Jesus Martin Medina Rodriguez

Expediente 1119/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 11 actuaciones registradas, la última del 26 de enero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1119/2016
Año
2016
Actuaciones
11
Última actuación
26/01/2017

Partes del expediente

  • Jesus Martin Medina Rodriguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    ESTADO DE AUTOS. Visto el estado procesal que guardan los presente autos, y de la certificación que antecede y apareciendo de autos que no se interpuso el recurso de revisión previsto por el artículo 81, fracción I, inciso e), en relación con el 86, de la citada Ley de Amparo, contra del proveído emitido dentro del presente juicio de garantías, el cuatro de enero del dos mil diecisiete, en la cual se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 81, fracción I, inciso d) y 86 de la Nueva Ley de Amparo, así como el ordinal 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia, de conformidad con el numeral 2°, se declara que la misma HA CAUSADO EJECUTORIA. Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes para todos los efectos legales procedentes. ARCHIVO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente juicio de amparo, como asunto concluido. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos Vigésimo y Vigésimo Primero, es de precisarse que este expediente NO es de RELEVANCIA DOCUMENTAL. DESTRUCCIÓN DEL EXPEDIENTE PRINCIPAL. Ahora bien, toda vez que en el presente juicio se sobreseyó, el mismo es susceptible de DESTRUCCIÓN una vez que transcurran cinco años de haberse archivado, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción II del acuerdo citado en el párrafo que antecede. DEPURACIÓN DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Glósese al expediente el cuaderno original del incidente de suspensión, el que será susceptible de DEPURACIÓN una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, toda vez que del mismo se desprende que fue concedida la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el Manual para la organización de Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicados en diciembre 2012. Atendiendo a punto vigésimo, fracción III del Acuerdo General conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser DESTRUIDO, en el plazo de seis meses. Toda vez que en el presente juicio se sobreseyó, el mismo es susceptible de DESTRUCCIÓN una vez que transcurran cinco años de haberse archivado, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción II del acuerdo citado en el párrafo que antecede. CÓMPUTO PARA INTERPONER RECURSO DE REVISIÓN. Se precisa que en la presente ejecutoria, el cómputo para interponer el recurso de revisión en cita, únicamente se realiza respecto de la parte quejosa y del Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, ya que es inadmisible la revisión intentada en contra de un fallo de sobreseimiento (como en la especie ocurre) por parte de las autoridades responsables, pues éste no les causa ningún perjuicio. En tales condiciones el dictado de sobreseimiento, si bien puede resultar perjudicial para el quejoso, no así a las responsables, porque no vincula su actuación en algún sentido, y menos aún prejuzga sobre la constitucionalidad del acto reclamado. Tiene aplicación a lo anterior, la Jurisprudencia XX J/74, consultable en la página 83, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Noviembre de 1994, Materia Común, Octava Época, Instancia de los Tribunales Colegiados de Circuito; del rubro siguiente: "AUTORIDAD RESPONSABLE. CARECE DE LEGITIMACION PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISION SI LA SENTENCIA PRONUNCIADA POR EL A QUO NO AFECTA DIRECTAMENTE AL ACTO QUE SE LE RECLAMO."

  2. Principal

    Celaya, Guanajuato, cuatro de enero de dos mil diecisiete. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales a que haya lugar el oficio firmado por la Juez Cuarto Penal de Partido, con sede en esta ciudad, por el que informa que dentro del proceso penal 13/2016, instruido en contra del aquí quejoso ***, como probable responsable en la comisión del delito de fraude, en agravio de ***, el veintinueve de diciembre pasado, se le dictó auto de formal prisión. Ahora bien, una vez analizadas las constancias que integran el presente sumario, se acuerda lo siguiente: Al momento de admitir la demanda con que se formó el juicio de amparo en que se actúa, se tuvo como autoridades responsables al Juez Cuarto Penal de Partido (ordenadora) y Jefe de Grupo de la Policía Ministerial (ejecutora), ambos con sede en Celaya, Guanajuato, por violación a los derechos que se encuentran consagrados en los artículos 14, 16, 20 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por actos que, en lo conducente, se hicieron consistir en la orden de aprehensión dictada en contra de la parte quejosa *** y su ejecución; respectivamente. Así, una vez admitida la demanda para su trámite se solicitó a las autoridades señaladas como responsables, sus respectivos informes justificados. Por autos de cinco y catorce de diciembre de dos mil dieciséis, se tuvo a la Juez Cuarto Penal de Partido y Jefe de Grupo de la Policía Ministerial del Estado, ambos con sede en Celaya, Guanajuato, rindiendo su respectivo informe justificado, adjuntando la Juez copia certificada de las constancias integrantes del proceso penal número **/2016, en un tomo, de su índice; quienes manifestaron que sí es cierto el acto que les atribuye en contra de la parte quejosa, consistente en la orden de aprehensión girada en su contra, toda vez que el diecisiete de octubre de dos mil dieciséis, dentro del proceso penal de origen, dictó orden de aprehensión en contra del quejoso, por aparecer probable responsable del delito de fraude, en agravio de ***; y con las que se confirma que en efecto, en la fecha indicada, se emitió orden de aprehensión en los términos apuntados. Mediante oficio recibido en esta fecha se advierte que el veintitrés de diciembre pasado, fue cumplimentada la orden de aprehensión, tomándole su declaración preparatoria en los términos de ley, en los autos del proceso penal número **/2016, instaurado en su contra. Fijado lo anterior, el suscrito Juzgador Federal, advierte de oficio que se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XVII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que textualmente dice: "ARTICULO 61. El juicio de amparo es improcedente: XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica." En efecto, en el presente juicio, el acto reclamado se hace consistir en la orden de aprehensión emitida en contra del quejoso ***, en el proceso penal número **/2016, del índice del Juzgado Cuarto Penal de Partido, con sede en esta ciudad. Además, del oficio que se recibe se advierte que la Juez responsable el veintinueve de diciembre pasado, emitió en contra del solicitante del amparo auto de formal prisión en la causa penal mencionada. En este orden de ideas, con el dictado del auto de formal prisión en contra de las solicitantes del amparo, se actualiza un cambio de situación jurídica, por lo que resulta imposible jurídicamente analizar la constitucionalidad del acto reclamado, sin afectar la nueva situación jurídica. Es aplicable la tesis IV.2o.P.43 P, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, publicada en la página 1373, tomo XXX, octubre de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que señala: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA CUANDO SE RECLAMAN ACTOS DENTRO DE UNA AVERIGUACIÓN PREVIA Y EL MINISTERIO PÚBLICO YA EJERCITÓ LA ACCIÓN PENAL (ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO). Cuando en un juicio de garantías biinstancial se reclaman actos materia de una averiguación previa y se demuestra que la autoridad responsable, agente del Ministerio Público, consignó los hechos ante un Juez, a quien solicitó el libramiento de la correspondiente orden de aprehensión, es incuestionable que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo y, por ende, debe sobreseerse en el juicio de garantías, toda vez que, al ejercitarse la acción penal quedaron consumadas de modo irreparable las posibles violaciones acaecidas en la etapa de investigación, porque la situación jurídica del impetrante ahora queda sometida a la potestad del Juez penal que tendrá a cargo la instauración de la causa respectiva. En consecuencia, ya no podrá analizarse en el amparo la constitucionalidad de dichos actos, sin afectar la nueva situación jurídica generada por tal consignación." También es atendible la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 892, tomo LXXXIV, del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "SITUACION JURIDICA, CAMBIO DE LA, COMO CAUSA DE SOBRESEIMIENTO (DETENCION REALIZADA POR AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS). Es inoperante el argumento esgrimido en el sentido de que la causa de improcedencia de que habla la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, atañe solamente a los actos emanados de un procedimiento judicial, porque la citada fracción establece la improcedencia del juicio constitucional, cuando se opera un cambio de situación jurídica que dé lugar a que las violaciones cometidas a través de un acto emanado de la autoridad judicial, deben considerarse consumadas irreparablemente, por no poder decidirse en dicho juicio, sin afectar la nueva situación jurídica; y es inconcuso que la detención inmotivada que el quejoso pudo haber sufrido, por parte de las autoridades administrativas, se consumó irreparablemente y cesó, al consignársele a la autoridad judicial, y la circunstancia de que la fracción X del artículo 73 aluda solamente a actos emanados de un procedimiento judicial, no hace viable el argumento que se analiza, porque la fracción IX del propio precepto contiene la causal de improcedencia que genéricamente se refiere a actos consumados de un modo irreparable y la XVI a la cesación de los efectos del acto reclamado, fracciones ambas que sirven de apoyo al sobreseimiento, con relación a la detención arbitraria que pudo haber sufrido el reclamante, por parte de las autoridades administrativas." Ahora bien, al actualizarse la causal de improcedencia analizada, prevista en la fracción XVII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63 fracción V, de la legislación en cita, lo que procede es decretar el sobreseimiento en el presente juicio constitucional, fuera de la audiencia constitucional. Resulta aplicable la jurisprudencia VI.2o. J/66, del entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 370, tomo VI, segunda parte guión 1, julio a diciembre de 1990, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro y texto siguientes: "LIBERTAD PERSONAL. RESTRICCION A LA. (CAMBIO DE SITUACION JURIDICA). La libertad personal puede restringirse por cuatro motivos: la aprehensión, la detención, la prisión preventiva y la pena; cada uno de los cuales tiene características peculiares. El conjunto de normas jurídicas que condicionan y rigen la restricción de la libertad, en los distintos casos de que se ha hablado, se llama situación jurídica; de modo que cuando esta situación cambia, cesan los efectos de la situación jurídica anterior, pues cada forma de restricción de la libertad excluye a las otras, y por lo mismo, desaparecen los efectos del acto reclamado, y es improcedente el amparo contra la situación jurídica anterior." Además, no causa ningún agravio al quejoso ni se le priva de defensa cuando se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia, siempre que derive de una causal notoria, manifiesta, e indudable de improcedencia del Juicio de Amparo, como lo es el cambio de situación jurídica, de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido. Por consiguiente, cuando las causas de improcedencia son notorias e indudables, de modo que nada pueda impedir el sobreseimiento en el juicio, es posible hacerlo fuera de audiencia; además, tal proceder guarda consecuencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional. Corolario a lo anterior, resulta aplicable la Tesis Jurisprudencia en Materia Común, número I.7o.P. J/3, publicada en la página 1600, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Septiembre de 2004, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, que dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. CONSTITUYE CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, QUE DA LUGAR A SOBRESEER FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. No se priva de defensa a la quejosa cuando se sobresee fuera de la audiencia constitucional, si tal determinación se sustenta en una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es el cambio de situación jurídica, cuando se reclama la orden de aprehensión y durante la sustanciación del juicio se dicta auto de formal prisión en contra de la impetrante de garantías, pues de la copia certificada de la última resolución se advierte en forma clara que su libertad se constriñe ahora por un acto diverso al reclamado, lo que imposibilita el examen constitucional del mandamiento de captura sin afectar la nueva situación derivada del auto de formal enjuiciamiento; de modo que las violaciones cometidas en el primero deben considerarse consumadas de modo irreparable. Consecuentemente, constituye un caso específico de causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia, que hace posible sobreseer sin necesidad de esperar a que sea celebrada la audiencia constitucional, pues ningún objeto tiene continuar la tramitación del juicio y dar oportunidad a que se ofrezcan pruebas, si nada puede desvirtuar el resultado del fallo, el cual siempre será en el mismo sentido, por lo que únicamente se trastocaría el principio de celeridad procesal establecido en el artículo 17 constitucional". En consecuencia, se deja sin efectos la audiencia constitucional, señalada para las nueve horas con dos minutos del seis de enero de dos mil diecisiete. Hágase la anterior circunstancia del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 65 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. SE SOBRESEE en el presente Juicio de Amparo promovido por ***, de conformidad con las consideraciones expuestas en párrafos precedentes. Notifíquese Personalmente a las partes. Lo proveyó y firma el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato, licenciado José Francisco Salazar Trejo, asistido de Juan Carlos Figueroa Cornejo, Secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Al no atender el aviso la parte quejosa, por este conducto se procede a notificar el proveído de cuatro de Enero actual, que en lo conducnete dice: Celaya, Guanajuato, cuatro de enero de dos mil diecisiete. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales a que haya lugar el oficio firmado por la Juez Cuarto Penal de Partido, con sede en esta ciudad, por el que informa que dentro del proceso penal 13/2016, instruido en contra del aquí quejoso ***, como probable responsable en la comisión del delito de fraude, en agravio de ***, el veintinueve de diciembre pasado, se le dictó auto de formal prisión. Ahora bien, una vez analizadas las constancias que integran el presente sumario, se acuerda lo siguiente: Al momento de admitir la demanda con que se formó el juicio de amparo en que se actúa, se tuvo como autoridades responsables al Juez Cuarto Penal de Partido (ordenadora) y Jefe de Grupo de la Policía Ministerial (ejecutora), ambos con sede en Celaya, Guanajuato, por violación a los derechos que se encuentran consagrados en los artículos 14, 16, 20 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por actos que, en lo conducente, se hicieron consistir en la orden de aprehensión dictada en contra de la parte quejosa *** y su ejecución; respectivamente. Así, una vez admitida la demanda para su trámite se solicitó a las autoridades señaladas como responsables, sus respectivos informes justificados. Por autos de cinco y catorce de diciembre de dos mil dieciséis, se tuvo a la Juez Cuarto Penal de Partido y Jefe de Grupo de la Policía Ministerial del Estado, ambos con sede en Celaya, Guanajuato, rindiendo su respectivo informe justificado, adjuntando la Juez copia certificada de las constancias integrantes del proceso penal número **/2016, en un tomo, de su índice; quienes manifestaron que sí es cierto el acto que les atribuye en contra de la parte quejosa, consistente en la orden de aprehensión girada en su contra, toda vez que el diecisiete de octubre de dos mil dieciséis, dentro del proceso penal de origen, dictó orden de aprehensión en contra del quejoso, por aparecer probable responsable del delito de fraude, en agravio de ***; y con las que se confirma que en efecto, en la fecha indicada, se emitió orden de aprehensión en los términos apuntados. Mediante oficio recibido en esta fecha se advierte que el veintitrés de diciembre pasado, fue cumplimentada la orden de aprehensión, tomándole su declaración preparatoria en los términos de ley, en los autos del proceso penal número **/2016, instaurado en su contra. Fijado lo anterior, el suscrito Juzgador Federal, advierte de oficio que se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XVII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que textualmente dice: "ARTICULO 61. El juicio de amparo es improcedente: XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica." En efecto, en el presente juicio, el acto reclamado se hace consistir en la orden de aprehensión emitida en contra del quejoso ***, en el proceso penal número **/2016, del índice del Juzgado Cuarto Penal de Partido, con sede en esta ciudad. Además, del oficio que se recibe se advierte que la Juez responsable el veintinueve de diciembre pasado, emitió en contra del solicitante del amparo auto de formal prisión en la causa penal mencionada. En este orden de ideas, con el dictado del auto de formal prisión en contra de las solicitantes del amparo, se actualiza un cambio de situación jurídica, por lo que resulta imposible jurídicamente analizar la constitucionalidad del acto reclamado, sin afectar la nueva situación jurídica. Es aplicable la tesis IV.2o.P.43 P, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, publicada en la página 1373, tomo XXX, octubre de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que señala: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA CUANDO SE RECLAMAN ACTOS DENTRO DE UNA AVERIGUACIÓN PREVIA Y EL MINISTERIO PÚBLICO YA EJERCITÓ LA ACCIÓN PENAL (ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO). Cuando en un juicio de garantías biinstancial se reclaman actos materia de una averiguación previa y se demuestra que la autoridad responsable, agente del Ministerio Público, consignó los hechos ante un Juez, a quien solicitó el libramiento de la correspondiente orden de aprehensión, es incuestionable que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo y, por ende, debe sobreseerse en el juicio de garantías, toda vez que, al ejercitarse la acción penal quedaron consumadas de modo irreparable las posibles violaciones acaecidas en la etapa de investigación, porque la situación jurídica del impetrante ahora queda sometida a la potestad del Juez penal que tendrá a cargo la instauración de la causa respectiva. En consecuencia, ya no podrá analizarse en el amparo la constitucionalidad de dichos actos, sin afectar la nueva situación jurídica generada por tal consignación." También es atendible la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 892, tomo LXXXIV, del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "SITUACION JURIDICA, CAMBIO DE LA, COMO CAUSA DE SOBRESEIMIENTO (DETENCION REALIZADA POR AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS). Es inoperante el argumento esgrimido en el sentido de que la causa de improcedencia de que habla la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, atañe solamente a los actos emanados de un procedimiento judicial, porque la citada fracción establece la improcedencia del juicio constitucional, cuando se opera un cambio de situación jurídica que dé lugar a que las violaciones cometidas a través de un acto emanado de la autoridad judicial, deben considerarse consumadas irreparablemente, por no poder decidirse en dicho juicio, sin afectar la nueva situación jurídica; y es inconcuso que la detención inmotivada que el quejoso pudo haber sufrido, por parte de las autoridades administrativas, se consumó irreparablemente y cesó, al consignársele a la autoridad judicial, y la circunstancia de que la fracción X del artículo 73 aluda solamente a actos emanados de un procedimiento judicial, no hace viable el argumento que se analiza, porque la fracción IX del propio precepto contiene la causal de improcedencia que genéricamente se refiere a actos consumados de un modo irreparable y la XVI a la cesación de los efectos del acto reclamado, fracciones ambas que sirven de apoyo al sobreseimiento, con relación a la detención arbitraria que pudo haber sufrido el reclamante, por parte de las autoridades administrativas." Ahora bien, al actualizarse la causal de improcedencia analizada, prevista en la fracción XVII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63 fracción V, de la legislación en cita, lo que procede es decretar el sobreseimiento en el presente juicio constitucional, fuera de la audiencia constitucional. Resulta aplicable la jurisprudencia VI.2o. J/66, del entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 370, tomo VI, segunda parte guión 1, julio a diciembre de 1990, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro y texto siguientes: "LIBERTAD PERSONAL. RESTRICCION A LA. (CAMBIO DE SITUACION JURIDICA). La libertad personal puede restringirse por cuatro motivos: la aprehensión, la detención, la prisión preventiva y la pena; cada uno de los cuales tiene características peculiares. El conjunto de normas jurídicas que condicionan y rigen la restricción de la libertad, en los distintos casos de que se ha hablado, se llama situación jurídica; de modo que cuando esta situación cambia, cesan los efectos de la situación jurídica anterior, pues cada forma de restricción de la libertad excluye a las otras, y por lo mismo, desaparecen los efectos del acto reclamado, y es improcedente el amparo contra la situación jurídica anterior." Además, no causa ningún agravio al quejoso ni se le priva de defensa cuando se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia, siempre que derive de una causal notoria, manifiesta, e indudable de improcedencia del Juicio de Amparo, como lo es el cambio de situación jurídica, de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido. Por consiguiente, cuando las causas de improcedencia son notorias e indudables, de modo que nada pueda impedir el sobreseimiento en el juicio, es posible hacerlo fuera de audiencia; además, tal proceder guarda consecuencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional. Corolario a lo anterior, resulta aplicable la Tesis Jurisprudencia en Materia Común, número I.7o.P. J/3, publicada en la página 1600, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Septiembre de 2004, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, que dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. CONSTITUYE CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, QUE DA LUGAR A SOBRESEER FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. No se priva de defensa a la quejosa cuando se sobresee fuera de la audiencia constitucional, si tal determinación se sustenta en una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es el cambio de situación jurídica, cuando se reclama la orden de aprehensión y durante la sustanciación del juicio se dicta auto de formal prisión en contra de la impetrante de garantías, pues de la copia certificada de la última resolución se advierte en forma clara que su libertad se constriñe ahora por un acto diverso al reclamado, lo que imposibilita el examen constitucional del mandamiento de captura sin afectar la nueva situación derivada del auto de formal enjuiciamiento; de modo que las violaciones cometidas en el primero deben considerarse consumadas de modo irreparable. Consecuentemente, constituye un caso específico de causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia, que hace posible sobreseer sin necesidad de esperar a que sea celebrada la audiencia constitucional, pues ningún objeto tiene continuar la tramitación del juicio y dar oportunidad a que se ofrezcan pruebas, si nada puede desvirtuar el resultado del fallo, el cual siempre será en el mismo sentido, por lo que únicamente se trastocaría el principio de celeridad procesal establecido en el artículo 17 constitucional". En consecuencia, se deja sin efectos la audiencia constitucional, señalada para las nueve horas con dos minutos del seis de enero de dos mil diecisiete. Hágase la anterior circunstancia del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 65 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. SE SOBRESEE en el presente Juicio de Amparo promovido por ***, de conformidad con las consideraciones expuestas en párrafos precedentes. Notifíquese Personalmente a las partes. Lo proveyó y firma el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato, licenciado José Francisco Salazar Trejo, asistido de Juan Carlos Figueroa Cornejo, Secretario que autoriza y da fe.

  4. Incidental

    SE ADVIERTE QUE HA TRANSCURRIDO EL TÉRMINO DE TRES DIAS CONCEDIDO AL QUEJOSO PARA QUE OTORGARA LA GARANTIA QUE LE FUE FIJADA A FIN DE QUE SIGUIERA SURTIENDO SUS EFECTOS LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA, SIN QUE A LA FECHA EN QUE SE EMITE EL PRESENTE PROVEIDO LO HAYA HECHO. POR OTRA PARTE, A SUS AUTOS EL OFICIO QUE REMITE LA JUEZ CUARTO PENAL DE PARTIDO CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD DE CELAYA, GUANAJATO. EN CONSECUENCIA, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO EMITIDO EN EL REFERIDO AUTO, POR TANTO, SE DECRETA QUE HA DEJADO DE SURTIR SUS EFECTOS LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA CONCEDIDA A LA PARTE QUEJOSA EN DICHO FALLO. POR TANTO, QUEDA EXPEDITA LA FACULTA DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES PARA EJECUTAR EL ACTO RECLAMADO. EN EL ENTENDIDO DE QUE LA MEDIDA PODRÁ VOLVER A SURTIR SUS EFECTOS, SI LA PARTE QUEJOSA EXHIBE GARANTIA QUE LE FUE FIJADA EN DICHA DETERMINACIÓN SIEMPRE Y CUANDO AÚN NO SE HAYAN EJECUTADO LOS ACTOS RECLAMADOS.

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