Jesus Javier Martinez Chavez
Expediente 590/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 16 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 590/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 15/11/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Jesus Javier Martinez Chavez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
ESTADO DE AUTOS. Vistos los presentes autos y en especial la certificación que antecede, de la cual se desprende que a la fecha ha transcurrido el término de tres días hábiles concedido a la parte quejosa en proveído de seis de noviembre del presente año, para que expusiera lo que a su derecho conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria emitida en el presente juicio de amparo, por parte del juez Segundo Civil de Partido, con residencia en Celaya, Guanajuato, sin que hubiese hecho manifestación alguna. Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento de los autos de referencia y el suscrito juzgador federal procede a pronunciarse respecto de dicho cumplimiento, en base a las constancias que obran en autos, conforme al artículo 196 de la ley de amparo. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 2ª./J.26/2000, consultable en la página 242 del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de marzo de 2000, que dice: INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia. En esas condiciones, se hace constar que el treinta de junio de dos mil diecisiete, se dictó la sentencia en el presente juicio de garantías, en la que este órgano de control constitucional en su único resolutivo determinó: UNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ***, contra los actos y autoridad que precisados quedaron en el considerando segundo, por las razones expresadas en el último considerando de esta sentencia (foja 87 vuelta). Inconforme con dicha determinación el quejoso interpuso recurso de revisión, el cual correspondió conocer al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con sede en la ciudad de Guanajuato, quien en resolución de dieciocho de octubre de dos mil diecisiete, revocó dicha resolución para el efecto de que el juez responsable deje insubsistente todo lo actuado en el expediente sumario hipotecario 494/2015, a partir del auto de cinco de octubre de dos mil dieciséis -a través del cual ordenó el emplazamiento por edictos-, procediendo a agotar en debida forma el procedimiento de investigación para lograr la localización y llamado al juicio natural de la parte reo, tomando en consideración los domicilios ubicados en calle *** de Celaya, Guanajuato y calle ***, de la propia ciudad, como se precisó. (foja 151 frente). Por lo que en fecha veintisiete de octubre de dos mil diecisiete, se requirió al juez Segundo Civil de Partido, con residencia en Celaya, Guanajuato, a fin de que diera cumplimento a la citada ejecutoria. Motivo por el cual el juez responsable, envío oficio registrado con el número 8477 el cual fue recibido en este juzgado federal el treinta y uno de octubre del presente año, con el que remitió copia certificada del proveído de fecha treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, en el que resolvió dejar insubsistente lo actuado en el juicio especial sumario hipotecario C494/2015, específicamente a partir del auto de cinco de octubre de dos mil dieciséis, en el cual se ordenó el emplazamiento por edictos, asimismo, dejó insubsistente la sentencia de veintiuno de marzo de dos mil diecisiete, junto con el auto que la declaró firme, así como todo lo dictado con posterioridad; efectuando de nueva cuenta y a petición de parte, el emplazamiento de la parte reo, agotando en debida forma el procedimiento de investigación para lograr la localización y llamado a juicio natural, tomando en consideración los domicilios ubicados en calle ***, zona centro, y calle ***, ambos de esta ciudad. Luego, como se aprecia, la autoridad responsable dejó insubsistente todo lo actuado en el juicio sumario hipotecario C494/2015, a partir del proveído cinco de octubre de dos mil dieciséis, ordenando el emplazamiento de la parte reo, agotando en debida forma el procedimiento de investigación para lograr la localización y llamada a juicio de la parte reo, para lo cual ordenó su búsqueda en los domicilios señalados, tal y como fue dictaminado por el tribunal colegiado que conoció del presente asunto. A virtud de lo anterior, se tiene por cumplida en sus términos la ejecutoria decretada en el presente juicio de amparo de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación CXIV/97, consultable en la página 414 del Tomo VI, octubre de 1997, Pleno, Salas y Tribunales Colegiados de Circuito, que es del tenor siguiente: EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO.- El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentas las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como debido, exacto, cabal y otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la y incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación que en el supuesto de que se declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución. Notifíquese lo anterior a las autoridades responsables, háganse las anotaciones correspondientes en el libro condigno, y una vez que transcurra el término a que alude el artículo 202 de la Ley de Amparo, se ordena archivar el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos Vigésimo y Vigésimo Primero, es de precisarse que este expediente NO es de RELEVANCIA DOCUMENTAL. Toda vez que en el presente juicio se concedió el amparo y protección de la justicia de la unión a la parte quejosa, se hace constar que el mismo será susceptible de DEPURACIÓN una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo. En relación al cuaderno original del incidente de suspensión, será susceptible de DEPURACIÓN una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, toda vez que en el presente asunto aparece que se concedió la suspensión de los actos reclamados, por lo que se deberán conservar todas las constancias relativas al otorgamiento de la medida; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el manual para la organización de archivos judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicados en diciembre de 2012; por tanto, mientras acontece lo anterior, se ordena glosar el original del cuaderno incidental para mejor resguardo. Atendiendo a punto vigésimo, fracción III del Acuerdo General conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo de seis meses. Por otro lado, de autos se advierte que la parte quejosa adjunto documentos en copia certificada, requiérasele para que en el término máximo de noventa días, según lo establece el dispositivo Décimo primero, párrafo tercero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, acuda ante este órgano jurisdiccional a que le sean devueltos los mismos, con el apercibimiento que de no hacerlo en el término indicado, dichos documentos podrán ser depurados. Finalmente, previo a remitir física y materialmente el expediente en que se actúa, estese en espera de que transcurra el término a que alude el artículo 202 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, para los fines citados en el numeral 201 del citado ordenamiento legal, sin que haya lugar a emitir auto para dicho efecto.
- Principal
RECEPCIÓN DE OFICIO. Por recibido el oficio signado por el juez Segundo Civil de Partido, con residencia en Celaya, Guanajuato, por medio del cual rinde su informe de cumplimiento en relación a la ejecutoria decretada en el presente juicio, anexando las constancias respectivas para acreditar su dicho. VISTA A LA PARTE QUEJOSA. Por tanto, previamente a tener o no a las referida autoridad, por cumpliendo con el fallo protector emitido en el presente Juicio de Amparo, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa con el contenido del informe de cumplimiento, para que dentro del término de TRES DÍAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente hábil al en que surta efectos la notificación del presente auto, manifieste lo que a sus intereses convenga. APERCIBIMIENTO. En la inteligencia que de no hacerlo dentro del lapso que se le concede, o de no informar la imposibilidad legal o material que tenga para ello; este Juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por la autoridad oficiante. Sin que obste a lo anterior la circunstancia de que la autoridad responsable no haya remitido la notificación del contenido del oficio mencionado, a la parte quejosa, toda vez que se ordena darle vista a través de la notificación del presente proveído. La consideración anterior encuentra sustento en la jurisprudencia 2ª./J.36/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, mayo de 1999, página 469, de rubro y texto siguientes: INEJECUCIÓN DE SENTENCIA QUE CONCEDIÓ EL AMPARO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN. QUEDA SIN MATERIA AUNQUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA NOTIFICADO LA CONTESTACIÓN, YA QUE EL QUEJOSO TENDRÁ CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO A TRAVÉS DE LA NOTIFICACIÓN DE LA EJECUTORIA. Cuando se concede la protección federal por violación al derecho de petición consagrado en el artículo 8º. Constitucional, determinándose que la autoridad responsable debe dictar el acuerdo que proceda y comunicarlo al interesado, ha de considerarse cumplida la ejecutoria si la autoridad contesto por escrito la petición que le formulo el quejoso e intento notificarle sin éxito, o aun cuando este haya tenido conocimiento del oficio en la etapa de ejecución del juicio de amparo por medio del Juez de Distrito, o bien, si la autoridad responsable acredita en forma directa ante la Suprema Corte de Justicia el acatamiento dado a la ejecutoria con la documentación oficial que así lo demuestre; consecuentemente debe declararse sin materia el incidente de inejecución sin prejuzgar sobre el debido cumplimiento dado a la sentencia protectora de garantías, encantándose a salvo los derechos del quejoso para, en su caso, hacer valer los medios de defensa que tenga en su alcance. Sin que para ello sea obstáculo la circunstancia de que no obre en autos la constancia de notificación a la parte quejosa, de los oficios de las autoridades ni el acuerdo del Juez de Distrito en relación al cumplimiento del amparo, toda vez que el quejoso tendrá conocimiento de su contenido al notificársele el fallo de la Suprema Corte, lo que le permite estar en aptitud de hacer valer los medios de defensa correspondientes.
- Principal
Por recibido el oficio signado por la secretaria de acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato, mediante el cual devuelve los autos originales del juicio de amparo número 590/2017-II.1 del índice de este juzgado federal, promovido por **, por medio del cual remite copia certificada de la resolución ejecutoria emitida el dieciocho de octubre de dos mil diecisiete, cuyos puntos resolutivos son los siguientes: PRIMERO.- Se revoca la sentencia recurrida. SEGUNDO.- La Justicia de la Unión ampara y protege a **, en contra de los actos reclamados del Juez Segundo Civil de Partido en Celaya, Guanajuato, consistentes en el emplazamiento y sus consecuencias dentro del juicio sumario hipotecario **, a partir del auto de cinco de octubre de dos mil dieciséis". Acúsese recibo de estilo a la superioridad, glósese el cuadernillo de antecedentes respectivo y háganse las anotaciones correspondientes en el libro correspondiente. Notifíquese a la autoridad responsable en términos del artículo 28 fracción II, de la Ley de Amparo, para lo cual se le envía copia del testimonio emitido por la superioridad. Luego, en acatamiento a la determinación emitida por la superioridad, el cumplimiento deberá consistir en los términos precisados en la parte final de la resolución ejecutoria pronunciada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato; esto es: lo procedente es revocar la sentencia que se revisa y en la que negó el amparo y concederle la tutela constitucional al quejoso, para los efectos de que el juez responsable deje insubsistente todo lo actuado en el expediente sumario hipotecario ***, a partir del auto de cinco de octubre de dos mil dieciséis -a través del cual ordenó el emplazamiento por edictos-, procediendo a agotar en debida forma el procedimiento de investigación para lograr la localización y llamado al juicio natural de la parte reo, tomando en consideración los domicilios ubicados en calle ***número ***, zona centro de la ciudad de Celaya, Guanajuato y calle ***, de la propia ciudad, como se precisó.". Por tanto, con fundamento en los artículos 192 y 193 ambos de la Ley de Amparo, requiérase al juez segundo civil de partido, con residencia en Celaya, Guanajuato, para que dentro del término de tres días hábiles, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, de cumplimiento a la presente ejecutoria, y una vez hecho lo anterior, remita a este órgano de control constitucional, las constancias que acrediten lo anterior. En el entendido de que en caso de no cumplir con dicho mandato sin causa justificada, o no exponer motivo legal que le impida hacerlo o bien acredite que se encuentra en vías de cumplimiento, dentro del lapso concedido para dicho efecto, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego, aunado a que se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación de la autoridad contumaz, ello en términos del párrafo segundo del ordinal 192 de la Ley de la Materia. Sin que sea el caso realizar mayor pronunciamiento respecto de la autoridad a la que pudiera recaerle el carácter de superior jerárquico de la ahora responsable, dado que el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, con sede en capital del mismo nombre, ha informado a este Juzgado Federal, que no es Superior Jerárquico de los Jueces de Partido, ya que dichas autoridades jurisdiccionales gozan de autonomía e independencia en su actuar. De ahí que no existe superior jerárquico a quien acudir atendiendo a lo señalado por el artículo 194, de la Ley de Amparo, en vinculación con el diverso 73, fracción XXIX-H de la Constitución Federal, y el diverso 1 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; tal como en un caso análogo, fue interpretado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al sustentar la Jurisprudencia de rubro: JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. Por resultar innecesaria la retención de las constancias remitidas en copia certificada del expediente ***, por la jueza cuarta Civil de Partido, con residencia en Celaya, Guanajuato, constante de un tomo de prueba, se ordena devolverlo a su lugar de origen, solicitándole el acuse de recibo correspondiente.
- Principal
ESTADO DE AUTOS. Visto el estado de autos de los que se advierte que las partes se encuentran notificadas de la sentencia pronunciada en el presente juicio, así como del proveído de diecisiete de julio de dos mil diecisiete, en el cual se tuvo por interpuesto el recurso de revisión. SE ORDENA REMITIR EXPEDIENTE Y ESCRITO DE AGRAVIOS. Por tanto, en cumplimiento a lo ordenado en el proveído de referencia, se ordena remitir a la Superioridad, el presente juicio de amparo, anexando un tomo de pruebas relativo al mismo, el escrito original de agravios y copia del mismo, para los fines legales conducentes.
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