Jesús Ramón Rivera Mendiola
Expediente 567/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 567/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 22/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Jesús Ramón Rivera Mendiola
- L.D.R.M
Actuaciones
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, veintidós de octubre de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que ha transcurrido el término señalado en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja en contra del proveído de veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, en que se tuvo por desechada la demanda de amparo promovida por Jesús Ramón Rivera Mendiola, por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio de la ley de la materia se declara que dicho proveído ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. De conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificadas las partes del presente proveído, sin necesidad de nuevo acuerdo, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. Por otra parte, con fundamento en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se precisa que este asunto es susceptible de destrucción, dado que por proveído de veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, el presente juicio de amparo se desechó; en consecuencia, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo judicial por tratarse de un asunto similar al indicado en la fracción I del artículo octavo, de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General Conjunto. De la misma manera, con apoyo en el mencionado numeral 21, inciso a), penúltimo párrafo de dicho acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años, contado a partir de la orden de archivo del presente expediente, este órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, procederá a destruir este cuaderno principal, y ordenará la remisión del acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Asimismo, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente de relevancia documental, puesto que no encuadra en aquéllos expedientes donde se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, ni los generados por los Plenos de Circuito, ni versa sobre materia agraria, ni se trata de un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS A LA PARTEQ QUEJOSA EL PROVEIDO DICTADO EL veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno QUE DICE:. Vista la demanda de amparo promovida por Jesús Ramón Rivera Mendiola, en representación de su menor hijo L. D. R. M., contra actos del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, con sede en Ciudad de México, y otras autoridades; fórmese el expediente bajo el número 567/2021-2, que le correspondió en el libro de gobierno que para tal fin se lleva en este Juzgado. Ahora, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito procede a su análisis para resolver si se desecha, previene o admite. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano; por tanto, a continuación, se realiza el pronunciamiento correspondiente. Del escrito de demanda, de la certificación de cuenta, y de la leyenda que realizada por la Técnica de Enlace Administrativo de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados Quinto, Sexto y Séptimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, en el sentido que en la demanda no aparece la firma autógrafa del promovente Jesús Ramón Rivera Mendiola. En consecuencia, en la especie se actualiza una causal de improcedencia, cuyo estudio en el juicio de garantías es preferente al análisis de las razones de fondo propuestas, lo aleguen o no las partes, por ser éste de oficio, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, así como la Jurisprudencia 814 sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página 553 del Tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, Materia Común, Octava Época, cuyo rubro y texto son: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia.". La fracción I del artículo 107 constitucional, establece que el juicio de garantías debe seguirse siempre a instancia de parte agraviada, lo cual repite el artículo 6o. de la Ley de Amparo. Tal principio, al disponer que: "El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." implica que debe aparecer contundente, indudable la intención relativa al ejercicio de la acción, puesto que es de los fundamentales (el principio) que rigen el juicio de garantías. Pues bien, tratándose de la demanda de amparo por escrito, es la firma de la persona que lo suscribe una formalidad que debe constar en éste, de manera tal que no haya ningún resquicio de duda sobre la voluntad de la parte interesada de asumir los derechos y las obligaciones inherentes al ejercicio de la acción constitucional. Esta firma acredita la autenticidad del mismo (el escrito). En la presente demanda, aparece claramente que la misma no se encuentra firmada por el promovente Luis Daniel Rivera Moreno, lo cual se corrobora con la leyenda realizada por la Técnico de Enlace de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados Quinto, Sexto y Séptimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en esta localidad, por lo que no se puede asegurar que haya conocido el contenido de la demanda. Por ello, ante la falta de certeza de tal circunstancia y con base en los numerales indicados, en relación con el 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda intentada por la referida persona, pues la ausencia de firma, no puede conocerse la real intención de incoar la acción constitucional. Es aplicable, en la parte relativa, la Jurisprudencia 2a./J. 32/2011 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 3632 del Libro IV del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Enero de 2012, Tomo 4 Materia Común, Décima Época, del siguiente contenido: "PROMOCIONES DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO EL OFICIAL DE PARTES DE UN ÓRGANO JURISDICCIONAL NO ASIENTA QUE LAS RECIBIÓ SIN FIRMA AUTÓGRAFA EN LA RAZÓN O ACUSE CORRESPONDIENTE, SE GENERA LA PRESUNCIÓN DE QUE SE PRESENTARON EN ORIGINAL Y CON LA REFERIDA SIGNATURA. Con fundamento en el artículo 3o. de la Ley de Amparo es dable presumir que, por regla general, todas las promociones recibidas en las oficialías de partes de los órganos jurisdiccionales, dentro del juicio de amparo, se presentaron en original y con firma autógrafa, al ser éste un requisito esencial necesario para acreditar tanto la voluntad del suscriptor para realizar el acto procesal correspondiente, como la autenticidad del documento y, en consecuencia, lograr la eficacia prevista en la ley. Por otra parte, en términos del Manual General de Puestos del Consejo de la Judicatura Federal, los servidores públicos que colaboran en las oficialías de partes de los órganos jurisdiccionales cuentan, entre otras facultades, con la de denegar las promociones que no cumplan con los requisitos de ley, lo que les obliga a revisar, entre otros elementos, si fueron recibidas en original y con firma autógrafa y, a fin de respetar las garantías de legalidad y certeza, deben relacionar esta circunstancia en el acuse o razón correspondiente. Por tanto, si al recibir una promoción dentro del juicio de amparo no anotan, en la razón o acuse correspondiente, que se presentó sin firma autógrafa del promovente, es válido presumir que se exhibió en original y con la signatura referida.". Y orientan el criterio, en lo conducente y por analogía, las Tesis emitidas por la extinta Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en la página 21 del Volumen 13 del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Quinta Parte, de los siguientes rubro y texto: "FIRMA, PROMOCIONES SIN. Es una formalidad indispensable para que se dé curso a cualquiera promoción judicial, la firma de quien hace la promoción, ya que la firma sirve para dar autenticidad a la propia promoción y para determinar, en su caso, los derechos y obligaciones que adquiera el signante a virtud del contenido del escrito respectivo.". Y la visible en la página 81, del Volumen XVII del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Parte, Materia Común, Sexta Época que dice: "DEMANDA DE AMPARO, PRESENTACION SIN FIRMA. Tomando en consideración que para que pueda hablarse de la existencia de una demanda de garantías es preciso que conste la voluntad del agraviado de solicitar la protección de la Justicia Federal, voluntad que se manifiesta por medio de la suscripción del documento respectivo, ya que no es admisible que un escrito anónimo, carente de autenticidad por la falta de firma del supuesto interesado, pueda ser considerada como una demanda de amparo, tiene que concluirse que si la demanda fue presentada sin firma, ésta se tuvo por formulada hasta la fecha en que el quejoso la suscribió y si esto ocurrió en forma extemporánea, es decir, cuando ya había transcurrido con exceso el término de quince días que para ese efecto señala el artículo 21 de Ley de Amparo, el acto reclamado debe estimarse tácitamente consentido y el juicio es improcedente, lo que da lugar a su sobreseimiento, con apoyo en los artículos 73, fracción XII, y 74, fracción III, de la Ley de Amparo.". En las relatadas condiciones, al actualizarse en la especie la causal de improcedencia contenida en el numeral 62, en relación con el 6º, con fundamento en el precepto 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la presente demanda, por resultar notoriamente improcedente. En diverso orden, a fin de no dejar en estado de indefensión al promovente, con fundamento en los artículos 16, 35 y 39 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el Uso de Videoconferencias en todos los asuntos Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del Propio Consejo, se acuerda de conformidad lo solicitado por el promovente, en el sentido de autorizar en su favor el acceso al expediente electrónico, se habilita el apartado correspondiente en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que el nombre de usuario es "LICJORGEMARTINEZ", y se encuentra registrado y autorizado en la Plataforma de Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL); en términos del acuerdo general en su artículo 36, párrafo tercero, la autorización respectiva estará en todo momento condicionada a que la firma electrónica se mantenga vigente y únicamente surte efectos para el presente juicio. Con apoyo en el precepto 305, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2º, párrafo segundo de la misma ley, se tiene como domicilio de la impetrante de garantías, para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Amadeus Mozart número 1955 entre Poseidón y Justicia Social del fraccionamiento Jardines del Bosque, en esta ciudad de Los Mochis, Sinaloa, y como su autorizado para tales efectos, en su nombre, en términos amplios del precepto 12 de la ley de la materia, al licenciado Zeus Rodríguez Velarde. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 8°, 18, fracción II y 21, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la citada Ley, y artículos 57 y 58 del Acuerdo General 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que les asiste el derecho de oponerse en relación a terceros a la publicación de sus datos personales al hacerse pública la sentencia y en caso de omitir hacer manifestación alguna se entenderá que se oponen a la publicación de sus datos personales, salvo que se otorgue su consentimiento expreso, por escrito o por un medio de autenticación similar (en el momento de la notificación respectiva o en comparecencia ante el propio Juzgado, en caso de encontrarse gozando de libertad provisional bajo caución), de que se publiquen sus datos personales; asimismo, que las referidas restricciones no operen respecto de quien o quienes, en términos de la legislación procesal aplicable, estén legitimados para solicitar copias de la mencionada sentencia.
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por Jesús Ramón Rivera Mendiola, en representación de su menor hijo L. D. R. M., contra actos del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, con sede en Ciudad de México, y otras autoridades; fórmese el expediente bajo el número 567/2021-2, que le correspondió en el libro de gobierno que para tal fin se lleva en este Juzgado. Ahora, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito procede a su análisis para resolver si se desecha, previene o admite. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano; por tanto, a continuación, se realiza el pronunciamiento correspondiente. Del escrito de demanda, de la certificación de cuenta, y de la leyenda que realizada por la Técnica de Enlace Administrativo de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados Quinto, Sexto y Séptimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, en el sentido que en la demanda no aparece la firma autógrafa del promovente Jesús Ramón Rivera Mendiola. En consecuencia, en la especie se actualiza una causal de improcedencia, cuyo estudio en el juicio de garantías es preferente al análisis de las razones de fondo propuestas, lo aleguen o no las partes, por ser éste de oficio, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, así como la Jurisprudencia 814 sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página 553 del Tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, Materia Común, Octava Época, cuyo rubro y texto son: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia.". La fracción I del artículo 107 constitucional, establece que el juicio de garantías debe seguirse siempre a instancia de parte agraviada, lo cual repite el artículo 6o. de la Ley de Amparo. Tal principio, al disponer que: "El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." implica que debe aparecer contundente, indudable la intención relativa al ejercicio de la acción, puesto que es de los fundamentales (el principio) que rigen el juicio de garantías. Pues bien, tratándose de la demanda de amparo por escrito, es la firma de la persona que lo suscribe una formalidad que debe constar en éste, de manera tal que no haya ningún resquicio de duda sobre la voluntad de la parte interesada de asumir los derechos y las obligaciones inherentes al ejercicio de la acción constitucional. Esta firma acredita la autenticidad del mismo (el escrito). En la presente demanda, aparece claramente que la misma no se encuentra firmada por el promovente Luis Daniel Rivera Moreno, lo cual se corrobora con la leyenda realizada por la Técnico de Enlace de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados Quinto, Sexto y Séptimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en esta localidad, por lo que no se puede asegurar que haya conocido el contenido de la demanda. Por ello, ante la falta de certeza de tal circunstancia y con base en los numerales indicados, en relación con el 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda intentada por la referida persona, pues la ausencia de firma, no puede conocerse la real intención de incoar la acción constitucional. Es aplicable, en la parte relativa, la Jurisprudencia 2a./J. 32/2011 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 3632 del Libro IV del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Enero de 2012, Tomo 4 Materia Común, Décima Época, del siguiente contenido: "PROMOCIONES DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO EL OFICIAL DE PARTES DE UN ÓRGANO JURISDICCIONAL NO ASIENTA QUE LAS RECIBIÓ SIN FIRMA AUTÓGRAFA EN LA RAZÓN O ACUSE CORRESPONDIENTE, SE GENERA LA PRESUNCIÓN DE QUE SE PRESENTARON EN ORIGINAL Y CON LA REFERIDA SIGNATURA. Con fundamento en el artículo 3o. de la Ley de Amparo es dable presumir que, por regla general, todas las promociones recibidas en las oficialías de partes de los órganos jurisdiccionales, dentro del juicio de amparo, se presentaron en original y con firma autógrafa, al ser éste un requisito esencial necesario para acreditar tanto la voluntad del suscriptor para realizar el acto procesal correspondiente, como la autenticidad del documento y, en consecuencia, lograr la eficacia prevista en la ley. Por otra parte, en términos del Manual General de Puestos del Consejo de la Judicatura Federal, los servidores públicos que colaboran en las oficialías de partes de los órganos jurisdiccionales cuentan, entre otras facultades, con la de denegar las promociones que no cumplan con los requisitos de ley, lo que les obliga a revisar, entre otros elementos, si fueron recibidas en original y con firma autógrafa y, a fin de respetar las garantías de legalidad y certeza, deben relacionar esta circunstancia en el acuse o razón correspondiente. Por tanto, si al recibir una promoción dentro del juicio de amparo no anotan, en la razón o acuse correspondiente, que se presentó sin firma autógrafa del promovente, es válido presumir que se exhibió en original y con la signatura referida.". Y orientan el criterio, en lo conducente y por analogía, las Tesis emitidas por la extinta Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en la página 21 del Volumen 13 del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Quinta Parte, de los siguientes rubro y texto: "FIRMA, PROMOCIONES SIN. Es una formalidad indispensable para que se dé curso a cualquiera promoción judicial, la firma de quien hace la promoción, ya que la firma sirve para dar autenticidad a la propia promoción y para determinar, en su caso, los derechos y obligaciones que adquiera el signante a virtud del contenido del escrito respectivo.". Y la visible en la página 81, del Volumen XVII del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Parte, Materia Común, Sexta Época que dice: "DEMANDA DE AMPARO, PRESENTACION SIN FIRMA. Tomando en consideración que para que pueda hablarse de la existencia de una demanda de garantías es preciso que conste la voluntad del agraviado de solicitar la protección de la Justicia Federal, voluntad que se manifiesta por medio de la suscripción del documento respectivo, ya que no es admisible que un escrito anónimo, carente de autenticidad por la falta de firma del supuesto interesado, pueda ser considerada como una demanda de amparo, tiene que concluirse que si la demanda fue presentada sin firma, ésta se tuvo por formulada hasta la fecha en que el quejoso la suscribió y si esto ocurrió en forma extemporánea, es decir, cuando ya había transcurrido con exceso el término de quince días que para ese efecto señala el artículo 21 de Ley de Amparo, el acto reclamado debe estimarse tácitamente consentido y el juicio es improcedente, lo que da lugar a su sobreseimiento, con apoyo en los artículos 73, fracción XII, y 74, fracción III, de la Ley de Amparo.". En las relatadas condiciones, al actualizarse en la especie la causal de improcedencia contenida en el numeral 62, en relación con el 6º, con fundamento en el precepto 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la presente demanda, por resultar notoriamente improcedente. En diverso orden, a fin de no dejar en estado de indefensión al promovente, con fundamento en los artículos 16, 35 y 39 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el Uso de Videoconferencias en todos los asuntos Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del Propio Consejo, se acuerda de conformidad lo solicitado por el promovente, en el sentido de autorizar en su favor el acceso al expediente electrónico, se habilita el apartado correspondiente en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que el nombre de usuario es "LICJORGEMARTINEZ", y se encuentra registrado y autorizado en la Plataforma de Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL); en términos del acuerdo general en su artículo 36, párrafo tercero, la autorización respectiva estará en todo momento condicionada a que la firma electrónica se mantenga vigente y únicamente surte efectos para el presente juicio. Con apoyo en el precepto 305, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2º, párrafo segundo de la misma ley, se tiene como domicilio de la impetrante de garantías, para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Amadeus Mozart número 1955 entre Poseidón y Justicia Social del fraccionamiento Jardines del Bosque, en esta ciudad de Los Mochis, Sinaloa, y como su autorizado para tales efectos, en su nombre, en términos amplios del precepto 12 de la ley de la materia, al licenciado Zeus Rodríguez Velarde. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 8°, 18, fracción II y 21, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la citada Ley, y artículos 57 y 58 del Acuerdo General 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que les asiste el derecho de oponerse en relación a terceros a la publicación de sus datos personales al hacerse pública la sentencia y en caso de omitir hacer manifestación alguna se entenderá que se oponen a la publicación de sus datos personales, salvo que se otorgue su consentimiento expreso, por escrito o por un medio de autenticación similar (en el momento de la notificación respectiva o en comparecencia ante el propio Juzgado, en caso de encontrarse gozando de libertad provisional bajo caución), de que se publiquen sus datos personales; asimismo, que las referidas restricciones no operen respecto de quien o quienes, en términos de la legislación procesal aplicable, estén legitimados para solicitar copias de la mencionada sentencia.
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