Jesús Mendoza Cortéz
Expediente 964/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 9 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 964/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 15/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Jesús Mendoza Cortéz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de noviembre de dos mil veintitrés. Viso el estado procesal que guarda el expediente, se advierte que la autoridades responsables titular del Departamento de Registros y Controles y el director administrativo, ambos del Instituto Estatal de Educación Pública del Estado de Oaxaca, al rendir su informe justificado aceptaron la existencia del acto reclamado, consistente en la omisión resolver la solicitud realizada por la quejosa el veintisiete de enero de dos mil veintitrés, respecto de la entrega de la póliza de seguro institucional derivada del fallecimiento de su esposo Heraclio Juárez Martínez. Circunstancia que se corrobora con los informes justificados rendidos por las autoridades, pues las mismas señalaron que la quejosa acudió a sus oficinas para realizar el trámite de búsqueda de la póliza AXA por defunción de su esposo; sin embargo, refieren que el veinte de abril del año en curso, se le comunicó de manera verbal que después de realizar una minuciosa búsqueda dentro de los archivos digitales e impresos del área correspondiente al Seguro Institucional, así como del Archivo General dependientes del Departamento de Registros y Controles de este Instituto, no fue localizada documental alguna referente a la póliza del extinto. Con motivo de lo anterior, a fin de atender la solicitud de la quejosa, se procedió a realizar una respuesta por escrito, la cual fue generada a través del oficio IEEPO/DA/REYC/1413/2023, de diecisiete de octubre de dos mil veintitrés, notificado en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones en la demanda de amparo, el veinte siguiente. Documentales que las autoridades responsables remitieron en copia certificada y con las que se demuestra la omisión reprochada, no obstante que fue hasta el diecisiete de octubre del año en curso que se dio contestación a la solicitud realizada el veintisiete de enero del actual, es decir, con posterioridad a la presentación de la demanda de derechos fundamentales (diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés). Ahora, de lo anterior se advierte que contra el acto reclamado por la quejosa, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, porque han cesado en los efectos de dicho acto. Respecto a dicha inejercitabilidad, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de texto y rubro siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Lo anterior da pauta al suscrito para estimar que en la especie se actualiza la causa de improcedencia en estudio, toda vez que la negativa que le fue reprochada a las autoridades responsables en la presente instancia constitucional, cesó en sus efectos. Como se especificó, la quejosa reclama la omisión resolver su solicitud realizada el veintisiete de enero de dos mil veintitrés, respecto de la entrega de la póliza de seguro institucional derivada del fallecimiento de su esposo Heraclio Juárez Martínez; sin embargo, al momento de rendir informe el titular del Departamento de Registros y Controles y el director administrativo, ambos del Instituto Estatal de Educación Pública del Estado de Oaxaca, manifestaron que a través del oficio IEEPO/DA/REYC/1413/2023, de diecisiete de octubre de dos mil veintitrés, se atendió la solicitud presentada por la quejosa. Por lo anterior, si en esta instancia se reclama la omisión resolver la solicitud realizada el veintisiete de enero de dos mil veintitrés, respecto de la entrega de la póliza de seguro institucional derivada del fallecimiento de su esposo Heraclio Juárez Martínez, presentada por la quejosa y las autoridades responsables, al momento de la emisión del presente auto ya dictaron un oficio en el que se atienden las manifestaciones de la solicitud presentada, es evidente que en esta instancia, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en virtud que al emitir dicho fallo, se destruyeron los efectos de la omisión reclamada en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la alegada violación constitucional. Por tanto, lo pretendido por la promovente de la acción constitucional, en el sentido que se cesara la omisión de atender su solicitud respecto la entrega de la póliza de seguro institucional derivada del fallecimiento de su esposo Heraclio Juárez Martínez, quedó satisfecho. En ese sentido, debe decirse que durante el trámite del juicio de amparo, cesaron los efectos del acto reclamado, quedando destruidos todos sus efectos en forma total e incondicional, de tal manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación que reclamó la quejosa, como si se hubiera otorgado el amparo y sin que haya dejado huella alguna, en la esfera jurídica del peticionario de amparo. Por ende, es inconcuso que ante la presencia de la aludida causal de improcedencia, procede decretar el sobreseimiento en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo vigente. Es aplicable al caso la tesis P.CL/97 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 71, Tomo VI, noviembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Por tanto, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo fuera de la audiencia constitucional, con apoyo en el tramo normativo citado. Sin que el sobreseimiento decretado fuera de la audiencia constitucional cause agravios al inconforme o lo prive de su derecho de defensa, ya que ni aun celebrándose esa diligencia el agraviado podría desvirtuar con prueba alguna la hipótesis de sobreseimiento invocada que se torna notoria, manifiesta e indudable debido a que todas las autoridades responsables negaron la existencia de las actuaciones atacadas, razones por las cuales el resultado del fallo sería en el mismo sentido; por tanto, atendiendo al principio de celeridad procesal, contenido en el artículo 17 constitucional lo procedente es resolver fuera de audiencia. Es aplicable, por analogía la tesis de jurisprudencia 2a./J. 10/2003, que establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de impocedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En razón de la decisión adoptada, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con cuarenta minutos del veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. ( SE NOTIFICÓ POR LISTA DE ACUERDOS)
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de noviembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, agréguense los informes justificados que rinden el titular del Departamento de Registros y Controles y el director administrativo, ambos del Instituto Estatal de Educación Pública del Estado de Oaxaca y téngase como prueba de su parte las documentales que exhiben, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional; con lo anterior, dese vista a las partes. Por otro lado, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indican las responsables en sus informes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Con motivo del paro nacional de labores realizado por parte del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación y de conformidad con lo indicado en la certificación de cuenta, se declaró inhábil el período comprendido del dieciocho al veintisiete de octubre del presente año; por tanto, se suspendieron los términos y plazos procesales durante ese plazo. Ahora, vista la certificación de cuenta y el estado procesal de los autos, se desprende que a la fecha transcurre el plazo de quince días previsto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las autoridades responsables rindan sus informes justificados, mismos que fueron solicitados en auto de tres de octubre del año en curso. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para esta fecha se difiere y en su lugar se fijan las nueve horas con cuarenta minutos del veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. NOTIFÍQUESE.
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