Jesús Villalobos López

Expediente 872/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 3 actuaciones registradas, la última del 31 de octubre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
872/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
31/10/2017

Partes del expediente

  • Jesús Villalobos López

Actuaciones

  1. Principal

    Visto; la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto dictado el seis de octubre de dos mil diecisiete en el presente juicio de garantías, sin que a la fecha haya presentado promoción alguna al respecto; con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos del numeral 2º de esta última, se declara que dicho auto ha quedado firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes. Asimismo, desprendiéndose de la certificación secretarial de cuenta, que en el presente juicio de amparo, no existen documentos originales exhibidos por las partes que deban ser devueltos a los interesados, dado que no existen diligencias pendientes de practicar y que, en su caso, ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente, se ordena su archivo definitivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. Lo anterior, en la inteligencia que, para los efectos legales a que haya lugar, en términos de los artículos décimo primero, décimo séptimo y tercero transitorio, del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de acuerdo a la valoración documental respectiva, se considera el expediente en que se actúa es destruible.

  2. Principal

    Visto; el escrito de demanda presentado por Jesús Villalobos López, por su propio derecho, contra actos de la Juez de Primera Instancia y de lo Familiar en Loreto, Zacatecas, por violación a los artículos 1°, 14, 16 y 17 Constitucionales, el Juez acuerda: Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 872/2017-II y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora bien, el artículo 113, de la Ley de Amparo, dispone que el Juez de Distrito debe examinar ante todo el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. En acatamiento a lo anterior, es de indicarse que la parte quejosa señala como acto reclamado el auto de veintiuno de septiembre de dos mil diecisiete, emitido por la autoridad responsable Juez de Primera Instancia y de lo Familiar en Loreto, Zacatecas, dentro del juicio ordinario civil de liquidación de sociedad conyugal 468/2010 de su índice, por el que ordena la inspección judicial y levantamiento de inventario de mercancía existentes en la Farmacia que forma parte de la sociedad conyugal, a cargo del Actuario adscrito al juzgado responsable, para que en su oportunidad se determine sobre cómo habrá de quedar en liquidación la sociedad de gananciales; para lo cual, la responsable fija el siete de noviembre de dos mil diecisiete. Señalado lo anterior, una vez realizado el estudio respectivo de la demanda de garantías, este órgano jurisdiccional advierte que con fundamento en lo previsto en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con la fracción IV, del numeral 107 y 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda que se atiende. En efecto los invocados preceptos legales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .... XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior". "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De los antecedentes del acto reclamado, se desprende lo siguiente: 1. El veintidós de octubre de dos mil diez, Jesús Villalobos López, por su propio derecho, promovió por la vía ordinaria civil, juicio de liquidación de sociedad conyugal de los bienes adquiridos y que formaron el caudal del régimen matrimonial celebrado con Rosa Olimpia Flores Guzmán, en mil novecientos noventa, quedando registrado con el folio 468/2010, por ser aquélla quien administraba los negocios mercantiles que consolidaron y los recursos que de ellos derivaban. 2. El doce de mayo de dos mil dieciséis, fue dictada sentencia, en que fue reconocida la existencia de la sociedad conyugal y con ello, los bienes que conformaron la sociedad, decretándose en consecuencia la disolución del régimen de sociedad conyugal a que fue sujeto el matrimonio, precisándose la existencia de dos figuras jurídicas diferentes: los gananciales matrimoniales y el Régimen Patrimonial, a cuya liquidación habría de procederse en ejecución de sentencia, quedando claramente establecido qué bienes inmuebles deberán ser repartidos entre los cónyuges, así como los bienes que conformaron la sociedad de gananciales, quedando determinados diversos negocios mercantiles, entre ellos, un negocio con giro de farmacia, que quedó a cargo de la administración de Rosa Olimpia Flores Guzmán. 3. Posteriormente, a solicitud de Rosa Olimpia Flores Guzmán, la autoridad responsable, en auto de veintiuno de septiembre de dos mil diecisiete, ordenó la inspección judicial y levantamiento de inventario de mercancía existentes en la Farmacia que forma parte de la sociedad conyugal, a cargo del Actuario adscrito al juzgado responsable, para que en su oportunidad se determine sobre cómo habrá de quedar en liquidación la sociedad de gananciales; para lo cual, la responsable fija el siete de noviembre de dos mil diecisiete. Acto reclamado. De lo anterior, se advierte que el acto reclamado fue dictado en ejecución de la sentencia pronunciada dentro del juicio ordinario civil de liquidación de sociedad conyugal 468/2010 del índice del Juzgado de Primera Instancia y de lo Familiar en Loreto, Zacatecas y dicho acto no es la última resolución dentro de dicho procedimiento, entendiéndose por esta, aquélla que determina el cumplimiento de la sentencia dictada en dicho juicio, a través de la liquidación y entrega de los bienes que conformaron la sociedad conyugal, lo que en la especie no acontece; lo que incluso tiene sustento en lo dispuesto por la fracción IV, del artículo 107 de la Ley de Amparo. Así, el quejoso estaría en aptitud de promover el amparo correspondiente contra la última resolución que al efecto se dicte en el procedimiento de origen, pudiendo combatir en ella las demás violaciones que se dieren, incluyendo lo que señala como acto reclamado; ello atendiendo a la regla específica introducida por el legislador, con el propósito de impedir que el juicio de garantías sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva pronunciada en los autos del juicio de origen; de ahí que en el caso se surta de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia en análisis. En apoyo de lo anterior, resulta aplicable el criterio sustentado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 734, visible a foja mil doscientos cuatro, de la Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes del Ultimo Apéndice al Semanario Judicial de la Federación que dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIAS. AMPARO IMPROCEDENTE. Si el acto reclamado consiste en una resolución dictada en ejecución de una sentencia y la cual no es la última en el procedimiento de ejecución, el juicio de garantías debe estimarse improcedente, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo.". Asimismo, tiene aplicación al caso, el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en la tesis I.3o.C.765 C, publicada en la página mil trescientos cuarenta y cinco, del Tomo XXX, Octubre de 2009, materia civil, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 166244, del tenor: "AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DICTADOS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. PROCEDE RESPECTO DE LA "ÚLTIMA RESOLUCIÓN" DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, ES DECIR, HASTA QUE SE HAGA EL PAGO DE LO CONDENADO O SE DECLARE LA ABSOLUTA IMPOSIBILIDAD PARA ELLO. El artículo 114, fracción III, párrafo segundo, de la Ley de Amparo exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la "última resolución" dictada en dicho procedimiento; en el caso del auto de ejecución, dictado por el Juez, en el que en cumplimiento de la condena que establece una obligación de pago, se ordene el requerimiento de la misma con motivo de la cantidad líquida a que se condenó a la parte que la adeudare y se le aperciba que en caso de no hacerlo se embargarán bienes de su propiedad suficientes para garantizar el pago de dicho adeudo, no constituye la "última resolución" que se dicta y en contra de la cual proceda la vía constitucional biinstancial, porque se encuentra supeditado al resultado de las diligencias materiales de lo ordenado, que dependen de la voluntad del condenado, por lo que en caso de que se logre o no el pago requerido, la autoridad determinará los actos conducentes a la ejecución correspondiente en contra de los que no procede el amparo indirecto. Lo anterior es así, en virtud de que el procedimiento de ejecución obedece a la existencia de un fallo con rango de cosa juzgada y que debe cumplimentarse atento a su naturaleza de orden público; sin embargo, los proveídos que se dicten para ello se encuentran supeditados a las resultas de la diligenciación material de lo que se ordenó, los que a su vez dependen de dos factores, consistentes en la voluntad del condenado y la posibilidad o no de lograr el pago requerido y que son actuaciones que se emitirán conforme al contenido de la resolución definitiva. Por tanto, será hasta que se haga el pago de lo condenado o se declare la absoluta imposibilidad para ello, que proceda el amparo con el posible efecto restitutorio que le imprime el artículo 80 de la Ley de Amparo, que permite restablecer el orden constitucional mediante la devolución de lo pagado si se demuestra la violación de garantías." En esas condiciones, una vez acreditado que se actualiza la causa de improcedencia destacada y, al ser manifiesta e indudable la causa de improcedencia, este Tribunal no está en aptitud legal para dar curso a la demanda de garantías promovida por Jesús Villalobos López, por su propio derecho, contra actos del Juez de Primera Instancia y de lo Familiar en Loreto, Zacatecas y otra autoridad; por tanto, lo procedente es desecharla de plano, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo. Ténganse por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados Ada Marina Carreño Moreno, Ma. Susana Guerrero Espinosa y Roberto Ríos Gárnica y, como domicilio para tales efectos, el ubicado en Calle Medina, número ciento veintitrés, interior dos (123-2), Colonia Centro, en esta ciudad.

  3. Principal

    DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 27, FRACCIÓN I, INCISO C) Y 29 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE,SE LE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA POR LISTA QUE SE FIJA EN LUGAR VISIBLE Y DE FACIL ACCESO Y POR LISTA EN LA PÁGINA ELECTRÓNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, EL AUTO O RESOLUCIÓN DE SEIS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE, AL NO HABER ACUDIDO DENTRO DE LOS DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL EN QUE SE DEJÓ EL AVISO DE DIEZ DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE.

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