Jesús Macip Ríos
Expediente 1203/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 13 actuaciones registradas, la última del 27 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1203/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 27/04/2021
Partes del expediente
- Jesús Macip Ríos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintisiete de abril de dos mil veintiuno. Causa estado sobreseimiento fuera de audiencia. Vista la certificación, se advierte que ha transcurrido el término para interponer recurso de revisión previsto por los artículos 81, fracción I, inciso d) y 86 de la Ley de Amparo, contra el proveído del veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia constitucional el presente juicio de amparo; por tanto, al no haber sido impugnado en su oportunidad, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto HA QUEDADO FIRME, para todos los efectos legales a que haya lugar. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte, se acuerda lo siguiente. Destrucción. Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto determinó sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 21 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido; (.)" Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Asimismo, dado que en el incidente de suspensión se concedió la suspensión provisional y definitiva, se ubica en la hipótesis prevista en artículo 18, inciso a), del mismo Acuerdo General; razón por la cual, el cuaderno incidental original es susceptible de depuración, una vez que transcurra el citado plazo de tres años que prevé el numeral en cita. En diverso aspecto, como lo dispone el diverso numeral 20, fracción II, inciso a) de dicho Acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión podrá ser destruido una vez que transcurra el plazo de seis meses. Háganse las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes; asimismo, insértese este acuerdo en el cuaderno original y en el duplicado del incidente de suspensión, para constancia. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, el auto que determinó sobreseer fuera de audiencia el juicio de amparo y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Por otra parte, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de documentos. Devuélvanse los dos tomos de pruebas a la autoridad responsable Juez Municipal Civil y Penal de Teziutlán, Puebla. Notifíquese.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintinueve de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos del que se advierte: ? Litis constitucional. *** ? Sobreseimiento fuera de audiencia. Es menester precisar que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causas de improcedencia del juicio deben analizarse preferentemente al fondo del asunto, ya sea que las aleguen las partes o que se adviertan de oficio, por tratarse de una cuestión de orden de público. Bajo este contexto, es conveniente señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que tratándose de una causa de improcedencia notoria, manifiesta e indudable y que, por ende, no deja lugar a dudas, no hay razón que justifique esperarse hasta la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, ya que las pruebas que aporte eventualmente la parte quejosa, de modo alguno podrán hacer que desaparezca la posibilidad de que se sobresea el amparo. Cobra aplicación al razonamiento expuesto, la jurisprudencia 10/2003 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, correspondiente a marzo de 2003, Novena Época, cuyo contenido se reproduce a continuación: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Como puede verse, el sobreseimiento en el juicio de amparo debe decretarse desde que aparezca actualizada, de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de improcedencia respectiva, pues a ningún fin práctico conduce tramitarlo si en atención a la naturaleza propia del impedimento relativo, no es posible formarse una convicción diversa al dictarse la sentencia constitucional. Con base en lo anterior, la improcedencia notoria y manifiesta que se advierte en este caso deriva, esencialmente, del hecho consistente en que el juicio de amparo es improcedente por haberse promovido fuera del plazo establecido en la ley, razón por la que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo. Para evidenciar lo anterior es importante dar cuenta, en primer lugar, con los antecedentes más relevantes que le dieron origen al acto reclamado. Antecedentes *** De esta manera, se concedió el amparo solicitado para los siguientes efectos: *** m) La referida sentencia causó estado el doce de agosto de dos mil veinte, fecha en la que se requirió el cumplimiento de la sentencia de amparo. n) En atención a lo anterior, la jueza responsable emitió el auto de veintiséis de agosto de dos mil veinte, en el que una vez más hizo efectivo el apercibimiento contenido en el auto de ocho de noviembre de dos mil diecinueve y, por tanto, motivó las razones que la llevaron a decretar en contra del quejoso un arresto hasta por treinta y seis horas, para lo cual precisó lo siguiente. *** o) Dicha determinación se recibió en este juzgado mediante auto de ocho de septiembre de dos mil veinte, con la cual se dio vista a la parte quejosa -por medio de lista- el nueve del mismo mes y año y, el veintidós siguiente se declaró cumplida la sentencia de amparo [determinación que causó estado el veinte de octubre de dos mil veinte]. Precisado lo anterior, es importante traer a colación el contenido del artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento." Del precepto reproducido se aprecia, en lo que interesa, que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos consentidos tácitamente, esto es, cuando aquellas normas o actos son reclamados fuera de los plazos establecidos en los artículos 17, 18 y 19 de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." "Artículo 19. Son días hábiles para la promoción, substanciación y resolución de los juicios de amparo todos los del año, con excepción de los sábados y domingos, uno de enero, cinco de febrero, veintiuno de marzo, uno y cinco de mayo, catorce y dieciséis de septiembre, doce de octubre, veinte de noviembre y veinticinco de diciembre, así como aquellos en que se suspendan las labores en el órgano jurisdiccional ante el cual se tramite el juicio de amparo, o cuando no pueda funcionar por causa de fuerza mayor." Del primer numeral transcrito se advierte claramente que el plazo para la promoción de la demanda de amparo será de quince días; en el entendido que existen casos de excepción a esa regla general, como por ejemplo, cuando se reclama una norma general en su carácter de autoaplicativa -por su sola entrada en vigor-, en cuyo caso el plazo será de treinta días. Por otro lado, del segundo precepto transcrito se advierte la existencia de tres hipótesis para el cómputo de los quince días relativos, excluyentes entre sí, a saber: a) A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) A partir del día siguiente al en que haya tenido conocimiento de él o de su ejecución; c) A partir del día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor del mismo. Así, de conformidad con el artículo 18 de la ley de la materia, el juicio de amparo debe promoverse desde el día hábil siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame. Asimismo, se permite a la parte quejosa promover el juicio desde el día hábil siguiente al en que haya tenido conocimiento de él o de sus actos de ejecución e, incluso, en que se haya ostentado sabedor del mismo. Las referidas hipótesis son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno, por lo que es claro que la intención de la persona legisladora fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de amparo fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las señaladas hipótesis. Corrobora lo anterior, por identidad de razones, la jurisprudencia P./J. 115/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." Por su parte, el último numeral transcrito establece cuáles son los días que se consideran hábiles para la promoción y substanciación del juicio de amparo. Expuesto lo anterior, debe recordarse que el auto reclamado de veintiséis de agosto de dos mil veinte se dictó en cumplimiento a la sentencia de veintiocho de febrero de dos mil veinte, que se emitió dentro de los autos del juicio de amparo indirecto 78/2020 del índice de este juzgado de distrito. Las constancias del expediente del referido juicio de amparo se traen a colación como hechos notorios en términos de lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Por su idea jurídica, resultan aplicables las jurisprudencias P./J. 16/2018 (10a.) y P./J. 43/2009 emitidas por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establecen: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente." "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LOS MINISTROS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PUEDEN INVOCAR COMO HECHOS NOTORIOS LOS EXPEDIENTES Y LAS EJECUTORIAS DICTADAS POR ELLOS EN EL TRIBUNAL EN PLENO EN ESE PROCEDIMIENTO. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, según su artículo 1o., resulta válida la invocación por el tribunal de hechos notorios, aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. En ese sentido, es indudable que los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su calidad de integrantes del Tribunal en Pleno, al resolver las acciones de inconstitucionalidad que les han sido planteadas pueden válidamente invocar oficiosamente, como hechos notorios, los expedientes y las ejecutorias dictadas en aquéllas, como medios de prueba aptos para fundar una sentencia, sin que sea necesaria la certificación de sus datos o el anexo de tales elementos al expediente, bastando con tenerlos a la vista, pues se trata de una facultad emanada de la ley que puede ejercerse para resolver la contienda judicial." Ahora, de las constancias del juicio de amparo indirecto 78/2020 se obtiene que la determinación de veintiséis de agosto de dos mil veinte dictada en cumplimiento por la jueza responsable, se recibió en este juzgado de distrito mediante auto de ocho de septiembre de dos mil veinte, con la cual se dio vista a la parte quejosa -por medio de lista - el nueve del mismo mes y año. A pesar de lo anterior, el quejoso fue omiso en desahogar la referida vista, razón por la que el veintidós de septiembre siguiente se declaró cumplida la sentencia de amparo [determinación que causó estado el veinte de octubre de dos mil veinte]. Bajo este contexto, es importante destacar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el plazo para presentar la demanda cuando el acto reclamado se emite en cumplimiento de una sentencia que concedió la protección constitucional, debe computarse a partir del día siguiente a aquel en que la parte quejosa haya tenido conocimiento del acto emitido en cumplimiento o de su ejecución, y no así hasta el momento en que se le notifique el acuerdo que declare cumplida la ejecutoria de amparo. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 40/2015 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PRESENTARLA, CUANDO EL ACTO RECLAMADO SE EMITE EN CUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA QUE CONCEDIÓ LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. De la interpretación de los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo se sigue que el plazo para presentar la demanda cuando el acto reclamado se emite en cumplimiento de una sentencia que concedió la protección constitucional, debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación al quejoso del nuevo acto o resolución que reclame o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto emitido en cumplimiento o de su ejecución, y no así hasta el momento en que se le notifique, tenga conocimiento o se haga sabedor del acuerdo que declare cumplida la ejecutoria de amparo, ya que ese supuesto no está previsto en las disposiciones legales apuntadas y, por tanto, no constituye una salvedad a la regla general para el cómputo del plazo establecido en la ley para presentar la demanda respectiva." Por lo tanto, si se tiene acreditado que el quejoso tuvo conocimiento del auto reclamado desde el nueve de septiembre del año pasado, [fecha en la que se le dio vista con éste], entonces se arriba a la convicción de que estuvo en aptitud de promover el juicio de amparo correspondiente a partir del día siguiente, esto es, a partir del diez de los indicados mes y año. En esa tesitura, el plazo de quince días para promover el juicio de amparo a que hace referencia el artículo 17 de la ley de la materia, transcurrió del diez de septiembre al cinco de octubre de dos mil veinte, sin tomar en cuenta para tal efecto el doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecinueve, veinte, veintiséis y veintisiete de septiembre, así como tres y cuatro de octubre del señalado año, por ser inhábiles en términos de lo dispuesto en los numerales 19 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Consecuentemente, si la demanda de amparo se recibió hasta el veintisiete de noviembre de dos mil veinte en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, se evidencia que fue presentada de manera extemporánea. En esa tesitura, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, procede el sobreseimiento en el juicio de amparo indirecto fuera de audiencia constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Se deja sin efectos la audiencia constitucional. En esas circunstancias, al haberse sobreseído en el juicio de amparo, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada para las trece horas con cincuenta minutos del treinta de marzo de dos mil veintiuno. Por lo tanto, una vez que cause estado este proveído, dese de alta en el módulo de sentencias contenido en el SISE, así como en el libro de registro electrónico que se lleva a cabo en este Juzgado Federal y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Notifíquese personalmente por lista a la parte quejosa.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, cuatro de marzo de dos mil veintiuno. Informe Justificado. Tenga por recibido el oficio del Secretario de Acuerdos Encargado del Juzgado Municipal Civil y Penal de Teziutlán, atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la ley de Amparo, se tiene por rendido el informe justificado. Con su contenido dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga dentro del plazo de ocho día, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, sin que perjuicio de la relación en la audiencia constitucional. Pruebas Se admiten las pruebas ofrecidas. Relaciónense en la audiencia Constitucional. Fórmese dos tomos de pruebas. Correo electrónico Se le tiene señalando correo electrónico para entablar comunicaciones no procesales, conforme al artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese.
- Incidental
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