dieciocho, la responsable decretó la extinción de la acción persecutoria en favor del quejoso, resolución notificada al quejoso el veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho, constancias que desde este momento se ordena recabar en copia certificada para que obren en el presente expediente como corresponda. Ahora del estado procesal de los autos, se advierte en el escrito de demanda de protección de derechos, el quejoso ** señaló como acto reclamado la omisión, dilación y paralización del procedimiento, porque el seis de septiembre de dos mil dieciocho, solicitó señalara día y hora para la celebración de la audiencia oral y pública, para efecto de la revisión del cumplimiento de condiciones impuestas, para que se extinguiera la acción penal. Entonces, de las actuaciones de la autoridad responsable se advierte que respecto del acto reclamado, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, por las siguientes consideraciones: Artículo 61.- El Juicio de amparo es improcedente: XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; Por ende, es innegable que el Juez de Control de Puebla, al emitir la resolución de treinta de octubre de dos mil dieciocho, notificada el veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho, restituyó al aquí quejoso en el goce del derecho humano transgredido, como si el acto lesivo nunca hubiese existido, al haber cesado sus efectos la omisión reclamada. Es así porque al notificar al quejoso el auto de treinta de octubre de dos mil dieciocho, en el cual decretó la extinción de la acción penal a su favor, así como el sobreseimiento con efectos de sentencia absolutoria en la causa ** destruyó la omisión reclamada y de esa manera se actualiza la causa de improcedencia invocada. Sobre todo porque el Juez de Control de Puebla, ordenó la inmediata libertad del quejoso. A lo anterior resulta aplicable, la jurisprudencia número 2ª./J.59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Materia Común, Tomo IX, correspondiente al mes de Junio de 1999, cuyo rubro dispone: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. En consecuencia, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia constitucional en el presente juicio, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la legislación, dada la causal de improcedencia materializada, respecto del acto reclamado a las autoridades responsables Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL sustentadas entre el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, visible en la página 386, tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. En tales condiciones, se deja sin efecto la fecha y hora señaladas para las diez horas con cuarenta y cuatro minutos de este día, para celebrar la audiencia constitucional. Por tanto, se hace del conocimiento de las partes el contenido de este proveído; anótese lo procedente en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Cabe señalar que en nada se dio vista al ministerio público federal con los extremos previstos en el artículo 21 de la constitución federal, porque de la demanda de amparo en nada se advierten manifestaciones a la comisión de actos de tortura contra el propio quejoso. Por último, se les hace saber a las autoridades responsables así como al agente del Ministerio Público tercero interesado que, tal como se indicó en auto admisorio, y ante el sentido de esta determinación, la notificación correspondiente al archivo definitivo se notificará únicamente mediante lista de acuerdos, o sea se les dejará de remitir oficio para comunicarles el archivo definitivo pues ningún derecho procesal estará involucrado en la declaración en que cause ejecutoria esta determinación, aunado a que si las responsables, el fiscal adscrito, fiscal tercero interesado o el quejoso desearan conocer el estado de este juicio, tienen las condiciones para ingresar a la página de internet donde se publicará y se les notificará este acuerdo. Pese a lo anterior, dejo establecido que si alguna autoridad responsable pidiera conocer el estado procesal de este juicio, se le habrá de informar en caso de recibir oficio donde lo solicite o de llegar a solicitarlo de forma económica al teléfono 01(222)2716056.

  3. Principal

    Se recibe la demanda de protección de derechos signada por + por propio derecho, contra actos del Juez Especializado en el Sistema Penal Acusatorio con carácter de Juez de Control adscrito al Centro de Justicia Penal Región Centro. Debido a que cumple los requisitos legales establecidos, se admite a trámite con fundamento en los artículos 103 y 107 de la constitución federal, 1, fracción I y último párrafo, 2, 33, fracción IV, 37, 107, 108, 110, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo. No se tramita incidente de suspensión porque la parte quejosa omitió solicitar la medida cautelar y tampoco se advierte la hipótesis prevista en el artículo 127, fracción II, de la Ley de Amparo esto es que se trate de un acto que de llegar a consumarse haría físicamente imposible restituir el goce del derecho involucrado. Se ordena notificar en forma personal al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, para que intervenga en términos del artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo por lo que se le deberá entregar copia autorizada de este proveído y copia de la demanda de protección de derechos. A fin de materializar el cumplimiento de lo anterior se ordena al actuario correspondiente que deje constancia legal en el expediente. Por otro lado se requiere a la autoridad responsable su informe con justificación, el cual deberá rendir dentro del plazo de quince días computados a partir de que haya quedado legalmente hecha la notificación de conformidad con el artículo 31, fracción I, de la Ley de Amparo. Se hace notar a la autoridad responsable que el informe deberá reunir los requisitos del artículo 117, cuarto párrafo de la ley en comento, por lo que deberá exponer las razones y fundamentos que estime pertinentes para la improcedencia del juicio o la legalidad del acto reclamado. El juez responsable deberá remitir a este juzgado según el caso copia certificada o autorizada completa, legible y ordenada de las constancias actuaciones y de los registros digitales videograbaciones que sean necesarios para apoyar el informe de contestación el cual podrá rendir a través de los medios legales establecidos. Ello en el entendido que por ningún motivo podrá dejarse de asentar la firma correspondiente en la certificación o autorización de las constancias remitidas. Y en el caso de los registros digitales en mención éstos deberán ser visibles y audibles con claridad y nitidez. Además, en aras de dar efectividad al presente juicio para poder cumplir con la encomienda del artículo 17 constitucional por cuanto hace a una impartición de justicia pronta y expedita, es necesario asegurar la correcta remisión, tanto de las constancias como de las videograbaciones respectivas, que permitan su estudio a la brevedad posible, sólo de ese modo se evitarán constantes diferimientos con el fin de subsanar anomalías en ellas. Por tanto, se requiere al juez responsable haga constar según sea el caso que a) El registro de audio y video que corresponda a la causa penal b) La audiencia es audible y visible durante su reproducción; y, c) Las condiciones en las cuales se remite el disco compacto donde fueron almacenados los archivos respectivos. Se apercibe a la autoridad judicial responsable, si omite cumplir lo ordenado en los párrafos anteriores, es decir, si las constancias carecen de la certificación o autorización correspondiente; si durante la reproducción del registro de audio y video se pierde audición y/o imagen; si no corresponde a la causa penal respectiva; o, se omita hacer constar o cumplir lo requerido, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización diarias, conforme a los artículos 260, fracción IV y 238, todos de la Ley de Amparo. Asimismo, al remitir los registros digitales con los que cuente (de ser el caso), deberá acompañar el índice cronológico del desarrollo de la audiencia, el cual no es un simple listado de las intervenciones de las partes, sino que deberá detallar horas, minutos y segundos exactos de cada una de las intervenciones llevadas a cabo y especificar de forma puntual el sentido genérico en el que se hizo de cada intervención, de conformidad con el artículo 117, tercer párrafo, de le Ley de Amparo. Además, se requiere a la autoridad responsable que manifieste si en el procedimiento de donde emana el acto reclamado, se ha tramitado diverso juicio de protección y de ser así, señale ante cuál autoridad federal se radicó el mismo. De igual forma, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por disposición del diverso 2º, de la ley de la materia, se requiere a la autoridad responsable, para que en cuanto de contestación al escrito de seis de septiembre de dos mil dieciocho, en el cual el quejoso solicitó se señalara día y hora para la celebración de la audiencia oral y pública, para el efecto de la revisión del cumplimiento de condiciones impuestas y remita las respectivas constancias de notificación al quejoso. En la inteligencia que de omitir hacerlo en el plazo indicado, o bien ser omisos en manifestar la imposibilidad que tenga para ello, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización (a razón de su valor diario), para el caso de soslayar cumplir con el requerimiento efectuado; ello de conformidad con los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo. También se hace saber a la autoridad responsable que de negarse a recibir la notificación, sin demostrar con ordenamientos jurídicos o documentos oficiales la causa razonable que impida la recepción del oficio, procederá el actuario de este juzgado a levantar una razón donde establezca la negativa injustificada y tendrá hecha la notificación, con fundamento en el artículo 28 fracción I párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Además, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización a razón de su valor diario como lo ordena el artículo 245 de la citada legislación, en los términos siguientes a la autoridad responsable que se niegue a recibir la notificación se le impondrá multa de cien a mil días. Para lograr el eficaz cumplimiento de lo anterior, se instruye a la secretaria encargada de la tramitación del presente asunto la emisión completa y correcta de todos los oficios y traslados ordenados en este acuerdo, para lo cual deberá firmar el espacio correspondiente a su cargo que se encuentra al final de la minuta que se deje para constancia y en caso de que posteriormente se solicite una reimpresión de los mismos, se deberá asentar una razón de ello, con la inserción del cargo y nombre del personal de este juzgado que lo solicite. De la misma forma, se ordena a los demás funcionarios públicos que tengan encomendada la revisión, tramitación y captura de este expediente que deberán verificar y cuidar los traslados y oficios de referencia y firmar el espacio relativo a su cargo, pues ello apoyará para que el presente sumario se mantenga en buen estado y los traslados lleguen en forma íntegra a los actuarios que deban notificarlos. Luego, con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, el cual establece que la parte quejosa deberá señalar la denominación de la autoridad responsable, se le apercibe que en caso de que la autoridad que designó como responsable no exista con la denominación referida o en la residencia indicada, se tendrá por inexistente y se suspenderá toda comunicación con ésta. Por otra parte, de conformidad con el artículo 115, primer párrafo, en relación con los diversos 19 y 22 de la Ley de Amparo, se señalan las DIEZ HORAS CON CUARENTA Y CUATRO MINUTOS DEL DIECINUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, para que sea celebrada la audiencia constitucional de este juicio. En términos de la jurisprudencia 2ª./J.176/2012 de la Décima Época, emitida por la Segunda Sala de nuestro máximo tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo 2, visible a página 1253, registro 2002576, de rubro NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS se hace saber a la responsable, con fundamento en los artículos 26 y 28 de la Ley de Amparo, que en el presente juicio únicamente le será notificada por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales admisión, o ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos y determinaciones que por su trascendencia se deban hacer de su conocimiento por medio de oficio dirigido a su residencia oficial y las restantes se le notificaran por medio de lista incluso el auto que cause ejecutoria y archivo definitivo. De igual manera, se ordena remitir oficio con copia de la demanda de amparo al Agente del Ministerio Público Investigador, adscrito a la Fiscalía General del Estado + para que haga valer los derechos que le corresponden como tercero interesado, los cuales implican la posibilidad de formular alegatos, con fundamento en el artículo 5, fracción III, enciso e), de la Ley de Amparo. Además se le informa que desde el acto del emplazamiento queda sujeto a consultar las determinaciones relacionadas con los actos reclamados que se notifiquen por lista en las instalaciones de este juzgado como las relativas a los informes justificados que se reciban en este juicio, dado lo previsto en el artículo 328 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo. Atento a lo anterior se ordena a la Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE que realice las anotaciones correspondientes a las denominaciones de las autoridades y partes en el presente juicio, lo que implica corroborar que los datos subidos al sistema estén correctos y completos. Se informa a las partes que de conocer alguna causal de sobreseimiento en relación con los actos combatidos deberán manifestarla de inmediato como lo dispone el artículo 64 de la citada legislación; y de ser posible acompañen las constancias que la acrediten. Para lograr el cumplimiento de lo anterior, se les apercibe con la imposición de una multa por el importe de treinta unidades de medida y actualización a razón de su valor diario como lo prevé el numeral 251 de la Ley de Amparo. Además, se tiene como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones el señalado en su demanda de amparo. Asimismo, quedan autorizadas las personas referidas en ese ocurso inicial, sólo para tales efectos e imponerse de los autos, porque omitió conferirles en forma expresa tal autorización en los términos amplios previstos en el numeral 12 de la ley de la materia. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la parte quejosa, la instrumental pública de actuaciones, la presuncional legal y humana, así como la documental que acompaña a su demanda de amparo, consistente en Copia simple del oficio DMCyPP/6223/2018 de la causa penal + emitido por el Director de Medidas Cautelares y Policía Procesal dirigido al Juez de Control del Centro de Justicia Penal del Estado de Puebla y, Copia simple del escrito signado por + dirigido al Juez de Control de la Región Centro, con sede en la ciudad de Puebla, de seis de septiembre de dos mil dieciocho. Sin perjuicio de hacer relación de ellas el día y hora señalados para la celebración de la audiencia constitucional. Se hace saber al quejoso que si a su interés conviene desde este momento se le autoriza hacer uso de los medios electrónicos que estén a su alcance tal y como lo dispone la circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determinó que las partes y personas autorizadas para oír y recibir notificaciones, podrán imponerse de los acuerdos dictados en los juzgados de distrito y tribunales de circuito del poder judicial de la federación, mediante el uso de aparatos como son las cámaras, grabadoras o lectores óptico. Sin embargo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 32 y 33 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, se deberá suprimir la información que en su caso resultare ser de carácter confidencial y reservado. Empero, tal supresión se realizará solo si lo permiten las constancias que se desee fotografiar, de lo contrario deberá solicitar copia certificada de las constancias respecto de las cuales, también suprimirán los datos personales. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, visible en la página 470, del tenor literal siguiente COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS EN QUE APAREZCAN LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y/O LA ORDEN DE APREHENSIÓN DEL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE AUTORIZARLAS CUANDO SE INTEGRAN AL JUICIO DE AMPARO POR VIRTUD DEL INFORME JUSTIFICADO, SIEMPRE QUE LA INFORMACIÓN RESERVADA O CONFIDENCIAL QUE PUDIEREN CONTENER NO PERTENEZCA A UNA PERSONA DISTINTA En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, en específico en su capítulo cuarto, artículo décimo séptimo; en el diverso 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes FESE y en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes FESE procédase en su momento a la digitalización del presente asunto escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. Por último, con fundamento en el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental se hace saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Se ordena a la Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE que realice las anotaciones correspondientes a las denominaciones de las autoridades responsables y partes en el presente juicio, lo que implica corroborar que los datos subidos al sistema estén correctos y completos. Ello, a fin de evitar que pueda generarse algún oficio con una denominación incorrecta que sea motivo de rechazo por la autoridad a la que va dirigido o que se omita el libramiento de algún oficio necesario para la tramitación y resolución del presente asunto. Lo anterior, en aras de la impartición de justicia en términos del artículo 17 constitucional pronta, oportuna y expedita.

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