Jesús Manuel Paez Pineda

Expediente 171/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 17 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
171/2023
Año
2023
Actuaciones
17
Última actuación
21/11/2023

Partes del expediente

  • Jesús Manuel Paez Pineda

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Incidental

    Así, de la confrontación de los efectos de la concesión del amparo y del cumplimiento dado por la responsable, se estima que la ejecutoria se encuentra cumplida en su totalidad. Es así, pues de la observación de los registros de audio y video remitidos por la autoridad responsable, licenciado Marco Antonio Rodríguez Lobato, Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con sede en congregación la Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, se advierte que en audiencia celebrada el veintisiete y veintiocho de septiembre del año en curso, dentro del proceso penal 291/2022, comparecieron la fiscal solicitante, los impetrantes y su defensores; que el referido juez de control dejó sin efecto la resolución de dieciséis de febrero de dos mil veintitrés, dictada en el citado proceso penal instruido en contra de Jesús Manuel Páez Pineda y Luis Enrique Solís Martínez, por su probable intervención en la comisión del delito contra la salud, en la modalidad de posesión simple de narcótico, cometido en agravio de la salud pública (minuto 6:58 del archivo 1 del disco versátil digital remitido en cumplimiento al amparo). Posteriormente, con plenitud de jurisdicción, dictó una nueva resolución, en la que ciñéndose a lo destacado en la sentencia amparadora, realizó un análisis con base en el que concluyó, en esencial, que de los datos de prueba expuestos por la fiscalía no se desprenden indicios razonables que permitan suponer que el hecho delictivo atribuido a los imputados encuadra en alguna conducta típica, por lo que, determinó tener por no acreditado el hecho que la ley señala como delito contra la salud, en la modalidad de posesión simple de narcótico, cometido en agravio de la salud pública, formulado por la fiscalía en su teoría del caso, pues al efecto -señaló el juez- está no logró acreditar las circunstancias de modo tiempo y lugar, como lo establecen los artículos 316 y 317, fracción III del Código Nacional de Procedimiento Penales. En consecuencia, el juez responsable determinó que no prosperó la acción penal que ejerció la fiscalía en contra de los investigados, y -agregó la autoridad- era su criterio convalidar en todas y cada una de sus partes los argumentos expuestos en vía de alegatos por la defensa, por lo que dictó auto de no vinculación a proceso a favor de Jesús Manuel Páez Pineda y Luis Enrique Solís Martínez. Luego, este órgano jurisdiccional considera que la responsable cumplió con los efectos precisados en el fallo protector. Por tanto, dado que la autoridad cumplió con los lineamientos fijados en la sentencia amparadora, se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce y disfrute del derecho violado; en consecuencia, se tiene por cumplida la ejecutoria en mención, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión, y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Se precisa que el presente asunto no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, por lo que se considera que no es de relevancia documental. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 17, fracción III, incisos a) y b), del citado Acuerdo General, se establece que el juicio principal y el original del incidente de suspensión son conservables y deberán transferirse al Archivo de Concentración, con apoyo de la Administración Regional correspondiente, una vez que transcurran tres años, contados a partir de la emisión del presente proveído. Toda vez que es innecesario seguir conservando disco de videograbación relativo al proceso penal 291/2022 que remitió el Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con sede en congregación la Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, como apoyo a fu informe justificado, devuélvase a su lugar de origen; solicítese el acuse de recibo correspondiente. Finalmente, agréguese a las actuaciones el escrito signado por Serafín Rafael López Osorio, autorizado en términos amplios de los quejosos Jesús Manuel Páez Pineda y Luis Enrique Solís Martínez; atento a su contenido, deberá estar a lo acordado en párrafos precedentes, en donde se tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el juicio de amparo en que se actúa. Notifíquese

  2. Principal

    Así, de la confrontación de los efectos de la concesión del amparo y del cumplimiento dado por la responsable, se estima que la ejecutoria se encuentra cumplida en su totalidad. Es así, pues de la observación de los registros de audio y video remitidos por la autoridad responsable, licenciado Marco Antonio Rodríguez Lobato, Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con sede en congregación la Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, se advierte que en audiencia celebrada el veintisiete y veintiocho de septiembre del año en curso, dentro del proceso penal 291/2022, comparecieron la fiscal solicitante, los impetrantes y su defensores; que el referido juez de control dejó sin efecto la resolución de dieciséis de febrero de dos mil veintitrés, dictada en el citado proceso penal instruido en contra de Jesús Manuel Páez Pineda y Luis Enrique Solís Martínez, por su probable intervención en la comisión del delito contra la salud, en la modalidad de posesión simple de narcótico, cometido en agravio de la salud pública (minuto 6:58 del archivo 1 del disco versátil digital remitido en cumplimiento al amparo). Posteriormente, con plenitud de jurisdicción, dictó una nueva resolución, en la que ciñéndose a lo destacado en la sentencia amparadora, realizó un análisis con base en el que concluyó, en esencial, que de los datos de prueba expuestos por la fiscalía no se desprenden indicios razonables que permitan suponer que el hecho delictivo atribuido a los imputados encuadra en alguna conducta típica, por lo que, determinó tener por no acreditado el hecho que la ley señala como delito contra la salud, en la modalidad de posesión simple de narcótico, cometido en agravio de la salud pública, formulado por la fiscalía en su teoría del caso, pues al efecto -señaló el juez- está no logró acreditar las circunstancias de modo tiempo y lugar, como lo establecen los artículos 316 y 317, fracción III del Código Nacional de Procedimiento Penales. En consecuencia, el juez responsable determinó que no prosperó la acción penal que ejerció la fiscalía en contra de los investigados, y -agregó la autoridad- era su criterio convalidar en todas y cada una de sus partes los argumentos expuestos en vía de alegatos por la defensa, por lo que dictó auto de no vinculación a proceso a favor de Jesús Manuel Páez Pineda y Luis Enrique Solís Martínez. Luego, este órgano jurisdiccional considera que la responsable cumplió con los efectos precisados en el fallo protector. Por tanto, dado que la autoridad cumplió con los lineamientos fijados en la sentencia amparadora, se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce y disfrute del derecho violado; en consecuencia, se tiene por cumplida la ejecutoria en mención, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión, y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Se precisa que el presente asunto no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, por lo que se considera que no es de relevancia documental. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 17, fracción III, incisos a) y b), del citado Acuerdo General, se establece que el juicio principal y el original del incidente de suspensión son conservables y deberán transferirse al Archivo de Concentración, con apoyo de la Administración Regional correspondiente, una vez que transcurran tres años, contados a partir de la emisión del presente proveído. Toda vez que es innecesario seguir conservando disco de videograbación relativo al proceso penal 291/2022 que remitió el Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con sede en congregación la Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, como apoyo a fu informe justificado, devuélvase a su lugar de origen; solicítese el acuse de recibo correspondiente. Finalmente, agréguese a las actuaciones el escrito signado por Serafín Rafael López Osorio, autorizado en términos amplios de los quejosos Jesús Manuel Páez Pineda y Luis Enrique Solís Martínez; atento a su contenido, deberá estar a lo acordado en párrafos precedentes, en donde se tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el juicio de amparo en que se actúa. Notifíquese

  3. Principal

    Córdoba, Veracruz, once de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a sus autos sin mayor proveído el oficio signado por el licenciado Marco Antonio Rodríguez Lobato, Juez comisionado al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Decimocuarto Judicial de Córdoba, Veracruz, mediante el cual remite copia autenticada de la resolución dictada el veintisiete de septiembre del actual en los autos del proceso penal 291/2022; toda vez que mediante proveído de dos de octubre del año en curso, se dio vista a las partes, con el disco de audio y video que contiene la audiencia y resolución emitida en cumplimiento a la sentencia dictada en el presente asunto. Cúmplase.

  4. Principal

    Córdoba, Veracruz, dos de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a sus autos el oficio signado por la licenciada Verónica Portilla Sauzo, Jueza de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Decimoquinto Circuito Judicial, con sede Congregación La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, mediante el cual remite un disco de audio y video relativo a la audiencia celebrada en autos del proceso penal 291/2022, por su homologo licenciado Marco Antonio Rodríguez Lobato; lo anterior, en cumplimiento a la sentencia dictada en el presente asunto. Guárdese el disco que remite la autoridad oficiante a efecto de evitar su deterioro. En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 196 de la Ley de Amparo, con el oficio y anexo descritos en el párrafo que antecede; dese vista a las partes, por el plazo de tres días, computado legalmente, para que manifiesten lo que a su interés convenga; apercibidas, que de no hacerlo este Juzgado proveerá lo que en derecho corresponda respecto del cumplimiento del fallo protector. Notifíquese.

Quedan 13 actuaciones en este expediente

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