Jesús Villarreal Uribe
Expediente 758/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 5 actuaciones registradas, la última del 16 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 758/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 16/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Jesús Villarreal Uribe
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Visto; la cuenta y certificación que anteceden, se acuerda: Toda vez que de la certificación que antecede asentada por la secretaria de juzgado, se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la sentencia de veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, en cuyo único resolutivo otorgó el Amparo y Protección de la Justicia Federal al quejoso Martín Villareal Alonso en su carácter de tutor legal de Jesús Villareal Uribe, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Hágase la anotación correspondiente en el libro de gobierno. Ahora bien, la ejecutoria de amparo constriñó a la autoridad responsable Director de Regularización de Fraccionamientos Rurales dependiente de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial, Zacatecas, para que: De inmediato deberá ordenar a quien corresponda la reposición y entrega de los títulos correspondientes al quejoso Martín Villareal Alonso en su carácter de tutor legal de Jesús Villareal Uribe, previo pago del derecho correspondiente (sólo para el caso de que no haya sido cubierto en su totalidad); y, en el supuesto de que exista impedimento legal para reponer y entregar el referido certificado, deberá informar al impetrante sobre este aspecto, por escrito y de manera fundada y motivada, acerca de lo cual no se prejuzga, en el entendido de que las actuaciones de las autoridades responsables no podrá ser justificadas en término o plazo alguno, bajo el argumento de excesiva carga de trabajo o causa diversa análoga, dado que por ese motivo se ha concedido el amparo; todo lo cual deberá demostrar plenamente ante este Juzgado Federal en el término de tres días de conformidad con lo establecido por el numeral 192 de la Ley de Amparo. Luego, de autos se advierte que la autoridad responsable Director de Fraccionamientos Rurales del Estado de Zacatecas, mediante oficio 2155/2019, remitió copias certificadas de las constancias por las cuales hizo reposición y entrega de los títulos correspondientes al quejoso Martín Villareal Alonso en su carácter de tutor legal de Jesús Villareal Uribe; en consecuencia, con el escrito de cuenta y de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes por el término de tres días, computados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación que legalmente se les practique de este proveído, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento de que en caso de no realizar manifestación alguna sobre el particular, este juzgador de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad.
- Principal
Visto; agréguese a sus autos para obrare como corresponda, el ocurso presentado l Martín Villareal, en su carácter de tutor legal de Jesús Villareal Uribe, téngasele por ofrecidas las pruebas documentales mismas que ya obran en autos, así como, la instrumental de actuaciones y presuncional en su doble aspecto, hágase de ellas nueva reseña en la audiencia constitucional que al efecto se celebre, en términos de los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo.
- Principal
Visto; agréguese a sus autos para que obre como corresponda el informe justificado y anexo, que rinde la autoridad responsable. Con su contenido dese vista a las partes para su conocimiento y efectos legales correspondientes, de conformidad con lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Con la documental exhibida por la responsable como soporte de su informe justificado, hágase nueva relación en la audiencia constitucional que al efecto se celebre, en términos de los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo. Atento a lo anterior se advierte que el informe justificado de la autoridad señalada como responsable, no se puso a la vista de las partes con la anticipación de los ocho días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo; para dar oportunidad a ello, se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy y, en su lugar se fijan las once horas con treinta minutos del veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, para su verificativo.
- Principal
Visto; agréguese a los presentes autos para obrar como corresponda, el escrito presentado por Martín Villareal Alonso en su carácter de tutor legal de Jesús Villarreal Uribe, por el que da cumplimiento al requerimiento que se le hizo por auto de veintitrés de septiembre del año en curso; al respecto, se acuerda: Se tiene por cumplido el requerimiento de referencia; consecuentemente, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I y VII, de la Constitución General de la República; 1°, fracción I, 33, 107, 108 y 115 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo promovida por Martín Villareal Alonso en su carácter de tutor legal de Jesús Villarreal Uribe, contra actos del Director de Regularización de Fraccionamientos Rurales de la Secretaría de Desarrollo Urbano Vivienda y Ordenamiento Territorial. Sin tramitar incidente de suspensión, al no haberse solicitado. Con apoyo en el artículo 117 de la ley de la materia, pídase informe con justificación a la autoridad responsable, el cual deberá rendir dentro del término de quince días siguientes al en que se notifique, donde expondrá las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado. Asimismo, se requiere a la autoridad responsable para que al rendir su informe justificado y en el supuesto de que el acto reclamado sea cierto, remita copias autorizadas, legibles y completas de las constancias que tomó en consideración para emitirlo; en el entendido que de no rendirlo, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, conforme a lo dispuesto en el ordinal 117 en consulta. Se apercibe a la autoridad responsable que de no rendir el informe con justificación o lo haga sin remitir, en su caso, la constancia en la forma indicada, se le impondrá una multa de cien días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha en que se haga efectivo dicho medio de apremio; lo anterior en términos de los artículos 238 y 260, fracción II, de la ley en comento y de conformidad con los artículos primero, segundo y quinto transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Se fijan las once horas con treinta minutos del veinticinco de octubre de dos mil diecinueve, para la celebración de la audiencia constitucional en este juicio. Sin que de la lectura de la demanda se advierta por el momento la existencia de tercero interesado. En otro aspecto, infórmese a la autoridad responsable que tiene la obligación de dar seguimiento a los juicios en que intervenga, toda vez que este juzgado en lo subsecuente, notificará por lista los acuerdos de trámite de trascendencia menor, pues sólo se ordenará notificar por oficio, en términos de la primera fracción del artículo 30 de la Ley de Amparo, cuando se trate de la primera notificación y aquellas que se consideren trascendentes, como lo es, la sentencia que se llegue a dictar, no así los acuerdos de mero trámite ni los diferimientos de la audiencia constitucional. En apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página mil doscientos cincuenta y tres del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, enero de 2013, Tomo 2, Décima Época, con registro 2002576, del tenor: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." También sustenta lo anterior el criterio del Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la tesis I.20o.A.2 K (10a.), publicada en la página dos mil trescientos noventa y nueve, del Libro 36, Noviembre de dos mil dieciséis, tomo IV, materia común, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro 2013030, bajo el rubro y texto siguientes: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. CONFORME AL ARTÍCULO 192, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 26, FRACCIÓN II, INCISO A), DE LA LEY DE LA MATERIA VIGENTE, LA RELATIVA A LA SENTENCIA DICTADA EN EL RECURSO DE REVISIÓN, DEBE SER REALIZADA POR OFICIO ACOMPAÑADO DEL TESTIMONIO CORRESPONDIENTE ÚNICAMENTE CUANDO SE CONCEDIÓ LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL AL QUEJOSO. La interpretación histórico-progresiva de las disposiciones de la Ley de Amparo que han regulado las notificaciones a las autoridades responsables en el juicio de amparo indirecto, revela que la legislación abrogada preveía que las ejecutorias recaídas a los procedimientos seguidos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito debían dárseles a conocer por medio de oficio acompañado del testimonio de la resolución, sin importar el sentido de ésta; sin embargo, en la ley vigente se estableció esa obligación sólo por cuanto a las ejecutorias en las que se concede el amparo al quejoso, en aras del pronto cumplimiento de aquéllas. En esas condiciones, conforme al artículo 192, en relación con el diverso 26, fracción II, inciso a), de la propia ley, para los casos en que no se concedió la protección constitucional al quejoso, es innecesario que la notificación a las autoridades responsables de la sentencia dictada en el recurso de revisión, se lleve a cabo por medio de oficio acompañado del testimonio respectivo, toda vez que esa obligación fue excluida de la actual legislación de amparo." Con apoyo en el artículo 64 del ordenamiento legal invocado, se requiere a la parte quejosa y a la autoridad responsable, para que, en el supuesto que tuvieran conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, de las establecidas en el artículo 63 de la ley de la materia, lo hagan saber de inmediato a este juzgado, y de ser posible acompañar las constancias que así lo acrediten; pues, de no cumplir con esa obligación, se les impondrá una multa de treinta días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha que, en su caso, se haga efectivo dicho medio de apremio; lo anterior en términos de los artículos 238 y 251 de la Ley de Amparo y de conformidad con los artículos primero, segundo y quinto transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Con copia autorizada de este auto y de la demanda con que se formó el presente expediente, dese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le corresponde. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, a fin de que no queden paralizados los procedimientos, para el caso de que en el presente juicio de amparo deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en él, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda practicarlas. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en concordancia con los puntos décimo quinto y décimo sexto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la mencionada ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación de cuatro de abril de dos mil cuatro, vigente a partir del cinco del mismo mes y año, dígase a las partes que las sentencias ejecutorias dictadas en expedientes bajo el resguardo del Poder Judicial de la Federación, deberán hacerse públicas sin supresión de datos, a menos que las partes se opongan a la publicación de sus datos personales, cuando se refieran a expedientes que contengan información reservada y confidencial en los términos del artículo 24, fracción VI, de la citada ley, cuando pongan en riesgo la vida, la seguridad o la salud de las partes, en cuyo caso, los datos serán confidenciales, acorde a lo dispuesto en el numeral 113 de la legislación en comento. Manifestación que deberá realizarse dentro del presente juicio, hasta antes que se dicte el fallo; en la inteligencia que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar si tal oposición surte sus efectos, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o pruebas y constancias que obren en el expediente, ello de conformidad con lo señalado por el artículo 8º del citado Reglamento, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional. En términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye a la secretaria para que dé fe, de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, se incorporen todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. Se autoriza a la secretaria a firmar los oficios que deriven de la tramitación de este asunto.
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