Jesus Rafael Acosta Torres

Expediente 311/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 12 actuaciones registradas, la última del 2 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
311/2020
Año
2020
Actuaciones
12
Última actuación
02/01/2023

Partes del expediente

  • Jesus Rafael Acosta Torres

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, dos de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que la autoridad responsable Juez Segundo de Distrito Especializado en Ejecución de Penas, con residencia en la Ciudad de México, remitió copia certificada de las constancias del expediente 454/2019, con las que se formó el tomo I; por tanto, y toda vez que el presente juicio de amparo se encuentra concluido, devuélvanse a la autoridad responsable citada el tomo I, que contienen las constancias de referencia.

  2. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, diez de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que la ley establece para que las partes en este juicio interpusieran el recurso de revisión contra el auto de veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, mediante el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha resolución ha causado estado para todos los efectos legales. Sin que sea obstáculo a lo anterior, que en autos no se encuentre agregado el acuse de recibo de las autoridades responsables, en el cual se haga constar que fue debidamente notificadas de la sentencia dictada en el presente juicio de garantías, en virtud de que resulta innecesario, pues carecen de legitimación para que en un momento dado, interpongan el recurso de revisión, toda vez que la sentencia no les perjudica, pues el sobreseimiento del amparo decretado en el presente asunto sólo podría en su caso, agraviar a la parte quejosa, a la que ya le transcurrió el término para interponer el medio de impugnación correspondiente. Es aplicable la Jurisprudencia XX. J/74, visible en la página 84 del Tomo 83 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Noviembre de 1994, Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época, que al rubro dice: "AUTORIDAD RESPONSABLE. CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN SI LA SENTENCIA PRONUNCIADA POR EL A QUO NO AFECTA DIRECTAMENTE AL ACTO QUE SE LE RECLAMO.". En ese sentido, con fundamento en lo establecido por el artículo 214 de la Ley de Amparo una vez notificado del presente proveído sin necesidad de nuevo acuerdo previa anotación en el libro de gobierno correspondiente archívese el presente como asunto concluido. En ese sentido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo y acorde al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se precisa que este asunto es susceptible de destrucción, dado que por auto de veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, el presente juicio de amparo se sobreseyó fuera de audiencia; en consecuencia, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo judicial por tratarse de un asunto similar al indicado en la fracción I del artículo octavo, de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General Conjunto. Ahora del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente de relevancia documental, puesto que no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, así como tampoco se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, ni tampoco generados por los Plenos de Circuito, que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativo a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, con apoyo en el artículo 21, penúltimo párrafo, del Acuerdo General citado, este órgano jurisdiccional procederá a la destrucción del presente juicio de amparo, y ordenará la remisión del acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación.

  3. Principal

    Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, suscrito por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito Especializado en Ejecución de Penas, con residencia en la Ciudad de México, mediante el cual, acusa recibo del oficio número 701-1A. Ahora bien, del estado de autos, se aprecia que por resolución de veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, se dictó resolución en el presente juicio de amparo, concediendo al quejoso Jesús Rafael Acosta Torres, el amparo y protección de la Justicia Federal, que aún no queda firme, por encontrase pendiente de causar ejecutoria. Ahora, en el presente caso se advierte que se actualiza la causal de improcedencia, estipulada en las fracciones X y XI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, cuyo análisis se hace valer de manera oficiosa por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, acorde con el numeral 62 de la Ley de Amparo. Tiene observancia la jurisprudencia 814, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página 553, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo rubro y texto es el siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia.". En ese tenor, el quejoso en la demanda de amparo el acto reclamado lo hizo consistir en: ".LA DILACIÓN EN DICTAR RESOLUCIÓN EN EL SIPE 1112/2015, EN RELACIÓN AL INCIDENTE NO ESPECIFICADO NÚMERO SD 454/2019 DE LIBERTAD CONDICIONADA; en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en las fracciones X y XI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, por haber sido materia de otro juicio de amparo, donde reclamó el mismo acto y contra la misma autoridad responsable lo que origina el sobreseimiento en el juicio fuera de audiencia en conformidad con el diverso numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior;." Del párrafo de la fracción en comento se advierte la causa de improcedencia consistente en la cosa juzgada. En efecto, la fracción XI dispone que el amparo es improcedente cuando en un juicio se reclamen actos que hayan sido materia de una ejecutoria dictada en otro juicio de amparo promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. La figura de la cosa juzgada es definida por los artículos 354, 355, 356 y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo según su artículo 2º, dichos preceptos legales disponen: "Artículo 354.- La cosa juzgada es la verdad legal, y contra ella no se admite recurso ni prueba de ninguna clase, salvo los casos expresamente determinados por la ley.". Artículo 355.- Hay cosa juzgada cuando la sentencia ha causado ejecutoria. Artículo 356.- Causan ejecutoria las siguientes sentencias: I.- Las que no admitan ningún recurso; II.- Las que, admitiendo algún recurso, no fueren recurridas, o, habiéndolo sido, se haya declarado desierto el interpuesto, o haya desistido el recurrente de él, y III.- Las consentidas expresamente por las partes, sus representantes legítimos o sus mandatarios con poder bastante. Artículo 357.- En los casos de las fracciones I y III del artículo anterior, las sentencias causan ejecutoria por ministerio de la ley; en los casos de la fracción II se requiere declaración judicial, la que será hecha a petición de parte. La declaración se hará por el tribunal de apelación, en la resolución que declare desierto el recurso. Si la sentencia no fuere recurrida, previa certificación de esta circunstancia por la Secretaría, la declaración la hará el tribunal que la haya pronunciado, y, en caso de desistimiento, será hecha por el tribunal ante el que se haya hecho valer. La declaración de que una sentencia ha causado ejecutoria no admite ningún recurso." De los preceptos en cita se desprende que sustancialmente la cosa juzgada es la verdad legal, y contra ella no se admite recurso ni prueba de ninguna clase, excepto en los casos expresamente determinados por la ley; asimismo que la sentencia adquiere la calidad de cosa juzgada cuando ha causado ejecutoria. Las sentencias causan ejecutoria virtud a dos figuras procesales: a) por declaración judicial y b) por ministerio de ley. Causan ejecutoria por declaración judicial las sentencias que admitiendo recurso, no son recurridas, o, habiéndolo sido, se haya declarado desierto o haya desistido el recurrente de él, caso en el que se debe hacer pronunciamiento al respecto bien de oficio o a petición de parte. Las sentencias causan ejecutoria por ministerio de ley cuando no admiten ningún recurso, o bien, admitiéndolo no son recurridas, o, habiéndolo sido, se haya declarado desierto el recurso interpuesto, o haya desistido el recurrente de él; y aquellas sentencias consentidas expresamente por las partes, sus representantes legítimos o sus mandatarios con poder bastante. Finalmente, la declaración de que una sentencia ha causado ejecutoria no admite ningún recurso. En sede de amparo, la cosa juzgada material no es la sentencia misma, sino el juzgamiento y la decisión sobre la constitucionalidad o la inconstitucionalidad de los actos reclamados. Su razón es imponer la seguridad jurídica, la paz social, el estado de certidumbre, creando o estableciendo situaciones jurídicas, definitivas y concretas; es clausurar, en forma definitiva, toda discusión, o la posibilidad de reabrirla o reiniciarla, mediante un acto irrevocable de autoridad judicial federal que haga indiscutible la constitucionalidad o la inconstitucionalidad de los actos específicamente reclamados, a través de los límites de: a) identidad subjetiva, de sujetos o partes: mismo agraviado, misma autoridad responsable y, en su caso, mismo tercero interesado, y b) identidad objetiva: mismo acto reclamado. Así se puede concluir que la cosa juzgada tiene tres características esenciales, a saber, irrecurribilidad, indiscutibilidad e inmutabilidad. Esto es, en un juicio de amparo en el que se reúnen los requisitos de identidad entre quejoso, autoridad responsable y acto reclamado, las razones que hubieran adquirido firmeza no pueden ser recurridas por otro recurso, son indiscutibles y no pueden cambiar. En este caso se estima que se actualiza la figura de la cosa juzgada puesto que ya se ha decidido en un juicio de amparo anterior promovido por el mismo quejoso, contra la misma autoridad y por el propio acto reclamado, aun cuando las violaciones constitucionales sean diversas. En efecto, de la certificación de cuenta se desprende que ante este propio juzgado se tramitó el juicio de amparo número 262/2020-2A, promovido por Jesús Rafael Acosta Torres, contra actos de la misma autoridad responsable Juez Segundo de Distrito Especializado en Ejecución de Penas, con residencia en la ciudad de México, y contra el mismo acto que aquí se reclama, consistente en: ".LA DILACIÓN EN DICTAR RESOLUCIÓN EN EL SIPE 1112/2015, EN RELACIÓN AL INCIDENTE NO ESPECIFICADO NÚMERO SD 454/2019 DE LIBERTAD CONDICIONADA; la cual se concedió el ampro y protección de la Justicia Federal el veintiséis de febrero de dos mil veintiuno; mismo que se encuentra concluido, al haberse tenido por cumplida la ejecutoria en fecha veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno. En tal virtud, lo procedente es dictar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto por el diverso numeral 63, fracción V, de la invocada ley. Finalmente, considerando que el quejoso Jesús Rafael Acosta Torres, se encuentra interno en el Centro Federal de Readaptación Social Número Ocho, con sede en Guasave, Sinaloa, se encomienda notificar personalmente el presente acuerdo, al Actuaria Judicial adscrita a este Juzgado de Distrito, lo cual deberá llevar a cabo en cuanto a sus labores lo permitan, en el entendido de que deberá identificar plenamente al mismo, y en caso de que carezca de la documentación idónea, deberá requerir al funcionario competente del establecimiento penitenciario, en que se encuentra interno el encausado de mérito, para que proceda a la plena identificación del citado quejoso; por lo que, con fundamento en lo establecido por el artículo 156, párrafo segundo de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dese el aviso correspondiente al Consejo de la Judicatura Federal.

  4. Principal

    Visto el oficio de cuenta, suscrito por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito Especializado en Ejecución de Penas, con residencia en la Ciudad de México, mediante el cual remite copia de la resolución dictada el diecinueve de marzo del presente año, dentro del SIPE 1112/2015; agréguese al presente juicio de amparo para que surta sus efectos legales conducentes.

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