Jesus Sanluis Luna
Expediente 384/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 2 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 384/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 02/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Jesus Sanluis Luna
Actuaciones
- Principal
JUICIO DE AMPARO 384/2023-IX. Puebla, Puebla, dos de mayo de dos mil veintitrés. Causa estado. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que el quejoso no interpuso recurso de queja contra el proveído de diecisiete de abril de dos mil veintitrés, en el cual fue desechada su demanda de tutela constitucional. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que el referido acuerdo causó estado (quedó firme). Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno y a la Oficial Judicial "A", responsable del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), realicen las anotaciones correspondientes a la declaración de firmeza procesal. Archivo. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se ordena el archivo del presente expediente como asunto totalmente concluido. Valoración documental. En uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de las constancias, estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del referido acuerdo, ya que en el proveído inicial se desechó la solicitud de amparo -lo cual implica una resolución que sin decidir el juicio lo dio por concluido-. Resguardo del expediente. Con fundamento en el artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. Inexistencia de documentos originales. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permite visualizar que no se tienen documentos originales (anexos irremplazables) para devolver a la parte quejosa. Inexistencia de anexos. En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Carátula del expediente. Se instruye a la secretaria encargada de la tramitación de este expediente para que realice las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto; lo anterior en términos del artículo 35 del multicitado acuerdo general. Revisión del expediente. Se instruye a la secretaria que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Notifíquese; y cúmplase.
- Principal
--JUICIO DE AMPARO 384/2023-IV. Puebla, Puebla, diecisiete de abril de dos mil veintitrés. Radicación del expediente. Se recibe la demanda de amparo signada por el quejoso Jesús Sanluis Luna, por derecho propio, contra un acto del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla (única autoridad responsable). En consecuencia, de conformidad con los artículos 99, 102, fracción I, 105, fracción I, y 180 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, regístrese la demanda en el libro de control electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con el número que cronológicamente corresponda y realícese la captura de datos e información relacionada con el presente asunto. Tramitación electrónica del juicio de amparo. Se hace saber al quejoso que, de conformidad con los artículos 3 y 22, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente -como los acuerdos emitidos por este órgano jurisdiccional- constarán únicamente en el expediente electrónico, pues una vez que son ingresados mediante el uso de la firma electrónica, producen los mismos efectos que los físicos. Entonces, el expediente físico únicamente servirá de soporte documental para constancia de la recepción de promociones y diligencias que se hayan recibido o desahogado de esa manera, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General. Exhortación para tramitación del juicio en línea. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General, se exhorta al quejoso para que, cuando le sea posible, transite hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, donde podrá consultar íntegramente el expediente electrónico y presentar las promociones mediante el empleo de su firma electrónica. Digitalización de la demanda. Debido a que la demanda de amparo fue recibida de manera física por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, conforme lo disponen los artículos 252 y 253 del citado Acuerdo General, se ordena la digitalización de dicho documento y su incorporación al expediente electrónico, a través del uso de la firma electrónica. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que la jueza de distrito examinará la demanda, y si encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado en el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán con una resolución de sobreseimiento. Por causa manifiesta, se entiende lo que es claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tiene la certeza y plena seguridad, en particular de que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto. De modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma se arribaría a una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaran las partes. Sirve de apoyo a lo expresado, la tesis jurisprudencial de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO"1 . En el presente caso, se observa que la demanda presentada por el quejoso, debe subsumirse en la hipótesis normativa del artículo 113 de la Ley de Amparo, esto es, el desechamiento de plano por una causa de improcedencia. Para demostrarlo, es necesario indicar que la lectura integral efectuada a la demanda, llevó a visualizar el reclamo de lo siguiente: ".El DESAHOGO DE LA AUDIENCIA DE PRUEBA ANTICIPADA DE FECHA SIETE DE MARZO DEL DOS MIL VEINTITRES DENTRO DE LA CAUSA PENAL 118/2023 DE LOS DEL INDICE DEL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL EN EL ESTADO DE PUEBLA, EN LO ESPECIFICO POR HABERSE DESAHOGADO SIN LA PRESENCIA DEL SUSCRITO, VIOLENTANDO LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 20 CONSTITUCIONAL APARTADO A FRACCION VI.". Sin embargo, la determinación combatida por el quejoso no encuadra en los actos de imposible reparación, que pueden combatirse con el juicio de amparo indirecto, motivo por cual debe imponerse desde este momento una causal de improcedencia, porque resulta manifiesta e indudable conforme a los antecedentes y conceptos de la demanda. De hecho, es la causal que resulta de la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción V, de la misma legislación, interpretada en sentido contrario, que a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de Amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.". De los anteriores preceptos se obtiene -para efectos del juicio de amparo indirecto-, que un acto de imposible reparación será el que afecte de modo directo e inmediato los derechos fundamentales, consagrados en la constitución federal y los tratados internacionales. Ello conduce a explicar el parámetro actual de imposible reparación. Este derivó de los problemas detectados en los trabajos legislativos para la reforma de junio de dos mil once, al artículo 107 de la constitución federal, en especial la demora que en algunos expedientes de particulares generaba la promoción del juicio de amparo indirecto. De ahí se visualizó la necesidad de abreviar los procesos de instancia en beneficio de un derecho fundamental de los gobernados: la pronta impartición de justicia. Lo cual sólo se advirtió posible con una mayor concentración del juicio de amparo directo, pues al incorporar en este las violaciones al procedimiento y las relativas al fondo de la controversia, se obtendría una resolución definitiva y completa desde los temas procedimentales, al grado de evitar numerosos escenarios de dilación procesal. Tales aspectos fueron examinados por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues al resolver la contradicción de tesis 377/2013, determinó que la interpretación más viable al propósito de acortar la tramitación de una controversia -por el derecho fundamental de justicia pronta- se obtiene de un régimen excepcional para el amparo indirecto. Régimen excepcional que visualizó el Pleno en la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, porque esta disposición sujeta los actos de imposible reparación a un parámetro específico: afectación material a derechos sustantivos tutelados en la constitución federal y en los tratados internacionales ratificados por nuestro país. Ello a fin de que las presuntas violaciones al procedimiento, se expongan en forma simultánea con las infracciones de la sentencia de fondo, hasta promover el juicio de protección en la vía directa. De modo que todas las lesiones jurídicas de naturaleza formal o adjetiva, quedaron fuera del supuesto de procedencia establecido para el juicio de amparo indirecto, en específico los actos relacionados con derechos procesales y que sucedan en el trámite de un expediente de particulares (fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo). Bajo este contexto resulta el parámetro actual de imposible reparación, el cual exige una afectación material a derechos sustantivos, y en el cual nunca podrán incluirse violaciones relativas a aspectos procesales. Así quedó establecido en la tesis jurisprudencial P./J. 37/2014 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación -derivada de la contradicción de tesis 377/2013- que se publicó en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, página 39, con el rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)". Pero además, debe indicarse que el espectro actual de imposible reparación -contra actos dentro de juicio- tiene un objetivo legítimo conforme al derecho fundamental utilizado para el diseño de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo. En particular frente a los alcances del principio de progresividad,2 tutelado en el artículo 1 de la constitución federal, pues al realizar una interpretación en el escenario de derechos fundamentales, se obtiene que la limitación de los actos de imposible reparación a la afectación material de derechos sustantivos, en realidad incrementa la tutela de justicia pronta. Lo anterior se comprende al visualizar los expedientes criminales, que involucran por lo general a víctimas y probables responsables, cada uno con derechos sustantivos que habrán de dilucidarse conforme a las reglas procedimentales, hasta la emisión de una sentencia definitiva por parte del juzgador Entonces, frente al gobernado que ve limitada su posibilidad de impugnar actos procesales -por el nuevo parámetro de imposible reparación- está la finalidad de asegurarle una tutela pronta en la controversia, y ello favorece a todas las partes dado que las causas penales están dispuestas en esencia para la resolución de derechos sustantivos. Por consiguiente, la interpretación de derechos fundamentales en el nuevo parámetro de imposible reparación, permite visualizar que este busca la celeridad en la tramitación de los procesos para llegar con mayor prontitud a la sentencia definitiva, lo cual justifica impedir a las partes estrategias dilatorias, como la promoción del amparo indirecto contra violaciones adjetivas, en aras de fortalecer el derecho de justicia pronta tutelado en el artículo 17 de la constitución federal.3 Todas esas premisas conducen a visualizar que el reclamo planteado por el quejoso, no encuadra en los actos de imposible reparación. A fin de demostrarlo, basta indicar que el acto combatido por el quejoso, comprende el desahogo de una prueba anticipada durante la audiencia celebrada el siete de marzo de dos mil veintitrés, en la causa penal 118/2023, del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla. Prueba que fue desahogada sin la presencia de aquél. Empero, la relatada determinación de ninguna forma repercute en derechos sustantivos, porque el desahogo de una prueba anticipada sólo puede encuadrar en un acto procesal que no tiene el carácter de irreparable. Sobre todo porque la eventual sentencia definitiva que se pronuncie en la etapa de juicio oral, todavía puede ser favorable a los intereses del quejoso, y entonces ninguna repercusión habrá tenido la prueba anticipada que desahogó el juez señalado como responsable. Ello impide considerar que la determinación combatida en la demanda de amparo, tenga las características de los actos de imposible reparación, pues los antecedentes relatados en la demanda y los conceptos de violación, reflejan que únicamente se pretenden cuestionar aspectos procesales suscitados durante la audiencia de prueba anticipada. Lo cual permite afirmar que la determinación combatida, no determinó una ruta específica de análisis para el hecho con apariencia de delito por el cual haya sido vinculado el quejoso, en la causa penal; y la prueba anticipada tampoco implica que vaya a declararse la plena culpabilidad de éste en la fase de juicio oral, ni siquiera se advierte que el desahogo de esa probanza, haya generado una restricción a los derechos que le asisten como imputado. En efecto, la determinación de marras no impuso restricciones a los derechos sustantivos que tiene el quejoso en la causa penal, pues ningún indicio existe en la demanda para considerar que el juez responsable hubiera establecido restricciones a los derechos que tiene aquél, para continuar el ejercicio de su defensa en la causa penal o en la futura etapa de juicio oral y como se dijo, aquella determinación nunca implicó que se vaya a declarar la materialidad del delito o la plena responsabilidad penal de aquél, según se desprende del contenido de la demanda. Por consiguiente, no pueden visualizarse atributos de imposible reparación en la determinación reclamada. Máxime que los antecedentes relatados en la demanda bajo protesta de decir verdad, y los conceptos de violación expuestos contra la prueba anticipada, permiten descartar que esta hubiera trascendido a derechos sustantivos del quejoso, como imputado en la causa penal. Luego, no existen los atributos necesarios para estimar una afectación directa a algún derecho fundamental del 17/quejoso, que se encuentre tutelado en la constitución federal o en los tratados internacionales ratificados por el Estado Mexicano. Sirve de apoyo a lo considerado, la tesis aislada XIII.1o.P.T.12 P (10a.), del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, emitida en la Décima Época, que se encuentra con registro digital 2021998, y dice: "PRUEBA ANTICIPADA EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA SU DESAHOGO ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Si bien es cierto que en la etapa de juicio oral y, por ende, en el amparo directo sólo pueden analizarse las violaciones que se cometan en la audiencia de debate, excluyendo lo que ocurra en las etapas preliminar o intermedia del procedimiento penal, también lo es que la prueba anticipada prevista en el artículo 304 del Código Nacional de Procedimientos Penales, constituye una excepción a la regla general de que "prueba" es toda aquella que se desahoga públicamente ante el tribunal respectivo, en presencia de las partes. En ese sentido, su valoración y efectos se trasladan a la etapa de juicio oral, donde el tribunal de enjuiciamiento deberá exponer las razones que tenga en cuenta para conferirle valor probatorio acorde con el numeral 359 de la mencionada legislación y, en su caso, considerarla como prueba de cargo en contra del acusado; en suma, el desahogo de una prueba anticipada, no se trata de un acto cuyos efectos sean de imposible reparación, dado que será hasta el momento en que el tribunal de enjuiciamiento exponga las razones que tenga en cuenta para valorar la prueba y la considere como de cargo en contra de los acusados al emitir la sentencia en la audiencia de juicio oral, cuando llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva". Así, debe afirmarse que la determinación atribuida al juez señalado como responsable, constituye un acto de mero impacto a derechos procesales en la causa penal, es decir, una violación procesal que si llegara a trascender al dictado de la sentencia definitiva, podrá alegarse en la instancia de apelación y eventualmente hasta el juicio de amparo directo, conforme al artículo 173, apartado B, fracción X, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 173. En los juicios del orden penal se considerarán violadas las leyes del procedimiento con trascendencia a las defensas del quejoso, cuando: [.] Apartado B. Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral. [.] X. No se reciban al imputado los medios de prueba o pruebas pertinentes que ofrezca o no se reciban con arreglo a derecho.". De ahí que tampoco pueda considerarse que la determinación reclamada -el desahogo de una prueba anticipada-, haya afectado derechos sustantivos del quejoso en el trámite de la causa penal, que es la condición indispensable para generar un acto de imposible reparación, conforme a la técnica del juicio de amparo indirecto. Entonces, debe estimarse que la determinación combatida en la demanda, sólo puede generar violaciones de naturaleza adjetiva en el trámite de la causa penal, porque no constituye un acto de ejecución irreparable. Por tanto, se declara que el acto combatido por aquél, encuentra la causal de improcedencia que resulta de la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con la diversa V del numeral 107, de la Ley de Amparo, con las características de indudable y manifiesta. Causal que de ninguna forma contraviene los derechos contemplados en el artículo 25.1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dado que al respecto existe la tesis4 del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS". Bajo este contexto, con fundamento en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con la diversa V, del numeral 107, 112 y 113, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda presentada por el quejoso, dado que la determinación reclamada al juez responsable no tiene los atributos de imposible reparación y por ende, actualizó una causal de improcedencia manifiesta e indudable, en términos de las consideraciones expuestas. Anotaciones internas. Se instruye a la encargada de los libros de gobierno y a la oficial judicial "A" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realicen las anotaciones correspondientes al desechamiento previo. Domicilio procesal, autorizados y medios de contacto. El quejoso señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones, un correo electrónico y un número telefónico. Sin embargo, dichos medios no están contemplados para tal efecto, en la Ley de Amparo, razón por la cual únicamente se tienen como medios de contacto no procesales. Entonces, se tiene como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones, las listas que se fijan en este juzgado y las cuales también se publican desde el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Asimismo, se tiene autorizado en términos amplios al profesionista de nombre Salomón Rodríguez López, porque así lo solicitó el quejoso y éste tiene registrada su cédula profesional en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación. Autorización para toma de fotografía. Se hace saber al quejoso que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. Acceso a la información y protección de datos personales. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber al quejoso el derecho que le asiste para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Habilitación de días y horas inhábiles. Por último, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Notifíquese; de forma personal al quejoso (por lista); y cúmplase
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