Jesus Martin Medina Rodriguez
Expediente 270/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de marzo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 270/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 13/03/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Jesus Martin Medina Rodriguez
Actuaciones
- Principal
ESTADO DE AUTOS. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y de la certificación que antecede, se advierte que no fue recurrido dentro del término legal el auto de veintitrés de febrero de dos mil diecisiete, en el que SE DESECHÓ DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, promovida por ***. CAUSA ESTADO. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98, ambos de la Ley de Amparo, en relación 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la materia, de conformidad con el numeral 2°, se declara que dicho fallo ha causado estado. ARCHIVO. Por tanto, se ordena archivar el presente expediente, como asunto totalmente concluido, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de la Materia. SIN RELEVANCIA DOCUMENTAL. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos vigésimo y vigésimo primero, es de precisarse que este expediente no es de relevancia documental. DESTRUCCIÓN DEL EXPEDIENTE. Por otra parte, toda vez que en el presente juicio de amparo se desechó de plano la demanda de amparo promovida, éste expediente es susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción II del acuerdo citado en el párrafo que antecede.
- Principal
Al no atender el aviso la parte quejosa, por este conducto se procede a notificr el proveído de veintitrés de febrero actual, que en lo conducente dice: Vista la demanda de amparo de cuenta presentada por ***, por su propio derecho, en la cual solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil de esta ciudad de Celaya, Guanajuato, por violación a los artículos 14, y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivamente, bajo el número 270/2017-IV.1. Anótese su ingreso en el libro de control de este Juzgado. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias referentes para la integración del expediente electrónico, en el entendido de que aquéllas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este Juzgado Federal. Ahora bien, una vez analizada la demanda de amparo de cuenta, este Juzgado Federal estima que la misma debe desecharse por su notoria e indudable improcedencia en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, en virtud de que frente al acto reclamado se configura una causal de improcedencia; al efecto, dicho numeral señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Lo anterior es así, toda vez que la parte quejosa, señala como acto reclamado lo siguiente: "DE LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO RESPONSABLE RECLAMO EL ACTO CONSISTENTE EN QUE HA DICTADO UNA RESOLUCIÓN A UN RECURSO DE REVOCACIÓN DECLARANDO SUBSISTENTE UN AUTO QUE ME AGRAVIA Y VIOLENTA MIS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, RESOLUCIÓN QUE ES ILEGAL Y VIOLATORIA DE MIS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES Y VIOLENTA LO CITADO POR LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE NUESTRA CONSTITUCIONES POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DICHO ACTO ES IRREGULAR Y CONTRARIO A DERECHO, CARECE DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN". Como cuestión previa, cabe señalar que las tesis aisladas y de jurisprudencia que se citarán en el presente acuerdo, se aplican en términos del artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en tanto que no se oponen a dicha legislación. Ahora bien, el suscrito Juzgador Federal advierte que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el 107 fracción IV, párrafo segundo del ordenamiento legal invocado, lo cual trae como corolario desechar de plano la demanda en estudio, por su notoria e indudable improcedencia. En efecto, los artículos invocados, señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; ." (El énfasis es de este tribunal). De conformidad con el numeral 107, de la ley reglamentaria, cuando se trata de actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia (periodo en el que se encuentra el juicio ordinario mercantil, registrado con el número de expediente M**/2006, del que emanan los actos reclamados), el juicio de amparo, sólo podrá interponerse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, debiéndose entender por ésta, la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, sirve de apoyo a lo anterior la tesis emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación número P.LVII/97, publicada en la página dieciséis del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Abril de mil novecientos noventa y siete, que establece: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN 'ÚLTIMA RESOLUCIÓN', A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 114, fracción III, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Este requisito persigue, de conformidad con la exposición de motivos de la ley citada, evitar abusos del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente.". Ahora bien, de lo antes expuesto, es de establecerse que el juicio de amparo deviene improcedente en los casos en que así resulte de alguna disposición de la ley, atendiendo al hecho de que el acto reclamado, es de aquellos relacionados con la ejecución de sentencia, en el caso particular, de la resolución de catorce de febrero de dos mil diecisiete, en la que se confirma el auto de dieciséis de enero del año que transcurre, pronunciado en el sumario de origen, al declarar sin materia el recurso interpuesto, sin que se trate de la última resolución dictada dentro de dicho procedimiento, siendo ésta contra la que resulta procedente el juicio de amparo biinstancial, y en la que pueden hacerse valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento de ejecución. Igualmente, del criterio antes citado, se desprende que la exigencia de esperar a la "última resolución" dictada en el procedimiento de ejecución, para la procedencia del juicio de amparo, tiene como propósito evitar el abuso de dicho medio de control constitucional, y no permitir que la parte que fue oída y vencida en juicio, en el cual lo único que resta es la ejecución, retrase el cumplimiento del contenido de la sentencia y de las legítimas pretensiones del vencedor, de ahí que la razón de que sea hasta la última resolución cuando puedan reclamarse las violaciones cometidas durante el procedimiento de ejecución, orbita en que no se entorpezca la ejecución de una sentencia, pues de lo contrario se obstaculizaría el cumplimiento de una ejecutoria. De otra manera se desequilibraría el interés individual con el orden público y la finalidad del juicio de amparo, que no permite ser utilizado como instrumento que dilate la administración de justicia. Sin que lo anterior implique una transgresión a la garantía de impartición de justicia consagrada en el artículo 17 de la Carta Magna, habida cuenta que frente al interés de los particulares se encuentra el interés público, esto es, que los juicios de amparo no proliferen de manera desmedida, haciendo nugatoria, debido a la demora en la solución de los conflictos y en vulneración de la citada garantía. No se soslaya establecer la existencia de excepciones a la regla anterior (última resolución de los actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia). En efecto, nuestro más Alto Tribunal ha sustentado como tales, a los actos dictados después de concluido el juicio que tienen autonomía propia y que no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural. Además, es menester precisar que también se han emitido diversas tesis jurisprudenciales en las que ha quedado plasmado el criterio general aludido. En efecto, se ha sostenido que el amparo indirecto no procede en contra de actos dictados en ejecución de sentencia, aun cuando se impugne la constitucionalidad de la ley aplicada, por lo que, incluso en estos casos, el amparo procede contra la resolución con la que culmine el procedimiento de ejecución en donde se podrán hacer valer las violaciones a la Constitución Federal que se estimen conducentes. Aunado a lo anterior, en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, se prevé la procedencia de los actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos, los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En el caso, el acto que reclama ***, consistente en la de la resolución de catorce de febrero de dos mil diecisiete, en la que se confirma el auto de dieciséis de enero del año que transcurre, pronunciado en el sumario de origen, al declarar sin materia el recurso interpuesto, en el que se anunció la audiencia de remate en primer almoneda, dentro del Expediente número M-0**/2006, del índice Juzgado Tercero Civil de Partido de esta ciudad, resolución que fue dictada en ejecución de la sentencia, de ahí que ésta determinación "no constituye la última resolución dictada en el procedimiento respectivo", entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, y tampoco se trata de la resolución que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, por tanto es notoriamente improcedente el juicio de Amparo Indirecto en contra de determinaciones diversas, que aun siendo dictadas en ejecución de una sentencia definitiva, no se encuentren previstas por el artículo 107, fracción IV, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, aplicado en forma contraria, numeral que señala los casos previstos para la procedencia del juicio de amparo por la vía biinstancial, por lo que resulta correcto desechar la demanda de amparo, por advertirse una causa manifiesta e indudable de improcedencia. Por relacionarse con las ideas antes señaladas, se cita la Jurisprudencia 13/2016 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que resolvió la Contradicción de tesis 74/2015. Suscitada entre el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito y el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito; publicada con Registro 2011474, en la página 1066, del Libro 29, abril de 2016, Tomo II, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que es del siguiente tenor literal: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).- De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial." Es aplicable a lo anterior, la Tesis XX. 291 K, del Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, consultable en la página 545, del Tomo XIV, Noviembre de 1994, Octava Época, dentro del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "ÚLTIMA RESOLUCIÓN DICTADA EN LA FASE DE EJECUCIÓN DEL JUICIO RESPECTIVO. ES PROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA. Si el acto reclamado no constituye la última resolución dictada en la fase de ejecución del juicio respectivo, tal circunstancia hace improcedente el amparo indirecto, pues si bien es cierto que tal precepto dispone que el amparo se pedirá ante el juez de Distrito contra actos de Tribunales judiciales ejecutados fuera de juicio o después de concluido, también lo es, que debe entenderse que se refiere a la última resolución dictada en esa fase de ejecución, por lo que si esta hipótesis no se actualiza, el amparo promovido en esos términos resulta improcedente en términos de la fracción XVIII, del artículo 73, de la Ley de Amparo en relación con la fracción III, del artículo 114 de la ley en comento." Así como la Jurisprudencia 177, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, visible a página 145, del tenor literal siguiente: "EJECUCIÓN DE SENTENCIAS. AMPARO IMPROCEDENTE. Si el acto reclamado consiste en una resolución dictada en ejecución de una sentencia y la cual no es la última en el procedimiento de ejecución, el juicio de garantías debe estimarse improcedente, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo." Sin que sobre decir, que al ser parte demandada en el juicio número M-0**/2006, del índice Juzgado Tercero Civil de Partido de esta ciudad, el quejoso ***, está facultado y obligado a promover los recursos y/o medios ordinarios de defensa en contra del acto que ahora combate -como ya lo hizo-, o los que -a su juicio-, pudieran ser contrarios a derecho durante la ejecución de sentencia, ello con la finalidad de que puedan ser estudiados en el amparo que en su caso llegare a promover en contra de la resolución que en definitiva se dicte en la etapa de ejecución de sentencia del juicio antes citado. Por tanto, si no existe duda alguna de que la determinación combatida en el presente juicio únicamente remueve el eventual obstáculo que para dicho cumplimiento representa el citado medio de impugnación, el cual está dirigido a combatir alguno de los actos tendentes directamente a la ejecución de la sentencia, ello implica que no constituyen la última resolución en el procedimiento de ejecución; por lo que es inconcuso que se actualizó la causal de improcedencia prevista por la fracción 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, y, por ende, lo procedente es desechar de plano por su notoria e indudable improcedencia la demanda de amparo promovida por ***, en términos de lo expuesto por el diverso artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los numerales 103 y 107 Constitucionales. Se tiene al quejoso señalando como domicilio para recibir notificaciones el ubicado en *** Celaya, Guanajuato, y como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a los licenciados ***, en virtud de que no tienen registradas sus cédulas profesionales en la base de datos instaurada en cumplimiento al Acuerdo General 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por último, en observancia al principio de la pronta y expedita impartición de justicia, a que se refiere el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que de igual forma acoge el artículo 21 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de cualquiera de las diligencias que lleve a cabo el Actuario judicial adscrito a este Juzgado de la Federación, en las ocasiones que sean necesarias. Por lo expuesto y fundado en los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción IV, párrafo segundo, a contrario sensu, y 113 de la Ley de Amparo, se resuelve: Se desecha de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda de amparo promovida por ***, por las consideraciones vertidas en el cuerpo del presente proveído.
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