Jesús Josué Riquelme Pacheco

Expediente 601/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 31 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
601/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
31/07/2023

Partes del expediente

  • Jesús Josué Riquelme Pacheco

Actuaciones

  1. Principal

    Córdoba, Veracruz, treinta y uno de julio de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el auto de tres de julio de dos mil veintitrés, mediante el cual se desechó la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2o. de la Ley invocada, en relación con el 356 Fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado estado dicho auto para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Se precisa que el presente asunto no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, por lo que se considera que no es de relevancia documental. Por tanto, una vez que transcurran tres años contados a partir de esta data, el presente expediente deberá ser destruido, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 20, fracción IV, del citado Acuerdo General, pues en el presente asunto se desechó la demanda de amparo intentada. Notifíquese.

  2. Principal

    Así, de la confrontación de los efectos de la concesión del amparo y del cumplimiento dado por las responsables, se estima que la ejecutoria SE ENCUENTRA CUMPLIDA en su totalidad, sin excesos ni defectos. Es así, pues de la observación del registro de audio y video remitido por la autoridad responsable, 1. licenciado Marco Antonio Rodríguez Lobato, Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, del Décimo Cuarto Distrito Judicial de Córdoba, Veracruz, se advierte que en audiencia celebrada el veintiuno de junio de dos mil veintitrés, dentro del proceso penal 138/2020, comparecieron la fiscal solicitante, el impetrante y sus defensores, no así la víctima, sin embargo, la misma fue representada por la fiscal; asimismo, que el juez de control dejó sin efecto las resoluciones de cuatro de agosto de dos mil veintidós, y veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, dictadas en el citado proceso penal de mérito, instruido en contra de **************, por su probable intervención en la comisión del delito de lesiones dolosas calificadas (minuto 38:50 del disco versátil digital C1802023-2). En esa misma audiencia, en cumplimiento a la sentencia de amparo, el juez de control dictó resolución en la que, ciñéndose únicamente a las dos circunstancias precisadas en la ejecutoria de amparo, en las que la fiscalía sustentó su solicitud de prórroga de prisión preventiva oficiosa, determinó, en esencia, que dicha representación social no satisfizo la carga que le correspondía de demostrar la necesidad de que el imputado continuara sujeto a la referida medida cautelar, por lo que ordenó su modificación a la prevista en la fracción XIII, del artículo 153, del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto es, estableció que el imputado José Margarito Reyes Méndez, debía seguir el proceso penal de origen resguardado en su domicilio, así como que la vigencia de esta nueva medida sería por el lapso de dos años, contado a partir del veintitrés de agosto de dos mil veintidós; en consonancia con ello, dictó los resolutivos siguientes (...) Luego, este órgano jurisdiccional considera que el juez de control responsable cumplió con los efectos precisados en el fallo protector. Por tanto, dado que la autoridad cumplió con los lineamientos fijados en la sentencia amparadora, se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce y disfrute del derecho violado; en consecuencia, se tiene por cumplida la ejecutoria en mención, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo. No pasa inadvertido lo manifestado por el quejoso, en el sentido de que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida en sus términos, dado que, refiere, el juez responsable sigue sin purgar los vicios formales, ya que determinó variar la prisión preventiva oficiosa por la fracción XIII del artículo 155, consistente en prisión domiciliaria por el término de dos años, sin haber sido solicitado por la Fiscalía, además, de que indica que no precisó cuál era la fundamentación y motivación para modificar dicha medida, y que tampoco mencionó cuáles eran los medios o datos de prueba que tomó en consideración; asimismo, que dicho Juez sigue sin atender lo solicitado por la defensa en relación a su solicitud de que se impusiera al impetrante la medida cautelar de presentación periódica. Sin embargo, dichos argumentos deben desestimarse, toda vez que resultan ser una cuestión ajena a los lineamientos trazados en el fallo protector, dado que en éste sólo se indicó que, el Juez, al resolver sobre la solicitud realizada por la fiscal, debía partir de la base de que la fiscalía fundó la solicitud de prórroga de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, únicamente en dos circunstancias, a saber: que la medida cautelar estaba próxima a vencer, y aún se encontraban pendientes de agotar las etapas intermedia y de juicio, y de resolver un amparo en revisión (sin precisar contra qué acto o resolución); asimismo, que de considerar procedente la solicitud de prórroga de la representación social, debía contestar la totalidad de los argumentos de la defensa; lo que en el caso aconteció Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Se precisa que el presente asunto no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, por lo que se considera que no es de relevancia documental. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 17, fracción III, incisos a) y b), del citado Acuerdo General, se establece que el juicio principal y el original del incidente de suspensión son conservables y deberán transferirse al Archivo de Concentración, con apoyo de la Administración Regional correspondiente, una vez que transcurran tres años, contados a partir de la emisión del presente proveído. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19, fracción II, inciso a), del citado Acuerdo General, se establece que una vez transcurridos seis meses deberá ser destruido, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Por otra parte, toda vez que es innecesario seguir conservando los discos de videograbación relativos al proceso penal 138/2020 que remitiera la autoridad responsable, licenciado Marco Antonio Rodríguez Lobato, Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, del Décimo Cuarto Distrito Judicial de Córdoba, Veracruz, con sede en Congregación La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, en apoyo a su informe justificado; en consecuencia, devuélvanse a su lugar de origen, solicitándole el acuse de recibo respectivo. Notifíquese.

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