Jezabel Neptalí Salazar Rosales
Expediente 691/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 691/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 13/09/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Jezabel Neptalí Salazar Rosales
Actuaciones
- Principal
Visto; la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto de veintisiete de agosto de dos mil diecinueve, dictado en el presente juicio de amparo, sin que a la fecha haya presentado promoción alguna al respecto; con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos del numeral 2º de esta última, se declara que dicho auto ha quedado firme; para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes. Desprendiéndose de la certificación secretarial de cuenta, que en el presente juicio de amparo, no existen diligencias pendientes de practicar ni documentos en original o copia certificada que deban ser devueltos a las partes; y, en su caso, que ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente, se ordena su archivo definitivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. Lo anterior, en la inteligencia que, para los efectos legales a que haya lugar, en términos de los artículos décimo primero, décimo séptimo y tercero transitorio, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de acuerdo a la valoración documental respectiva, se considera el expediente en que se actúa destruible.
- Principal
Vista; la demanda de amparo presentada por Jezabel Neptalí Salazar Rosales, por propio derecho, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Zacatecas, por violación a diversos preceptos Constitucionales, el Juez acuerda: Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 691/2019-I y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto anterior se desprende que es procedente desechar la demanda de amparo, cuando el Juez de Distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos anexos. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, el informe justificado que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que ésta y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean indispensables para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren, es decir, si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría a la quejosa de su derecho a instar el juicio de amparo contra un acto que pudiera causarle perjuicio. En el caso concreto, Jezabel Neptalí Salazar Rosales reclama del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas la omisión o abstención de dictar laudo definitivo dentro del juicio laboral 279/2018; respecto de dicho acto se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta Ley...". "Artículo 107. El amparo indirecto procede ... V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.". Previamente, debe señalarse que de conformidad con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación al ordinal 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el amparo se pedirá ante el Juez de Distrito, contra actos en juicio, que tengan sobre las personas o las cosas, una ejecución de imposible reparación. Por ende, necesario es dejar establecido que, por actos que producen ejecución irreparable, debe entenderse aquéllos que dentro del juicio afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano y en los tratados internacionales de lo que el Estado Mexicano, sea parte, cuyos efectos no se pueden reparar en el curso del juicio, aunque se obtuviera una sentencia definitiva favorable a la quejosa, en razón de que los daños o perjuicios que pudiera resentir el particular con esa clase de actos, no se le pueden resarcir en ninguna actuación posterior. Por consiguiente, no puede considerarse como actos de imposible reparación los que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, puesto que en éstos, el perjuicio que en su caso se ocasione, puede ser reparado al momento de dictarse la sentencia definitiva, en caso de ser favorable a los intereses de la quejosa, o no siéndolo mediante la impugnación de la misma, haciéndose valer aquélla violación procesal. Ahora bien, en tratándose de dilaciones procesales, como lo puede ser la omisión de una autoridad de acordar promociones o dictar resoluciones, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a. 2a./J. 48/2016 (10a.), de rubro "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS.", en el sentido que tales actos no pueden ser considerados de ejecución irreparable, sino violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, porque se presenta justamente dentro de éste, de ahí que cuando se promueva juicio de amparo contra este tipo de actos, por regla general será notoriamente improcedente, a menos de que el juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente. Con relación a este criterio jurisprudencial, la propia Segunda Sala de nuestro máximo Tribunal, emitió la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.), en la que estableció que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, por lo que estableció que en tratándose de dilaciones procesales cuando se reclama una omisión a una autoridad laboral, como es el caso, deberán haber transcurrido al menos cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, pues ese es el plazo máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo, tolera para que el juicio permanezca inmóvil. La jurisprudencia mencionada es del tenor siguiente: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador." Ahora, la quejosa en su escrito de demanda, refiere bajo protesta de decir verdad, que una vez que se admitió la demanda laboral y seguido el procedimiento correspondiente mediante proveído de catorce de junio de dos mil diecinueve, se puso en estado de cierre de instrucción el juicio laboral 279/2019 y que se turnó el citado expediente para que se realizara el proyecto de laudo, manifestación de la promovente que se toma como confesión expresa. Sirve de apoyo a lo anterior por analogía jurídica la tesis aislada XX.20.23 L, novena época, que al rubro dice: "CONFESIÓN EXPRESA EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. TIENE VALOR PROBATORIO PREPONDERANTE RESPECTO DE LA CONFESIÓN FICTA. De conformidad con el artículo 794 de la Ley Federal del Trabajo, las manifestaciones contenidas en las constancias, así como en las actuaciones del juicio laboral, constituyen una confesión expresa de los contendientes respecto de un punto controvertido, la cual adquiere plena eficacia demostrativa en su contra, sin necesidad de que sea ofrecida por éstos. Ahora bien, como tal medio de prueba hace referencia a hechos que una de las partes manifestó libre y espontáneamente, es evidente que adquiere valor probatorio preponderante respecto de la confesión ficta de su contraparte; lo anterior es así, ya que ésta se basa en una presunción juris tantum que sólo produce valor convictivo cuando no ha sido desvirtuada por prueba en contrario; consecuentemente, la presunción que genera una prueba confesional ficta por falta de comparecencia a absolver posiciones, no puede ser apta para tener por demostrados determinados hechos como confesados, si existe probanza en contrario, como lo es la confesión expresa de alguna de las partes derivada de las actuaciones del juicio." Así, el artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo establece que una vez cerrada la instrucción, la junta cuenta con un término de diez días (hábiles) para fallar; entonces, ese término comenzó el dieciocho de junio siguiente y concluyó el primero de julio de dos mil diecinueve; entonces, a partir de esta última fecha comenzó la dilación procesal de la autoridad responsable al no dictar el laudo y a la fecha que se dicta este auto, no han transcurrido los cuarenta y cinco días naturales que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló como término máximo para considerar que ha habido una paralización total del procedimiento, de ahí que en estricto apego al contenido del criterio jurisprudencial 2a./J. 33/2019 (10a.), de observancia obligatoria para este resolutor en términos del primer párrafo del artículo 217 de la Ley de Amparo, se obtiene que la omisión de dictar laudo que en vía constitucional se pretende combatir, no es un acto de ejecución de imposible reparación al no afectar derechos sustantivos de la quejosa, sino adjetivos o intraprocesales, pues se insiste, al no haber transcurrido los cuarenta y cinco días naturales entre el veintiocho de junio de dos mil diecinueve, último día en que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Zacatecas tuvo para fallar en el juicio laboral 279/2018 y el veintitrés de agosto de dos mil diecinueve, en que se presentó demanda de amparo, es que se actualiza de forma manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo y lo que procede es desechar de plano la demanda de amparo promovida por Jezabel Neptalí Salazar Rosales, con apoyo en el artículo 113, del propio ordenamiento legal. Téngase por autorizados para oír y recibir notificaciones en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a los licenciados Juan Alfredo Aguiña Maldonado y Margarita Sandoval Torres; y, como domicilio para tales efectos, el ubicado en calle Albino, número cuarenta y seis (43) Fraccionamiento Hípico de Guadalupe, Zacatecas.
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