Jesús Martinez Ramirez

Expediente 888/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 1 actuación registrada, la última del 30 de septiembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
888/2020
Año
2020
Actuaciones
1
Última actuación
30/09/2020

Partes del expediente

  • Jesús Martinez Ramirez

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la demanda y, atento a su contenido, fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 888/2020-IX. Desechamiento. Ahora bien, debe tenerse presente que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la ley de la materia, las causas de improcedencia del juicio de amparo deben analizarse preferentemente al fondo del asunto, ya sea que las aleguen las partes o que se adviertan de oficio, por tratarse de una cuestión de orden de público. Asimismo, cabe precisar que la promovente señala como actos reclamados los siguientes: De Juez Décimo Primero Especializado en Asuntos Financieros del Distrito Judicial de Puebla. a) Sentencia Interlocutoria de cuatro de marzo de dos mil veinte, en recurso de revocación, formulado contra auto de ocho de enero de dos mil veinte por el quejoso, en el juicio ejecutivo mercantil 492/2012. En el caso, este órgano jurisdiccional advierte de oficio, que respecto de los actos reclamados se actualiza la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente." En primer orden, es conveniente precisar que la causa de improcedencia objeto de estudio requiere de la actualización de los siguientes requisitos: Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica y, por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; y Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Ahora bien, a fin de demostrar la causa de improcedencia en este juicio de amparo, conviene realizar una breve relatoría de los antecedentes del acto reclamado los cuales se desprenden de la demanda de amparo que el quejoso manifestó bajo protesta de decir verdad al tenor siguiente: El quejoso promovió Juicio Ejecutivo Mercantil contra Carlos Alejandro Becker Alba, mismo que se radico en el Juzgado Primero de Distrito en Materia Mercantil Especializado en Juicio de Cuantía Menor, bajo el número de expediente 956/2016-IV. Mediante notificación realizada por listas, el quince de marzo de dos mil veinte, el quejoso tuvo conocimiento de que, en el expediente 492/2012 radicado en el Juzgado Décimo Primero Especializado en Asuntos Financieros del Distrito Judicial de Puebla, tenía el carácter de coacreedor; por lo que ese juzgado le solicitó que compareciera a ese juicio y designara perito valuador, bajo el apercibimiento que de no hacerlo se tendría por conforme con el avalúo que emita el perito de la parte actora. En cumplimiento a lo anterior el veintiuno de marzo de dos mil diecinueve, el quejoso presentó el perito requerido en autos, y solicitó que aclara su nombre. Mediante proveído de veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, se le tuvo nombrando perito y se le requirió para que aceptara y protestara su cargo por escrito, sin embargo, el quejoso refiere que no fueron acordadas las peticiones realizadas mediante escrito de catorce de mayo de dos mil diecinueve. Mediante proveído de doce de junio de dos mil diecinueve, el Juzgado Décimo Primero Especializado en Asuntos Financieros del Distrito Judicial de Puebla, acordó el escrito antes referido. El once de julio de dos mil veinte, el perito designado por la parte quejosa, aceptó y protestó el cargo conferido, y el trece de junio de dos mil diecinueve presentó el dictamen correspondiente. Mediante proveído de veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve, se tuvo a José Antonio García Dorantes -parte acora en el juicio de origen-, exhibiendo planilla de liquidación, por lo que, el quejoso, desahogó la vista correspondiente, ofreciendo la prueba pericial en contabilidad, puesto que estimó que estaba excediendo en su cuantificación. En atención a lo anterior, la autoridad señalada como responsable, mediante acuerdo de trece de diciembre de dos mil diecinueve, refiere que no da lugar a las manifestaciones realizadas por el aquí quejoso en virtud de que no es parte. Es por lo que, con fecha diez de enero de dos mil veinte, el quejoso presentó recurso de revocación en contra del acuerdo de trece de diciembre de dos mil diecinueve. Aunado a lo anterior con fecha ocho de enero de dos mil veinte, la autoridad señalada como responsable en atención a lo solicitado por José Antonio García Dorantes -actor en el juicio-, ordenó turnar los autos para que se emita la resolución interlocutoria de liquidación de sentencia. En consecuencia, el diecisiete de enero de dos mil veinte, el quejoso presenta recurso de revocación en contra del auto de ocho de enero de dos mil veinte, mismo que fue resuelto el cuatro de marzo de dos mil veinte notificado mediante listas el treinta y uno de agosto de dos mil veinte. Dicho lo anterior, ahora es pertinente explicar por qué en el caso se cumplen todos los requisitos necesarios para que se actualice la causa de improcedencia objeto de estudio. Respecto al requisito previsto en el inciso a) cabe precisar que se encuentra satisfecho, puesto que se reclama la sentencia interlocutoria de cuatro de marzo de dos mil veinte, relativa al recurso de revocación interpuesto contra auto de ocho de enero de dicha anualidad, en el cual la autoridad señalada como responsable ordenó turnar los autos a fin de dictar la planilla de liquidación, en el juicio ejecutivo mercantil 492/2012, esto es, el acto reclamado derivado de un procedimiento judicial. En relación con el supuesto previsto en el inciso b), de los antecedentes narrados se advierte que el día treinta y uno de agosto de dos mil veinte, también fue notificada de la sentencia interlocutoria que resolvió la planilla de liquidación de sentencia del juicio ejecutivo mercantil 492/2012. Por otra parte, respecto al requisito previsto en el inciso c), se destaca que la autoridad responsable ya se pronunció respecto de la planilla de liquidación de sentencia, lo que significa que el acto reclamado consistente en la resolución del cuatro de marzo de dos mil veinte, quedó consumada de manera irreparable; lo que se traduce en un cambio de situación jurídica. Así, dicho cambio de situación jurídica provoca que se consideren consumadas las violaciones atribuidas a la resolución reclamada, sin que pueda analizarse su constitucionalidad, pues se soslayaría que ya se emitió la sentencia que resolvió la planilla de liquidación en el juicio ejecutivo mercantil 492/2012 del índice del Juzgado Décimo Primero Especializado en Asuntos Financieros del Distrito Judicial de Puebla. El requisito antes examinado se encuentra íntimamente vinculado con el diverso previsto en el inciso d), pues existe autonomía entre la determinación reclamada y la nueva situación jurídica que rige el juicio de origen, que consiste en la resolución de cuatro de marzo de dos mil veinte que emitida en la planilla de liquidación de sentencia promovida por José Antonio García Dorantes en el juicio ejecutivo mercantil 492/2012 del índice de la autoridad responsable, a fin de continuar con el procedimiento de ejecución en el aludido juicio. En efecto, dentro de un procedimiento se dictan una serie de actos sucesivos, en donde cada uno tiene una esfera de influencia o de trascendencia respecto de los subsecuentes; influencia que, en ciertos casos, llega a ser determinante para todos los actos del procedimiento; sin embargo, en otras ocasiones, la influencia de un acto procesal no alcanza más que a un número reducido de actos. En este contexto, aquellos actos que gozan de autonomía frente a los anteriores pueden subsistir con independencia de que los precedentes sean ilegales, por lo cual se dice que éstos no son determinantes de aquéllos. Es precisamente en estos casos en donde resulta factible la actualización de la causa de improcedencia en comento, pues al existir autonomía entre la situación jurídica anterior y la actual, ningún sentido tiene pronunciarse respecto de la primera si incluso su abierta ilegalidad no produciría la inconstitucionalidad de la segunda. En el caso concreto, se considera que existe autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo y la nueva situación jurídica, dado que ha quedado superado el estado que guardaban los autos antes de la presentación del escrito inicial de demanda en razón de que dicha planilla ya fue resuelta. Por tanto, se concluye que en el caso, por lo que respecta al acto reclamado consistente en la sentencia interlocutoria de cuatro de marzo de dos mil veinte, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, por lo que debe sobreseerse en el juicio fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 63, fracción V, de la norma citada. En tales condiciones, al actualizarse de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, en relación con los diversos 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -aplicados en sentido contrario-, se desecha de plano la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en ..., por así solicitarlo expresamente. Por otra parte, en atención lo dispuesto en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se toma nota de la cuenta de correo electrónico ... así como el número de teléfono ... a fin de mejorar la comunicación -no procesal- con la parte quejosa. Exhorto para mejorar comunicación. Por otra parte, en atención lo dispuesto en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, a fin de mejorar la comunicación -no procesal- con las partes en el presente juicio de amparo y aminorar cualquier riesgo sanitario para ellos y el personal judicial, se les solicita que a la brevedad proporcionen a este juzgado un correo electrónico y un número telefónico, a través de los cuales se pueda establecer un canal de comunicación directa. Exhorto para seguir en juicio en línea. Igualmente de conformidad con lo dispuesto en el citado artículo 22 y el diverso 28 del referido Acuerdo General, y tomando en cuenta que la propagación del virus SARS-CoV-2 ha hecho necesario que la mayor parte de personal de los órganos jurisdiccionales trabaje remotamente y, por ende, que el eje rector para el desarrollo de las actividades jurisdiccionales se haga preferentemente a través de medios digitales, se exhorta a las partes para que, de ser posible, y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, manifiesten si es su deseo continuar con la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea". Cabe destacar que, para tal efecto, es menester que observen lo siguiente: Para acceder a los servicios que se presentan en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, es forzoso que las personas interesadas cuenten con firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación o bien, la firma electrónica o "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL") y se registren en el sistema. Para registrarse en el citado portal los usuarios deberán indicar su NOMBRE, CORREO ELECTRÓNICO, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES Y CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN, crear un nombre de usuario, una contraseña y vincular al registro su firma electrónica, el registro de cada usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra. La consulta del expediente electrónico depende de que la propia parte formule manifestaciones en ese sentido. En términos de lo dispuesto en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, para la solicitud de notificación electrónica se deberá realizar la manifestación expresa para que se les practiquen notificaciones de esa naturaleza, en virtud de que la sola presentación de promociones o recursos en forma electrónica, no implica solicitud ni autorización alguna para recibirlas de esta forma, pues para dicho efecto es necesario que las partes lo soliciten, según se desprende del artículo 15, inciso a), del Acuerdo General Conjunto 1/2013 y el diverso artículo 79 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 en alusión. Lo anterior, a fin de que se encuentren en aptitud de presentar promociones y recursos en forma electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, disponible en la página http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea. En el entendido que las solicitudes anteriores subsistirán hasta en tanto no sean atendidas. ............ Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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