Jesus Rafael Acevedo Aburto

Expediente 610/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 28 actuaciones registradas, la última del 27 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
610/2020
Año
2020
Actuaciones
28
Última actuación
27/10/2021

Partes del expediente

  • Jesus Rafael Acevedo Aburto

Actuaciones

Las 4 más recientes de 28.

  1. Principal

    Córdoba, Veracruz, veintisiete de octubre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la sentencia dictada el cuatro de octubre de dos mil veintiuno, en la que SE SOBRESEYÓ EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO; por tanto, con fundamento en el artículo 2º, de la Ley de Amparo, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales a que haya lugar. Sin que haya necesidad de esperar que las autoridades responsables se encuentre debidamente notificadas o que les transcurra el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo; en razón de que carecen de legitimación para interponer recurso de revisión, ello de acuerdo con lo establecido en el artículo 87 de la Ley de Amparo, toda vez que su sentido no le causa agravio. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número 474, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 315, Tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice 1995, del tenor literal siguiente: "REVISIÓN IMPROCEDENTE. Es improcedente el recurso de revisión interpuesto por la autoridad responsable cuando el fallo del juez de Distrito le ha sido favorable y no afecta los actos de ellas reclamados, según lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley de Amparo". Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. Se establece que el juicio principal no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que no se considera de relevancia documental. En ese tenor, el juicio principal es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez que hayan transcurrido tres años, contados a partir de la emisión de este auto, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho Acuerdo General, al haberse SOBRESEÍDO EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. En cuanto al cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de DESTRUCCIÓN una vez transcurridos tres años, de conformidad con lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso c), de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión SE NEGÓ LA MEDIDA CAUTELAR SOLICITADA. Por lo que respecta al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de DESTRUCCIÓN, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Finalmente, resulta innecesario conservar las constancias remitidas por el 1. Fiscal en la Agencia del Ministerio Público Investigador de Orizaba, Veracruz, encargada del despacho de la Agencia Primera Investigadora de Córdoba, Veracruz, derivadas del expedientillo . relativo a la investigación ministerial ., con las que se ordenó un tomo de pruebas; por tanto, se ordena devolverlas a su lugar de origen.

  2. Incidental

    Córdoba, Veracruz, veintisiete de octubre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la sentencia dictada el cuatro de octubre de dos mil veintiuno, en la que SE SOBRESEYÓ EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO; por tanto, con fundamento en el artículo 2º, de la Ley de Amparo, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales a que haya lugar. Sin que haya necesidad de esperar que las autoridades responsables se encuentre debidamente notificadas o que les transcurra el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo; en razón de que carecen de legitimación para interponer recurso de revisión, ello de acuerdo con lo establecido en el artículo 87 de la Ley de Amparo, toda vez que su sentido no le causa agravio. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número 474, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 315, Tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice 1995, del tenor literal siguiente: "REVISIÓN IMPROCEDENTE. Es improcedente el recurso de revisión interpuesto por la autoridad responsable cuando el fallo del juez de Distrito le ha sido favorable y no afecta los actos de ellas reclamados, según lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley de Amparo". Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. Se establece que el juicio principal no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que no se considera de relevancia documental. En ese tenor, el juicio principal es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez que hayan transcurrido tres años, contados a partir de la emisión de este auto, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho Acuerdo General, al haberse SOBRESEÍDO EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. En cuanto al cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de DESTRUCCIÓN una vez transcurridos tres años, de conformidad con lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso c), de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión SE NEGÓ LA MEDIDA CAUTELAR SOLICITADA. Por lo que respecta al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de DESTRUCCIÓN, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Finalmente, resulta innecesario conservar las constancias remitidas por el 1. Fiscal en la Agencia del Ministerio Público Investigador de Orizaba, Veracruz, encargada del despacho de la Agencia Primera Investigadora de Córdoba, Veracruz, derivadas del expedientillo . relativo a la investigación ministerial ., con las que se ordenó un tomo de pruebas; por tanto, se ordena devolverlas a su lugar de origen.

  3. Principal

    En Córdoba, Veracruz, a las diez horas con cuarenta minutos del cuatro de octubre de dos mil veintiuno, hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo 610/2020 promovido por .., con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, .. Enseguida, la Secretaria hace constar y certifica que ha transcurrido el plazo de quince días otorgado a la parte quejosa el tres de agosto del año en curso, para que manifestara si ampliaba su demanda de amparo para señalar como acto reclamado la resolución de siete de octubre de dos mil veinte, dictada en el toca ., en la que se revocó la determinación de no ejercicio de la acción penal, decretada en la investigación ministerial ., por la Fiscal Auxiliar del Fiscal Regional Zona Centro Xalapa, comisionada en la Agencias Primera, Segunda, Tercera, Cuarta, Quinta y Séptima Investigadoras y Foráneas; y como autoridad responsable a la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz. Que el trece de agosto de dos mil veintiuno, la parte quejosa intentó desahogar el requerimiento formulado; sin embargo, no se tuvo desahogo en los términos indicados, toda vez que sólo indicó que ampliaba su demanda de amparo respecto de la autoridad señalada como Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz; empero, no precisó si también respecto del acto reclamado indicado; por lo que el término concedido se interrumpió por una sola vez; de ahí que el plazo de quince días concedido transcurrió del veintisiete de agosto al veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno; sin contar los días veintiocho y veintinueve de agosto, así como cuatro, cinco, once, doce, catorce, dieciséis, dieciocho y diecinueve del mes pasado, por ser inhábiles en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo; además el quince de septiembre, al haberse declarado no laborable en los órganos que integran el Poder Judicial de la Federación, de conformidad con la Circular 9/2021, de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, signada por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. A lo anterior la Jueza acuerda: Vista la certificación de cuenta, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el proveído de tres de agosto del año en curso; por lo que el trámite del presente expediente se continúa únicamente respecto del acto reclamado y las autoridades señaladas inicialmente en el escrito de demanda de amparo. Acto continuo, la Secretaria relaciona las constancias que obran en el expediente: Demanda de amparo formulada por ..; informes justificados rendidos por la 1. Fiscal en la Agencia del Ministerio Público Investigador de Orizaba, Veracruz, encargada del despacho de la Agencia Primera Investigadora de Córdoba, Veracruz, y el 2. Fiscal Auxiliar del Fiscal Regional de la Zona Centro Xalapa, con sede en Xalapa, Veracruz, y las constancias que remitieron como apoyo a sus informes. Por otra parte, la Secretaria hace constar que el dieciséis de junio de dos mil veintiuno, se tuvo por emplazado al tercero interesado, .. Acto seguido, la Jueza acuerda: Se tiene por hecha la relación de constancias que antecede. Abierto el periodo probatorio: La Secretaria da cuenta con las pruebas exhibidas por las autoridades responsables, las que fueron relacionadas mediante proveídos de diecisiete de diciembre de dos mil veinte y siete de abril de dos mil veintiuno. A lo que la Jueza acuerda: Con fundamento en el artículo 123 de la Ley de Amparo, se tienen por desahogadas las pruebas, dada su propia y especial naturaleza; luego, al no haber más pruebas que relacionar, se da por concluida esta etapa. Abierto el período de alegatos: La Secretaria hace constar que el uno de julio de dos mil veintiuno, se tuvo al tercero interesado formulando manifestaciones a título de alegatos; y que las demás partes no hicieron uso de este derecho. A lo anterior la Jueza acuerda: Se tienen por formulados los alegatos del tercero interesado, para los fines legales procedentes; luego, al no haber más alegatos que relacionar, se da por concluido este periodo procesal. Con lo anterior concluyen las dos primeras etapas de la presente audiencia constitucional; se levanta esta acta para constancia y se procede a dictar sentencia; y, Vistos, para dictar sentencia en los autos del juicio de amparo 610/2020, promovido por ., contra actos de la Fiscal de la Agencia del Ministerio Público Investigador del Distrito Judicial XV, con sede en Orizaba, Veracruz, encargada del despacho de la Fiscalía Primera de Córdoba, Veracruz, y otra autoridad, que consideró violatorios en perjuicio de sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 14, 16, 17 y 20, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el treinta de noviembre de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, . acudió a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la Fiscal de la Agencia del Ministerio Público Investigador del Distrito Judicial XV, con sede en Orizaba, Veracruz, encargada del despacho de la Fiscalía Primera de Córdoba, Veracruz, y otra autoridad, teniéndose como acto reclamado el siguiente: - La omisión de determinar su situación jurídica dentro de la investigación ministerial . instruida en su contra, como probable responsable del delito de fraude; y como consecuencia, la omisión de decretar el archivo de la indagatoria. SEGUNDO. Admisión y trámite de la demanda de amparo. Por auto de dos de diciembre de dos mil veinte, este Juzgado de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, al que correspondió el conocimiento del presente asunto, admitió la demanda de amparo, solicitó informes con justificación, dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete, y citó a las partes a la audiencia constitucional. TERCERO. Emplazamiento del tercero interesado. El dieciséis de junio de dos mil veintiuno se tuvo por emplazado al tercero interesado, . CUARTO. Prevención a la parte quejosa para ampliar su demanda de amparo por lo que respecta a nuevos actos reclamados. El tres de agosto del año en curso, se requirió al quejoso para que dentro del término de quince días manifestara si ampliaba su demanda de amparo para señalar como acto reclamado la resolución de siete de octubre de dos mil veinte, dictada en el toca ., en la que se determinó revocar la determinación del no ejercicio de la acción penal; y como autoridad responsable a la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz; con el apercibimiento que de no hacerlo se continuaría con el trámite de la presente vía constitucional, únicamente respecto del acto reclamado y las autoridades señaladas inicialmente en su escrito de demanda de amparo. La parte quejosa no desahogó en sus términos el requerimiento formulado, por tanto, en esta fecha se hizo efectivo el apercibimiento referido, y se tuvo únicamente como acto reclamado y autoridades responsables las señaladas inicialmente en su escrito de demanda. QUINTO. Celebración de la audiencia constitucional. Se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede, y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 33, 35, 37, 107 y 108, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, debido a que se reclama un acto que no requiere ejecución material, por lo cual la competencia se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se presentó la demanda, en términos del último párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Previo a determinar la existencia o no del acto reclamado en esta vía constitucional, se estima necesario precisarlo, esto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo; y de la lectura integral de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama:  La omisión de determinar la situación jurídica del quejoso dentro de la investigación ministerial . del índice de la Fiscalía Auxiliar del Fiscal Regional Zona Centro Xalapa, comisionada en la Agencias Primera, Segunda, Tercera, Cuarta, Quinta y Séptima Investigadoras y Foráneas, instruida en su contra, como probable responsable del delito de fraude; y como consecuencia, la omisión de decretar el archivo de la indagatoria. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. No es cierto el acto reclamado del 1. Fiscal en la Agencia del Ministerio Público Investigador de Orizaba, Veracruz, encargada del despacho de la Agencia Primera Investigadora de Córdoba, Veracruz, y del 2. Fiscal Auxiliar del Fiscal Regional de la Zona Centro Xalapa, con sede en Xalapa, Veracruz, así lo manifestaron en sus informes justificados. A efecto de determinar la inexistencia del acto reclamado, se toma en consideración que el 1. Fiscal en la Agencia del Ministerio Público Investigador de Orizaba, Veracruz, encargada del despacho de la Agencia Primera Investigadora de Córdoba, Veracruz, únicamente actuó como coadyuvante de su homólogo en la ciudad de Xalapa, Veracruz, quien es el encargado de integrar la investigación ministerial de origen; por tanto, aquél no estaba en aptitud legal de emitir la determinación correspondiente. De ahí que el acto que se atribuye al primero resulta inexistente. En cuanto al acto reclamado del 2. Fiscal Auxiliar del Fiscal Regional de la Zona Centro Xalapa, con sede en Xalapa, Veracruz, cabe destacar que de las copias certificadas relativas a la investigación ministerial . se advierte lo siguiente: a) Mediante escrito de tres de noviembre de dos mil cinco, ., como apoderado legal de ., presentó denuncia en contra de ., y otros, como probables responsables de hechos que pudieran ser constitutivos de delito; la cual fue radicada ante la entonces Agencia Primera del Ministerio Público Investigador de Xalapa, Veracruz, con el número de investigación ministerial . b) El treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, la Fiscal Auxiliar del Fiscal Regional Zona Centro Xalapa, comisionada en la Agencias Primera, Segunda, Tercera, Cuarta, Quinta y Séptima Investigadoras y Foráneas, determinó el no ejercicio de la acción penal por los hechos denunciados por ., al estimar que no eran constitutivos de delito. c) Inconforme con dicha determinación, el denunciante, . interpuso recurso de queja, del cual tocó conocer a la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, la cual lo radicó con el número de toca . d) Por resolución de siete de octubre de dos mil veinte, la Sala Constitucional determinó revocar la determinación impugnada del no ejercicio de la acción penal, para efecto de continuar con la práctica de diversas diligencias a fin de lograr el esclarecimiento de los hechos denunciados. Documentales que cuentan con valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2, al haber sido expedidas por un funcionario público en ejercicio de sus funciones. De lo anteriormente expuesto, se advierte que la 2. Fiscal Auxiliar del Fiscal Regional de la Zona Centro Xalapa, con sede en Xalapa, Veracruz, ya había emitido la determinación correspondiente en la indagatoria de origen; sin embargo, en cumplimiento a lo ordenado por la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz reaperturó la investigación a efecto de realizar diversas actuaciones para integrarla; por tanto, si la responsable está constreñida por un tribunal de alzada para seguir con la investigación ministerial, es por ello que no estaba en posibilidad de actuar de conformidad con las pretensiones del peticionario de amparo; por lo que la omisión que se atribuye a dicha autoridad también resulta inexistente. En tales condiciones, ante la inexistencia del acto reclamado, con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala, consultable en la página 926, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro 59, tomo I, Décima Época, de rubro y texto: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos". No escapa a la atención de quien resuelve, los alegatos formulados por el tercero interesado, sin embargo, resulta innecesario su análisis, pues en nada variaría el sentido adoptado en el presente fallo; además de que, según criterio obligatorio definido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no existe obligación de entrar al estudio de los razonamientos expresados por las partes en vía de alegatos. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 27/94, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 14, tomo 80, correspondiente al mes de agosto de mil novecientos noventa y cuatro, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO". CUARTO. Forma de publicación de la sentencia. Cabe precisar que por auto de dos diciembre de dos mil veinte, se hizo del conocimiento de las partes que para permitir el acceso a información confidencial, se requería de su consentimiento, por tanto, de no hacer manifestación alguna al respecto hasta antes de dictarse sentencia, se tendrían por inconformes con la divulgación de dicha información. Ahora bien, de autos se advierte que ninguna de las partes realizó manifestación alguna en relación al acceso a la información confidencial, por lo que de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, y al no existir manifestación alguna de las partes en ese sentido, se tienen por inconformes en la divulgación de dicha información. Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además en los artículos 73 a 75, 123 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ., contra el acto reclamado del 1. Fiscal en la Agencia del Ministerio Público Investigador de Orizaba, Veracruz, encargada del despacho de la Agencia Primera Investigadora de Córdoba, Veracruz, y el 2. Fiscal Auxiliar del Fiscal Regional de la Zona Centro Xalapa, con sede en Xalapa, Veracruz, por los motivos que se exponen en el considerando tercero de esta resolución. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo.

  4. Principal

    Córdoba, Veracruz, tres de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguese a sus autos el escrito firmado por. autorizado en términos amplios del tercero interesado. atento a su contenido, como lo solicita, se autoriza el acceso y consulta del juicio de amparo 610/2020, de conformidad con el artículo 3°, sexto párrafo, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales artículos 9, 35, 36 y 37 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Lo anterior, en razón que cuenta con nombre de usuario. por lo que se presume que ya dio cumplimiento con lo señalado en el cartel publicitario Consulta de Expediente Electrónico, emitido por la Dirección General de Estadística Judicial, y que llevó a cabo los pasos y requisitos precisados en la dirección Electrónica. En consecuencia, se instruye a la Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. adscrita a este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo la habilitación correspondiente en el expediente electrónico relativo al presente asunto.

Quedan 24 actuaciones en este expediente

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