Jesús Mendoza Cortés
Expediente 965/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 9 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 965/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 29/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Jesús Mendoza Cortés
- Representante Legal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Oaxaca
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 965/2023, promovido por ********************, en contra de los actos de las autoridades que se mencionan más adelante. ANTECEDENTES Conforme a las manifestaciones realizadas por la parte quejosa en su escrito de demanda aduce que cuenta con una pensión por jubilación por parte del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, bajo la concesión 1504892, desde el dieciséis de diciembre de dos mil quince. De igual manera, cuenta con una pensión por viudez, por parte de su cujus ********************, con la concesión ********************, a partir del diecinueve de septiembre de dos mil veintiuno. Refiere que el dieciocho de abril de dos mil veintitrés, le fue entregado el formato de "LIQUIDACIÓN DE PAGO PREVIA INCORPORACIÓN A NÓMINA" relativo a su pensión de viudez ********************, en donde indica que se le descontaría la cantidad de $242,166.60 (doscientos cuarenta y dos mil, ciento sesenta y seis pesos, sesenta centavos, moneda nacional) bajo el concepto 048 "COMPATIBILIDAD DE PENSIÓN" comprendida del periodo del diecinueve de septiembre de dos mil veintiuno a mayo de dos mil veintitrés. Asimismo, manifiesta que al recibir su pensión por viudez en el mes de julio y a la fecha de presentación de su demanda, se le continúan realizando descuentos bajo el concepto 054 "Cobro Indebido de Pensión". Ante ello, acudió a las oficinas de la Subdelegación de Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Oaxaca, para conocer el motivo del por qué se le estaba descontando la cantidad de $******************** (un mil seiscientos cincuenta y ocho pesos, tres centavos, moneda nacional) a lo que, a su decir, manifiesta que le hicieron del conocimiento de forma verbal que con fundamento en el artículo 51 de la Ley del ISSSTE abrogada en relación el precepto 12 del reglamento para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujetos al régimen del artículo décimo transitorio del decreto por el que se expide la referida ley, se le descontaría la mencionada cantidad por todo el tiempo por el que supuestamente goce de un beneficio que no le correspondía. Por ello, estima que las autoridades que señala como responsables violan en su perjuicio los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1, 5, 14, 16 y 123 apartado B, fracción XI, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO La demanda de amparo fue recibida en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, el diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Dicho libelo constitucional se turnó el mismo día a este órgano jurisdiccional, donde quedó registrado con el progresivo 965/2023; i) en proveído dictado el tres de octubre de dos mil veintitrés -previo cumplimiento a la prevención- admitió la demanda de amparo; ii) solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; iii) otorgó intervención al Ministerio Público de la Federación adscrito; y iv) señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo conforme el acta que antecede. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto y la ejecución de los actos reclamados tienen lugar dentro de la demarcación territorial en la que este órgano de amparo ejerce jurisdicción. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues solo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada P. VI/2004, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En el caso, el contenido integral de la demanda de amparo permite sostener que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables lo siguiente: Representante legal del Instituto de Seguridad y Servicios sociales de los Trabajadores del Estado en Oaxaca. Encargado de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Oaxaca. Encargado del despacho del Departamento de Pensiones de Seguridad e Higiene en el Trabajo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Titular del Área de quejas y Denuncias del órgano Interno de control, sede Tabasco Los descuentos y/o deducciones efectuados a su pensión por viudez ******************** por los conceptos 48 "Compatibilidad de Pensión" y 054 "Cobro Indebido de Pensión". INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO La autoridad responsable titular del Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública y Titular del Área de Quejas, Denuncias e Investigaciones del Órgano Interno de Control Específico en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, sede Tabasco, al rendir su informe justificado, negó la existencia del acto reclamado: "[.] actos que esta Autoridad no ha emitido, resultando inoperante lo manifestado por el impetrante de garantías, ya que las facultades y atribuciones de este Órgano Interno de Control Específico, son las enumeradas en el artículo 10 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 62, primer párrafo y fracción I de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 34, primer párrafo del Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 7, apartado E, fracción V, inciso b), 93, Fracción IV, 98, fracción II y 100, fracción II, inciso a) y III, inciso a) Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de septiembre de dos mil veintitrés y 66 del Estatuto Orgánico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día seis de enero del año dos mil veintitrés, mismo que a letra señalan: [.]" Siendo así, lo procedente es sobreseer en el juicio en relación a la citada autoridad y actos que se le atribuye, debido a que la parte quejosa no ofreció ni exhibió prueba alguna con la que se desvirtuara dicha negativa. Lo que actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, en lo conducente, dispone: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [.]" Tal precepto, establece que en el supuesto de que no llegaran a existir los actos reclamados, sin que se probare su existencia en la audiencia constitucional respectiva, procede el sobreseimiento en el juicio de amparo. Cabe señalar, que la parte quejosa del juicio de amparo tiene la carga de la prueba, es decir, el promovente del amparo está obligado a demostrar, directamente o mediante los informes de las autoridades responsables, la existencia de los actos que impugna y a justificar con pruebas, que éstos sean inconstitucionales. Resulta ilustrativa la jurisprudencia VI.2o.J/308, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 77, Tomo 80, agosto de 1994, correspondiente a la octava época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, consultable en la red jurídica nacional, con registro digital 210769, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados." Asimismo, la tesis de jurisprudencia número 310, consultable en la página 209, Tomo VI, Parte SCJN, Apéndice de 1995, del Semanario Judicial de la Federación, consultable en la red jurídica nacional, con registro digital 394266, de rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." También cobra vigencia en su aplicación al caso, la tesis aislada VI.2o.A.4K que sustenta el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, visible en la página 903, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, febrero de 2002, materia común, novena época, del siguiente tenor: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Son ciertos los actos reclamados al I) representante legal, II) encargado de la Subdelegación de Prestaciones y III) encargado del despacho del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene en el Trabajo, todos ellos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Oaxaca, puesto que si bien en su informe justificado que rindió la primera de ellas por sí y en representación de las restantes, aceptó parcialmente la existencia de esas actuaciones, se tiene la certeza con las manifestaciones que con posterioridad realizó. Sustenta lo anterior, la tesis aislada emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, volumen 91-96, tercera parte, página 7, con registro digital 238215, del tenor siguiente: "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE TENERSE POR CIERTA, AUN CUANDO LA NIEGUEN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, SI DEL INFORME RESULTA LO CONTRARIO. Aun cuando las autoridades responsables en sus informes justificados nieguen el acto reclamado, si de los propios informes surgen datos que contradigan su negativa, no es de tomársele en cuenta, debiendo darse por cierto el acto reclamado." De igual manera, la tesis emitida por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XIV, julio de 1994, octava época, página 391, que expone: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Además, la certeza de esas actuaciones se patentiza con las documentales que exhibió la autoridad responsable a su informe de ley; constancias que tienen pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Es aplicable, la tesis de jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000. "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Sea que las partes lo aleguen o no, en el presente caso se examinará si en la especie opera alguna causal de improcedencia, por mediar el orden público en dicha cuestión, de acuerdo con lo dispuesto en el arábigo 62, de la Ley de Amparo. Así lo ha sostenido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el siguiente rubro y texto: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales." Este órgano jurisdiccional advierte que respecto a las deducciones efectuadas a su pensión por viudez ******************** por el concepto 48 "Compatibilidad de Pensiones" inmerso en el formato de "PAGO PREVIA INCORPORACIÓN DE NÓMINA" de dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinaria en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de legalidad." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De acuerdo con el numeral 61, fracción XIV de la ley en consulta, el juicio constitucional es improcedente en los casos en que se intente fuera de los plazos establecidos en la ley de la materia; supuesto en que los actos serán considerados como tácitamente consentidos. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional, en la presunción de conformidad o asentimiento que se sigue cuando una persona sufre una afectación por un acto de autoridad quien teniendo la posibilidad legal de impugnarlo en el juicio de amparo, dentro de un plazo perentorio determinado, no presenta la demanda en dicho plazo. En ese sentido, de acuerdo a lo establecido en los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo, se logra apreciar que contempla tres supuestos para computar el término de quince días para la presentación de la demanda de amparo, los que son excluyentes entre sí y no guardan orden de preferencia alguno y son: Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame. Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución. Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Encuentra apoyo en la jurisprudencia P./J.115/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página cinco, tomo XXXIII, correspondiente al mes de enero de dos mil once, materia común, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." Asimismo, es el caso que del artículo 17 de la ley de la materia se deduce que el plazo de quince días para promover el juicio de amparo es, por regla general, de quince días, salvo que se reclamen normas generales por su entrada en vigor, el procedimiento de extradición, sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal (en la que se imponga pena de prisión) actos que afecten derechos agrarios y cuando el acto implique privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, destierro, deportación o expulsión, desaparición forzada o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea. De lo anterior, destaca el supuesto relativo a los actos que afecten la libertad personal fuera de procedimiento, caso en que el amparo podrá promoverse en cualquier tiempo. No obstante, se advierte que el supuesto referido tiene como requisito que se trate de un acto fuera de procedimiento. Así, la excepción en comento no resulta aplicable a la falta de emplazamiento, autos, sentencias emitidas en juicios de primera instancia, pues se trata de un acto emitido por la autoridad judicial dentro de procedimiento. Por tanto, en el presente asunto se tomará en cuenta para el cómputo del plazo legal el previsto en el artículo 18 de la Ley de Amparo, consistente en que se computará a partir del día hábil siguiente en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. En esa tesitura, si la promovente tuvo conocimiento del acto reclamado el dieciocho de abril del año en curso al recibir el formato de "LIQUIDACIÓN DE PAGO PREVIA INCORPORACIÓN DE NÓMINA" en la que advirtió los descuentos o deducciones efectuados bajo el concepto 48 -Compatibilidad de Pensión- a su pensión por viudez ********************, surtió efectos al día hábil siguiente, de ahí que, el plazo de quince días que establece el trascrito artículo 17 de la Ley de Amparo, para promover la demanda de amparo transcurrió del veinte de abril al doce de mayo de dos mil veintitrés. Por tanto, si la parte quejosa presentó la demanda de amparo que origina este asunto, hasta el diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés [conforme a la evidencia del sello de recepción del escrito de demanda] es evidente que transcurrió en exceso el término señalado por el numeral 17 de la ley de la materia, lo que hace patente que se actualiza el supuesto de improcedencia previsto por el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo. Motivo por el cual, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio, por lo que hace al acto reclamado materia de estudio en este apartado, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Seguidamente, no habiendo diversas causales de improcedencia por analizar y tampoco se aprecia la concurrencia de alguna de las causales de sobreseimiento previstas en el diverso artículo 63 de la misma ley reglamentaria que obliguen a dar por concluido el juicio sin hacer una declaratoria sobre el acto reclamado, por lo que, a consideración de este juzgador, el amparo es procedente en términos del artículo 107, fracción V, del citado ordenamiento legal. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Resulta innecesaria la transcripción de los conceptos de violación, al no existir dispositivo legal alguno que imponga esa obligación, máxime que a fin de cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad los mismos habrán de ser analizados al momento de estudiar la constitucionalidad de los actos reclamados. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXXI, mayo de dos mil diez, página ochocientos treinta, cuyo rubro y texto indican: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." ESTUDIO DE LA LITIS CONSTITUCIONAL En este punto, se procede analizar el diverso acto reclamado consistente en los descuentos y/o deducciones efectuados a la quejosa en su pensión por viudez ******************** por el concepto 054 "Cobro Indebido de Pensión". La quejosa esencialmente aduce que se encuentran violentados sus derechos fundamentales contemplados en los artículos 1, 5, 14, 16 y 123 apartado B, fracción XI, inciso a) de la Carta Magna, debido a que las autoridades responsables, a su consideración, le aplican diversos preceptos normativos que han sido declarados inconstitucionales, a saber, 51 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado -abrogada- y 12 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores del sujetos al régimen del artículo décimo transitorio del decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. En ese sentido, son infundados los argumentos que la inconforme expresó por las consideraciones que se expondrán. Conforme a las constancias que fueron remitidas por el titular de la Unidad Jurídica y representante legal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, se advierte el oficio SP/DPSHT/JA/3733/2023 signado por el encargado del despacho de la jefatura del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene de dicha institución, en Oaxaca, en el que -en lo concerniente- refiere: "[.] son parcialmente ciertos los actos que de nuestra autoridad se reclaman, pues a la quejosa no le son aplicadas las deducciones por concepto 48 (compatibilidad de pensión) como lo menciona, es decir, los artículos "51 fracción I, inciso a), y segundo párrafo, artículo 57 y 15 último párrafo, de la ley abrogada, en concordancia con el artículo 12, fracción I, inciso a), y segundo párrafo del reglamento para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujetos al régimen del artículo Decimo Transitorio", pues no se encuentra en ese supuesto, pues no rebasa el tope máximo de 10 unidades de medida y actualización establecidas por el INEGI; sin embargo sí le serán aplicados mes con mes y hasta el mes de junio de 2027 descuentos por concepto 54 los cuales refieren a cobros indebidos de pensión y no Incompatibilidad de pensión como lo menciona, lo cual es así para la recuperación de la última cantidad citada en el presente ocurso y que por derecho corresponde al núcleo familiar por orfandad con quien comparte el 50% de la pensión ********************; lo cual no es un acto inconstitucional pues esto se encuentra fundamentad en los artículos 130, 131, 132 y 133 de la Ley del ISSSTE vigente; asimismo, cabe mencionar, que aun cuando hubiere compatibilidad de pensión (acto reclamado) esta no afecta pagos accesorios de las pensiones (bono de despensa, previsión social múltiple y aguinaldo) pues el único concepto afectado con la aplicación de esta, únicamente afecta el concepto 001 (pensión). [.]" Asimismo, obra el oficio ******************** dirigido a la impetrante de amparo ********************, suscrito por el encargado del despacho de la jefatura del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene de dicha institución, en Oaxaca, en el que le hace del conocimiento lo siguiente: "Como es de su conocimiento a su solicitud se realizó el trámite de pensión por viudez, por tal motivo se hace la transmisión de la pensión número ********************, por el fallecimiento del C. ********************, a partir del día 19 de septiembre de 2021, sin embargo fue solicitada por otro núcleo, hijos del extinto como Pensión por orfandad, debido a esto, el Departamento de Pensiones les otorga dicha pensión de conformidad con los artículos 130, 131, 132, y 133 de la Ley del ISSSTE vigente que disponen lo siguiente: "..." La cantidad total a que tengan derecho los deudos señalados en cada una de las fracciones, se dividirá por partes iguales entre ellos. Cuando fuesen varios los beneficiarios de una pensión u alguno de ellos perdiese el derecho, la parte que le corresponda será repartida proporcionalmente entre los restantes, y "..." Si otorgada una pensión aparecen otros familiares con derecho a la misma, se les hará extensiva, pero percibirán su parte a partir de la fecha en que sea recibida la solicitud en el Instituto, sin que se pueda reclamar el pago de las cantidades cobradas por los primeros beneficiarios. A efecto de lo anterior, el Instituto deberá solicitar por escrito a la Aseguradora con la que se hubiese contratado el seguro de pensión, que se incluya a los beneficiarios supervenientes en el pago de la pensión. Por lo anterior con fecha 01 de febrero de 2023, se activa la pensión códigos (201 y 202) orfandad, pagando este Departamento un retroactivo del periodo 01 febrero a 30 de mayo de 2023 el 66.66% de la pensión, por la cantidad de $******************** (******************** PESOS ******************** M.N.), el cual le fue pagado a usted en la liquidación de primer pago, debido a esto se procederá a la recuperación, aplicando 48 descuentos en su pensión, con un concepto 54 (cobros indebidos) de julio de 2023 a junio de 2027, por la cantidad de $******************** (******************** PESOS ******************** M.N.) cada mes. [.]" De las transcripciones realizadas, este juzgador determina que no le asiste la razón a la quejosa ********************, al aseverar que la deducción a su pensión por viudez ******************** por concepto 054, deriva de la aplicación de diversos preceptos legales que han sido declarados inconstitucionales, puesto que dicho descuento no es por "incompatibilidad de pensión" sino por "Cobro Indebido de Pensión". Dicha circunstancia [deducción] deriva de la solicitud que se recibió por otro núcleo del extinto [hijos] respecto a una pensión por orfandad; ante ello, el Departamento de Pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Oaxaca, tuvo a bien otorgar dicha pensión, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 130, 131, 132 y 133 de la Ley del ISSSTE vigente [no así de los preceptos que refiere la quejosa son tildados de inconstitucionales]. Por lo tanto, el uno de febrero de dos mil veintitrés, se activó la pensión códigos (201 y 202) orfandad, pagando ese departamento un retroactivo del periodo comprendido del uno de febrero al treinta de mayo de dos mil veintitrés el 66.66% de la pensión, por la cantidad de $******************** (******************** PESOS ******************** M.N.), el cual le fue pagado a la impetrante de amparo en la liquidación de primer pago. Como consecuencia, se procedió a la recuperación, aplicando cuarenta y ocho descuentos en su pensión, con un concepto 54 (cobros indebidos) de julio de dos mil veintitrés a junio de dos mil veintisiete, por la cantidad de $******************** (******************** PESOS ******************** M.N.) cada mes. Ese descuento se puede apreciar en el COMPROBANTE DE PAGO correspondiente al mes de agosto de dos mil veintitrés, relativo a la pensión ********************, precisamente en el apartado de DEDUCCIONES, en el que aparece como concepto el "054", descripción COBRO INDEBIDO DE PENSIÓN y el importe por $******************** (******************** PESOS ******************** M.N.). Ante ello, se reitera que es infundado lo manifestado por la parte quejosa, en el sentido de que la deducción impuesta en su pensión por viudez ********************, por concepto 054 no le fueron aplicados normativa que ha sido declarada inconstitucional, sino que yace por el "Cobro Indebido de Pensión" derivada de una pensión por orfandad solicitada por el hijo de su cujus ********************, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 130, 131, 132 y 133 de la Ley del ISSSTE vigente. DECISIÓN En consecuencia, ante lo infundado de los conceptos de violación expuestos, lo procedente es negar el amparo solicitado. Por lo expuesto y fundado se: RESUELVE PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ******************** en términos de los apartados V y VII de esta resolución. SEGUNDO. Se niega a la parte quejosa ********************, el amparo y protección de la Justicia Federal por las razones y fundamentos expuestos en considerando IX de esta resolución. Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que transcurre el plazo de ocho días previsto por el arábigo 117, segundo párrafo de la Ley de Amparo para que las partes se impongan del contenido del informe justificado rendido por la titular de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por sí y en representación de los encargados de: i) la Subdelegación de Prestaciones y ii) del despacho del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene en el Trabajo, ambos del citado instituto, por lo que dicha circunstancia impide la celebración de la audiencia constitucional. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy y se fijan las doce horas con cinco minutos del veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo. Notifíquese.e.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de noviembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo agréguese a los autos para los efectos legales correspondientes el informe justificado descrito en la cuenta y se tiene a la autoridad responsable ofreciendo como prueba la documental que exhibe, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional respectiva; dese vista a las partes. Por otra parte, se tiene a la autoridad responsable señalando como domicilio para recibir notificaciones el que indica y como delegados conforme al precepto 9 de la Ley de Amparo, a las personas que menciona. Notifíquese.
- Principal
an Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Con motivo del paro nacional de labores realizado por parte del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación y de conformidad con lo indicado en la certificación de cuenta, se declaró inhábil el periodo comprendido del dieciocho al veintisiete de octubre del presente año; por tanto, se suspendieron los términos y plazos procesales durante ese plazo. Por otra parte, visto el estado de autos, se advierte que para las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del veintisiete de octubre de dos mil veintitrés, se encontraba señalada la celebración de la audiencia constitucional en este asunto; sin embargo, por la razón expuesta en párrafo que antecede, no fue posible celebrarla. En consecuencia, se fija como nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional de mérito, las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Notifíquese personalmente.- SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA PREVIO CITATORIO QUE SE LE DEJO-
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