Jesús Gómez Arceo
Expediente 72/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 10 actuaciones registradas, la última del 1 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 72/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 01/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Juez de Control y Enjuicimiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Region Zamora.
- Jesús Gómez Arceo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Morelia, Michoacán, uno de febrero de dos mil veintidós. VISTA CON ESTADO DE AUTOS; CAUSA EJECUTORIA. Visto el estado que guardan los presentes autos, en específico la certificación secretarial que antecede, de los cuales se obtiene que a la fecha ha fenecido el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, que es a quien perjudica el sentido de la resolución, haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de treinta de noviembre de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó en el presente asunto, promovido por Juan Jesús Gómez Arceo; por tanto, se acuerda lo siguiente. Con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de materia, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS Por otra parte, hágase devolución del cuaderno de pruebas que la autoridad responsable -Magistrado de la Cuarta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad- adjuntó a su informe, sin que sea necesario el acuse de recibo, dado que el presente asunto se encuentra concluido. SE ORDENA ARCHIVO Finalmente, se advierte que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en tal virtud, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, toda vez que se sobreseyó en el presente juicio, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Asimismo, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de depurarse, ya que se concedió la medida cautelar solicitada Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, destrúyase el juicio principal, y depúrese el original del incidente, ordenándose la transferencia de éstos a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, contado a partir de esta propia fecha. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Genaro Hernández Arteaga, Secretario que autoriza.- Doy fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, trece de enero de dos mil veintidós. SE ADVIERTE ACUSE DE RECIBO Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, a través del cual se advierte el sello de recibo del oficio 17569 de la resolución de treinta de noviembre de dos mil veintiuno dictada en el presente asunto, dirigido al Juez de control y Enjuiciamiento del Sistema de justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Zamora, Michoacán. De lo anterior, se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Cúmplase. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Genaro Hernández Arteaga, Secretario que autoriza.- Doy fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, a treinta de noviembre de dos mil veintiuno. V I S T O S los autos del juicio de amparo número X- 72/2020, promovido por Juan Jesús Gómez Arceo, por propio derecho, contra actos del Magistrado de la Cuarta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad de Morelia; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de demanda. Mediante escrito presentado el doce de diciembre de dos mil diecinueve, ante la Cuarta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado con residencia en Morelia, Juan Jesús Gómez Arceo, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos y autoridades que a continuación se precisan: "III.- AUTORIDAD RESPONSABLE: ORDENADORA: Cuarta Sala Penal Unitaria del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en Morelia, Michoacán, que actúa dentro del toca PENAL XI-54/2019. EJECUTORA: Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral Región Zamora, actúa dentro del proceso número 182/2017 y Director del Centro de Alta Seguridad No. 1, para delitos de Alto Impacto, Zurumbeneo, Mpio. De Charo Mich. V. SENTENCIA RECLAMADA Y VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO. a) Violación procesal consistente en resolución de fecha 27 de Noviembre del año 2019 dictada en el toca penal número XI- 54/2019 por la Cuarta Sala Penal Unitaria del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán con sede en Morelia, Michoacán, en la que declara inadmisible el Recurso de apelación en contra de las determinaciones de fecha 5 de Noviembre del 2019, y se me considera responsable de la comisión del delito de Secuestro Agravado. Además, reclamo los efectos y consecuencias legales que se deriven de la Resolución de referencia. Del ciudadano Juez de Distrito en materia de procesos penales federales, dentro del proceso penal número 182/2017, y del director del Reclusorio, ambos de esta ciudad capital, reclamo la EJECUCIÓN QUE SE APRETENDE DAR A LA RESOLUCIÓN CON CARÁCTER DE SENTENCIA, pronunciada por la Sala y demás efectos y consecuencias legales que se deriven de la misma." Actos que el promovente del amparo consideró violatorio, en su perjuicio de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14, 16, 19 y 20, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, por auto de trece del referido mes y año, el Magistrado de la Cuarta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, dio trámite vía directa correspondiente a demanda de garantías, registrándola bajo el número interno IX-58/2019; asimismo, decretó la suspensión de plano respecto de cualquier acto relacionado con el toca XI-54/2019, hasta en tanto se pronunciara la autoridad federal competente; ordenó emplazar a los terceros interesados, a los representantes sociales adscritos al área de litigación de la Fiscalía Regional de La Piedad, Michoacán; requirió a las autoridades responsables ejecutoras Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral región Zamora y Director del Centro de Alta Seguridad número 1, para Delitos de Alto Impacto, con sede en Charo, Michoacán, rindieran su informe justificado. Hecho lo anterior y con los informes de las autoridades en comento y el que a esa Sala atañe, mediante oficio 1266/2019, de dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve, remitió además a la Oficialía de Partes del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito el original y copia de la demanda, original del toca penal IX-54/2001 y dos discos compactos ópticos en formato DVD, derivados de la causa penal 182/2017, que contienen audio y video de la ????????????? audiencia intermedia de cinco de noviembre de dos mil diecinueve. Ahora bien, por auto de ocho de enero de dos mil veintiuno, el Magistrado Presidente del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, radicó la demanda de garantías, promovida por Juan Jesús Gómez Arceo, registrándola bajo el juicio de amparo directo 7/2020, de igual forma, al considerar que la resolución reclamada, dada su naturaleza, no encuadra en alguno de los supuestos en los que es procedente un juicio de amparo directo, se declaró incompetente y mediante oficio 613/2020, de veintiuno de enero de dos mil veinte, envió a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito el cuaderno original 7/2020, el toca de apelación XI- 54/2019, con los anexos de que se habla en el párrafo que antecede y el veintitrés de enero de dos mil veinte, dicha demanda de garantías, fue turnada a este Juzgado de Distrito. SEGUNDO. Trámite. Por auto de veinticuatro de enero de dos mil veinte, se admitió a trámite la aludida demanda de amparo, registrando el expediente con el número X-72/2020, sin que se estimara necesario requerir los informes justificados a las autoridades responsables, ni emplazar a los terceros interesados Julio Álvaro Ramírez Sánchez, Alicia Zepeda Magallón y al Agente del Ministerio Público José Guadalupe González Navarrete, adscrito a la Fiscalía Regional de La Piedad, Michoacán, en virtud de que, ya obran en autos dichas constancias; se dio la intervención legal que compete al Representante Social de la Federación adscrito a este Juzgado; se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo conforme al acta que antecede; y, Ahora, en virtud de que en términos de lo dispuesto por los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, mediante oficio CCJ/ST/2634/2021, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, se autorizó al secretario Leonel López Pérez, para fungir como Juez, será éste quien con tales funciones dicte en este asunto la resolución que en derecho proceda, a fin de preservar la actividad normal del órgano jurisdiccional. Lo anterior de conformidad con la jurisprudencia siguiente: "Registro digital: 2022487 Instancia: Pleno Décima Época Materias(s): Común Tesis: P./J. 17/2020 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 80, Noviembre de 2020, Tomo I, página 16 Tipo: Jurisprudencia SECRETARIO DE JUZGADO EN FUNCIONES DE JUEZ DE DISTRITO. PARA JUSTIFICAR ESA CALIDAD EN EL DICTADO DE LA SENTENCIA, BASTA CON QUE MENCIONE EN LA ANTEFIRMA DE LA RESOLUCIÓN QUE SE ENCUENTRA AUTORIZADO POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA ACTUAR CON TAL CARÁCTER. Hechos: La Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al analizar la forma en que un secretario en funciones de Juez de Distrito debe justificar que actúa con tal carácter al dictar sentencias, llegaron a soluciones distintas, ya que para la Primera Sala basta con que el secretario mencione que se encuentra autorizado por el Consejo de la Judicatura Federal, mientras que para la Segunda Sala es necesario ???????????? que en la sentencia se transcriba el documento que autoriza al secretario para fungir como Juez de Distrito. Criterio jurídico: La calidad de secretario en funciones de Juez de Distrito al dictar una sentencia, se justifica cuando éste menciona en la antefirma de la resolución que se encuentra autorizado por el Consejo de la Judicatura Federal para actuar con ese carácter. Justificación: La sola manifestación de esa autorización goza de la presunción de certeza, en tanto que el Consejo de la Judicatura Federal tiene facultades para autorizar al secretario del juzgado para desempeñar las funciones de Juez de Distrito en la ausencia del titular, y dichas actuaciones deben ser autorizadas por el secretario de Acuerdos respectivo, quien tiene fe pública. Lo anterior se refuerza en virtud de que la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley de Amparo y el Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a esta última, no prevén mayores formalidades para el ejercicio de tal encomienda; esto, sin menoscabo de que el quejoso, en su caso, pueda demostrar la ilegalidad de tal actuación. Contradicción de tesis 371/2019. Entre las sustentadas por la Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 4 de mayo de 2020. Mayoría de ocho votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Juan Luis González Alcántara Carrancá, José Fernando Franco González Salas, Luis María Aguilar Morales, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Ana Margarita Ríos Farjat, Alberto Pérez Dayán y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Disidentes: Yasmín Esquivel Mossa, Norma Lucía Piña Hernández y Javier Laynez Potisek. Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretario: Alfredo Uruchurtu Soberón. Tesis y/o criterios contendientes: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 615/96, el cual dio origen a la tesis aislada 1a. II/97, de rubro: "SENTENCIAS PRONUNCIADAS POR EL SECRETARIO DEL JUZGADO DE DISTRITO AUTORIZADO POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. LA SOLA MENCIÓN DE ESTA CIRCUNSTANCIA EN LA ANTEFIRMA GOZA DE LA PRESUNCIÓN DE CERTEZA.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, enero de 1997, página 189, con número de registro digital: 199517; y, La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 4/2011, la cual dio origen a la tesis de jurisprudencia 2a./J. 67/2011, de rubro: "SECRETARIO AUTORIZADO POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUPLIR AL JUEZ DE DISTRITO. CASOS EN QUE TIENE FACULTADES PARA DICTAR SENTENCIA A FIN DE PRESERVAR LA ACTIVIDAD NORMAL DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, julio de 2011, página 853, con número de registro digital: 161460. El Tribunal Pleno, el veintinueve de octubre en curso, aprobó, con el número 17/2020 (10a.), la tesis jurisprudencial que antecede. Ciudad de México, a veintinueve de octubre de dos mil veinte. Esta tesis se publicó el viernes 27 de noviembre de 2020 a las 10:38 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 30 de noviembre de 2020, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 16/2019."; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es competente para conocer del presente asunto y resolverlo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso b, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito. Además, se considera dicha competencia legal porque el acto reclamado tiene ejecución material dentro del territorio donde ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y precisa del acto reclamado, para lo que es necesario tomar en ?????????????? consideración, en su integridad, la demanda de garantías y toda la información que obra en el expediente. Ilustra lo anterior, la siguiente tesis: "Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez. Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin ESMERALDA CAMPUZANO SERRATO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ce.d7 01/10/22 13:11:55 y coag. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintisiete de marzo en curso, aprobó, con el número 40/2000, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintisiete de marzo de dos mil." De igual manera, resulta ilustrativa la tesis que a continuación se inserta: "Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Amparo en revisión 2589/96. Grupo Warner Lambert México, S.A. de C.V. 25 de noviembre de 2003. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretarios: Martha Elba Hurtado Ferrer y Emmanuel G. Rosales Guerrero. ??????????????? El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veinticinco de marzo en curso, aprobó, con el número VI/2004, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veinticinco de marzo de dos mil cuatro." En ese sentido, del análisis integral de la demanda de garantías y de las constancias que obran en autos, se desprende que el acto reclamado es: La resolución de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, dictada en el toca penal IX-54/2019, del índice de la Cuarta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, que declara inadmisible el recurso de apelación hecho valer por la parte aquí quejosa en contra de las determinaciones de cinco de noviembre de dos mil diecinueve, dictadas en audiencia intermedia, celebrada en la causa penal 182/2017 del índice del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral región Zamora, Michoacán. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Al rendir su informe justificado las autoridades responsables Magistrado de la Cuarta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad y Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral región Zamora, Michoacán, aceptaron la existencia del acto reclamado. Ahora bien, la autoridad responsable ejecutora Director del Centro de Alta Seguridad No. 1, para Delitos de Alto Impacto con residencia en Zurumbeneo, Municipio de Charo, Michoacán, al rendir su informe con justificación, negó el acto reclamado, sin embargo, se desvirtúa la negativa a la que hace referencia y se tiene por cierto el mismo, pues habiéndose tenido por existente el acto reclamado por la autoridad ordenadora, a esta autoridad por razón de sus funciones, le corresponde auxiliar en la ejecución de dicho acto. Además, tal afirmación se vio corroborada con el original del toca penal XI-54/2019 y los dos discos ópticos en formato DVD, derivados de la causa penal 182/2017, que el Magistrado responsable acompañó a su informe justificado; medio de convicción que tiene pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2°, por ser un documento expedido por una autoridad judicial en ejercicio de sus funciones. Aunado a lo anterior, resulta aplicable las tesis que se reproducen en seguida: "Época: Décima Época Registro: 2004362 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1 Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 43/2013 (10a.) Página: 703 VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad ??????????????? consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga. Contradicción de tesis 455/2012. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito y el entonces Primer Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, actual Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito. 27 de febrero de 2013. La votación se dividió en dos partes: mayoría de cuatro votos por lo que se refiere a la competencia. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Unanimidad de cinco votos en cuanto al fondo. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: José Díaz de León Cruz. Tesis de jurisprudencia 43/2013 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha diecisiete de abril de dos mil trece." "Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Quinta Época: Tomo I, pág. 654. Amparo directo. Chiprout Jacobo. 7 de noviembre de 1917. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 660. Amparo en revisión. Pérez Cano José. 6 de septiembre de 1918. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 1331. Amparo en revisión. Calderón Silvestre y vecinos de la Villa de Nombre de Dios. 20 de diciembre de 1918. Unanimidad de nueve votos. Tomo IV, pág. 978. Queja. Astorga J. Ascensión. 1o. de mayo de 1919. Mayoría de siete votos. Recurso de súplica 5/24. Shiemann Guillermo. 9 de junio de 1924. Unanimidad de once votos. Nota: En los Apéndices al Semanario Judicial de la Federación correspondientes a los Tomos de Quinta Epoca, así como en los Apéndices 1954, 1965 y 1975, la tesis aparece publicada con el rubro: "DOCUMENTOS PUBLICOS". CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. 1.- El diecisiete de agosto de dos mil diecisiete, en audiencia inicial, celebrada por el Juez de Control región Zamora, Michoacán, se declaró legal la detención del aquí garantista Juan Jesús Gómez Arceo, bajo el supuesto de haberse actualizado lo dispuesto en el artículo 16, párrafo quinto y séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 146, fracción II, inciso b), del Código Nacional de Procedimientos Penales. (16:36 hrs). En esta propia audiencia a las (20:01 hrs.) se vinculó a ??????????????? proceso al imputado de mérito, por el delito de secuestro agravado en agravio de Rafael Ramírez Sánchez, previsto y sancionado por los artículos 9 fracción I, inciso c) y 10 fracción I, incisos b) y c) y 11 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro; en consecuencia, le fue declarada medida cautelar por el término de duración del proceso de prisión preventiva oficiosa. (20:03 hrs). 2.- En seguimiento a la audiencia intermedia el cinco de noviembre de dos mil diecinueve, el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Ora región Zamora, Michoacán, dentro de la causa penal 182/2017, instruida en contra del aquí quejoso, por el delito de secuestro agravado. 3.- En el desarrollo de la diligencia, la Fiscalía expuso su acusación y ofertó los medios de prueba que pretende se desahoguen en la audiencia de debate; (12:01 hrs.); así también: - Se tuvo a la defensa del imputado aquí quejoso solicitando la exclusión de los medios de prueba destacados con los números del 1 al 15, bajo la causal de impertinencia, prevista en el artículo 346 fracción I, inciso b) del Código Nacional de Procedimientos Penales (12:20 hrs.); petición que fue declara improcedente, expresando que, los testimonios ahí ofertados, no resultaban ser impertinentes, bajo la teoría del caso de la fiscalía. - A las 12:33 hrs. se tuvo a la defensa, solicitando la exclusión de los medios de prueba, consistentes en los dictámenes químicos emitidos por el perito químico Diego López Mendiola, bajo la causal de impertinencia, sobre los practicados a los elementos de la policía. El juez natural, determinó procedente en forma parcial la exclusión solicitada por la defensa, respecto de los dictámenes químicos emitidos por el perito Diego López Mendiola, al ponderar que ciertamente resultan ser impertinentes, los relativos a los practicados a los elementos de la policía, mismos que fueron destacados con los incisos a), b), c), d), e), h), i), j) y k), no así los marcados con los incisos f) y g), ya que estos últimos, fueron practicados al imputado y a unas armas de fuego, que si guardan pertinencia con los hechos materia de la acusación. (12:38 hrs.) -La defensa, solicitó la exclusión de los medios de convicción, consistentes en los dictámenes periciales de identificación de vehículos, emitidos por la perito Rocío Hurtado Villalobos, en atención a que consideró, se practicaron con violación a los derechos humanos del acusado. (12:39 hrs.). La autoridad responsable, determinó improcedente la exclusión solicitada por la defensa, y expuso que de la información con la que se sustentó la exclusión, no se advertía la existencia de la violación al derecho humano del acusado, sino se referían a circunstancias que deberán ser materia en su caso de la valoración de dicha experticia. (12:48 hrs.) -Se admitieron los medios de prueba ofertados por la fiscalía, con excepción de los desistidos, para la etapa del juicio oral y de individualización de la pena. (12:48 hrs.) -A las 12:51 hrs., se tuvo al Ministerio Público, por desistiéndose de los medios de prueba que refiere fueron ofertados para la audiencia de individualización de la pena, consistentes en las testimoniales de los oficiales remitentes Jorge Flavio Amezcua Flores, Luis Fernando Mendoza Ayala, Sergio Santiago Galves Ibarra e Iván Elías Aguilera Ceja. ???????????? - Se admitieron los medios de prueba por parte de la defensa, siendo las mismas probanzas que le fueron admitidas a la representación social. (12:52 hrs.) - 13:08 hrs. Se dictó auto de apertura a juicio oral, por tanto, a partir de ese momento el acusado aquí quejoso Juan Jesús Gómez Arceo, quedó a disposición del tribunal de enjuiciamiento, mismo que deberá integrarse de forma colegiada y se ordenó remitir el auto de apertura a judicio oral en el plazo legal de cinco días. - Se autorizó copia del audio y video al asesor jurídico victimal, al Ministerio Público y a la defensa, así como un tanto del auto de apertura a juicio oral dictado en la aludida audiencia (13:19 hrs.) 4.- Inconforme con las determinaciones tomadas en audiencia intermedia de cinco de noviembre de dos mil diecinueve, el imputado aquí quejoso interpuso recurso de apelación, mediante escrito presentado el ocho de noviembre de dos mil diecinueve ante el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral región Zamora, Michoacán. 5.- El veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, el Magistrado de la Cuarta Sala Penal Unitaria del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (autoridad responsable), resolvió que el recurso de apelación interpuesto era inadmisible por tratarse de un acto de autoridad que no se encuentra dentro de las hipótesis apelables señaladas por la ley adjetiva de la materia como se transcribe: "3. Se declara inadmisible el recurso interpuesto, sin embargo, analizando las constancias electrónicas que conforman el sumario se advierten circunstancias que impiden a esta sala avocarse al conocimiento del medio de impugnación de referencia, conforme a continuación se explica: En primer término, debemos atender el contenido de los siguientes preceptos legales: Artículo 467. Resoluciones del Juez de control apelables. Serán apelables las siguientes resoluciones emitidas por el Juez de control: I. Las que nieguen el anticipo de prueba; II. Las que nieguen la posibilidad de celebrar acuerdos reparatorios o no los ratifiquen; III. La negativa o cancelación de orden de aprehensión; IV. IV. La negativa de orden de cateo; V. Las que se pronuncien sobre las providencias precautorias o medidas cautelares; VI. Las que pongan término al procedimiento o lo suspendan; VII. El auto que resuelve la vinculación del imputado a proceso; VIII. Las que concedan, nieguen o revoquen la suspensión condicional del proceso; IX. La negativa de abrir el procedimiento abreviado; X. La sentencia definitiva dictada en el procedimiento abreviado, o XI. Las que excluyan algún medio de prueba. Mientras que el artículo 470 del citado ordenamiento legal refiere: "El Tribunal de alzada declarará inadmisible el recurso cuando: .. II. Se deduzca en contra de resolución que no sea impugnable por medio de la apelación;." Estatus jurídicos que constituyen base de motivación del presente proveído, pues de conformidad con el primero de los expuestos, se justifica el análisis que en este apartado se realiza del escrito de fecha 8 de noviembre de 2019, presentado por el imputado, donde promueve recurso de apelación contra de las determinaciones tomadas en la audiencia intermedia de fecha 5 de noviembre de 2019 dos mil diecinueve, consistentes entre otras, (DICE) de la improcedencia de la "exclusión de los medios de prueba", que hizo valer su defensor. Sin embargo, una vez analizado su pedimento, ??????????? se llega a la determinación que el imputado, lo que impugna NO ES LA EXCLUSIÓN DE MEDIOS DE PRUEBA [solicitados por su defensor], sino la "admisión de medios de prueba" ofertados por la fiscalía dentro de la audiencia intermedia, supuesto que evidentemente no es recurrible, al no encontrarse dentro de los establecidos en el primer artículo señalado; es decir, quien ofreció los medios de convicción dentro de esa etapa procesal, fue el fiscal litigante, a quien el juez de control se los admitió; y ante esa determinación del resolutor, el defensor del imputado solicitó se los "excluyera" evocando el numeral 346 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pedimento que no le fue favorable, pues el juez de control le declaró improcedente dicha solicitud. Ante ello, de lo que se inconforma, es de QUE EL JUEZ DE CONTROL LE HAYA ADMITIDO DICHAS PROBANZAS A LA FISCALÍA, supuesto que no es apelable en términos del numeral 467 del Código de Procedimientos Penales. (..) Con lo anterior, se diluce, literalmente que el imputado se queja de la admisión de los medios de prueba ofertados por la fiscalía, pues éstas en ningún momento fueron excluidas, sino como ya se dijo, admitidas por el primigenio; y dicho sea de paso, en el minuto 12:52 de la audiencia intermedia, más bien, el resolutor primario admitió los medios de prueba por parte de la defensa que fueron las mismas -pruebasque se admitieron al ministerio público. En consecuencia, se declara inadmisible el recurso de apelación interpuesto por el imputado Juan Jesús Gómez Arceo, pues su pretendida impugnación no es recurrible. .." Hasta aquí los antecedentes, siendo la determinación del Magistrado de la Cuarta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, la que constituye el acto de que se duele el amparista. QUINTO. Improcedencia del juicio de amparo. El artículo 62 de la Ley de Amparo, prevé que: "Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo."; esto quiere decir que no es necesario que alguna de las partes invoque su actualización para que se agote su estudio; ello en virtud de que, el examen de las causales de improcedencia previstas por la propia Ley de Amparo, es de orden público. Tal razonamiento se ve robustecido por las tesis que se reproducen a continuación: "Época: Octava Época Registro: 206296 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo I, Primera Parte-1, Enero-Junio de 1988 Materia(s): Común Tesis: Página: 191 IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. La improcedencia de los juicios de garantías es de orden público, y en esa virtud su causal puede estudiarse, aun cuando no exista agravio encaminado a ese fin. Amparo en revisión 3479/84. Pinturas Pittsburg de México, S.A. 11 de mayo de 1988. Cinco votos. Ponente: Victoria Adato Green. Secretario: Raúl Melgoza Figueroa. Amparo administrativo en revisión 8432/40. Grajales J. Cicerón. 7 de abril de 1941. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mendoza González. Nota: Esta tesis también aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo LXVIII, página 335." "Época: Séptima Época Registro: 394239 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 283 Página: 190 IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial Federal que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es ??????????????? necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales. Séptima Época: Amparo en revisión 5556/78. Francisco Javier Boelsterly. 9 de octubre de 1979. Unanimidad de quince votos. Amparo en revisión 2845/79. Lilia T. de Gómez Morín y otros. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 5553/78. Sucesión de Virginia Lazari Conzati. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 6105/78. Angeles de la Fuente Díaz. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 6004/78. José Antonio Pérez de la Fuente. 29 de julio de 1980. Unanimidad de dieciséis votos." En la especie, el suscrito Juzgador, advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII en relación con el 107, fracción V aplicado en sentido contrario de la Ley de Amparo, que disponen: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" El sentido de esta determinación, impide entrar al estudio de los conceptos de violación formulados por la promovente del amparo, atento al contenido de la tesis: Registro digital: 214593 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Octava Época Materias(s): Común Tesis: II.3o. J/58 Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Núm. 70, Octubre de 1993, página 57 Tipo: Jurisprudencia SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. Amparo en revisión 81/90. Pablo Zacatenco Ríos. 10 de mayo de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: María del Carmen Sánchez Hidalgo. Secretario: Fernando Hernández Piña. Amparo en revisión 258/91. Esperanza Martínez de Rodríguez. 21 de agosto de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: José Angel Mandujano Gordillo. Secretario: Pedro A. Rodríguez Díaz. Recurso de revisión 433/91. Nacional Financiera, S.N.C. 6 de febrero de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: José Angel Mandujano Gordillo. Secretaria: Julieta María Elena Anguas Carrasco. Amparo en revisión 108/92. Felipe de Jesús Negrete Sotomayor. 20 de mayo de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: José Angel Mandujano Gordillo. Secretaria: Julieta María Elena Anguas Carrasco. Amparo en revisión 130/93. Dominique Javier Bagnoud Lalquette. 18 de mayo de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Narváez Barker. Secretaria: Gabriela Bravo Hernández. Nota: Esta tesis también aparece en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, Segunda Parte, tesis 1028, página 708. Cabe precisar que el análisis de las causas de improcedencia previstas por el artículo 61 de la Ley de Amparo, no constituye una denegación de justicia. En efecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que para que exista un recurso efectivo, debe ser idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y establecer lo conducente para remediarlo; pero en el ???????????? derecho interno existen condiciones que deben observarse para garantizarlos, como criterios de admisibilidad del recurso o relativos al estudio de fondo del mismo, porque por seguridad jurídica, es dable establecerlos para una correcta y funcional administración de justicia y consecuente protección de derechos; sin que ello implique una violación al derecho de acceso a un recurso judicial efectivo. Por tanto, el incumplimiento de las condiciones necesarias para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes, no constituye, en sí mismo, una denegación de justicia, máxime que permitir el acceso en todo momento al juicio de amparo, generaría inseguridad jurídica en detrimento del propio derecho fundamental de acceso a la justicia. Lo anterior, es acorde con la tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: Registro digital: 2002286 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias (s): Constitucional. Tesis: 1a. CCLXXV/2012 (10a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 1, página 525 Tipo: Aislada DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así, de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano. Amparo directo en revisión 2354/2012. 12 de septiembre de 2012. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Teresita del Niño Jesús Lúcia Segovia. Como se observa, de los dispositivos legales transcritos (61 fracción XXIII en relación con el 107, fracción V aplicado en sentido contrario de la Ley de Amparo), en lo que interesa, establecen que el juicio de amparo resulta improcedente, en aquellos casos en que aquella improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos ??????????????? Mexicanos, o de la Ley de Amparo; de igual forma, señalan que el amparo biinstancial, procede en contra de actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos, los que afecten materialmente. En ese contexto, tenemos que la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del tres de abril, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación como aquellos: "...que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte...". Es por ello que por "actos que tengan una ejecución de imposible reparación" debe entenderse aquéllos que de una manera inmediata lesionen el interés de una de las partes en el juicio, que perdure cualquiera que sea el sentido de la resolución, que se pronuncie en éste o bien, haga imposible la prosecución del procedimiento, es decir, que cause a una de las partes un agravio no reparable en dicho fallo, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera. En otras palabras, por actos de imposible reparación para los fines de determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, debemos atender a aquellos que tengan una ejecución de carácter irreparable para las personas, sus derechos personales, reales o del estado civil, o que afecten de modo directo o inmediato derechos sustantivos consignados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales suscritos por el estado Mexicano, cuyos efectos ya no se pueden reparar en el curso del procedimiento del que se derivan tales actos procesales. Esto en razón de los daños y perjuicios que pudieran resentir los particulares con esa clase de actos y que no se les puedan resarcir en ninguna actuación posterior dentro del procedimiento de que se trate, lo que implica, además, la imposibilidad de que las violaciones cometidas en el procedimiento queden reparadas en la resolución definitiva que llegue a pronunciarse en el juicio. Es decir, los actos procesales que no tienen efectos sobre las cosas o las personas, en sus derechos sustantivos, no tienen el carácter de irreparables mientras exista la posibilidad legal de que el afectado obtenga una resolución favorable a sus pretensiones, ya que, en este caso, los efectos intraprocesales producidos por aquellas actuaciones desaparecen. En la materia penal en particular, resulta pertinente señalar el contenido de los artículos 348, 349 y 350 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que son del tenor literal siguiente: "Artículo 348. El juicio es la etapa de decisión de las cuestiones esenciales del proceso. Se realizará sobre la base de la acusación en el que se deberá asegurar la efectiva vigencia de los principios de inmediación, publicidad, concentración, igualdad, contradicción y continuidad. Artículo 349. Fecha, lugar, integración y citaciones El Tribunal de enjuiciamiento una vez que reciba el auto de apertura a juicio oral deberá establecer la fecha para la celebración de la audiencia de debate, la que deberá tener lugar no antes de veinte ni después de sesenta ????????????? días naturales contados a partir de la emisión del auto de apertura a juicio. Se citará oportunamente a todas las partes para asistir al debate. El acusado deberá ser citado, por lo menos con siete días de anticipación al comienzo de la audiencia. Artículo 350. Prohibición de intervención Los jueces que hayan intervenido en alguna etapa del procedimiento anterior a la audiencia de juicio no podrán fungir como Tribunal de enjuiciamiento." De los preceptos indicados, se advierte que el objeto de la etapa de juicio oral es la decisión de las cuestiones esenciales del proceso, que por su naturaleza, no afectan directa y materialmente derechos sustantivos de mayor entidad reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano. Así, el procedimiento penal acusatorio y oral se divide en tres etapas, a saber: 1. La de investigación preliminar y complementaria, 2. La etapa intermedia; y, 3. La etapa de juicio oral. En el caso, etapa intermedia o de preparación a juicio oral, se verifica ante el juez de control y tiene por objeto conocer la acusación, ofrecer y admitir o rechazar los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos y la determinación del daño causado por el delito que será materia del juicio oral. El desarrollo de esta etapa, también se divide en dos partes, una escrita, que iniciará con la presentación de la acusación y comprenderá los actos previos a la celebración de la audiencia intermedia, y una oral, que inicia con la celebración de esa audiencia y culmina con el dictado del auto de apertura a juicio oral. En esta etapa el juez de control está facultado para, en lo concerniente al tema de medios de prueba, luego de examinar aquellos ofrecidos por las partes y de escuchar los argumentos en que se sustenta su ofrecimiento, esto es, por qué se ofrece y para qué, así como la contra argumentación de la parte contraria, en pleno ejercicio del principio de contradicción que impera en este procedimiento, inadmitir las que sean impertinentes y las que tengan por objeto acreditar hechos públicos y notorios. Si el juez considera que la admisión, en los términos en que los medios de prueba testimonial, documental y pericial hayan sido propuestos, produciría efectos dilatorios en la audiencia de juicio oral, dispondrá que la parte que las ofrece, reduzca el número de testigos, documentos o peritos, cuando mediante ellos desee acreditar los mismos hechos o circunstancias que no guarden pertinencia sustancial con la materia de juicio (sobreabundantes o impertinentes). Además, existe la prohibición para que la potestad judicial admita medios de prueba obtenidos por medios ilícitos. Una vez que el juez de control envíe el auto de apertura a juicio al juez o tribunal de juicio oral, cuya identidad siempre deberá ser diversa al primero de los nombrados, iniciará la etapa de decisión de las cuestiones esenciales del proceso penal; se fijará día y hora para la audiencia de debate, donde el juez verificará la presencia del acusado y su abogado defensor, del tercero civilmente responsable, si lo hubiere, de los testigos, peritos o intérpretes que deban tomar parte en el debate y de la existencia de las cosas ??????????? que deban exhibirse en él, y declarará abierto el debate. Culminado el desahogo de los medios de convicción admitidos, se emitirán los alegatos de conclusión; inmediatamente después de terminado el debate, el juez deliberará en privado y apreciará únicamente las pruebas que fueron incorporadas y desahogadas de forma integral en el debate, según su libre convicción conforme las reglas de la lógica, los conocimientos científicos, la sana crítica y las máximas de la experiencia. La decisión posterior versará sobre la absolución o la condena. Acto posterior, pronunciará sentencia. Entonces, contrario a lo sostenido por la parte quejosa, contra la decisión relativa a la admisión de medios de prueba emitida en audiencia intermedia, no puede admitirse recurso de apelación, por no encuadrar en alguna de las hipótesis de procedencia contenidas en el artículo 467 del Código Nacional de Procedimientos Penales, razón por la cual, es legal el acto combatido en el que se declarara inadmisible el recurso de apelación contra la decisión del Juez de Control sobre la admisión de medios de prueba dentro de la causa penal 182/2017. En esa mecánica, el acto que aquí se reclama no le irroga un daño irreparable actual al quejoso ya que, el hecho de que se haya declarado inadmisible el recurso de apelación por parte del Magistrado de la Cuarta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, hecho valer en contra de las determinaciones tomadas en audiencia intermedia de cinco de noviembre de dos mil diecinueve, en la que, se admitieron múltiples medios de convicción tanto a la representación social como a la defensa del aquí quejoso, no le impide ni limita de algún modo a este último, ejercer un derecho; sino que en todo caso, la afectación a su esfera jurídica está sujeta a factores cuya verificación se desconoce, tales como que los medios de prueba admitidos a la fiscalía, no se desahoguen en la audiencia de juicio oral, la forma en que dicho desahogo tenga verificativo, el contenido de los mismos, que en ejercicio del principio de contradicción generen las partes tendentes a demostrar su teoría del caso; y desde luego, que el tribunal de enjuiciamiento los considere como pruebas de cargo en contra del acusado - quejoso-, en su perjuicio al emitir sentencia en la audiencia de juicio oral, pues se insiste, son factores cuya verificación hasta este momento se desconoce. Cobra aplicación la tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: Registro digital: 2017055 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Constitucional, Penal Tesis: 1a. LIII/2018 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 55, Junio de 2018, Tomo II, página 958 Tipo: Aislada DIFERENCIAS EN EL DEBATE PROBATORIO DE LA ETAPA INTERMEDIA Y EL JUICIO ORAL EN RELACIÓN CON LA VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES. El objeto del debate probatorio durante la etapa intermedia y el juicio oral es distinto pero complementario. En la etapa intermedia se discute si de los datos que arroja la investigación se advierte una violación a derechos fundamentales que dé lugar a la exclusión de algún medio de prueba del material probatorio que se va a desahogar en el juicio oral. En cambio, la finalidad de esta última etapa consiste en esclarecer los hechos sobre la existencia de un delito y la responsabilidad del acusado en su comisión a partir de los medios de prueba admitidos en la etapa intermedia. Así, en atención al principio de continuidad previsto en el primer párrafo del artículo 20 constitucional, la exclusión de pruebas no es un tema que pueda plantearse nuevamente en el juicio oral. Con todo, aunque el debate sobre la exclusión probatoria deba agotarse en etapa intermedia, es incuestionable que en el juicio oral la defensa puede cuestionar el valor de las pruebas con ??????????? argumentos estrechamente vinculados con violaciones a derechos fundamentales planteadas en etapas previas. Esto último puede ocurrir especialmente cuando durante el desahogo de las pruebas durante el juicio oral se revela que efectivamente existió una violación a derechos fundamentales del acusado, cuando surgen dudas sobre esa cuestión -por ejemplo, al advertirse durante el contrainterrogatorio o con algún otro medio de prueba que las autoridades mintieron o incurrieron en contradicciones en relación con lo que hubieren manifestado en etapas preliminares- o cuando se aporten elementos supervenientes que hagan suponer fundadamente que la prueba en cuestión se obtuvo a partir de una violación a derechos fundamentales. En estos casos, el juez o tribunal de enjuiciamiento deberá tomar en cuenta esta cuestión al momento de realizar la valoración probatoria en la sentencia definitiva, sin perder de vista que la fracción IX del apartado A del artículo 20 constitucional establece que las pruebas obtenidas mediante violación a derechos fundamentales son nulas. Amparo directo en revisión 669/2015. Ian Eduardo Camarillo Hernández. 23 de agosto de 2017. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien formuló voto concurrente, Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto concurrente, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien formuló voto concurrente en el que se aparta de las consideraciones contenidas en la presente tesis y Norma Lucía Piña Hernández. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Arturo Bárcena Zubieta. Esta tesis se publicó el viernes 01 de junio de 2018 a las 10:07 horas en el Semanario Judicial de la Federación. Así como la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del rubro siguiente: Registro digital: 2022565 Instancia: Plenos de Circuito Décima Época Materias(s): Común, Penal Tesis: PC.XVII. J/29 P (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 81, Diciembre de 2020, Tomo I, página 1154 Tipo: Jurisprudencia JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, NO PROCEDE CONTRA LAS DETERMINACIONES DEL JUEZ DE CONTROL, CONSISTENTES EN LA ACEPTACIÓN DE MEDIOS DE PRUEBA OFRECIDOS POR ALGUNA DE LAS PARTES, EN LA ETAPA INTERMEDIA DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. Hechos. Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes analizaron si es procedente el juicio de amparo indirecto contra la determinación del Juez de Control en la etapa intermedia, de admitir medios de prueba, arribando a conclusiones distintas, pues uno consideró que, por regla general, es procedente por afectar en forma preponderante y superior los derechos sustantivos de acceso a la justicia y defensa adecuada y los restantes concluyeron que no es impugnable a través de ese medio de control constitucional, porque no implica un acto de ejecución irreparable. Criterio jurídico: Las determinaciones del Juez de Control, relativas a la aceptación de los medios de prueba ofrecidos por alguna de las partes -o a la forma en que se pretendan recibir o desahogar-, por regla general, constituyen actos de naturaleza intraprocesal que no son susceptibles de impugnarse en el amparo indirecto. Justificación: Lo anterior es así, ya que con esas actuaciones normalmente no se violan derechos sustantivos contenidos en la Constitución General, sino sólo se afectan derechos adjetivos o procesales, los cuales no generan la afectación extrema que obligue a efectuar un inmediato análisis de la constitucionalidad de los actos procesales en cuestión; por tanto, no se ubican dentro de los actos de imposible reparación que como categoría excepcional del juicio de amparo prevén los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107, fracción V, de la Ley de Amparo. Ello pues una de las principales funciones del Juez de Control durante esta etapa, consiste en asegurarse de que durante la investigación no se hubieran cometido transgresiones a los derechos fundamentales del imputado y, en su caso, garantizar que las consecuencias de éstas no se trasladen a la etapa de juicio oral, por lo que esta etapa resulta el momento procesal idóneo para que éste haga valer sus inconformidades. De ahí que al momento de desahogar la prueba ante el Juez o tribunal de enjuiciamiento, dada la naturaleza híbrida del acuerdo de apertura a juicio oral, se reconoce la relación ineludible entre los aspectos vinculados con la motivación aplicada para admitir la prueba y aquellos que puedan derivar del debate para su desahogo; en consecuencia, estos últimos pueden ser valorados en la sentencia, dando lugar a una eventual declaratoria de ilegalidad o ilicitud, cuando trastoquen derechos fundamentales. PLENO DEL DECIMOSÉPTIMO CIRCUITO. Contradicción de tesis 4/2020. Entre las sustentadas por el Primer y el Segundo Tribunales Colegiados en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito. 27 de octubre de 2020. Mayoría de seis votos de los Magistrados José Elías Gallegos Benítez, quien formula voto concurrente, María Teresa Zambrano Calero, Juan Carlos Zamora Tejeda, María del Carmen Cordero Martínez, José Martín Hernández Simental y Cuauhtémoc Cuéllar de Luna (presidente). Disidente: Refugio Noel Montoya Moreno, quien formula voto particular. Ponente: José Martín Hernández Simental. Secretaria: Martha Cecilia Zúñiga Rosas. Tesis y criterios contendientes: ??????????????? El Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, al resolver las quejas 49/2019, 59/2019 y 107/2019, las cuales dieron origen a las tesis XVII.1o.P.A.98 P (10a.), de título y subtítulo: "PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. EL DESECHAMIENTO DEL RECURSO DE APELACIÓN EN EL QUE SE RECLAMA UNA DETERMINACIÓN TOMADA EN LA AUDIENCIA INTERMEDIA, SOBRE LA ADMISIÓN DE PRUEBAS, NO ES UN ACTO CUYOS EFECTOS SEAN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 14 de agosto de 2020 a las 10:22 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 77,Tomo VI, agosto de 2020, página 6207, número de registro digital: 2021993 y XVII.1o.P.A.92 P (10a.), de título y subtítulo: "PRUEBAS EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LOS ACTOS RELACIONADOS CON SU ADMISIÓN, INADMISIÓN, EXCLUSIÓN O NO EXCLUSIÓN, EN LAS ETAPAS DE INVESTIGACIÓN O INTERMEDIA, POR VIOLACIÓN A DERECHOS FUNDAMENTALES, PROCEDE POR EXCEPCIÓN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, SIEMPRE QUE PREVIAMENTE SE HAYAN SOMETIDO A DEBATE LOS ARGUMENTOS RELACIONADOS CON LA PRUEBA ILÍCITA Y AGOTADO, DE SER NECESARIO, EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 4 de octubre de 2019 a las 10:14 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 71, Tomo IV, octubre de 2019, página 3585, con número de registro digital: 2020753, y El Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, al resolver la queja 60/2019, de la cual derivó la tesis: XVII.2o.P.A.35 P (10a.), de título y subtítulo: "MEDIOS DE PRUEBA EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO Y ORAL. CONTRA EL AUTO QUE LOS ADMITE EN LA ETAPA INTERMEDIA ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 6 de septiembre de 2019 a las 10:15 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 70, Tomo III, septiembre de 2019, página 2033, con número de registro digital: 2020561 y, El sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, al resolver la queja 72/2019. Esta tesis se publicó el viernes 11 de diciembre de 2020 a las 10:23 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 14 de diciembre de 2020, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 16/2019. Por otra parte, es fundamental precisar que la determinación reclamada no vulnera los principios de interpretación más favorable a la persona, principio pro persona y de seguridad jurídica, pues del artículo 346 del Código Nacional de Procedimientos Penales y su redacción no se desprende la permisión a una interpretación contrario sensu en aras de tutelar el principio pro homine, a favor de la parte quejosa; en virtud de que, ese principio no tiene el alcance jurídico de constituir un derecho inexistente en favor de la parte quejosa, luego, si el último párrafo del artículo 346, así como el diverso ordinal 467 ambos del Código Nacional de Procedimientos Penales, no establecen entre los supuestos de procedencia el recurso de apelación, la admisión de medios de prueba, de modo alguno posibilitaba a una interpretación pro persona, considerando que de hacerlo así, implicaría instaurar un derecho inexistente en su favor lo cual excede los alcances de esa herramienta. En efecto, el principio pro homine de acuerdo a las consideraciones inmersas en el amparo directo en revisión 1370/2012 sustentadas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consiste en adoptar la interpretación más favorable a la persona cuando se trata de reconocer derechos protegidos, en virtud del cual debe acudirse a la norma más amplia, o a la interpretación más extensiva cuando se trata de reconocer derechos protegidos e inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o de su suspensión extraordinaria. El alcance de dicho principio, se sustenta en la tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación siguiente: ??????????????? Registro digital: 2000263 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Constitucional Tesis: 1a. XXVI/2012 (10a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro V, Febrero de 2012, Tomo 1, página 659 Tipo: Aislada PRINCIPIO PRO PERSONAE. EL CONTENIDO Y ALCANCE DE LOS DERECHOS HUMANOS DEBEN ANALIZARSE A PARTIR DE AQUÉL. El segundo párrafo del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exige que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la propia Constitución y con los tratados internacionales de los que México es parte, de forma que favorezca ampliamente a las personas, lo que se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de tales derechos a partir del principio pro personae que es un criterio hermenéutico que informa todo el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en virtud del cual debe acudirse a la norma más amplia, o a la interpretación más extensiva cuando se trata de reconocer derechos protegidos, e inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o de su suspensión extraordinaria, es decir, dicho principio permite, por un lado, definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues ante la existencia de varias posibilidades de solución a un mismo problema, obliga a optar por la que protege en términos más amplios. Esto implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho más extenso y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. Por tanto, la aplicación del principio pro personae en el análisis de los derechos humanos es un componente esencial que debe utilizarse imperiosamente en el establecimiento e interpretación de normas relacionadas con la protección de la persona, a efecto de lograr su adecuada protección y el desarrollo de la jurisprudencia emitida en la materia, de manera que represente el estándar mínimo a partir del cual deben entenderse las obligaciones estatales en este rubro. Amparo directo en revisión 2424/2011. Ma. Guadalupe Ruiz Dena. 18 de enero de 2012. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Teresita del Niño Jesús Lúcia Segovia En esa tesitura, si bien el sistema jurídico mexicano contempla tal figura como un principio constitucional, que consiste esencialmente en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, ello no significa que en cualquier caso sometido a arbitrio de un órgano jurisdiccional se deban pasar por alto los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de un medio de defensa, pues no tiene el alcance jurídico de constituir un derecho inexistente en favor de la parte quejosa; toda vez que, las formalidades procesales constituyen la vía que apertura la posibilidad de arribar a una decisión adecuada, por lo que tal aspecto, por sí mismo -la invocación del principio-, es insuficiente para declarar procedente lo improcedente. Encuentra aplicación a lo anterior, la jurisprudencia: Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2005717 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Constitucional Tesis: 1a./J. 10/2014 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I, página 487 Tipo: Jurisprudencia PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes ??????????????? nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente. Amparo directo en revisión 3103/2012. Centro Mexicano para la Defensa del Medio Ambiente, A.C. 28 de noviembre de 2012. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: Alejandro Castañón Ramírez. Recurso de reclamación 424/2013. Alejandro Moreno Morales. 10 de julio de 2013. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: Alejandro Castañón Ramírez. Recurso de reclamación 456/2013. Manufacturas Kaltex, S.A. de C.V. 28 de agosto de 2013. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Leo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: Alejandro Castañón Ramírez. Recurso de reclamación 438/2013. Vidriera Monterrey, S.A. de C.V. 4 de septiembre de 2013. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Octavio Joel Flores Díaz. Amparo directo en revisión 279/2013. Urzuamex, S.A. de C.V. 4 de septiembre de 2013. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Ignacio Valdés Barreiro. Tesis de jurisprudencia 10/2014 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha siete de febrero de dos mil catorce. Esta tesis se publicó el viernes 28 de febrero de 2014 a las 11:02 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 03 de marzo de 2014, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. Por los razonamientos expuestos, en el caso particular, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII en relación con el diverso 107, fracción V (interpretado contrario sensu), ambos de la Ley de Amparo, lo que se impone es sobreseer en el presente juicio de conformidad con lo establecido en el artículo 63, fracción V, de la mencionada legislación, en razón de que la resolución de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve emitida en el Toca Penal XI-54/2019, por el Magistrado de la Cuarta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad de Morelia, en la que se duele la parte quejosa de haberse declarado inadmisible el recurso de apelación interpuesto por el apelante aquí quejoso Juan Jesús Gómez Arceo, frente de las determinaciones de cinco de noviembre de dos mil diecinueve, relativas a la admisión de pruebas ofertadas por la fiscalía dentro de la audiencia intermedia, no genera una afectación irreparable que amerite análisis constitucional inmediato. Por lo expuesto y fundado, es de resolverse y se R E S U E L V E: Único. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por Juan Jesús Gómez Arceo, contra de los actos reclamados de las autoridades responsables que quedaron precisadas y por los motivos expuestos en el considerando último de esta resolución. ??????????????? Notifíquese personalmente y al quejoso en el lugar donde guarda reclusión. Así lo resolvió y firma Leonel López Pérez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, en funciones de Juez de Distrito, en términos de lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; autorización que fue notificada mediante oficio CCJ/ST/2634/2021, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante la licenciada Esmeralda Campuzano Serrato, Secretaria que autoriza, hasta hoy treinta de noviembre de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores de este Juzgado. Doy fe.
- Principal
Leonel López Pérez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán en funciones de Juez de Distrito, en términos de lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; autorización que fue notificada mediante oficio CCJ/ST/2634/2021, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, declara abierta la audiencia: Secretario dé cuenta por favor. EL SECRETARIO: Juicio de amparo X-72/2020 promovido por Juan Jesús Gómez Arceo, contra actos de la Cuarta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad y otras autoridades, se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dentro del presente juicio de amparo tiene reconocido el carácter de terceros interesados Julio Álvaro Ramírez Sánchez, Alicia Zepeda Magallón y el Agente del Ministerio Público José Guadalupe González Navarrete, adscrito a la Fiscalía Regional de La Piedad, Michoacán, quienes se encuentran debidamente emplazados en autos. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. EL SECRETARIO EN FUNCIONES DE JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede; Secretario, dé cuenta con los informes justificados rendidos en autos. EL SECRETARIO: Se da cuenta con los informes justificados rendidos por: Magistrado de la Cuarta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, ciudad. Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Zamora, Michoacán. Director del Centro de Alta Seguridad Número 1, para Delitos de Alto Impacto, Zurumbeneo, Municipio de Charo, Michoacán. EL SECRETARIO EN FUNCIONES DE JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, ténganse por rendidos los informes de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas; Secretario, dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. EL SECRETARIO: Se hace constar que la autoridad señalada como responsable -Magistrado de la Cuarta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, ciudad - adjuntó como sustento de su informe la documental consistente en: Toca de apelación XI-54/2019, así como dos discos compactos, mismos que obran en un tomo de pruebas por separado, en la Secretaría de este juzgado. Al no existir más pruebas que desahogar, se pasa al período de alegatos. EL SECRETARIO Se hace constar que la parte quejosa formuló los que a su parte corresponden; asimismo, realizó lo conducente la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, a través de su pedimento 84/2020. EL SECRETARIO EN FUNCIONES DE JUEZ: Ténganse por reproducidos dichos alegatos, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión.
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