Jesús Salvador López Hernández

Expediente 611/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 11 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
611/2022
Año
2022
Actuaciones
11
Última actuación
30/08/2022

Partes del expediente

  • Jesús Salvador López Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, treinta de agosto de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la resolución de tres de agosto de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin que lo haya hecho. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Igualmente, con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de destruirse, ya que se negó la medida cautelar solicitada. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, contado a partir de esta propia fecha. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese por lista, y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    En Morelia, Michoacán, a las once horas con veinte minutos del tres de agosto de dos mil veintidós, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo III-611/2022-V, sin la comparecencia de las partes. Enseguida se da cuenta al Juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El Juez provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, el secretario hace constar que ninguna de las partes ofreció material probatorio. Al respecto, el Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, el secretario da cuenta con los formulados por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado. El encargado del despacho acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por reproducidos los alegatos de referencia y se declara precluido el derecho de las partes para formularlos. Al no existir pruebas pendientes por admitir y desahogar se da por concluida la presente audiencia constitucional, con lo cual quedan vistos los autos para dictar la resolución que conforme a derecho proceda; y R E S U L T A N D O: Primero. Presentación escrito de demanda. Mediante escrito presentado el dos de junio de dos mil veintidós ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, Jesús Salvador López Hernández, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal en los términos siguientes: Autoridad responsable: Fiscal General de Justicia en el Estado; 2. Agente del Ministerio Público Investigador de la Unidad de carpetas de Investigación y de Litigación de la Fiscalía Regional de Zamora, Michoacán; 3. Jueces de Control de Garantías de la Región de Morelia, con sede en Zamora, Michoacán; 4. Jueces Especializados en el Sistema Penal Acusatorio de la Región de Morelia, con sede en Zamora, Michoacán; y, 5. Agente del Ministerio Público Investigador de la Fiscalía Regional de Zamora, Michoacán, Unidad de Alto Impacto Mesa II, con sede en Zamora, Michoacán. Acto reclamado: La orden de aprehensión dictada en contra de Jesús Salvador López Hernández, así como su ejecución. Segundo. Admisión. Por acuerdo de seis de junio de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; se dio al Ministerio Público de la Federación la intervención que le corresponde. Una vez integrado el expediente, el día de hoy se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 37 y 107 fracción V, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; pues el acto reclamado se atribuye a las autoridades con residencia en la demarcación geográfica donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. También sirve de fundamento el Acuerdo General 3/2013, reformado y adicionado por el diverso 36/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Segundo. Precisión del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, este juzgador procede a precisar el acto reclamado, para lo cual es necesario tomar en cuenta la demanda de amparo en su integridad, atento a lo dispuesto en la jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En cumplimiento al precepto y jurisprudencia de referencia, en la especie el acto reclamado consiste en: La orden de aprehensión dictada en contra de Jesús Salvador López Hernández, así como su ejecución. Tercero. Inexistencia del acto reclamado. Las autoridades responsables siguientes: Fiscal General de Justicia en el Estado; 2. Jueces de Control de Garantías de la Región de Morelia, con sede en Zamora, Michoacán; y, 3. Jueces Especializados en el Sistema Penal Acusatorio de la Región de Morelia, con sede en Zamora, Michoacán. Al momento de rendir sus informes justificados señalaron que no es cierto el acto que se les reclama. Por tanto, la carga probatoria corresponde a la parte quejosa, pues la orden privativa de la libertad implica una actividad desplegada por las citadas autoridades responsables, la cual deja huella en el tiempo y en el espacio, lo que la hacía susceptible de prueba, sin que aportara alguna para desvirtuar tales negativas. Ahora bien, no obstante que las siguientes autoridades no rindieron su informe justificado: 1. Agente del Ministerio Público Investigador de la Unidad de carpetas de Investigación y de Litigación de la Fiscalía Regional de Zamora, Michoacán; y, 2. Agente del Ministerio Público Investigador de la Fiscalía Regional de Zamora, Michoacán, Unidad de Alto Impacto Mesa II, con sede en Zamora, Michoacán. Igual determinación se debe tomar, pues pese a que no obre su informe justificado, se advierte que las mismas tienen el carácter de autoridades ejecutoras, calidad con la cual no pueden materializar actos inexistentes; sin que los actos que se les atribuyen se hayan reclamado por vicios propios. En consecuencia, ante la inexistencia del acto reclamado a las autoridades responsables mencionadas se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo y, por tanto, con apoyo en dicho precepto, procede sobreseer en el juicio de amparo. Es aplicable la jurisprudencia VI.2o. J/20, visible en la página seiscientos veintisiete del tomo IV, segunda parte-2 del Semanario Judicial de la Federación de julio a diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, materia común, octava época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, del rubro: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS." Cuarto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: Único. Por las razones expresadas en el considerando tercero de la presente resolución se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Jesús Salvador López Hernández contra el acto reclamado a las autoridades responsables precisadas en el cuerpo de la presente sentencia. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Leonardo Rojas Barragán, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, quince de julio de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por formulado el pedimento de la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado y con éste dése cuenta en la audiencia constitucional. Asimismo, en virtud de la solicitud para que se le expida copia de la sentencia definitiva, dígase a la agente que una vez que sea pronunciada le será expedida la misma. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, trece de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta, y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que a la fecha no obra el acuse de recibo, ni el informe justificado solicitado al agente del Ministerio Público Investigador de las Unidad de Carpetas de Investigación y Litigación de la Fiscalía Regional de Zamora, Michoacán y otra autoridad. Por tanto, toda vez que dichas constancias son necesarias para resolver el juicio de amparo en que se actúa, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día hoy y se fijan para su verificativo las diez horas con diez minutos del tres de agosto de dos mil veintidós. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el el licenciado Oscar Hernández García, secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargado del despacho en términos del artículo 44, segundo párrafo de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el 4° de la publicación de la Lista de las Personas Admitidas a la segunda etapa del Primer Concurso Interno de Oposición para la designación de Magistradas y Magistrados de Circuito, conforme a la Reforma Judicial, en virtud de que el Titular de este órgano jurisdiccional participa en el mismo, de acuerdo con el numeral 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la Carrera Judicial y las Condiciones de los Funcionarios Judiciales, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

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