Jesús Mario Sergio Merino Pavón
Expediente 844/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 18 actuaciones registradas, la última del 22 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 844/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 22/02/2022
Partes del expediente
- Jesús Mario Sergio Merino Pavón
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintidós de febrero de dos mil veintidós. Causa estado auto que declara cumplida sentencia. Por otro lado, visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación de cuenta, de los que se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que las partes promovieran recurso de inconformidad en contra del auto de diecinueve de enero de dos mil veintidós, que declaró cumplida la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio; por tanto, con apoyo en dicho precepto legal, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO el mencionado proveído para todos los efectos legales consiguientes. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Ahora bien, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente: Depúrese el expediente principal, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con una sentencia en la que se determinó conceder el amparo en el presente juicio, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en la fracción I, inciso b) del artículo 18 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 18. Expedientes depurables. Son susceptibles de depuración los expedientes siguientes: (.) I. b) Los expedientes relativos a juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional...". Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Una vez que transcurra el plazo que refiere el artículo dieciocho, párrafo primero del Acuerdo General en cita, transfiérase al Centro de Documentación y Análisis. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del asunto. Digitalización. Previo a su depuración, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona a la Secretaria para que verifique la digitalización de la demanda, la sentencia definitiva dictada en el juicio de amparo y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Finalmente, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de documentos. Dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, diecinueve de enero de dos mil veintidós. Se declara cumplida la sentencia. Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, tomando en consideración que la parte quejosa desahogó la vista concedida mediante escrito registrado en la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito, el once de enero de dos mil veintidós y que ha transcurrido el plazo concedido para tal efecto, este juzgado se pronuncia sobre el cumplimiento del fallo protector. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2ª./J. 26/2000, visible en la página doscientos cuarenta y tres del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Sentencia. Mediante sentencia de uno de septiembre de dos mil veintiuno, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para los efectos siguientes. "(.) Finalmente, con base en las premisas expuestas, se impone conceder la protección constitucional solicitada para los efectos siguientes. Una vez que cause ejecutoria esta sentencia, que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP), dentro del plazo de diez días hábiles siguientes, resuelva sobre la petición de solicitud de pensión formulada por la parte quejosa, es decir, integre el expediente T-RETSD-1/2020, lo turne para su valoración y elaboración del proyecto conducente y se resuelva por conducto de la Junta Directiva. En la inteligencia que de no encontrarse integrado, deberá requerir a la parte quejosa para que exhiba la documentación que corresponda, siempre que no se trate de información que deba o pueda recabar oficiosamente. Además, para el caso de ser favorable su solicitud, deberá notificar el dictamen conducente y entregarle la Patente original que prevé la legislación de la materia -por conducto del Departamento de Pensiones y Jubilaciones-. (.)" Revisión. Mediante proveído de veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno se tuvo al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, interponiendo recurso de revisión en contra de la resolución emitida. Ejecutoria Posteriormente, mediante acuerdo de veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno, se tuvo al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito remitiendo la ejecutoria pronunciada en el recurso de revisión 533/2021, en la que determinó confirmar la resolución recurrida, por lo que se requirió su cumplimiento. Cumplimiento Emisión de resolución sobre solicitud de pensión. Mediante proveído de cuatro de enero de dos mil veintidós se tuvo al Coordinador de Oficinas de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Organismo Público Descentralizado denominado Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, remitiendo copia certificada del oficio DG/110-078/2021 de catorce de julio de dos mil veintiuno, por medio del cual se comunicó el acuerdo 048/2021 relativo a la resolución de la solicitud de pensión por jubilación de la parte quejosa, misma que le fue notificada el veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno. En ese orden de ideas, se advierte que la autoridad responsable satisfizo los efectos de la sentencia de amparo, conforme a los parámetros fijados en el fallo protector, toda vez que resolvió sobre la petición de solicitud de pensión formulada por la parte quejosa, es decir, integró el expediente T-RETSD-1/2020, lo turnó para su valoración, se elaboró del proyecto correspondiente y se resolvió lo conducente. Respuesta a las manifestaciones de la quejosa. A continuación, se procede a dar contestación a las manifestaciones realizadas por la parte quejosa en relación con el cumplimiento dado por la autoridad responsable en el juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente tesis: "SENTENCIAS DE AMPARO. EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DE AMPARO DEBE RESPONDER EXHAUSTIVAMENTE A LAS OBJECIONES FORMULADAS POR LAS PARTES ANTES DE DECLARAR SU CUMPLIMIENTO. El párrafo primero del artículo 196 de la Ley de Amparo dispone que, recibido el informe de la autoridad responsable en el sentido de que cumplió con la ejecutoria, el órgano judicial de amparo dará vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado, para que dentro del plazo de 3 días manifiesten lo que a su derecho convenga -plazo que en amparo directo será de 10 días dentro de los cuales la parte afectada podrá alegar el defecto o exceso en el cumplimiento-. Por otro lado, el párrafo segundo del mismo precepto establece que, transcurrido el plazo dado a las partes, con desahogo de la vista o sin ella, el órgano judicial de amparo dictará resolución fundada y motivada en la que declare si la sentencia está o no cumplida, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. Ahora bien, la obligación de fundar y motivar la resolución que califique si la sentencia está o no cumplida en sus términos, sin excesos ni defectos, obliga a la autoridad que conozca del juicio de amparo a dar respuesta exhaustiva a las objeciones formuladas por las partes, cuando hubiesen desahogado la vista expresando su desacuerdo con los términos en los que pretende cumplir la autoridad responsable, pues si no fuera así, carecería de sentido el mandamiento del legislador para que previo a dicha calificación los interesados expusieran su parecer." La quejosa al desahogar la vista con el cumplimiento manifestó, en esencia, lo siguiente: 1. Que si bien se reclamó una omisión y ahora existe un acto positivo, la autoridad ha sido contumaz en su negativa a ser eficiente en otorgarle y reconocer sus derechos. 2. Que no se ha materializado el acto positivo con el cual se pretende dar cumplimiento a la ejecutoria. No obstante, se estima oportuno recordar que el efecto de la ejecutoria, en síntesis, es: Que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP), dentro del plazo de diez días hábiles siguientes a que causara ejecutoria la resolución emitida en autos, resolviera sobre la petición de solicitud de pensión formulada por la parte quejosa. Lo anterior, evidencia que los efectos de la ejecutoria de amparo citados en el presente proveído, no tienen por objeto indicar al Instituto responsable realizar algún acto posterior a la resolución de la solicitud de pensión, toda vez que tal como puede advertirse, se ordenó únicamente su resolución. En consecuencia, este órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado para analizar la legalidad de las actuaciones posteriores a la determinación emitida por el Instituto y por ende a requerirlo de nueva cuenta. Conclusión. Por tanto, se estima que se colmaron los alcances del fallo protector; por tanto, sin decidir sobre la legalidad del cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria pronunciada en esta instancia constitucional, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS, en términos del tercer párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo. Sirve de fundamento, la jurisprudencia: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento a las partes esta determinación, a efecto de que, de convenir a sus intereses, en el término de quince días siguientes puedan interponer recurso de inconformidad. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.
- Principal
EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA *** NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL AVISO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C) Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA EL PROVEÍDO DE DIECINUEVE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Andrés Cholula, Estado de Puebla, diecinueve de enero de dos mil veintidós. Se declara cumplida la sentencia. Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, tomando en consideración que la parte quejosa desahogó la vista concedida mediante escrito registrado en la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito, el once de enero de dos mil veintidós y que ha transcurrido el plazo concedido para tal efecto, este juzgado se pronuncia sobre el cumplimiento del fallo protector. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2ª./J. 26/2000, visible en la página doscientos cuarenta y tres del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Sentencia. Mediante sentencia de uno de septiembre de dos mil veintiuno, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para los efectos siguientes. "(.) Finalmente, con base en las premisas expuestas, se impone conceder la protección constitucional solicitada para los efectos siguientes. Una vez que cause ejecutoria esta sentencia, que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP), dentro del plazo de diez días hábiles siguientes, resuelva sobre la petición de solicitud de pensión formulada por la parte quejosa, es decir, integre el expediente T-RETSD-1/2020, lo turne para su valoración y elaboración del proyecto conducente y se resuelva por conducto de la Junta Directiva. En la inteligencia que de no encontrarse integrado, deberá requerir a la parte quejosa para que exhiba la documentación que corresponda, siempre que no se trate de información que deba o pueda recabar oficiosamente. Además, para el caso de ser favorable su solicitud, deberá notificar el dictamen conducente y entregarle la Patente original que prevé la legislación de la materia -por conducto del Departamento de Pensiones y Jubilaciones-. (.)" Revisión. Mediante proveído de veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno se tuvo al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, interponiendo recurso de revisión en contra de la resolución emitida. Ejecutoria Posteriormente, mediante acuerdo de veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno, se tuvo al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito remitiendo la ejecutoria pronunciada en el recurso de revisión 533/2021, en la que determinó confirmar la resolución recurrida, por lo que se requirió su cumplimiento. Cumplimiento Emisión de resolución sobre solicitud de pensión. Mediante proveído de cuatro de enero de dos mil veintidós se tuvo al Coordinador de Oficinas de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Organismo Público Descentralizado denominado Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, remitiendo copia certificada del oficio DG/110-078/2021 de catorce de julio de dos mil veintiuno, por medio del cual se comunicó el acuerdo 048/2021 relativo a la resolución de la solicitud de pensión por jubilación de la parte quejosa, misma que le fue notificada el veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno. En ese orden de ideas, se advierte que la autoridad responsable satisfizo los efectos de la sentencia de amparo, conforme a los parámetros fijados en el fallo protector, toda vez que resolvió sobre la petición de solicitud de pensión formulada por la parte quejosa, es decir, integró el expediente T-RETSD-1/2020, lo turnó para su valoración, se elaboró del proyecto correspondiente y se resolvió lo conducente. Respuesta a las manifestaciones de la quejosa. A continuación, se procede a dar contestación a las manifestaciones realizadas por la parte quejosa en relación con el cumplimiento dado por la autoridad responsable en el juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente tesis: "SENTENCIAS DE AMPARO. EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DE AMPARO DEBE RESPONDER EXHAUSTIVAMENTE A LAS OBJECIONES FORMULADAS POR LAS PARTES ANTES DE DECLARAR SU CUMPLIMIENTO. El párrafo primero del artículo 196 de la Ley de Amparo dispone que, recibido el informe de la autoridad responsable en el sentido de que cumplió con la ejecutoria, el órgano judicial de amparo dará vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado, para que dentro del plazo de 3 días manifiesten lo que a su derecho convenga -plazo que en amparo directo será de 10 días dentro de los cuales la parte afectada podrá alegar el defecto o exceso en el cumplimiento-. Por otro lado, el párrafo segundo del mismo precepto establece que, transcurrido el plazo dado a las partes, con desahogo de la vista o sin ella, el órgano judicial de amparo dictará resolución fundada y motivada en la que declare si la sentencia está o no cumplida, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. Ahora bien, la obligación de fundar y motivar la resolución que califique si la sentencia está o no cumplida en sus términos, sin excesos ni defectos, obliga a la autoridad que conozca del juicio de amparo a dar respuesta exhaustiva a las objeciones formuladas por las partes, cuando hubiesen desahogado la vista expresando su desacuerdo con los términos en los que pretende cumplir la autoridad responsable, pues si no fuera así, carecería de sentido el mandamiento del legislador para que previo a dicha calificación los interesados expusieran su parecer." La quejosa al desahogar la vista con el cumplimiento manifestó, en esencia, lo siguiente: 1. Que si bien se reclamó una omisión y ahora existe un acto positivo, la autoridad ha sido contumaz en su negativa a ser eficiente en otorgarle y reconocer sus derechos. 2. Que no se ha materializado el acto positivo con el cual se pretende dar cumplimiento a la ejecutoria. No obstante, se estima oportuno recordar que el efecto de la ejecutoria, en síntesis, es: Que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP), dentro del plazo de diez días hábiles siguientes a que causara ejecutoria la resolución emitida en autos, resolviera sobre la petición de solicitud de pensión formulada por la parte quejosa. Lo anterior, evidencia que los efectos de la ejecutoria de amparo citados en el presente proveído, no tienen por objeto indicar al Instituto responsable realizar algún acto posterior a la resolución de la solicitud de pensión, toda vez que tal como puede advertirse, se ordenó únicamente su resolución. En consecuencia, este órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado para analizar la legalidad de las actuaciones posteriores a la determinación emitida por el Instituto y por ende a requerirlo de nueva cuenta. Conclusión. Por tanto, se estima que se colmaron los alcances del fallo protector; por tanto, sin decidir sobre la legalidad del cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria pronunciada en esta instancia constitucional, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS, en términos del tercer párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo. Sirve de fundamento, la jurisprudencia: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento a las partes esta determinación, a efecto de que, de convenir a sus intereses, en el término de quince días siguientes puedan interponer recurso de inconformidad. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, doce de enero de dos mil veintidós. Manifestaciones respecto al cumplimiento. ... parte quejosa desahoga la vista otorgada en proveído de cuatro de enero del dos mil veintidós, y realiza diversas manifestaciones respecto al cumplimiento dado por la autoridad responsable a la sentencia dictada en el presente juicio. En consecuencia, agréguese el escrito de cuenta e indíquese que sus manifestaciones serán tomadas en consideración una vez que este órgano jurisdiccional provea lo que en derecho corresponda respecto al cumplimiento del fallo protector. Notifíquese.
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