Jesús Ramon Flores Cebreros
Expediente 236/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 236/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 16/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Jesús Ramon Flores Cebreros
Actuaciones
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, dieciséis de mayo de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta y en atención al estado procesal de los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el proveído de veintiséis de abril de dos mil veintitrés, dictado en el juicio de amparo ********************-1B, mediante el cual se desechó de plano la demanda de amparo promovida por Jesús Ramón Flores Cebreros y Gabriel Castro Osuna; por ende, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2, párrafo segundo, de dicho ordenamiento legal, se declara que el citado acuerdo ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Por tanto, con fundamento en lo establecido por el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificado del presente proveído, sin necesidad de nuevo acuerdo, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. En ese sentido, con fundamento en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se precisa que este asunto es susceptible de destrucción, dado que por auto de veintiséis de abril de dos mil veintitrés, se desechó de plano la demanda de amparo; en consecuencia, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo judicial por tratarse de un asunto similar al indicado en la fracción I del artículo octavo, de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General Conjunto. Asimismo, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente de relevancia documental, puesto que no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, así como tampoco se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, ni tampoco generados por los Plenos de Circuito, que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativo a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, con apoyo en el artículo 21, penúltimo párrafo, del Acuerdo General citado, este órgano jurisdiccional procederá a la destrucción del presente juicio de amparo, y ordenará la remisión del acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación.
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, veintiséis de abril de dos mil veintitrés. Visto el oficio número 6984/2023, firmado por el Actuario adscrito al Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Mazatlán, al que acompaña los autos originales del juicio de amparo indirecto número 326/2023 del índice de éste juzgado, promovido por ********************, contra actos del Fiscal General de la República, con recinto oficial en la Ciudad de México y otras autoridades; agréguese a los autos para que surta sus efectos legales correspondientes. Ahora bien, atento a las razones que expone el Juzgado declinante, este Órgano Jurisdiccional se avoca al conocimiento del asunto; hágase lo anterior del conocimiento del Juez declinante para los efectos legales conducentes. En principio debe decirse que la demanda de amparo debe ser analizada en su integridad, a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y así proveer lo que en derecho corresponda, sin cambiar su alcance y contenido. Al efecto resulta preciso citar la tesis jurisprudencial P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo texto dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". De conformidad con los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado procede a examinar el escrito aclaratorio relativo a la demanda de amparo, a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio. Los citados numerales, establecen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". Lo anterior, en atención a que los preceptos 112 y 113 de la Ley de Amparo faculta al Juez de Distrito para desechar de plano la demanda de amparo indirecto, cuando al examinarla aparezca un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Sin embargo, esa potestad no es ilimitada ni depende de un criterio puramente subjetivo, sino que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; mientras que por "indudable", aquello que se tiene certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no se puede poner en duda por lo claro y evidente que es, sin suspender el acto reclamado, motivos que en principio se encuentran vinculados con los supuestos de improcedencia previstos en la Ley de Amparo, en especial, con los citados en su artículo 61, consecuentemente, se procede a analizar tales aspectos. En relación con lo referido, diversos tribunales de la federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Es aplicable al caso, en lo conducente, la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, visible en la página 648, del Tomo IX, correspondiente al mes de Enero de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, cuyo rubro expresa: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio". En ese contexto, de la lectura de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señaló como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: AUTORIDADES RESPONSABLES: FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA, con domicilio ampliamente conocido en la Ciudad de México. DELEGADO EN SINALOA DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, con domicilio ampliamente conocido en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa. DELEGADO EN NAYARIT DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, con domicilio ampliamente conocido en la Ciudad de Nayarit. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE CULIACÁN, SINALOA. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN, SINALOA. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT. COORDINADOR ESTATAL DE LA GUARDIA NACIONAL EN EL ESTADO DE SINALOA, DESTACAMENTADO EN LA CIUDAD DE CULIACÁN, SINALOA. COORDINADOR ESTATAL DE LA GUARDIA NACIONAL EN EL ESTADO DE NAYARITA, DESTACAMENTADO EN LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT. COMANDANTE DE LA AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL con residencia en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa. COMANDANTE DE LA AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL, con residencia en la Ciudad de Mazatlán, Sinaloa. COMANDANTE DE LA AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL con residencia en la Ciudad de Tepic, Nayarit. COMANDANTE DE LA GUARDIA NACIONAL DIVISON CAMINOS DESTACAMENTADA EN LA CIUDAD DE MAZATLAN, SINALOA. COMANDANTE DE LA GUARDIA NACIONAL DIVISON CAMINOS DESTACAMENTADA EN LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT. ACTOS RECLAMADOS Del escrito inicial de demanda se advierte que los quejosos hacen consistir en dos actos reclamados. Las órdenes que han dictado las autoridades responsables de molestarlos y restringirles el libre tránsito en las carreteras federales que fueron objeto el día veintidós de marzo de dos mil veintidós, aproximadamente a las siete de la mañana, en el punto de revisión que tiene instalada la Fiscalía General de la República, en el punto de la Carretera Internacional México-15, cercano a la ciudad de Escuinapa, Sinaloa, donde fueron retenidos por más de tres horas, por Agentes de investigación Criminal de la Fiscalía General de la República, quienes sin orden de autoridad competente procedieron a realizar actos de molestia de revisar y de remover la carga que transportaban consistente en flores de diversa variedad. Que al no encontrar ninguna sustancia ilícita les dijeron que habían corrido con suerte, pero que en la próxima ocasión revisarían más a fondo y que entonces procederían a retenerlos junto con sus unidades y temen de que efectivamente cumplan con sus amenazas solicitan el amparo y protección de la Justicia Federal. Establecido lo anterior, este juzgador estima que en el caso respecto al acto reclamado consistente en restringirles el libre tránsito en las carreteras federales que fueron objeto el día veintidós de marzo de dos mil veintidós, aproximadamente a las siete de la mañana, en el punto de revisión que tiene instalada la Fiscalía General de la República, en el punto de la Carretera Internacional México-15, cercano a la ciudad de Escuinapa, Sinaloa, donde fueron retenidos por más de tres horas, por Agentes de investigación Criminal de la Fiscalía General de la República se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XVI de la Ley de Amparo, que dispone que el juicio constitucional se torna improcedente cuando el acto reclamado se consuma de un modo irreparable. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVI. Contra actos consumados de modo irreparable; (.)." En efecto, los actos consumados se entienden por la doctrina y la jurisprudencia como aquéllos que han realizado en forma total todos sus efectos, es decir, aquéllos cuya finalidad perseguida se ha obtenido en todas sus consecuencias jurídicas. Para efectos de la procedencia del juicio de amparo los actos consumados, atendiendo a su naturaleza y efectos los podemos clasificar en: a) actos consumados de modo reparable y b) actos consumados de modo irreparable. Los primeros se entienden como aquéllos que, no obstante haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias, pueden ser reparados por medio del juicio constitucional; esto es, que la ejecución o consumación del acto puede ser restituida o reparable al obtenerse una sentencia de amparo favorable (artículo 77, de la Ley de Amparo), de ahí que proceda el juicio de amparo contra actos consumados de modo reparable En cambio, la característica principal de los actos consumados de modo irreparable, radica en que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas; de ahí que resulte improcedente el juicio de amparo. Apoya lo anterior la tesis I. 3o. A. 150 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible a página 325, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, Diciembre de 1994, Octava Época, de registro digital 209662, que a la letra dice: "ACTOS CONSUMADOS. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los actos consumados se entienden por la doctrina y la jurisprudencia como aquéllos que han realizado en forma total todos sus efectos, es decir, aquéllos cuya finalidad perseguida se ha obtenido en todas sus consecuencias jurídicas. Para efectos de la procedencia del juicio de amparo los actos consumados, atendiendo a su naturaleza y efectos los podemos clasificar en: a) actos consumados de modo reparable y b) actos consumados de modo irreparable. Los primeros son aquéllos que a pesar de haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias pueden ser reparados por medio del juicio constitucional, es decir, que la ejecución o consumación del acto puede ser restituida o reparable al obtenerse una sentencia de amparo favorable (artículo 80 de la Ley de Amparo), de ahí el que proceda el juicio de amparo en contra de actos consumados de modo reparable. En cambio, los actos consumados de modo irreparable son aquéllos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas, razón por la cual resulta improcedente el juicio de garantías en términos de la fracción IX del artículo 73 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. En esta tesitura, para determinar si se está en presencia de un acto consumado de modo reparable o irreparable, se debe de atender a los efectos y consecuencias de su ejecución. Así tenemos que los efectos y consecuencias del acto reclamado ya ejecutado no pueden circunscribirse al tiempo o momento de su ejecución para determinar la procedencia del juicio de amparo, porque llegaríamos al extremo de que cualquier acto por el solo hecho del transcurso del tiempo en su realización, por no retrotraerse éste, es un acto consumado de modo irreparable, cuando la restitución del acto ejecutado es factible aun cuando sea en otro tiempo y momento. Esto resulta así, si consideramos que los actos consumados de modo irreparable hacen improcedente el juicio de amparo porque ni física ni materialmente, puede obtenerse la restitución de los actos reclamados. Lo que significa que la naturaleza de los actos consumados para efectos del juicio de amparo debe atender a la reparabilidad física y material de los mismos, es decir, al hecho de que el gobernado pueda gozar jurídica y nuevamente del derecho que tiene tutelado, y que le fue transgredido, igual que antes de las violaciones cometidas, pero no por cuestiones de tiempo o del momento de su ejecución porque el tiempo no rige la materialización física y restituible de los actos ejecutados (actos consumados).". Sobre esa línea de pensamiento, para determinar si se está en presencia de un acto consumado de modo reparable o irreparable, debe atenderse a los efectos y consecuencias de su ejecución. Dicho en otras palabras, los efectos y consecuencias del acto reclamado ya ejecutado, no pueden circunscribirse al tiempo o momento de su ejecución para determinar la procedencia del juicio de amparo, porque equivaldría a suponer que cualquier acto por el sólo hecho del transcurso del tiempo en su realización, por no retrotraerse éste, es un acto consumado de modo irreparable, cuando realmente la restitución del acto ejecutado es factible aun cuando ello sea en otro tiempo y momento. Lo anterior es así, si se considera que los actos consumados de modo irreparable hacen improcedente el juicio de amparo porque ni física ni materialmente puede obtenerse la restitución de las prerrogativas que fueron afectadas a través de los actos reprochados. Ello significa que la naturaleza de los actos consumados para efectos del juicio de amparo debe atender a la reparabilidad física y material de los mismos; es decir, al hecho de que el gobernado pueda gozar jurídica y nuevamente del derecho tutelado que le fue transgredido, pero no por cuestiones de tiempo o del momento de su ejecución, porque el tiempo no rige la materialización física y restituible de los actos ejecutados o consumados. Por tanto, si los inconformes se duelen de la revisión realizada y que refieren que fueron restringidos del libre tránsito que fueron objeto el día veintidós de marzo de dos mil veintidós, aproximadamente a las siete de la mañana, en el punto de revisión ubicado en la Carretera Internacional México-15, cercano a la ciudad de Escuinapa, Sinaloa, donde fueron retenidos por más de tres horas, por Agentes de investigación Criminal de la Fiscalía General de la República, es evidente, que dicho acto reclamado fue consumado de modo irreparable, pues en el caso de que se conceda a la parte quejosa la protección de la justicia federal, sería imposible su reparabilidad física y material antes de cometida su violación, al ya haberse ejecutado la revisión que se reclama en la fecha indicada. Además, se destaca que para la procedencia del juicio de amparo debe atenderse a la posibilidad de que al obtener una sentencia favorable, el gobernado pueda ser restituido en el derecho que tiene tutelado y que le fue transgredido, como lo ordena el artículo 77 de la ley de la materia, toda vez de que si no está al alcance de los medios jurídicos dicha restitución resulta improcedente. Ello es así, pues el precepto 77, fracción I, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y ." El precitado numeral contribuye en afirmar que aquellos actos que han producido todos sus efectos, de tal manera que no es posible restituir al quejoso en el goce de la derechos fundamentales violados, implica la improcedencia de la acción constitucional, dado que para el caso en que se otorgara la protección constitucional solicitada, la sentencia respectiva carecería de efectos prácticos, al no ser materialmente posible reparar la violación de que se trata. En ese contexto, el juicio de amparo persigue una finalidad práctica, lo cual condiciona su procedencia a la posibilidad de que la sentencia que en él se dicte pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho humano violado. Por lo tanto, si -en el caso concreto- el acto reclamado en la demanda, consistente en la retención de los quejosos por más de tres horas en el punto de revisión ubicado en la Carretera Internacional México-15, cercano a la ciudad de Escuinapa, Sinaloa, por Agentes de investigación Criminal de la Fiscalía General de la República, lo cual tuvo verificativo el veintidós de marzo de dos mil veintitrés; se estima que dichos actos materializaron sus efectos al haberse desarrollado y agotado en la fecha indicada, lo que genera la improcedencia de la acción de amparo, porque incluso de otorgarse la protección constitucional, por la propia naturaleza de ese acto, la sentencia carecería de efectos prácticos, por no ser factible restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, ni restituir a la parte quejosa en el pleno goce del derecho violado, en virtud de que, se reitera, ya se llevó a cabo. Apoya lo anterior la tesis sustentada por el Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, visible a página 14, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 163-168, Sexta Parte, Décima Época, de registro digital 249975, de rubro y texto siguiente: "ACTOS CONSUMADOS DE UN MODO IRREPARABLE. Por consumados de un modo irreparable deben entenderse aquellos actos que una vez efectuados no permiten restablecer las cosas al estado en que se encontraban antes de cometida la violación que se reclama, para reintegrar así al agraviado en el goce y disfrute de sus garantías, situación que no se da si el acto que se reclama es susceptible de ser reparado mediante la restitución del agraviado en el goce y disfrute de las propiedades y posesiones de las cuales fue lanzado con la consiguiente violación de sus garantías individuales. El anterior criterio se encuentra apoyado en la tesis de ejecutoria visible en la página 24 del Tomo Común al Pleno y a las Salas, del Apéndice de 1975 al Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto es como sigue: "ACTOS CONSUMADOS DE UN MODO IRREPARABLE.- La jurisprudencia de la Suprema Corte ha resuelto que las disposiciones legales que se refieren a actos consumados de un modo irreparable, aluden a aquéllos en que sea físicamente imposible volver las cosas al estado que tenían antes de la violación, lo que no acontece tratándose de procedimientos judiciales que, por virtud de amparo, pueden quedar insubsistentes y sin efecto alguno". De tal manera, que a nada práctico se llegaría con la concesión del amparo que en todo caso se dictara respecto a dicho acto reclamado, dado que su efecto tendría como límite que se dejara sin efectos la orden de cateo para que no se verificara; lo que de ninguna manera restituye la violación alegada por el quejoso, en virtud de que, se reitera, ya se llevó a cabo. Consecuentemente, en el presente asunto se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XVI del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente; por lo que, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo. Por otra parte respecto al diverso acto que también reclaman los inconformes y que hacen consistir en que los Agentes de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República, les manifestaron que en la próxima ocasión revisarían más a fondo y que entonces procederían a retenerlos junto con sus unidades y temen que efectivamente cumplan con sus amenazas, se estima que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5°, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que no produce una afectación actual, real y directa a los quejosos, ni constituye un acto de molestia que trascienda a su esfera jurídica. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.) Al respecto, conviene precisar que el juicio de amparo, como medio de control constitucional, es procedente contra actos que producen una afectación actual y cierta respecto de la esfera jurídica de las personas, esto es, respecto de actos que ya se han llevado a cabo; lo anterior, en virtud de que no tiene efectos preventivos o especulativos, sino de reparación, lo cual excluye su procedencia respecto de actos futuros. Cabe precisar que dicho concepto no debe entenderse referido exclusivamente en relación con aquellos actos que en un momento y tiempo específicos aún no se han realizado, sino que debe analizarse a la luz de su indeterminación, incertidumbre, probabilidad o posibilidad de que se produzcan. En efecto, los elementos antes destacados permiten diferenciar a los actos futuros de los inminentes, es decir, los que aun cuando no se han materializado se tiene la certeza de que se producirán, como lo ilustra la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 2385, publicada en el Semanario Judicial de la Federación Tomo XXXI, Quinta Época de registro digital 337723, de rubro y texto siguiente: "ACTOS FUTUROS. Los actos futuros contra los cuales es improcedente el amparo, son aquellos que tienen el carácter de futuros e inciertos; pero si se tiene la certeza de que se ejecutarán, el amparo procede contra ellos, en los términos de la ley." Consecuentemente, el elemento que permite diferenciar los actos futuros respecto de los inminentes es la certeza de su realización. En relación con el tema es pertinente señalar que al precisar el concepto de acto futuro e incierto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que son futuros aquellos actos en que sea remota la ejecución de los hechos que se previenen, y que no encajan en esa categoría los actos respecto de los que se tiene la certidumbre de que se ejecutarán de no cumplirse determinado mandato de la autoridad que lo condiciona; es decir, que no pueden estimarse como tales aquellos en los que existe la inminencia de la ejecución del acto, los que aun cuando no se han ejecutado, se tiene la certidumbre de que se ejecutarán, por demostrarlo así los actos previos relacionados con su ejecución, y que respecto de los actos futuros, el juicio constitucional sólo es procedente cuando son de inminente realización, como lo revelan las siguientes tesis. Tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 11, publicada en el Semanario Judicial de la Federación Volumen CIII, Tercera Parte, Sexta Época, de registro digital 265728, de rubro y texto siguiente. "ACTOS FUTUROS, CERTEZA DE LOS, EN CASO DE NO CUMPLIRSE DETERMINADA OBLIGACIÓN. Cuando se tiene la certidumbre de que un acto se ejecutará de no cumplirse determinado mandato de la autoridad que lo condiciona, cabe en contra de dicho acto la defensa constitucional, por no constituir un acto futuro o incierto, sino el que es consecuencia cierta, concreta y determinada, del cumplimiento de una obligación." Tesis sustentada por la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1643, publicada en el Semanario Judicial de la Federación Tomo XCIV, Quinta Época, de registro digital 370994, de rubro y texto siguiente. "ACTOS FUTUROS QUE PUEDEN REALIZARSE, PROCEDENCIA DEL AMPARO CONTRA LOS. Aunque no cabe conceder el amparo cuando la demanda se funda en actos futuros, no pueden estimarse como tales aquellos en los que existe la inminencia de la ejecución del acto, desde luego, o mediante determinadas condiciones, ya que sólo son futuros aquellos cuya ejecución es remota, pues de otro modo serían actos no futuros únicamente los que ya se han ejecutado; de suerte que la jurisprudencia de este Alto Tribunal, sobre que los actos futuros no motivan el amparo, se refiere a los actos futuros e inciertos, mas no a los que, aun cuando no se han ejecutado, se tiene la certidumbre de que se ejecutarán, por demostrarlo así los actos previos, como en el caso en que es evidente la inminencia de los actos de aplicación del Reglamento de Higiene del Trabajo." Tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 2188, publicada en el Semanario Judicial de la Federación Tomo LXXV, Quinta Época, de registro digital 325178, de rubro y texto siguiente. "ACTOS FUTUROS. No es de revocarse el sobreseimiento dictado en el amparo, con respecto a infracciones que puedan levantarse en el futuro, porque esos actos, por su carácter de futuros e inciertos, no dan lugar al juicio de garantías, pues respecto de actos futuros, el juicio constitucional sólo es procedente cuando son de inminente realización." Con base en lo expuesto en los criterios que anteceden se puede advertir que existen, por una parte, actos futuros de realización incierta, y por la otra, actos futuros de realización inminente. En los primeros, su realización está sujeta a meras eventualidades, y por ser inciertos constituyen un supuesto de improcedencia del juicio de amparo, ya que la eventualidad y la incertidumbre de su realización no permiten asegurar que el acto reclamado perjudica a la parte promovente del amparo o que existe una cercanía en la realización del perjuicio, lo que el artículo 5°, fracción I, párrafo primero, de la Ley de Amparo exige como condición para que pueda promoverse el juicio. En cambio, respecto de los segundos, por su calidad de inminentes, prevalece la certeza de que se realizarán, ya sea de inmediato o cumplidas ciertas condiciones, y debido a la plena convicción de que habrán de realizarse en tiempo cercano, es procedente contra ellos el juicio de amparo, precisamente por actualizar un agravio cierto. En esas condiciones, de acuerdo con los criterios transcritos, el agravio que da pauta a la promoción del juicio de amparo debe ser directo, es decir, de realización presente, pasada, o bien, inminentemente futura, muy cercana a ocurrir. El agravio es presente cuando los efectos del agravio operan al promoverse el amparo; pasado, cuando sus efectos ya han concluido; e inminentemente futuro, cuando los efectos aún no se inician pero existen datos suficientes que hacen presumir una proximidad temporal en la producción de efectos del acto reclamado. Por consiguiente, el agravio futuro remoto sin proximidad temporal no da lugar a que se pueda promover el juicio de amparo. De lo anterior se sigue que los actos que los inconformes reclaman y que atribuyen a las autoridades responsables consistentes en que cumplan con sus amenazas de privarlos de su libertad personal y de las unidades motrices de su propiedad, no se aprecia inminencia de los actos de que se duelen pues el solo hecho de que tengan el temor que serán detenidos y asegurados sus bienes muebles, no constituye un dato o indicio que revele que vayan a ser sujetos a alguno de los referidos actos, pues se limitan a manifestar que se dedican al comercio lícito de prestadores de servicios de fletes al sector de florerías del Estado de Sinaloa, y que en el transcurso de uno de los viajes puedan ser detenidos y asegurados sus vehículos en el citado punto de revisión; empero, ello no constituye un dato inminente que justifique la existencia de los actos que reclaman, por lo que no puede considerarse válidamente que se actualice algún agravio real y directo en su contra, pues dicha actuación atribuida a las autoridades responsables todavía no se concreta, de modo que no es cierta y, por tanto, es improcedente el juicio de amparo indirecto al tratarse de un acto futuro e incierto, por las razones expuestas en párrafos que preceden. Además que de la narrativa de su demanda de amparo, se advierte que la intensión de la parte promovente es transitar libremente sin ser objeto de ser detenidos junto con sus unidades motrices también, en el caso de una probable intervención de las autoridades responsables en el punto de revisión ubicado en Carretera Internacional México-15, cercano a la Ciudad de Escuinapa, Sinaloa; de ahí que dichos actos al ser futuros e inciertos no les generan perjuicio alguno a la parte quejosa al no tener la certeza de que ocurran. Tienen aplicación a lo anterior la tesis XX.308 K, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, Octava Época, Tomo: XV-I, Febrero de 1995, del Semanario Judicial de la Federación, Página 138, con número de registro 209001, del texto y rubro siguiente: "ACTOS FUTUROS DE REALIZACION INCIERTA. NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO CONTRA LOS. Contra actos futuros de realización incierta no procede el juicio de garantías." Asimismo, sirve de apoyo la jurisprudencia número 23, del Apéndice de 1985, Tomo VIII, página 45, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, con número de registro 395568, que establece: "ACTOS FUTUROS Y ACTOS PROBABLES. No cabe conceder el amparo, cuando la demanda se funda en actos de esa naturaleza." De ahí, que indudablemente la pretendida probable orden de detención de los quejosos y también de las unidades motrices que defienden no es un acto inminente o de realización futura cierta y que por lo tanto se materialice en su contra o de sus bienes muebles. Al respecto es importante destacar que los actos futuros de inminente realización son los que derivan de manera directa y necesaria de otro ya preexistente, de tal manera que pueda asegurarse que se ejecutarán en breve, así como todos aquellos actos que en forma razonable puedan estimarse como consecuencia lógica del acto existente o que se trate de actos derivados de éste en forma tal que la realización de aquéllos se halle condicionada a la existencia legal de éste. Mientras que por actos futuros e inciertos deben entenderse aquellos actos cuya realización es remota, en tanto que su existencia depende de la actividad previa de los quejosos o de que las autoridades decidan ejercer o no alguna de sus atribuciones distintas a las que originó el acto reclamado. Máxime que la presentación de la demanda de amparo tiene como finalidad obtener la protección de la Justicia Federal a efecto de que se restituya a los quejosos en el goce de los derechos fundamentales violados, y no prevenir actos que en lo futuro pudieran generar esa afectación, como sucede en la especie. Estimar lo contrario genera la posibilidad de permitir el ejercicio de la acción de control constitucional, apoyada en expectativas y no en contra de actos concretos o de realización cierta e inminente. En ese tenor, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el numeral 5°, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, con fundamento en el precepto 113, de la ley en cita, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por ********************. Lo anterior es así, pues de admitir a trámite la demanda de amparo, a nada práctico conduciría, si de cualquier manera al dictarse sentencia se sobreseería en el juicio, por ello, resulta conveniente desechar de plano, desde este momento la demanda de cuenta, con objeto de que la parte quejosa tenga conocimiento, desde este momento, el resultado de la promoción de la demanda de amparo y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención al derecho de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional. Con esta determinación no se contravienen los artículos 1o. y 17, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el numeral 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, mismos que reconocen el derecho de acceso a una tutela judicial efectiva, porque tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tienen a su alcance, ya que de actuar así equivaldría a que este Juzgado de Distrito dejara de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen la función jurisdiccional. Apoya lo anterior la tesis 2a. LXXXI/2012 (10a.), de Décima Época, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del veinticuatro de octubre del dos mil doce, pendiente de publicarse que dice: "DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS DEMÁS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, ya que se desconocería la forma de proceder de tales órganos, además de que se trastocarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables.".
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SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE TREINTA DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRES QUE DICE: Los Mochis, Sinaloa, a treinta de marzo de dos mil veintitrés. Vista la demanda de cuenta, promovida por Jesús Ramón Flores Cebreros y Gabriel Castro Osuna, contra actos del Fiscal General de la República, con recinto oficial en la Ciudad de México y otras autoridades, por considerarlos violatorios de los derechos fundamentales previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; fórmese expediente, háganse las anotaciones correspondientes y regístrese en el Libro de Gobierno que se lleva en este juzgado con el número 236/2023-1B. En principio debe decirse que la demanda de amparo debe ser analizada en su integridad, a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y así proveer lo que en derecho corresponda, sin cambiar su alcance y contenido. Al efecto resulta preciso citar la tesis jurisprudencial P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo texto dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". Ahora, este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa, se declara legalmente incompetente para conocer de la misma, por las siguientes consideraciones. En principio, debe señalarse que para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de amparo, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute, se haya ejecutado o siga ejecutándose el acto reclamado, de acuerdo con el artículo 37 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.". Del precepto antes transcrito derivan tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo: a) La primera, se caracteriza porque con independencia de dónde radique la autoridad emisora del acto reclamado, el criterio para fijarla consiste en que será competente el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual presupone que dicho acto es de los que requieren ejecución por autoridad diversa de la ordenadora. b) La segunda regla, deriva de la primera, pues sobre el mismo criterio de ejecución del acto reclamado, establece que cuando éste haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, es competente para conocer del amparo el juez de distrito ante el que se presente la demanda. c) La tercera regla se refiere al supuesto de que el acto reclamado no requiera de ejecución material, caso en el cual es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Por su parte, el primer párrafo del numeral 48 del invocado cuerpo de leyes establece: "Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales [.]. En el mismo contexto, el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, establece: . [.] CUARTO. La jurisdicción territorial de los juzgados de Distrito es la siguiente: XII. DÉCIMO SEGUNDO CIRCUITO: Los Juzgados de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los Municipios de: Culiacán y Navolato. Los Juzgados de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Los Mochis, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los Municipios de: Ahome, Angostura, Badiraguato, Choix, El Fuerte, Guasave, Mocorito, Salvador Alvarado y Sinaloa. Los Juzgados de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Mazatlán, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los Municipios de: Concordia, Cosalá, Elota, Escuinapa, Mazatlán, Rosario y San Ignacio. Destacado lo anterior, del análisis integral de la demanda se advierte que la parte quejosa, reclama en esencia actos de molestia al libre tránsito sin que exista orden de autoridad competente y sin que exista motivo alguno para ello, refieren que al llegar al punto de revisión que tiene instalada la Fiscalía General de la República en la carretera internacional México-15, cercano a la ciudad de Escuinapa, Sinaloa, fueron retenidos por más de tres horas por Agentes de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República, sin orden de autoridad competente procedieron a realizar actos de molestia en su perjuicio al derecho humano a la libertad de tránsito, revisando sin orden judicial la carga que transportaban que consistía en flores de diversa variedad al dedicarse al comercio lícito prestación de servicios de fletes al sector de florerías del Estado de Sinaloa. En ese orden de ideas, si el acto reclamado consiste en los actos de molestia al libre tránsito sin que exista orden de autoridad competente, hechos ocurridos en el punto de revisión que tiene instalada la Fiscalía General de la República en la carretera internacional México-15, mismos que tuvo ejecución en el Municipio de Escuinapa, Sinaloa, donde tuvieron ejecución los actos reclamados y que los propios quejosos lo mencionan en su escrito de demanda: ".el día miércoles 22 de marzo del año en curso, aproximadamente a las siete de la mañana, los suscritos a bordo de nuestras respectivas unidades motrices un tractocamión de la marca Kenworth, modelo 2004 y su respectiva caja refrigerada, así como un tractocamión marca Freightliner, Modelo 2005 y su correspondiente caja refrigerada, llegamos al punto de revisión que tiene instalada la Fiscalía General de la República en el punto de la carretera internacional México-15 cercano a la Ciudad de Escuinapa, Sinaloa, en donde fuimos retenidos por más de tres horas por Agentes de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República, quienes sin orden de autoridad competente procedieron a realizar actos de molestia en contra de los suscritos violentando en nuestro perjuicio él derecho humano a la libertad de tránsito, al revisar sin orden judicial la carga que traíamos los suscritos, y que consistía en flores de diversa variedad, comentándoles los suscritos que nos dedicamos al comercio licito, pues prestarnos servicios de fletes al sector de florerías del Estado de Sinaloa, y que la mercancía que transportábamos era muy delicada, no obrante eso procedieron a revisar y remover de su lugar las plantas, y al no encontrar ninguna sustancia ilícita nos dijeron que habíamos corrido con suerte, pero que en la próxima ocasión revisarían más a fondo." Por lo anterior, se debe estimar que el acto reclamado, no tuvo ejecución dentro del territorio correspondiente donde este Juzgado ejerce jurisdicción, sino en el relativo a Mazatlán, Sinaloa, localidad respecto del cual, éste órgano de control constitucional no ejerce jurisdicción; por lo que se actualiza lo estatuido en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, y en ese sentido le resulta competencia al Juzgado de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en Mazatlán, Sinaloa, en Turno. En consecuencia, en términos de los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este Juzgado se declara legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida por Jesús Ramón Flores Cebreros y Gabriel Castro Osuna, contra actos del Fiscal General de la República con sede en la Ciudad de México y otras autoridades, por considerar que el competente para conocer de la misma es el Juez de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, en turno. Por las relatadas consideraciones, se estima pertinente proceder conforme a lo anotado en el cuerpo de este proveído y remitir la demanda de amparo promovida por Jesús Ramón Flores Cebreros y Gabriel Castro Osuna, contra actos del Fiscal General de la República con sede en la Ciudad de México y otras autoridades, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgado de Distrito del Décimo Segundo Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, para que en atención al presente proveído, lo remita al órgano jurisdiccional que por turno corresponda. Por otra parte, se solicita al Tribunal Federal que corresponda, que de no tener inconveniente legal alguno y en términos del citado artículo 48 de la Ley de Amparo, se sirva informar a este órgano jurisdiccional si acepta la competencia planteada, asimismo acuse el recibo de estilo correspondiente. Por consiguiente, fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente. En diverso orden, se tiene como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones el ubicado en Calle Paseo Nogales número 1884, Fraccionamiento Urbivilla del Bosque, en esta ciudad y como sus autorizado para tales efectos, en su nombre, en términos amplios del precepto 12 de la ley de la materia, a los licenciados Armando Hernández Mercado y Migue Ángel Rodríguez Beltrán y únicamente para oír notificaciones e imponerse de los autos a Carlos Alberto Hernández Félix y Manuel de Jesús Cortez Meza, en atención a que no tienen registrada su autorización para ejercer la abogacía en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito.
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Los Mochis, Sinaloa, a treinta de marzo de dos mil veintitrés. Vista la demanda de cuenta, promovida por Jesús Ramón Flores Cebreros y Gabriel Castro Osuna, contra actos del Fiscal General de la República, con recinto oficial en la Ciudad de México y otras autoridades, por considerarlos violatorios de los derechos fundamentales previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; fórmese expediente, háganse las anotaciones correspondientes y regístrese en el Libro de Gobierno que se lleva en este juzgado con el número 236/2023-1B. En principio debe decirse que la demanda de amparo debe ser analizada en su integridad, a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y así proveer lo que en derecho corresponda, sin cambiar su alcance y contenido. Al efecto resulta preciso citar la tesis jurisprudencial P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo texto dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". Ahora, este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa, se declara legalmente incompetente para conocer de la misma, por las siguientes consideraciones. En principio, debe señalarse que para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de amparo, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute, se haya ejecutado o siga ejecutándose el acto reclamado, de acuerdo con el artículo 37 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.". Del precepto antes transcrito derivan tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo: a) La primera, se caracteriza porque con independencia de dónde radique la autoridad emisora del acto reclamado, el criterio para fijarla consiste en que será competente el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual presupone que dicho acto es de los que requieren ejecución por autoridad diversa de la ordenadora. b) La segunda regla, deriva de la primera, pues sobre el mismo criterio de ejecución del acto reclamado, establece que cuando éste haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, es competente para conocer del amparo el juez de distrito ante el que se presente la demanda. c) La tercera regla se refiere al supuesto de que el acto reclamado no requiera de ejecución material, caso en el cual es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Por su parte, el primer párrafo del numeral 48 del invocado cuerpo de leyes establece: "Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales [.]. En el mismo contexto, el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, establece: . [.] CUARTO. La jurisdicción territorial de los juzgados de Distrito es la siguiente: XII. DÉCIMO SEGUNDO CIRCUITO: Los Juzgados de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los Municipios de: Culiacán y Navolato. Los Juzgados de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Los Mochis, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los Municipios de: Ahome, Angostura, Badiraguato, Choix, El Fuerte, Guasave, Mocorito, Salvador Alvarado y Sinaloa. Los Juzgados de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Mazatlán, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los Municipios de: Concordia, Cosalá, Elota, Escuinapa, Mazatlán, Rosario y San Ignacio. Destacado lo anterior, del análisis integral de la demanda se advierte que la parte quejosa, reclama en esencia actos de molestia al libre tránsito sin que exista orden de autoridad competente y sin que exista motivo alguno para ello, refieren que al llegar al punto de revisión que tiene instalada la Fiscalía General de la República en la carretera internacional México-15, cercano a la ciudad de Escuinapa, Sinaloa, fueron retenidos por más de tres horas por Agentes de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República, sin orden de autoridad competente procedieron a realizar actos de molestia en su perjuicio al derecho humano a la libertad de tránsito, revisando sin orden judicial la carga que transportaban que consistía en flores de diversa variedad al dedicarse al comercio lícito prestación de servicios de fletes al sector de florerías del Estado de Sinaloa. En ese orden de ideas, si el acto reclamado consiste en los actos de molestia al libre tránsito sin que exista orden de autoridad competente, hechos ocurridos en el punto de revisión que tiene instalada la Fiscalía General de la República en la carretera internacional México-15, mismos que tuvo ejecución en el Municipio de Escuinapa, Sinaloa, donde tuvieron ejecución los actos reclamados y que los propios quejosos lo mencionan en su escrito de demanda: ".el día miércoles 22 de marzo del año en curso, aproximadamente a las siete de la mañana, los suscritos a bordo de nuestras respectivas unidades motrices un tractocamión de la marca Kenworth, modelo 2004 y su respectiva caja refrigerada, así como un tractocamión marca Freightliner, Modelo 2005 y su correspondiente caja refrigerada, llegamos al punto de revisión que tiene instalada la Fiscalía General de la República en el punto de la carretera internacional México-15 cercano a la Ciudad de Escuinapa, Sinaloa, en donde fuimos retenidos por más de tres horas por Agentes de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República, quienes sin orden de autoridad competente procedieron a realizar actos de molestia en contra de los suscritos violentando en nuestro perjuicio él derecho humano a la libertad de tránsito, al revisar sin orden judicial la carga que traíamos los suscritos, y que consistía en flores de diversa variedad, comentándoles los suscritos que nos dedicamos al comercio licito, pues prestarnos servicios de fletes al sector de florerías del Estado de Sinaloa, y que la mercancía que transportábamos era muy delicada, no obrante eso procedieron a revisar y remover de su lugar las plantas, y al no encontrar ninguna sustancia ilícita nos dijeron que habíamos corrido con suerte, pero que en la próxima ocasión revisarían más a fondo." Por lo anterior, se debe estimar que el acto reclamado, no tuvo ejecución dentro del territorio correspondiente donde este Juzgado ejerce jurisdicción, sino en el relativo a Mazatlán, Sinaloa, localidad respecto del cual, éste órgano de control constitucional no ejerce jurisdicción; por lo que se actualiza lo estatuido en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, y en ese sentido le resulta competencia al Juzgado de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en Mazatlán, Sinaloa, en Turno. En consecuencia, en términos de los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este Juzgado se declara legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida por Jesús Ramón Flores Cebreros y Gabriel Castro Osuna, contra actos del Fiscal General de la República con sede en la Ciudad de México y otras autoridades, por considerar que el competente para conocer de la misma es el Juez de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, en turno. Por las relatadas consideraciones, se estima pertinente proceder conforme a lo anotado en el cuerpo de este proveído y remitir la demanda de amparo promovida por Jesús Ramón Flores Cebreros y Gabriel Castro Osuna, contra actos del Fiscal General de la República con sede en la Ciudad de México y otras autoridades, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgado de Distrito del Décimo Segundo Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, para que en atención al presente proveído, lo remita al órgano jurisdiccional que por turno corresponda. Por otra parte, se solicita al Tribunal Federal que corresponda, que de no tener inconveniente legal alguno y en términos del citado artículo 48 de la Ley de Amparo, se sirva informar a este órgano jurisdiccional si acepta la competencia planteada, asimismo acuse el recibo de estilo correspondiente. Por consiguiente, fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente. En diverso orden, se tiene como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones el ubicado en Calle Paseo Nogales número 1884, Fraccionamiento Urbivilla del Bosque, en esta ciudad y como sus autorizado para tales efectos, en su nombre, en términos amplios del precepto 12 de la ley de la materia, a los licenciados Armando Hernández Mercado y Migue Ángel Rodríguez Beltrán y únicamente para oír notificaciones e imponerse de los autos a Carlos Alberto Hernández Félix y Manuel de Jesús Cortez Meza, en atención a que no tienen registrada su autorización para ejercer la abogacía en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito.
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