Jesus Martinez Mendez
Expediente 1395/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 9 actuaciones registradas, la última del 10 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1395/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 10/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Jesus Martinez Mendez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Morelia, Michoacán, diez de abril de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia por la que se sobreseyó en el juicio, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Por otra parte, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de depurarse, ya que se concedió la medida cautelar solicitada. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el original del incidente y transfiérase éste a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, contado a partir de esta propia fecha. Notifíquese por lista y mediante oficio las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
En Morelia, Michoacán, a las once horas con cincuenta minutos del trece de marzo de dos mil veintitrés, el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Isela Estefania Bueno Gallegos, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 1395/2022, sin la comparecencia de las partes. Enseguida la secretaria da cuenta al juez, con la totalidad de constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia; asimismo, la secretaria da cuenta al juez con el pedimento registrado bajo el número 3779, signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado. El juez provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes; en relación con el pedimento ministerial de cuenta, provéase lo conducente en la etapa correspondiente. Abierto el periodo probatorio, la secretaria da cuenta con la documental que anexó a su informe justificado el Agente del Ministerio Público Litigante de la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos de Violencia Familiar y de Género, con residencia en esta ciudad y hace constar que no existen más medios de prueba pendientes por admitir o desahogar. Al respecto, el juez acuerda: Con apoyo en los artículos 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, las probanzas descritas. Por otro lado, dado que no hay más medios de prueba pendientes por admitir ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, la secretaria da cuenta con el pedimento ministerial presentado por la fiscal de la adscripción y hace constar que las demás partes no formularon alegatos. El relación con lo anterior el juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene a la Representación Social de la adscripción formulando sus alegatos y a las demás partes se les declara precluido el derecho para hacerlo. Una vez cerrado el periodo de alegatos, se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda; y, RESULTANDO: Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintiocho de noviembre de dos mil veintidós en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad (foja 4), Jesús Martínez Méndez, demandó en la vía indirecta, el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Morelia, que estimó violatorios de los derechos tuteladas en los artículos 1°, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 7.5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Segundo. Turno inicial y planteamiento de returno. Por razón de turno, inicialmente correspondió conocer de la demanda al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien mediante proveído de veintinueve de noviembre del año pasado (foja 16) ordenó su registro con el número 1321/2022 y la admitió a trámite. Posteriormente, mediante auto de catorce de diciembre pasado (foja 235) el titular del órgano jurisdiccional homólogo planteó el returno del asunto a este juzgado, al estimar actualizado el supuesto previsto en el artículo 46, fracciones II y IV del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -conocimiento previo- atendiendo a que este juzgado conoció del diverso juicio de amparo 908/2022, en el que también se reclamaron actos derivados del cuaderno de antecedentes 124/2022, NUC 1003-2021-45584, del índice del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Morelia. Tercero. Avocamiento de este juzgado al presente juicio de amparo. En razón de lo expuesto, mediante auto veintidós de diciembre de la anualidad pasada (foja 241) este órgano de control constitucional se avocó al conocimiento del asunto, ordenó su registro con el número 1395/2022, otorgó a la Representación Social de la adscripción la intervención legal correspondiente, fijó fecha para la audiencia constitucional y ordenó dar vista a las partes con los informes justificados de las autoridades responsables siguientes: 1. Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Morelia; 2. Directora de Mandamientos Judiciales de la Fiscalía General del Estado de Michoacán; 3. Agente del Ministerio Público Litigante de la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos de Violencia Familiar y de Género; 4. Fiscal Especializada para la Atención de Delitos de Violencia Familiar y de Género; 5. Directora de Litigación de la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos de Violencia Familiar y Género; 6. Director de la Policía de Investigación de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Violencia Familiar y de Género; 7. Coordinador General de la Policía de Investigación; y, 8. Encargado de la Unidad de Aprehensiones de la Dirección de Mandamientos Judiciales. De la misma forma, en esa determinación se tuvo por inexistente la autoridad que el quejoso señaló con la denominación de Agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada para la Atención en Delitos de Violencia Familiar o Género, razón por la que se ordenó suspender toda comunicación con la misma. Asimismo, en ese auto de avocamiento se reconoció el carácter de terceros interesados a: *Lorenza Méndez Gutiérrez, en su calidad de víctima directa del delito; *Eduardo Agustín Gutiérrez Palacios y Claudia Erika Guerrero González, en cuanto Agentes del Ministerio Público de litigación que solicitaron la audiencia inicial en el cuaderno de antecedentes 124/2022; y, *Ismael López Hernández, asesor jurídico público de la Comisión de Víctimas. Por ello, se convalidó el emplazamiento realizado a dichos terceros por el Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán y sólo se ordenó notificarles el auto de avocamiento. Luego, el veintisiete de enero del año en curso (foja 255), atendiendo a que la quejosa es una persona de edad avanzada porque en la actualidad tiene noventa y cinco años, a fin de garantizar que cuente con una representación adecuada en el expediente de origen, se requirió al Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Morelia, para que dentro del término de tres días informara los datos de la persona que funge como su representante, tutor o curador dentro del cuaderno de antecedentes 124/2022, de su índice. Como consecuencia de lo anterior, el tres de febrero de este año (foja 266) se tuvo al juez responsable informando que dentro de la causa penal de la que deriva el acto reclamado, designó como representante victimal de la tercera interesada a Rubén Darío Piñón Martínez, licenciado adscrito a la Procuraduría de la Defensa y Representación del Adulto Mayor del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Michoacana. Finalmente, a las once horas con cincuenta minutos de esta fecha se verificó la celebración de la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede, por lo que ahora se procede a dictar sentencia en los términos siguientes: CONSIDERANDOS: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, 49 y 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, dado que el acto reclamado se atribuye a autoridades jurisdiccionales y administrativas que residen en el lugar en el que este juzgado ejerce jurisdicción y dentro del cual se pretende ejecutar. Segundo. Fijación del acto reclamado. Conforme a lo establecido por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, lo procedente es fijar el acto reclamado. Al respecto resulta aplicable la tesis aislada P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente contenido y rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el citado precepto legal, con el criterio mencionado y atendiendo además el contenido de las constancias que obran en autos, el acto reclamado por la parte quejosa es: La orden de aprehensión, comparecencia, arresto, localización, presentación y/o citación dicta en contra del quejoso y su ejecución material. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, P./J. 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente rubro y contenido: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Tercero. Inexistencia del acto reclamado. No es cierto el acto reclamado a las autoridades que se insertan en el siguiente cuadro, de acuerdo a su informe justificado que obra en las fojas que ahí se anotan: AUTORIDAD INFORME 1. Directora de Mandamientos Judiciales de la Fiscalía General del Estado de Michoacán; 24 2. Fiscal Especializada para la Atención de Delitos de Violencia Familiar y de Género; y, 195 3. Directora de Litigación de la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos de Violencia Familiar y Género. 234 Lo anterior, porque así lo manifestaron al rendir sus informes justificados, con los cuales se les dio vista a las partes para que se impusieran de su contenido; pese a ello, el promovente del amparo no aportó probanza alguna tendente a desvirtuar la negativa de las autoridades responsables de referencia, a pesar que en términos del artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo de conformidad con su numeral 2°, era su obligación. Es aplicable a lo anterior, la tesis VI.2o.A.4 K emitida por Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en la página 903 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Febrero de 2002, Materia Común, Novena Época, registro 187728, de rubro y texto: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." Se justifica lo señalado, porque además que la existencia del acto reclamado a las autoridades indicadas, fue negada de forma lisa y llana, dichas aseveraciones tampoco generaron motivo alguno para que en suplencia de la queja deficiente este juzgador conminara a tales autoridades a probar su dicho, en este caso, la negativa del acto a ellas atribuido, porque la naturaleza de su aseveración las liberó de la carga probatoria y la trasladó al inconforme, quien afirmó la transgresión a sus derechos, a partir de la actuación de esos entes de gobierno, por eso a ésta correspondía la acreditación de sus argumentos. De la misma, debe considerarse inexistente el acto reclamado a las autoridades que se insertan en el siguiente cuadro, de acuerdo a su informe justificado que obra en las fojas que ahí se anotan: AUTORIDAD INFORME 1. Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Morelia; 203 2. Director de la Policía de Investigación de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Violencia Familiar y de Género; 22 3. Agente del Ministerio Público Litigante de la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos de Violencia Familiar y de Género; 28 4. Coordinador General de la Policía de Investigación; y, 200 5. Encargado de la Unidad de Aprehensiones de la Dirección de Mandamientos Judiciales. 198 Lo anterior, pese que al rendir los informes justificados dichas responsables hayan manifestado cierto el acto que se les atribuye; sin embargo, procede desvirtuar dicha certeza, en atención a que en la fecha de presentación de la demanda, no existía orden de aprehensión, comparecencia, arresto, localización, presentación y/o citación dicta en contra del quejoso. Se dice lo anterior, ya que al rendir su informe justificado el juez de control responsable señaló que en el tribunal a su cargo se encuentra registrado el cuaderno de antecedentes 124/2022, iniciado al quejoso Jesús Martínez Méndez, por el delito de omisión de cuidado, en detrimento de la tercera interesada Lorenza Méndez Gutiérrez, en el que en audiencia privada de treinta de noviembre de dos mil veintidós, esto es, después de la presentación de la demanda que aconteció el veintiocho de noviembre del mismo año, autorizó orden de comparecencia en contra del quejoso, para el único efecto de que fuera presentado en calidad de libre, a las nueve horas del veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, a efecto de celebrar la audiencia de formulación de imputación; lo que así aconteció, porque el quejoso incumplió con su deber de presentarse voluntariamente a pesar que fue citado a la misma. En ese orden de ideas, dado que la existencia de los actos de carácter positivo, debe analizarse de acuerdo con la fecha en que se presentó la demanda de amparo, ya que el juicio de amparo procede contra actos existentes y concretos, no probables o eventuales, se impone considerar inexistente el acto reclamado, porque en la fecha de presentación de la demanda no se había emitido aun la orden de citación en contra del quejoso, que manifestaron cierta las autoridades responsables. Se cita como apoyo la jurisprudencia 1a./J. 36/98 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 196072, que dispone: "ACTO RECLAMADO DE CARÁCTER POSITIVO. SU EXISTENCIA DEBE ANALIZARSE DE ACUERDO CON LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, AUN EN EL CASO DE ÓRDENES DE APREHENSIÓN. Cuando se trata de actos de carácter positivo, su existencia debe analizarse de acuerdo con la fecha en que se presentó la demanda de amparo, aun en la hipótesis de que se trata de orden de aprehensión, porque el juicio de garantías procede contra actos existentes y concretos, no probables o eventuales, conclusión que se obtiene de una debida intelección de los artículos 1o., fracción I, 74, fracción IV y 78 de la Ley de Amparo, en virtud de que dichos preceptos no atienden a la materia en que se haya originado el acto, ni tampoco a la naturaleza y características de éste, de manera que si la orden de aprehensión se gira con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo debe sobreseerse por inexistencia del acto reclamado." Por lo anterior, ante la inexistencia del acto reclamado a las autoridades responsables, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de amparo. Resulta aplicable la jurisprudencia 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 181, del Semanario Judicial de la Federación, Volumen XLIII, Primera Parte, Materia Común Sexta Época, registro 804176, que establece: "INFORME JUSTIFICADO NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Cuarto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Carta Magna; 37, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se resuelve: Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Jesús Martínez Méndez, por su propio derecho, contra el acto reclamado a las autoridades y actos que quedaron señalados en el considerando segundo de esta sentencia, por los motivos expuestos en el cuarto considerando del propio fallo. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en su considerando último. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Isela Estefania Bueno Gallegos, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintidós de febrero de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio suscrito por el Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, mediante el cual solicita hacer disponible el expediente electrónico del presente juicio de amparo. En consecuencia, se ordena habilitar o hacer disponible el presente expediente electrónico ********************, y vincularlo con el juicio de amparo ********************, del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. Comuníquese al Juez símil que se habilitará el expediente electrónico para que desde aquel órgano jurisdiccional consulten el presente juicio de amparo. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad respectiva. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veinte de febrero de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, agréguese para que obre como corresponda el oficio suscrito por el Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, por el cual, informa que efectuó la compensación de cargas en el sistema de turno relativo al juicio de amparo en que se actúa, quedando asentada en dicho sistema con el número 20220869034200349 rubro de demanda de amparo y contabilizada a favor de este juzgado, lo que acredita con la papeleta de turno que anexa al ocurso de cuenta, la cual se ordena glosar al inicio del presente expediente. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
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