Jesús Nafata Cahuare
Expediente 284/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 284/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 25/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Jesús Nafata Cahuare
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de marzo de dos mil veintidós. Vistos los autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el acuerdo que desechó la demanda de amparo, sin que lo haya hecho. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha determinación ha causado estado. Por tanto, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en razón que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y que el presente sumario constitucional se desechó la demanda de amparo, quien esto provee considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso d) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de marzo de dos mil veintidós. Téngase por recibida la demanda señalada en la cuenta. Fórmese expediente impreso y electrónico en términos de lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Amparo y regístrese con el número 284/2022. Desechamiento. El suscrito considera que debe desecharse la demanda de amparo promovida por ********************, contra los actos reclamados al Gerente de la división de distribución sureste de la Comisión Federal de Electricidad, consistentes en el cambio de medidor de energía eléctrica tradicional por uno moderno denominado digital y/o electrónico, así como la orden de pago injustificado, cobros excesivos por adeudo de luz no consumidos y la suspensión de energía eléctrica. De conformidad con lo establecido por el numeral 113 de la Ley de Amparo este Juzgado de Distrito procede a efectuar el análisis de la demanda de amparo, dado que se advierte que esta instancia es improcedente por las razones que se expondrán a continuación. El precepto citado señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". De la disposición inserta se desprende que el Juez de Distrito debe examinar el escrito inicial y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia lo desechará de plano; lo que es así porque, en atención al derecho fundamental de administrar justicia de manera pronta y expedita consagrado por el ordinal 17 de la Constitución Federal no es factible dar trámite a las demandas de amparo notoriamente improcedentes para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte que resultará indudablemente improcedente. Precisa destacar que por motivo manifiesto se entiende lo que se advierte clara y patentemente y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y la plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento relativo no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o porque estén acreditados con datos de juicio indubitables, de modo tal que el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que las partes pudieran aportar o hacer valer en el procedimiento sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Tal hipótesis tiene como base lo previsto por el artículo 17 de la Constitución Federal que consagra el derecho fundamental de acceso a la justicia e impone como deber a los órganos jurisdiccionales de salvaguardar esa prerrogativa de manera pronta y expedita, dado que no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Ahora, quien esto provee considera que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5, fracción II, interpretada a contario sensu, ambos de la Ley de Amparo, dado que la autoridad que señala como responsable, no le asiste tal carácter para efectos del juicio de amparo, por lo que la demanda de amparo debe desecharse. Los preceptos legales referidos establecen, en lo que interesa, lo siguiente: "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (.).". "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley.". Así, resulta oportuno precisar que en relación con el concepto de autoridad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estimado que para efectos del amparo, lo constituye aquella que emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones que afecten la esfera jurídica de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Ahora, el más Alto Tribunal del País señaló que autoridad, tratándose del juicio de amparo, es la que ejerce las facultades decisorias que legalmente le han sido atribuidas y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad; y abandonó el criterio tradicional de disponibilidad de la fuerza pública como distintivo del concepto que se analiza Por tanto, con el propósito de dilucidar las consideraciones de tipo legal de tal afirmación, resulta menester precisar cuándo y en qué casos la Comisión Federal de Electricidad es considerada como autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, y así estar en aptitud de definir si los actos desplegados encuadran como actos de imperio, requisito básico para la procedencia del juicio constitucional, en términos del numeral 1, fracción I en relación con el ordinal 5, fracción II de la Ley de Amparo. Para ello, es preciso establecer que ni el poder constituyente ni el legislador ordinario han definido legalmente lo que debe entenderse por autoridad. En efecto, el artículo 103 constitucional establece: "Artículo 103. Los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: Por leyes o actos de la autoridad que violen las garantías individuales. Por leyes o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencia del Distrito Federal, y Por leyes o actos de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal que invadan la esfera de la autoridad federal.". El diverso numeral 107 Constitucional tampoco define el concepto de autoridad; ni menos aún su ley reglamentaria, pues en su precepto 5, fracción II transcrito en párrafos precedentes, únicamente ejemplifica las formas en que la autoridad puede llevar a cabo actos objeto del juicio de amparo, empero, sin precisar las características que los mismos deben reunir para considerarse con tal calidad para efectos de dicho juicio. En esa tesitura, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, luego de una evolución histórica del concepto de autoridad, que en principio sostuvo que quienes disponían de fuerza pública en virtud de circunstancias legales o de hecho y que, por ende, están en posibilidad de obrar como individuos que ejercen actos públicos por el hecho de disponer de fuerza pública, tenían el carácter de autoridad, lo que se interpretó con rigor en el sentido de que solo tenían carácter de autoridad quienes dispusieran de la fuerza pública; no obstante, dicha postura se abandonó al sustentar con posterioridad la tesis del rubro: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO"; de la que, en síntesis, debe destacarse, según las consideraciones que la informan que, para los efectos del juicio de amparo, se estima autoridad aquella que teniendo las características de órgano público que le dan las normas jurídicas, tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados sin requerir de la voluntad del afectado o aun en contra de ella. Por tanto, las características de un acto de autoridad, para los efectos del juicio de amparo, son las siguientes: Que tenga particularidades de órgano público. Que las normas jurídicas le otorguen potestad para actuar, y Que emita o realice actos unilaterales que afecten la esfera jurídica de los gobernados. Ahora bien, resulta necesario precisar que los derechos y obligaciones generados en el marco del contrato de suministro de energía eléctrica o con motivo de este, obedecen a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. En el mismo orden de ideas, para el caso, es importante tener en consideración lo que disponen los preceptos 25, 26 y 34, de la abrogada Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, a saber: "Artículo 25. La Comisión Federal de Electricidad deberá suministrar energía eléctrica a todo el que lo solicite, salvo que exista impedimento técnico o razones económicas para hacerlo, sin establecer preferencia alguna dentro de cada clasificación tarifaria. El reglamento fijará los requisitos que debe cumplir el solicitante del servicio, y señalará los plazos para celebrar el contrato y efectuar la conexión de los servicios por parte de la comisión". "Artículo 26. La suspensión del suministro de energía eléctrica deberá efectuarse en los siguientes casos: Por falta de pago oportuno de la energía eléctrica durante un periodo normal de facturación; Cuando se acredite el uso de energía eléctrica a través de instalaciones que alteren o impidan el funcionamiento normal de los instrumentos de control o de medida; Cuando las instalaciones del usuario no cumplan las normas técnicas reglamentarias; Cuando se compruebe el uso de energía eléctrica en condiciones que violen lo establecido en el contrato respectivo; Cuando se esté consumiendo energía eléctrica sin haber celebrado el contrato respectivo; Cuando se haya conectado un servicio sin la autorización del suministrador. En cualesquiera de los supuestos anteriores, la Comisión Federal de Electricidad procederá al corte inmediato del servicio, sin requerirse para el efecto intervención de autoridad. En los supuestos a que se refieren las fracciones I, III y IV que anteceden, se deberá dar aviso previo." "Artículo 34. El contrato de suministro de energía eléctrica termina: Por voluntad del usuario; Por cambio de giro o características del mismo que impliquen la aplicación de tarifa diversa; Por cambio de propietario o arrendatario del inmueble, industria o comercio, en el caso de que sean usuarios; y Por falta de pago del adeudo que requiere suspensión, dentro de los siguientes quince días naturales a la fecha en que se efectuó dicha suspensión.". Luego, de la interpretación sistemática de los preceptos legales transcritos, se infiere que al momento de celebrar la operación contractual, Comisión Federal de Electricidad revestía la calidad de organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, cuya actividad se encontraba sujeta a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, y a través de los Acuerdos de catorce de marzo de dos mil dieciséis, emitidos por el Consejo de Administración de Comisión Federal de Electricidad, publicados en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de marzo de dos mil dieciséis, se crearon CFE Suministrador de Servicios Básicos y CFE Distribución, con el carácter de empresas productivas subsidiarias de Comisión Federal de Electricidad, encargadas de proveer y prestar el servicio público de distribución de energía eléctrica. Por consiguiente, la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica establecía la forma y requisitos que debían cumplir los contratos de suministro celebrados con la ahora empresa productiva del Estado y, posteriormente, ejecutados por CFE Suministrador de Servicios Básicos y CFE Distribución. Por su parte, se tiene que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, establece en sus artículos 1, 2, 3, 45 y 46, lo siguiente: "Artículo 1º. La presente ley establece las bases de organización de la Administración Pública Federal, centralizada y paraestatal. La Oficina de la presidencia de la República, las Secretarías de Estado, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y los Órganos Reguladores Coordinados integran la Administración Pública Centralizada. Los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal, las instituciones nacionales de crédito, las organizaciones auxiliares nacionales de crédito, las instituciones nacionales de seguros y de fianzas y los fideicomisos, componen la administración pública paraestatal". "Artículo 2°. En el ejercicio de sus atribuciones y para el despacho de los negocios del orden administrativo encomendados al Poder Ejecutivo de la Unión, habrá las siguientes dependencias de la Administración Pública Centralizada: Secretarías de Estado; Consejería Jurídica, y Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética a que hace referencia el artículo 28, párrafo octavo, de la Constitución." "Artículo 3°. El Poder Ejecutivo de la Unión se auxiliará en los términos de las disposiciones legales correspondientes, de las siguientes entidades de la administración pública paraestatal: Organismos descentralizados; Empresas de participación estatal, instituciones nacionales de crédito, organizaciones auxiliares nacionales de crédito e instituciones nacionales de seguros y de fianzas, y Fideicomisos. "Artículo 45. Son organismos descentralizados las entidades creadas por ley o decreto del Congreso de la Unión o por decreto del Ejecutivo Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, cualquiera que sea la estructura legal que adopten que sea la estructura legal que adopten." "Artículo 46. Son empresas de participación estatal mayoritaria las siguientes: . II. Las Sociedades de cualquier otra naturaleza. (.).". Por su parte, los Acuerdos por los que se crean CFE Suministrador de Servicios Básicos y CFE Distribución, de catorce de marzo de dos mil dieciséis, emitidos por el Consejo de Administración de Comisión Federal de Electricidad, publicados en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de marzo de dos mil dieciséis, en sus artículos 1 y 2, establecen: "Acuerdo por el que se crea CFE Suministrador de Servicios Básicos "Artículo 1. Se crea la empresa productiva subsidiaria de Comisión Federal de Electricidad denominada CFE Suministrador de Servicios Básicos, la cual contará con personalidad jurídica y patrimonio propios." "Artículo 2. CFE Suministrador de Servicios Básicos tiene por objeto proveer el Suministro Básico a que se refiere la Ley de la Industria Eléctrica, en favor de cualquier persona que lo solicite en términos de lo dispuesto por dicha Ley. Deberá generar valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario. CFE Suministrador de Servicios Básicos tendrá su domicilio en la Ciudad de México, sin perjuicio de que para el desarrollo de sus actividades pueda establecer oficinas o domicilios legales o convencionales tanto en territorio nacional como en el extranjero." Acuerdo por el que se crea CFE Distribución "Artículo 1. Se crea la empresa productiva subsidiaria de Comisión Federal de Electricidad, denominada CFE Distribución, la cual contará con personalidad jurídica y patrimonio propios." "Artículo 2. CFE Distribución tiene por objeto realizar las actividades necesarias para prestar el servicio público de distribución de energía eléctrica, así como para llevar a cabo, entre otras actividades, el financiamiento, instalación, mantenimiento, gestión, operación y ampliación de la infraestructura necesaria para prestar el servicio público de distribución, de conformidad con lo previsto en la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, la Ley de la Industria Eléctrica, los Términos para la estricta separación legal de la Comisión Federal de Electricidad y demás disposiciones jurídicas aplicables, generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario. CFE Distribución tendrá su domicilio en la Ciudad de México, sin perjuicio de que para el desarrollo de sus actividades pueda establecer oficinas o domicilios legales o convencionales tanto en territorio nacional como en el extranjero.". Por consiguiente, a la luz de los preceptos legales reproducidos, el Gerente de la división de distribución sureste de la Comisión Federal de Electricidad, tendría el carácter de empresa productiva subsidiaria de Comisión Federal de Electricidad, que a su vez, resulta ser un organismo público descentralizado, pues así lo establece el numeral 8 de la mencionada abrogada Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, cuyo tenor literal reza: "Artículo 8°. La Comisión Federal de Electricidad es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio". Bajo ese contexto, resulta menester precisar que de acuerdo con la doctrina, existen los siguientes tipos de relaciones jurídicas que derivan de la actuación del Estado y sus órganos: Las relaciones de coordinación, que son los vínculos que se entablan por una diversidad de causas, entre dos o más personas físicas o morales, en su calidad de gobernados; Las relaciones de supraordinación, que son las que se efectúan entre los diferentes órganos de gobierno en el desempeño de sus atribuciones, y Las relaciones de supra a subordinación que surgen entre los órganos de autoridad, por una parte y, el gobernado, por la otra. En dichas relaciones la autoridad desempeña frente al particular los actos de autoridad propiamente dichos, que tienen como características la unilateralidad, la imperatividad y la coercitividad. Se dice que tales actos son unilaterales porque su existencia depende únicamente de la autoridad; son imperativos en virtud de que se imponen aun contra la voluntad del gobernado, y son coercitivos ya que si no se acatan, se puede lograr su cumplimiento coactivo mediante el uso de la fuerza pública. En ese sentido, para que un acto de autoridad pueda considerarse como tal, debe reunir los siguientes requisitos: a) Unilateral. Para su existencia y eficacia no requiere del concurso o colaboración del particular frente al cual se ejercita. b) Imperativo. Porque la voluntad del particular se encuentra supeditada, es decir sometida. c) Coercitivo. Puede constreñir y forzar al gobernado para hacerse respetar. Así, para que el acto de un órgano estatal sea conceptuado como tal, debe realizarse con motivo de relaciones de supra a subordinación, esto es, entre sujetos colocados en diferentes planos: los particulares por un lado y el Estado investido con su imperio, por el otro. Lo que es así, en tanto que el calificativo de acto de autoridad involucra a un órgano del Estado constituido por una persona o por un cuerpo colegiado, quien ejecuta ciertos actos en ejercicio del poder de imperio, actos que modifican, crean o extinguen una situación de hecho o de derecho por medio de una decisión, con la ejecución de esa decisión, o bien, por ambas. Sobre el tema es oportuno citar, la tesis P.XXVII/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, febrero de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO." De lo razonado y fundado, se obtiene que, cuando como en el caso, se reclama un cambio de medidor de energía eléctrica tradicional por uno moderno denominado digital y/o electrónico y la orden de pago injustificado, cobros excesivos por adeudo de luz no consumidos y la suspensión de energía eléctrica por el Gerente de la división de distribución sureste de la Comisión Federal de Electricidad, dicho acto no puede considerarse de autoridad para efectos del juicio de amparo, porque si bien unilateralmente cuantifica, impone tarifas y requiere por el pago de cierta cantidad por concepto del suministro de energía eléctrica, su actividad está encaminada, por una parte, a cuantificar y recibir el reembolso por la prestación del servicio del que se disfruta, y por otro lado, determinar el consumo de energía eléctrica en virtud de la celebración de un contrato, por lo que no se está frente a un acto autoritario, sino en una relación de coordinación emanada de un vínculo convencional cuyo origen es la celebración de un contrato de naturaleza mercantil, en el que los suscriptores, con previo conocimiento del negocio jurídico que están efectuando, consienten el celebrarlo; de ahí que, se reitera, ambas partes actúan en calidad de particulares como consecuencia de la aceptación de esa convención, en la que se establecen obligaciones y derechos recíprocos entre los contratantes. Entonces, esa relación de igualdad en la que el Estado actúa como prestador del servicio y no como un ente jurídico investido de imperio, demuestra que no se trata de una relación entre autoridad y gobernado, sino de correspondencia entre el interés del prestador del servicio y un particular, porque el organismo no obra como autoridad, sino que actúa con base en la facultad derivada del incumplimiento del contrato. Sin que por otra parte sea dable considerar que en la especie el Gerente de la división de distribución sureste de la Comisión Federal de Electricidad, aún en su calidad de particular, hubiese desplegado actos de imperio para los efectos del juicio de amparo, en los términos previstos en el artículo 5, fracción II, párrafo segundo, de la ley de la materia; ya que de la interpretación de dicho precepto legal, desde una perspectiva de evolución legislativa, jurisprudencial y doctrinal y, en atención al principio de progresividad que consagra el artículo 1, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, permite concluir que los actos equivalentes a los de autoridad, para la procedencia del juicio de amparo contra particulares, son aquellos que crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, siempre que se realicen al amparo de la facultad que el Estado les haya otorgado para ejercer una función regulada en una norma general, de tal manera que se asimile al servicio que en su lugar brindaría el ente público, sin que para ello sea necesario que forme parte del Estado como tal. En otras palabras, el precepto legal del que se dio noticia establece que para que un particular pueda ser reconocido con la calidad de autoridad responsable dentro de un juicio de amparo es menester la actualización de dos supuestos legales, a saber: Que un particular realice actos equivalentes a los de autoridad que afecten la esfera jurídica de un gobernado; y Que las funciones del particular se encuentren determinadas por una norma general. Requisitos que en el caso no se encuentran colmados, esencialmente, porque como se dijo, la actividad desplegada por el Gerente de la división de distribución sureste de la Comisión Federal de Electricidad, respecto de los actos reclamados, no derivan de la observancia de una norma general; sino que tuvieron lugar con motivo del cumplimiento del contrato para el suministro de energía eléctrica celebrado respecto del domicilio donde se surte dicho servicio, en un plano de coordinación "entre iguales". Por consiguiente, si el acto reclamado se trata de un cambio de medidor de energía eléctrica tradicional por uno moderno denominado digital y/o electrónico y la orden de pago injustificado, cobros excesivos por adeudo de luz no comsumidos y la suspensión de energía eléctrica por el Gerente de la división de distribución sureste de la Comisión Federal de Electricidad, resulta notorio que las cuestiones inherentes a los derechos y obligaciones derivados del pacto de voluntades de mérito, son de naturaleza comercial y, en consecuencia, las controversias suscitadas entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones generados en el marco del contrato respectivo o con motivo de este, deben decidirse en la vía ordinaria u oral mercantil, según corresponda. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 156/2017 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, enero de 2018, Decima Época del Semanario Judicial de la Federación, registro 2015944, que dice: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. CONTRA LOS ACTOS DERIVADOS DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CELEBRADO BAJO LA VIGENCIA DE LA LEY DEL SERVICIO PÚBLICO RELATIVA PROCEDE LA VÍA ORDINARIA MERCANTIL. De la interpretación de los artículos 1049 y 75, fracciones V y XXV, del Código de Comercio deriva que el servicio de suministro de energía eléctrica proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad a los particulares tiene origen en un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial traducido en una relación de coordinación y, en consecuencia, las controversias suscitadas entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones generados en el marco del contrato de suministro de energía eléctrica o con motivo de éste, celebrado bajo la vigencia de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, deben ventilarse y decidirse en la vía ordinaria mercantil.". Así como, la diversa jurisprudencia 2a./J. 30/2018 (10a.), de la propia Segunda Sala, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, abril de 2018, de rubro y texto siguiente: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA ACTOS PREVISTOS EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA. La interpretación teleológica del régimen jurídico especial que tutela esa actividad de la empresa productiva del Estado, lleva a considerar que su objetivo es garantizar que el servicio se preste, ello en un sistema de libre competencia. De ahí que no la ejerce en un plano de supra a subordinación porque el contrato de adhesión no somete arbitraria y unilateralmente la voluntad de los contratantes a las condiciones de la empresa; máxime que su contenido es verificado por la Comisión Reguladora de Energía y la Procuraduría Federal del Consumidor para asegurar que no contenga cláusulas leoninas, abusivas o inequitativas para el contratante, mientras se protege la actividad comercial de la sociedad. En esa virtud, tales actos, incluido el corte del suministro en términos del contrato, forman parte de esa relación comercial y la vía procedente para dirimir lo relativo es la ordinaria mercantil. Sin que esto impida que cuando la empresa realice actos que vulneren derechos humanos fuera de lo estipulado y aceptado por las partes, o cuando aplique normas que se estimen inconstitucionales, se le pudiera señalar como autoridad responsable. Cuestión que deberá ser analizada en cada caso concreto por el juzgador de amparo.". También, resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 167/2011 (9a.), con registro digital 159944, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el título y texto siguientes: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. EL AVISO RECIBO POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y EL AJUSTE EN EL MONTO DEL CONSUMO DERIVADO DE ÓRDENES DE VERIFICACIÓN, COBRO O CORTE DE DICHO SUMINISTRO Y SU EJECUCIÓN, NO SON ACTOS DE AUTORIDAD PARA LA PROCEDENCIA DEL RECURSO ADMINISTRATIVO DE REVISIÓN O DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (ACLARACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 167/2011 [9a.]). Una nueva reflexión conduce a esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a abandonar los criterios contenidos en las jurisprudencias 2a./J. 98/2006 y 2a./J. 120/2006, así como en las tesis 2a. CXXX/2010 y 2a. CXXXI/2010, en los que se estableció que contra la determinación de ajuste en el monto del consumo de energía eléctrica efectuada por la Comisión Federal de Electricidad, derivada de la verificación al medidor del consumidor, las órdenes de verificación, cobro o corte del suministro de dicho fluido y su ejecución, y el aviso recibo por concepto de dicho suministro expedido por aquélla, procede el recurso de revisión previsto en el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, a través del cual pueden paralizarse sus efectos, y que contra la resolución recaída a dicho medio de defensa procede el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que igualmente hace posible la suspensión de los efectos de aquélla; para ahora sostener que tales actos son inimpugnables mediante dichos medios de defensa, pues si bien tanto éstos como el juicio de amparo indirecto son de distinta naturaleza y alcance, lo cierto es que comparten una nota fundamental consistente en que su procedencia versa en torno a la existencia de un acto de autoridad; naturaleza que no tienen los referidos actos, pues la relación jurídica entre los particulares usuarios del servicio de energía eléctrica y la Comisión Federal de Electricidad no corresponde a la de una autoridad y un gobernado (de supra a subordinación) sino, como ya lo definió esta Segunda Sala en las jurisprudencias 2a./J. 112/2010 y 2a./J. 113/2010, a una relación de coordinación entre aquéllos, originada mediante un acuerdo de voluntades donde ambas partes adquieren derechos y obligaciones recíprocos, la cual no puede desnaturalizarse en función de algún medio de defensa que el usuario haga valer contra los referidos actos dentro de esa relación, pues no corresponden a los privativos y de molestia previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que no derivan de un mandamiento unilateral del Estado, sino de la mera consecuencia del contrato de suministro de energía eléctrica; con mayor razón porque conforme a los numerales 163 a 166 del Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, es la Secretaría de Energía la que debe practicar visitas de inspección para verificar el correcto uso del servicio". De igual manera, la Comisión Federal de Electricidad no es autoridad para los efectos del amparo, conforme al diverso criterio jurisprudencial 2a./J. 71/2018 (10a.), con registro digital: 2017214 de la misma Sala, con el epígrafe y contenido de la literalidad siguiente: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 112/2006 SIGUE SIENDO APLICABLE A LOS ACTOS QUE REALIZA EN RELACIÓN CON LA DETERMINACIÓN Y RECAUDACIÓN DEL PAGO DE DERECHOS POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO, CONFORME A LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013. La anterior integración de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la Comisión Federal de Electricidad no realiza actos de autoridad para efectos del juicio de amparo cuando determina y recauda el pago de derechos por el servicio de alumbrado público, en observancia a diversas leyes locales y conforme al convenio que celebre con las autoridades de ese nivel de gobierno. A pesar de que dicho criterio fue emitido conforme a la Ley de Amparo de 1936 abrogada, sigue siendo aplicable en términos del artículo sexto transitorio de la Ley que la sustituyó, porque a pesar de que ésta prevea la posibilidad de promover un juicio de amparo contra actos de particulares que sean equivalentes a los de autoridad, ambas legislaciones coinciden en condicionar su procedencia a la existencia de una función prevista en una norma jurídica, y cuyo efecto repercuta de manera unilateral y obligatoria en el ámbito de derechos de cierta persona. Esta situación no se actualiza cuando la Comisión Federal de Electricidad da a conocer las cantidades que el gobernado debe pagar por concepto de derechos por el servicio de alumbrado público en el aviso-recibo, pues esa facultad no implica otorgarle atribuciones para ejecutar el cobro, mismas que se reservan a las autoridades municipales". Entonces, resulta válido concluir que cuando el Estado -por conducto de Comisión Federal de Electricidad-, actúa como prestador del servicio, mediante la celebración de contratos para la prestación del servicio de suministro de energía eléctrica, no obra como autoridad para efectos del amparo, sino en función de relaciones comerciales de coordinación entre particulares, incluso tratándose de actos como el corte del suministro en términos del contrato. En tales condiciones, al actualizarse de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5, fracción II, este último interpretado contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, por notoriamente improcedente. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 2/2019, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, febrero de 2019, registro 2019230, de rubro y texto siguiente: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LA EXISTENCIA DE JURISPRUDENCIA QUE DEFINA LA NATURALEZA DE SUS ACTOS, CONSTITUYE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, PARA DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA EN CONTRA DE AQUÉLLOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que el Juez de Distrito debe desechar la demanda de amparo indirecto sólo cuando de ésta se advierta, sin lugar a dudas, un motivo manifiesto de improcedencia. Entonces, es factible el desechamiento de la demanda como causa notoria y manifiesta cuando se impugnen actos de la Comisión Federal de Electricidad cuya naturaleza ha sido definida mediante jurisprudencia por el Máximo Tribunal, pues dichos criterios son de observancia obligatoria en términos del artículo 217, párrafo primero, de la Ley de Amparo, para todos los órganos de menor jerarquía, vedando así cualquier posibilidad de que el obstáculo declarado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para entrar al estudio del fondo del asunto sea superado. Sostener lo contrario, implicaría admitir que un órgano de menor jerarquía puede revisar un criterio obligatorio que derivó de un ejercicio hermenéutico del contenido de una norma, lo que sería tanto como permitir distorsionar la certeza y la seguridad jurídica que genera la definición del tema vía jurisprudencia del máximo intérprete constitucional." Es importante destacar que por el hecho de desechar la demanda, no se impide el acceso a la justicia a la parte quejosa, pues el análisis de la causal de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que no configura denegación de justicia. Domicilio. Con fundamento en el artículo 27, fracción IIII de la Ley de Amparo, se ordena practicar por lista las notificaciones a la parte quejosa, aún las de carácter personal, al no haber señalado domicilio alguno para tal efecto. Habilitación de días y horas inhábiles. Al tener en cuenta la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el arábigo 17 constitucional, con fundamento en el ordinal 22 de la Ley de Amparo, así como el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se faculta a la actuaria judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de derecho constitucional. Herramientas a disposición de las partes, para la consulta del expediente. Se hace del conocimiento de las partes que con base en el referido acuerdo general 21/2020, pueden comunicarse a este órgano jurisdiccional vía telefónica y por correo electrónico a fin de conocer el estado procesal de su asunto, para tal fin pueden acceder al sitio de internet serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea en donde encontrarán el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" a través del cual pueden consultar las listas de acuerdos y de sesión de Juzgados y Tribunales de Circuito, el directorio de órganos jurisdiccionales, así como agendar una cita para acudir a este Juzgado a consultar este expediente. En el entendido de que deberán ajustarse al procedimiento indicado en los artículos 3 a 7 del multicitado acuerdo 21/2020, para generar un código QR individualizado, a fin de que asista un máximo de dos personas por cita, quienes deberán identificarse debidamente, someterse al control sanitario de ingreso y respetar las medidas de sana distancia conforme a la señalización respectiva (flechas en áreas de tránsito y cuadros en las áreas de espera y atención), evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito y usar cubrebocas en todo momento. Uso de medios electrónicos. Como no existe impedimento legal para que las partes, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen puedan hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, las actuaciones o las resoluciones que se dicten en este asunto por el Titular de este Juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría de este órgano jurisdiccional, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previa coordinación con la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a las reglas de la consulta física, a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este Tribunal; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Expediente electrónico. Se hace del conocimiento de las partes que están en posibilidad de así estimarlo de consultar por vía electrónica las promociones, los acuerdos, las resoluciones y las demás constancias que integran este expediente de amparo, para lo cual deberán sujetarse a las reglas previstas por el Acuerdo General Adjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los órganos del Consejo de la Judicatura Federal. Protección de datos. Hágase saber a las partes que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y la confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en lo establecido por el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia o resolución que se llegue a dictar, se testarán las palabras, las frases o los párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este Juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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