Jesús Fernando Navarro Higareda
Expediente 418/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 21 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 418/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 10/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Jesús Fernando Navarro Higareda
- Presidente de los Estados Unidos Mexicanos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Principal
Morelia, Michoacán, diez de noviembre de dos mil veintiuno. ARCHIVO. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214 de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO. En consideración a lo anterior, y a que de la certificación que antecede no se advierte que obre glosado documento original alguno ni en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado relacionado con el mismo, aunado a que el presente juicio no se considera de relevancia documental, con fundamento en los artículos 12 y 21, incisos a) y c), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el presente juicio de amparo y cuaderno original incidental, son SUSCEPTIBLES DE DESTRUIRSE, en razón de haberse sobreseído el amparo y negado la suspensión provisional y definitiva, por lo que una vez transcurridos tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio, así como el original del incidente de suspensión. DUPLICADO DE INCIDENTE. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, el cual será contado a partir de esta propia fecha. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Leonel López Pérez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, en funciones de Juez de Distrito, en términos de lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; autorización que fue notificada mediante oficio CCJ/ST/2634/2021, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante la licenciada Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.Mach
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Morelia, Michoacán, veintisiete de agosto de dos mil veintiuno. CUENTA CON AUTOS. VISTOS: por cuanto ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa a quien perjudica el sentido de la resolución, hubiese interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de catorce de julio de dos mil veintiuno, en la que se SOBRESEYÓ el juicio de amparo promovido por ********************sin que lo haya hecho. DECLARACIÓN DE EJECUTORIA Se declara que la aludida resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes, en términos de los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones inherentes en el Libro de Gobierno. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Leonel López Pérez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, en funciones de Juez de Distrito, en términos de lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; autorización que fue notificada mediante oficio CCJ/ST/2634/2021, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante la licenciada Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza. Doy fe.
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MEDIANTE LISTA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA, LO SIGUIENTE: SRM V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo número VI-418/2020, promovido por Jesús Fernando Navarro Higareda, contra actos del Congreso de la Unión, con residencia en Ciudad de México, y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado vía electrónica y registrado el cinco de agosto de dos mil veinte, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común y recibido el siete de ese mismo mes y año, en la Oficialía de Partes de este Juzgado Tercero de Distrito, Jesús Fernando Navarro Higareda, compareció a solicitar el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra actos del Congreso de la Unión, con residencia en Ciudad de México, y otras autoridades. En ese ocurso, la parte quejosa narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como vulnerados en su perjuicio los derechos humanos contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio. Mediante auto de diez de agosto de dos mil veinte, se admitió a trámite el libelo constitucional, se solicitó a las autoridades señaladas como responsables su correspondiente informe con SILVIA LORENA ARENAS RAYA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.56.2e 02/12/23 11:04:43 justificación y se ordenó dar la intervención que legalmente compete a la representación social adscrita a este órgano federal; finalmente, en el día y hora señalados para tal efecto, tuvo lugar la audiencia constitucional dentro de este expediente, la cual se celebró al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Ley de Amparo aplicable. Es necesario precisar que la resolución que se dicte dentro del presente asunto, se hará aplicando la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente (artículo Primero Transitorio), toda vez que la demanda de garantías fue presentada con posterioridad a la entrada en vigor de la misma. No obstante, cabe precisar que para resolver el presente juicio es factible invocar criterios de jurisprudencia que hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos no se opone a lo que la ley de la materia dispone en cuanto al tema de las mismas, ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece. SEGUNDO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1o., fracción I, 37 y 107, fracción VI, de la Ley de SILVIA LORENA ARENAS RAYA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.56.2e 02/12/23 11:04:43 3 Amparo, y los diversos 48 y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, alusivo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en virtud de que la parte quejosa reclama una norma con motivo de su entrada en vigor, cuyo ámbito de aplicación corresponde a esta entidad federativa donde este juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. TERCERO. Fijación de los actos reclamados. Se procede a la fijación de los actos reclamados, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. En ese tenor, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables Congreso de la Unión (Cámara de Senadores y Cámara de Diputados) y Presidente de la República: ? La iniciativa, discusión, aprobación, promulgación, expedición y orden de publicación -en el respectivo ámbito de sus competencias- de la Ley General de Salud, específicamente los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo y 248. SILVIA LORENA ARENAS RAYA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.56.2e 02/12/23 11:04:43 CUARTO. Certeza de los actos reclamados. Del contenido de los informes justificados rendidos por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y el Presidente de la República, ambos con residencia en Ciudad de México, se advierte que aceptan la existencia de los actos reclamados. Ahora, la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, fue omisa en rendir su respectivo informe justificado, por lo que se presume cierto el acto que se le atribuye, máxime que al tratarse de un cuerpo normativo, acorde al principio que reza "la ley no es objeto de prueba", es innecesario algún medio de convicción para corroborar su existencia. Apoya la anterior consideración, la jurisprudencia 2a./J. 65/2000 de la Segunda Sala del Alto Tribunal, de la literalidad siguiente: Época: Novena Época Registro: 191452 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XII, Agosto de 2000 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 65/2000 Página: 260 "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que SILVIA LORENA ARENAS RAYA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.56.2e 02/12/23 11:04:43 5 estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." Contradicción de tesis 23/2000-SS. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito. 16 de junio del año 2000. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: José Francisco Cilia López. Tesis de jurisprudencia 65/2000. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión pública del dieciséis de junio del año dos mil." QUINTO. Estudio de causales de improcedencia. Establecida la existencia del acto reclamado, se impone analizar la procedencia del juicio de garantías, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 621 de la Ley de Amparo. El suscrito estima que en el particular se actualiza la prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17 y 18 de la Ley de Amparo, ya que el escrito de demanda se presentó de manera extemporánea, por haberlo hecho fuera del plazo de los treinta días, computados a partir del día en que entró en vigor la norma impugnada. 1 "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". SILVIA LORENA ARENAS RAYA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.56.2e 02/12/23 11:04:43 En efecto, para quien esto resuelve, se actualiza la causa de improcedencia antes indicada en términos de lo previsto en los referidos preceptos legales, mismos que a la letra señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos". "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; SILVIA LORENA ARENAS RAYA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.56.2e 02/12/23 11:04:43 7 IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". El primero de los artículos mencionados establece que el juicio de amparo resulta improcedente cuando se reclamen actos consentidos; que son aquéllos contra los cuales no se promueve el juicio dentro de los términos que para tal efecto prevé la propia ley de la materia. Ese consentimiento tácito no sólo se limita a actos de autoridad en sí, sino que también abarca a las normas generales, lo que es lógica y jurídicamente razonable sobre todo si se toma en SILVIA LORENA ARENAS RAYA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.56.2e 02/12/23 11:04:43 consideración la naturaleza extraordinaria del propio juicio. Por disposición expresa de la ley de la materia, hay dos momentos para promover el juicio de amparo contra normas generales, sin duda, desde una óptica de la temporalidad para efecto del consentimiento contemplado como procedencia de la vía constitucional; para lo cual, la Ley de Amparo parte de la naturaleza jurídica de las propias disposiciones legales, o sea, a) si por su sola entrada en vigor causan un perjuicio - autoaplicativas-, o bien, b) si requieren de un acto de autoridad o alguna actuación equiparable que concrete la aplicación de la norma al gobernado - heteroaplicativas-. El primer momento apto para la impugnación de normas a través del juicio de amparo, surge cuando la ley entra en vigor si la disposición tiene la naturaleza de autoaplicativa, mientras que el segundo momento se surte cuando se emite un acto de aplicación que causa perjuicio a la parte impetrante. Por ello, para efecto de ese primer momento, la ley de la materia dispone el plazo en el cual debe acudirse al juicio de amparo, que es de treinta días contados a partir de las cero horas de la entrada en vigor de la norma correspondiente,4 como así se advierte en el artículo 17, fracción I, de la Ley de Amparo. En un segundo momento, se requiere de un acto de aplicación para que se produzca la SILVIA LORENA ARENAS RAYA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.56.2e 02/12/23 11:04:43 9 actualización de la hipótesis normativa y, entonces, el plazo con que cuenta el gobernado para acudir a la vía constitucional es de quince días, computado según las reglas previstas para tal efecto en el artículo 18 de la ley de la materia. En el caso concreto, las normas reclamadas por la parte quejosa, consistente en los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo y 248 de la Ley General de Salud, las impugna con motivo de su entrada en vigor en su carácter de normas autoaplicativas. En efecto, la parte quejosa manifiesta que los preceptos que tilda de inconstitucionales de la Ley General de Salud, constituyen normas generales estigmatizadoras que proyectan un mensaje discriminatorio en contra de ciertos sujetos que resienten una afectación generada por la parte valorativa de la norma, al incluir criterios vedados por el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, ante ello, afirma que se encuentra en aptitud de reclamarlas en cualquier tiempo, dado que la afectación que le produce es constante. Por el entendimiento que tiene la parte quejosa para impugnar en cualquier tiempo las disposiciones de la Ley General de Salud, este Juzgador Federal considera indispensable verificar primeramente si el enunciado de los artículos impugnados contiene un mensaje valorativo estigmatizador y que afecte de algún modo en la esfera de derechos de la parte quejosa; SILVIA LORENA ARENAS RAYA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.56.2e 02/12/23 11:04:43 descubriendo lo anterior, ya sería factible demostrar las razones del porqué se considera que la demanda fue presentada de forma extemporánea. Sobre dicho tópico, en el amparo en revisión 704/2014, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al analizar la prohibición del matrimonio entre parejas homosexuales en el Estado de Colima, sentó criterio en relación con normas que en su parte valorativa estigmatizan por discriminación, generada directamente por el mensaje que transmiten, las cuales pueden impugnarse en su carácter de autoaplicativas en cualquier tiempo, en tanto que la afectación que producen es constante. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que una ley, cuya parte valorativa contenga un mensaje que se repute como discriminatorio por hacer distinciones con base en una de las categorías sospechosas prohibidas en el artículo 1° de la Constitución Federal, debe considerarse que es autoaplicativa - sin importar la fecha de entrada en vigor- y que sus efectos son permanentes, pues no se agotan en un instante, sino que se actualizan de momento a momento, por lo que se pueden impugnar en cualquier tiempo. De igual modo, la citada Sala puntualizó que la afectación por estigmatización es una especie de afectación concreta y distinguible de la mera oposición o disidencia ideológica a una ley, SILVIA LORENA ARENAS RAYA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.56.2e 02/12/23 11:04:43 11 generable por un mensaje tachado de discriminatorio por la utilización de una de las categorías sospechosas establecidas en el artículo 1° constitucional, del cual la parte quejosa es destinataria por ser miembro de uno de los grupos vulnerables identificados mediante una de esas categorías. Así, la estigmatización por discriminación no solo depende de las impresiones subjetivas de la parte quejosa, sino de una evaluación impersonal y objetiva del juzgador, lo que se determina mediante la derivación de entendimientos colectivos compartidos, del contexto social en que se desenvuelve y la historia de los símbolos utilizados. Sobre la base de ese análisis, la alegada afectación de estigmatización por discriminación es impersonal y objetiva e implica un perjuicio social, directo, personal y casi individualizable y que ello se robustecerá a medida que la utilización del criterio discriminador excluya a los miembros de ese grupo vulnerable de la distribución de beneficios, o bien, afecte la balanza de cargas establecidas en su contra. Asimismo, la Primera Sala del Más Alto Tribunal precisó que para distinguir este tipo de afectación discriminatoria del otro tipo de afectaciones no abarcadas por el interés legítimo - afectación ideológica o subjetiva- es preciso que la parte quejosa o grupo de quejosos sean destinatarios del mensaje que transmite la norma SILVIA LORENA ARENAS RAYA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.56.2e 02/12/23 11:04:43 impugnada en la parte valorativa, aun cuando no sean destinatarios directos de la parte dispositiva de la norma; que ello requerirá analizar en su integridad la norma en cuestión, tomando en consideración su historia, contexto y finalidades, para poder determinar si en la producción de la misma existe un juicio de valor negativo sobre alguna de las características del grupo vulnerable al que pertenece el quejoso, y exista la formulación de un agravio dirigido a demostrar que el legislador utilizó, como criterio diferenciador, una de las categorías sospechosas establecidas en el artículo 1° constitucional u otra que menoscabe la dignidad de las personas; lo cual implica un estudio de fondo. Por su parte, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sentado criterio respecto a que el parámetro de regularidad constitucional del derecho a la igualdad y a la no discriminación reconoce que esta última ocurre no sólo cuando las normas y prácticas invocan explícitamente un factor prohibido de discriminación (categoría sospechosa) y que esta invocación evidente como causa motivadora de la distinción, exclusión, restricción o preferencia arbitraria e injusta corresponde con la idea de discriminación por objeto o discriminación directa. No obstante lo anterior, el Pleno señaló que la discriminación por resultado o indirecta puede ocurrir cuando las normas y prácticas son aparentemente neutras, pero el resultado de su SILVIA LORENA ARENAS RAYA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.56.2e 02/12/23 11:04:43 13 contenido o aplicación constituye un impacto desproporcionado en personas o grupos en situación de desventaja histórica justo en razón de esa desventaja, sin que exista para ello una justificación objetiva y razonable. Apoya lo dicho el criterio P. VII/2016 (10a.)5 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguientes: "DISCRIMINACIÓN POR OBJETO Y POR RESULTADO. SU DIFERENCIA. El parámetro de regularidad constitucional del derecho a la igualdad y a la no discriminación reconoce que esta última ocurre no sólo cuando las normas y prácticas invocan explícitamente un factor prohibido de discriminación -categoría sospechosa-. Esta invocación evidente como causa motivadora de la distinción, exclusión, restricción o preferencia arbitraria e injusta corresponde con la idea de discriminación por objeto o discriminación directa; no obstante, la discriminación por resultado o indirecta puede ocurrir cuando las normas y prácticas son aparentemente neutras, pero el resultado de su contenido o aplicación constituye un impacto desproporcionado en personas o grupos en situación de desventaja histórica justo en razón de esa desventaja, sin que exista para ello una justificación objetiva y razonable. Así, la discriminación no sólo se puede resentir cuando la norma regula directamente la conducta de un grupo en situación de vulnerabilidad, sino también cuando los efectos de su aplicación les genera un daño de discriminación. Esto significa que una ley que, en principio, SILVIA LORENA ARENAS RAYA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.56.2e 02/12/23 11:04:43 parezca neutra, podría tener efectos discriminatorios para cierto grupo de personas. La determinación de la discriminación por resultado requiere de un estudio sobre la existencia de la discriminación estructural, y de cómo ésta sustenta la producción e interpretación normativa." El artículo 1º, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estatuye: "Artículo 1º. [.] Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas". El dispositivo constitucional en comento establece de manera enunciativa más no limitativa diversas categorías sospechosas, a saber, origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales y el estado civil. En la especie, la parte quejosa reclama la Ley General de Salud, específicamente los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo y 248; siendo que en su único concepto de violación expone que dichos numerales son inconstitucionales toda vez que vulneran los derechos fundamentales a la SILVIA LORENA ARENAS RAYA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.56.2e 02/12/23 11:04:43 15 identidad personal, propia imagen, libre desarrollo de la personalidad, autodeterminación y libertad individual, todos en relación con el principio de dignidad humana. Los preceptos legales controvertidos fueron declarados inconstitucionales por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues sostuvo que éstos comportan un "sistema de prohibiciones administrativas" que forma parte del marco regulatorio previsto en la Ley General de Salud sobre el control de estupefacientes y psicotrópicos, el cual constituye un obstáculo jurídico para poder realizar lícitamente todas las acciones necesarias para estar en posibilidad de llevar a cabo el autoconsumo de marihuana (adquisición, siembra, cultivo, cosecha, preparación, acondicionamiento, posesión, transporte, etcétera). Una vez definida la incidencia en el derecho al libre desarrollo de la personalidad, la Sala enfatizó que éste no es un derecho absoluto, de tal manera que puede ser limitado con la finalidad de perseguir algún objetivo constitucionalmente válido y encuentra sus límites en los derechos de los demás y en el orden público; por lo que para determinar la constitucionalidad del "sistema prohibitivo" previsto en la Ley General de Salud, la Sala procedió al análisis de proporcionalidad para examinar si existe una justificación desde el punto de vista constitucional para que la medida legislativa limite SILVIA LORENA ARENAS RAYA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.56.2e 02/12/23 11:04:43 el contenido prima facie del derecho al libre desarrollo de la personalidad. Esto es, en primer término, procedió a determinar si la intervención legislativa perseguía una finalidad constitucionalmente válida y, en caso de que se superara ese grado del escrutinio, analizaría si la medida superaba sucesivamente un análisis de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en estricto sentido, en el entendido que sólo se analizaría la prohibición de las actividades correlativas al autoconsumo de marihuana, más no así respecto de la prohibición de comercializarla. Para determinar si el sistema normativo de mérito persigue una finalidad constitucionalmente válida, la Primera Sala atendió a los procesos de reforma de los preceptos impugnados, de los que concluyó que se desprendía que el legislador consideró necesario prohibir la autorización administrativa para la realización de toda actividad relacionada con la marihuana, en atención a los efectos nocivos asociados a dicho producto en la "salud" y el "orden público", esto es, a fin de garantizar la promoción del bienestar físico y mental del hombre, para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades, por lo que el legislador consideró necesario implementar un adecuado "control sanitario" de los psicotrópicos y narcóticos, bajo la premisa de que su uso constituye un problema para la salud pública, en tanto genera dependencia para el consumidor; asimismo, se SILVIA LORENA ARENAS RAYA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.56.2e 02/12/23 11:04:43 17 estableció que dichas conductas, incrementaban las actividades ilícitas de grupos delictivos. Así, la citada Primera Sala señaló que la finalidad del marco regulatorio para el control de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, previsto en la Ley General de Salud, es la protección de la "salud" y el "orden público", puesto que de una interpretación sistemática del ordenamiento, así como de los distintos procesos de reforma a la ley, puede desprenderse que el legislador tuvo la intención de procurar la salud de los consumidores de drogas y proteger a la sociedad de las consecuencias perniciosas derivadas del consumo de las drogas, dado que se ha considerado que esta actividad tiene efectos nocivos tanto para el consumidor, como para la sociedad en general; por lo que ambas finalidades resultan constitucionalmente válidas. Tales consideraciones constituyen la razón de la decisión (ratio decidendi) de la ejecutoria dictada en los amparos en revisión 237/2014, 1115/2017, 623/2017, 548/2018 y 547/2018, las que dieron origen a la jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial de la Federación el veintidós de febrero de dos mil diecinueve, cuyas tesis llevan por rubro, los siguientes: "PROHIBICIÓN ABSOLUTA DEL CONSUMO LÚDICO DE MARIHUANA. NO ES UNA MEDIDA PROPORCIONAL PARA PROTEGER LA SALUD Y EL ORDEN PÚBLICO." SILVIA LORENA ARENAS RAYA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.56.2e 02/12/23 11:04:43 "PROHIBICIÓN ABSOLUTA DEL CONSUMO LÚDICO DE MARIHUANA. ÉSTA PERSIGUE FINALIDADES CONSTITUCIONALMENTE VÁLIDAS." "INCONSTITUCIONALIDAD DE LA PROHIBICIÓN ABSOLUTA AL CONSUMO LÚDICO O RECREATIVO DE MARIHUANA PREVISTA POR LA LEY GENERAL DE SALUD." "DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. LA PROHIBICIÓN PARA EL AUTOCONSUMO DE MARIHUANA CONTENIDA EN LA LEY GENERAL DE SALUD INCIDE PRIMA FACIE EN EL CONTENIDO DE DICHO DERECHO FUNDAMENTAL.". Pues bien, los artículos de la Ley General de Salud impugnados por la parte quejosa establecen textualmente lo siguiente: "Artículo 235. La siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio, transporte en cualquier forma, prescripción médica, suministro, empleo, uso, consumo y, en general, todo acto relacionado con estupefacientes o con cualquier producto que los contenga queda sujeto a: [.] Los actos a que se refiere este artículo sólo podrán realizarse con fines médicos y científicos y requerirán autorización de la Secretaría de Salud." "Artículo 237. Queda prohibido en el territorio nacional, todo acto de los mencionados en el Artículo 235 de esta Ley, respecto de las siguientes SILVIA LORENA ARENAS RAYA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.56.2e 02/12/23 11:04:43 19 substancias y vegetales: opio preparado, para fumar, diacetilmorfina o heroína, sus sales o preparados, papaver somniferum o adormidera, papaver bactreatum y erythroxilon novogratense o coca, en cualquiera de sus formas, derivados o preparaciones. (REFORMADO, D.O.F. 27 DE MAYO DE 1987) Igual prohibición podrá ser establecida por la Secretaría de Salud para otras substancias señaladas en el artículo 234 de esta Ley, cuando se considere que puedan ser sustituidas en sus usos terapéuticos por otros elementos que, a su juicio, no originen dependencia." "Artículo 245. En relación con las medidas de control y vigilancia que deberán adoptar las autoridades sanitarias, las substancias psicotrópicas se clasifican en cinco grupos: (REFORMADA, D.O.F. 19 DE JUNIO DE 2017) I. Las que tienen valor terapéutico escaso o nulo y que, por ser susceptibles de uso indebido o abuso, constituyen un problema especialmente grave para la salud pública, y son: (VÉASE ARCHIVO ANEXO) Cualquier otro producto, derivado o preparado que contenga las sustancias señaladas en la relación anterior y cuando expresamente lo determine la Secretaría de Salud o el Consejo de Salubridad General, sus precursores químicos y en general los de naturaleza análoga. SILVIA LORENA ARENAS RAYA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.56.2e 02/12/23 11:04:43 [.]". "Artículo 247. La siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio, transporte en cualquier forma, prescripción médica, suministro, empleo, uso, consumo y, en general, todo acto relacionado con substancias psicotrópicas o cualquier producto que los contenga, queda sujeto a: [.] (REFORMADO, D.O.F. 27 DE MAYO DE 1987) Los actos a que se refiere este artículo sólo podrán realizarse con fines médicos y científicos y requerirán, al igual que las substancias respectivas, autorización de la Secretaría de Salud." "Artículo 248. Queda prohibido todo acto de los mencionados en el artículo 247 de esta Ley, con relación a las substancias incluidas en la fracción I del artículo 245." Este Juzgador Federal estima que los preceptos impugnados en modo alguno contienen, por la forma en que se encuentran redactados sus enunciados, algún mensaje estigmatizador al no incluir un factor prohibido de discriminación de los considerados en las categorías sospechosas del artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, los artículos impugnados en términos de lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si bien comportan un sistema de prohibiciones administrativas que forma parte SILVIA LORENA ARENAS RAYA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.56.2e 02/12/23 11:04:43 21 del marco regulatorio previsto en la Ley General de Salud sobre el control de estupefacientes y psicotrópicos, lo cierto es que revisados en su integridad, este órgano de control constitucional no advierte que estén redactados para llevar consigo implícita o explícitamente un mensaje de contenido valorativo negativo en virtud de que el legislador no utilizó como criterio diferenciador, alguna de las categorías sospechosas establecidas en el artículo 1° Constitucional. Antes bien, la finalidad perseguida por el sistema de prohibiciones contenido en la Ley General de Salud es la de evitar efectos nocivos en la salud asociados al consumo de dicho producto y el orden público, a fin de garantizar la promoción del bienestar físico y mental del hombre. Sin embargo, contrariamente al entendimiento que tiene la parte quejosa, para conseguir la finalidad constitucional perseguida por las normas que cuestiona como discriminatorias, el legislador se allegó del derecho a la salud pública y bienestar social para imponer tal sistema de prohibición absoluta del consumo lúdico de marihuana, sin que en su intención para alcanzar la finalidad pretendida con la norma haya realizado alusiones directa o indirectamente en contra del grupo de personas que, conforme a su derecho al libre desarrollo de la personalidad, han decidido realizar el consumo lúdico o recreativo de marihuana. SILVIA LORENA ARENAS RAYA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.56.2e 02/12/23 11:04:43 En virtud de que los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo y 248 de la Ley General de Salud, constituyen normas autoaplicativas, al no contener un mensaje estigmatizaste permanente o continuado en perjuicio del ahora quejoso, éste debía impugnarlos dentro del plazo de treinta días contado a partir de su entrada en vigor, acorde con lo dispuesto en la fracción I del artículo 17 de la Ley de Amparo. Por tanto, si la última modificación a los artículos impugnados fue publicada el veinticuatro de diciembre de dos mil dieciocho, y en términos del Transitorio Único, entró en vigor al día hábil siguiente de su publicación, esto es, el veintiséis de diciembre de dos mil dieciocho, el citado plazo feneció el ocho de febrero de dos mil diecinueve, descontándose los días inhábiles correspondientes, de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo. Luego, si la demanda de origen de este juicio de amparo fue presentada hasta el día cinco de agosto de dos mil veinte, a través del buzón judicial, tal como se advierte del sello y de la papeleta de turno respectiva, resulta evidente que transcurrió en exceso el término de treinta días y, que su presentación es extemporánea. Por ello, se estima que la parte inconforme tácitamente consintió los artículos impugnados, al acudir a esta vía fuera del plazo de treinta días contemplado en el artículo 17 de la ley de la SILVIA LORENA ARENAS RAYA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.56.2e 02/12/23 11:04:43 23 materia, contado desde el día de su entrada en vigor, motivo por el cual, desde luego, se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo. De ahí que, lo procedente en este caso es decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, en los términos del artículo 63, fracción V, de la propia ley de la materia, lo que imposibilita a este juzgador abordar el fondo del asunto, justamente, porque la principal consecuencia del sobreseimiento es, sin duda, poner fin al juicio sin analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados en el propio juicio de amparo. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Jesús Fernando Navarro Higareda, contra los actos reclamados al Congreso de la Unión y Presidente de la República, ambos con residencia en Ciudad de México, por los motivos expuestos en el último considerando del presente fallo. Notifíquese personalmente. Así, definitivamente juzgando, lo sentenció y firma el licenciado Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy catorce de julio de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores del SILVIA LORENA ARENAS RAYA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.56.2e 02/12/23 11:04:43 Juzgado, ante la licenciada Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo número VI-418/2020, promovido por Jesús Fernando Navarro Higareda, contra actos del Congreso de la Unión, con residencia en Ciudad de México, y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado vía electrónica y registrado el cinco de agosto de dos mil veinte, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común y recibido el siete de ese mismo mes y año, en la Oficialía de Partes de este Juzgado Tercero de Distrito, Jesús Fernando Navarro Higareda, compareció a solicitar el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra actos del Congreso de la Unión, con residencia en Ciudad de México, y otras autoridades. En ese ocurso, la parte quejosa narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como vulnerados en su perjuicio los derechos humanos contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio. Mediante auto de diez de agosto de dos mil veinte, se admitió a trámite el libelo constitucional, se solicitó a las autoridades señaladas como responsables su correspondiente informe con SILVIA LORENA ARENAS RAYA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.56.2e 02/12/23 11:04:43 justificación y se ordenó dar la intervención que legalmente compete a la representación social adscrita a este órgano federal; finalmente, en el día y hora señalados para tal efecto, tuvo lugar la audiencia constitucional dentro de este expediente, la cual se celebró al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Ley de Amparo aplicable. Es necesario precisar que la resolución que se dicte dentro del presente asunto, se hará aplicando la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente (artículo Primero Transitorio), toda vez que la demanda de garantías fue presentada con posterioridad a la entrada en vigor de la misma. No obstante, cabe precisar que para resolver el presente juicio es factible invocar criterios de jurisprudencia que hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos no se opone a lo que la ley de la materia dispone en cuanto al tema de las mismas, ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece. SEGUNDO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1o., fracción I, 37 y 107, fracción VI, de la Ley de SILVIA LORENA ARENAS RAYA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.56.2e 02/12/23 11:04:43 3 Amparo, y los diversos 48 y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, alusivo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en virtud de que la parte quejosa reclama una norma con motivo de su entrada en vigor, cuyo ámbito de aplicación corresponde a esta entidad federativa donde este juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. TERCERO. Fijación de los actos reclamados. Se procede a la fijación de los actos reclamados, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. En ese tenor, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables Congreso de la Unión (Cámara de Senadores y Cámara de Diputados) y Presidente de la República: ? La iniciativa, discusión, aprobación, promulgación, expedición y orden de publicación -en el respectivo ámbito de sus competencias- de la Ley General de Salud, específicamente los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo y 248. SILVIA LORENA ARENAS RAYA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.56.2e 02/12/23 11:04:43 CUARTO. Certeza de los actos reclamados. Del contenido de los informes justificados rendidos por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y el Presidente de la República, ambos con residencia en Ciudad de México, se advierte que aceptan la existencia de los actos reclamados. Ahora, la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, fue omisa en rendir su respectivo informe justificado, por lo que se presume cierto el acto que se le atribuye, máxime que al tratarse de un cuerpo normativo, acorde al principio que reza "la ley no es objeto de prueba", es innecesario algún medio de convicción para corroborar su existencia. Apoya la anterior consideración, la jurisprudencia 2a./J. 65/2000 de la Segunda Sala del Alto Tribunal, de la literalidad siguiente: Época: Novena Época Registro: 191452 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XII, Agosto de 2000 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 65/2000 Página: 260 "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que SILVIA LORENA ARENAS RAYA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.56.2e 02/12/23 11:04:43 5 estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." Contradicción de tesis 23/2000-SS. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito. 16 de junio del año 2000. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: José Francisco Cilia López. Tesis de jurisprudencia 65/2000. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión pública del dieciséis de junio del año dos mil." QUINTO. Estudio de causales de improcedencia. Establecida la existencia del acto reclamado, se impone analizar la procedencia del juicio de garantías, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 621 de la Ley de Amparo. El suscrito estima que en el particular se actualiza la prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17 y 18 de la Ley de Amparo, ya que el escrito de demanda se presentó de manera extemporánea, por haberlo hecho fuera del plazo de los treinta días, computados a partir del día en que entró en vigor la norma impugnada. 1 "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". SILVIA LORENA ARENAS RAYA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.56.2e 02/12/23 11:04:43 En efecto, para quien esto resuelve, se actualiza la causa de improcedencia antes indicada en términos de lo previsto en los referidos preceptos legales, mismos que a la letra señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos". "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; SILVIA LORENA ARENAS RAYA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.56.2e 02/12/23 11:04:43 7 IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". El primero de los artículos mencionados establece que el juicio de amparo resulta improcedente cuando se reclamen actos consentidos; que son aquéllos contra los cuales no se promueve el juicio dentro de los términos que para tal efecto prevé la propia ley de la materia. Ese consentimiento tácito no sólo se limita a actos de autoridad en sí, sino que también abarca a las normas generales, lo que es lógica y jurídicamente razonable sobre todo si se toma en SILVIA LORENA ARENAS RAYA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.56.2e 02/12/23 11:04:43 consideración la naturaleza extraordinaria del propio juicio. Por disposición expresa de la ley de la materia, hay dos momentos para promover el juicio de amparo contra normas generales, sin duda, desde una óptica de la temporalidad para efecto del consentimiento contemplado como procedencia de la vía constitucional; para lo cual, la Ley de Amparo parte de la naturaleza jurídica de las propias disposiciones legales, o sea, a) si por su sola entrada en vigor causan un perjuicio - autoaplicativas-, o bien, b) si requieren de un acto de autoridad o alguna actuación equiparable que concrete la aplicación de la norma al gobernado - heteroaplicativas-. El primer momento apto para la impugnación de normas a través del juicio de amparo, surge cuando la ley entra en vigor si la disposición tiene la naturaleza de autoaplicativa, mientras que el segundo momento se surte cuando se emite un acto de aplicación que causa perjuicio a la parte impetrante. Por ello, para efecto de ese primer momento, la ley de la materia dispone el plazo en el cual debe acudirse al juicio de amparo, que es de treinta días contados a partir de las cero horas de la entrada en vigor de la norma correspondiente,4 como así se advierte en el artículo 17, fracción I, de la Ley de Amparo. En un segundo momento, se requiere de un acto de aplicación para que se produzca la SILVIA LORENA ARENAS RAYA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.56.2e 02/12/23 11:04:43 9 actualización de la hipótesis normativa y, entonces, el plazo con que cuenta el gobernado para acudir a la vía constitucional es de quince días, computado según las reglas previstas para tal efecto en el artículo 18 de la ley de la materia. En el caso concreto, las normas reclamadas por la parte quejosa, consistente en los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo y 248 de la Ley General de Salud, las impugna con motivo de su entrada en vigor en su carácter de normas autoaplicativas. En efecto, la parte quejosa manifiesta que los preceptos que tilda de inconstitucionales de la Ley General de Salud, constituyen normas generales estigmatizadoras que proyectan un mensaje discriminatorio en contra de ciertos sujetos que resienten una afectación generada por la parte valorativa de la norma, al incluir criterios vedados por el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, ante ello, afirma que se encuentra en aptitud de reclamarlas en cualquier tiempo, dado que la afectación que le produce es constante. Por el entendimiento que tiene la parte quejosa para impugnar en cualquier tiempo las disposiciones de la Ley General de Salud, este Juzgador Federal considera indispensable verificar primeramente si el enunciado de los artículos impugnados contiene un mensaje valorativo estigmatizador y que afecte de algún modo en la esfera de derechos de la parte quejosa; SILVIA LORENA ARENAS RAYA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.56.2e 02/12/23 11:04:43 descubriendo lo anterior, ya sería factible demostrar las razones del porqué se considera que la demanda fue presentada de forma extemporánea. Sobre dicho tópico, en el amparo en revisión 704/2014, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al analizar la prohibición del matrimonio entre parejas homosexuales en el Estado de Colima, sentó criterio en relación con normas que en su parte valorativa estigmatizan por discriminación, generada directamente por el mensaje que transmiten, las cuales pueden impugnarse en su carácter de autoaplicativas en cualquier tiempo, en tanto que la afectación que producen es constante. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que una ley, cuya parte valorativa contenga un mensaje que se repute como discriminatorio por hacer distinciones con base en una de las categorías sospechosas prohibidas en el artículo 1° de la Constitución Federal, debe considerarse que es autoaplicativa - sin importar la fecha de entrada en vigor- y que sus efectos son permanentes, pues no se agotan en un instante, sino que se actualizan de momento a momento, por lo que se pueden impugnar en cualquier tiempo. De igual modo, la citada Sala puntualizó que la afectación por estigmatización es una especie de afectación concreta y distinguible de la mera oposición o disidencia ideológica a una ley, SILVIA LORENA ARENAS RAYA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.56.2e 02/12/23 11:04:43 11 generable por un mensaje tachado de discriminatorio por la utilización de una de las categorías sospechosas establecidas en el artículo 1° constitucional, del cual la parte quejosa es destinataria por ser miembro de uno de los grupos vulnerables identificados mediante una de esas categorías. Así, la estigmatización por discriminación no solo depende de las impresiones subjetivas de la parte quejosa, sino de una evaluación impersonal y objetiva del juzgador, lo que se determina mediante la derivación de entendimientos colectivos compartidos, del contexto social en que se desenvuelve y la historia de los símbolos utilizados. Sobre la base de ese análisis, la alegada afectación de estigmatización por discriminación es impersonal y objetiva e implica un perjuicio social, directo, personal y casi individualizable y que ello se robustecerá a medida que la utilización del criterio discriminador excluya a los miembros de ese grupo vulnerable de la distribución de beneficios, o bien, afecte la balanza de cargas establecidas en su contra. Asimismo, la Primera Sala del Más Alto Tribunal precisó que para distinguir este tipo de afectación discriminatoria del otro tipo de afectaciones no abarcadas por el interés legítimo - afectación ideológica o subjetiva- es preciso que la parte quejosa o grupo de quejosos sean destinatarios del mensaje que transmite la norma SILVIA LORENA ARENAS RAYA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.56.2e 02/12/23 11:04:43 impugnada en la parte valorativa, aun cuando no sean destinatarios directos de la parte dispositiva de la norma; que ello requerirá analizar en su integridad la norma en cuestión, tomando en consideración su historia, contexto y finalidades, para poder determinar si en la producción de la misma existe un juicio de valor negativo sobre alguna de las características del grupo vulnerable al que pertenece el quejoso, y exista la formulación de un agravio dirigido a demostrar que el legislador utilizó, como criterio diferenciador, una de las categorías sospechosas establecidas en el artículo 1° constitucional u otra que menoscabe la dignidad de las personas; lo cual implica un estudio de fondo. Por su parte, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sentado criterio respecto a que el parámetro de regularidad constitucional del derecho a la igualdad y a la no discriminación reconoce que esta última ocurre no sólo cuando las normas y prácticas invocan explícitamente un factor prohibido de discriminación (categoría sospechosa) y que esta invocación evidente como causa motivadora de la distinción, exclusión, restricción o preferencia arbitraria e injusta corresponde con la idea de discriminación por objeto o discriminación directa. No obstante lo anterior, el Pleno señaló que la discriminación por resultado o indirecta puede ocurrir cuando las normas y prácticas son aparentemente neutras, pero el resultado de su SILVIA LORENA ARENAS RAYA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.56.2e 02/12/23 11:04:43 13 contenido o aplicación constituye un impacto desproporcionado en personas o grupos en situación de desventaja histórica justo en razón de esa desventaja, sin que exista para ello una justificación objetiva y razonable. Apoya lo dicho el criterio P. VII/2016 (10a.)5 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguientes: "DISCRIMINACIÓN POR OBJETO Y POR RESULTADO. SU DIFERENCIA. El parámetro de regularidad constitucional del derecho a la igualdad y a la no discriminación reconoce que esta última ocurre no sólo cuando las normas y prácticas invocan explícitamente un factor prohibido de discriminación -categoría sospechosa-. Esta invocación evidente como causa motivadora de la distinción, exclusión, restricción o preferencia arbitraria e injusta corresponde con la idea de discriminación por objeto o discriminación directa; no obstante, la discriminación por resultado o indirecta puede ocurrir cuando las normas y prácticas son aparentemente neutras, pero el resultado de su contenido o aplicación constituye un impacto desproporcionado en personas o grupos en situación de desventaja histórica justo en razón de esa desventaja, sin que exista para ello una justificación objetiva y razonable. Así, la discriminación no sólo se puede resentir cuando la norma regula directamente la conducta de un grupo en situación de vulnerabilidad, sino también cuando los efectos de su aplicación les genera un daño de discriminación. Esto significa que una ley que, en principio, SILVIA LORENA ARENAS RAYA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.56.2e 02/12/23 11:04:43 parezca neutra, podría tener efectos discriminatorios para cierto grupo de personas. La determinación de la discriminación por resultado requiere de un estudio sobre la existencia de la discriminación estructural, y de cómo ésta sustenta la producción e interpretación normativa." El artículo 1º, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estatuye: "Artículo 1º. [.] Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas". El dispositivo constitucional en comento establece de manera enunciativa más no limitativa diversas categorías sospechosas, a saber, origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales y el estado civil. En la especie, la parte quejosa reclama la Ley General de Salud, específicamente los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo y 248; siendo que en su único concepto de violación expone que dichos numerales son inconstitucionales toda vez que vulneran los derechos fundamentales a la SILVIA LORENA ARENAS RAYA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.56.2e 02/12/23 11:04:43 15 identidad personal, propia imagen, libre desarrollo de la personalidad, autodeterminación y libertad individual, todos en relación con el principio de dignidad humana. Los preceptos legales controvertidos fueron declarados inconstitucionales por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues sostuvo que éstos comportan un "sistema de prohibiciones administrativas" que forma parte del marco regulatorio previsto en la Ley General de Salud sobre el control de estupefacientes y psicotrópicos, el cual constituye un obstáculo jurídico para poder realizar lícitamente todas las acciones necesarias para estar en posibilidad de llevar a cabo el autoconsumo de marihuana (adquisición, siembra, cultivo, cosecha, preparación, acondicionamiento, posesión, transporte, etcétera). Una vez definida la incidencia en el derecho al libre desarrollo de la personalidad, la Sala enfatizó que éste no es un derecho absoluto, de tal manera que puede ser limitado con la finalidad de perseguir algún objetivo constitucionalmente válido y encuentra sus límites en los derechos de los demás y en el orden público; por lo que para determinar la constitucionalidad del "sistema prohibitivo" previsto en la Ley General de Salud, la Sala procedió al análisis de proporcionalidad para examinar si existe una justificación desde el punto de vista constitucional para que la medida legislativa limite SILVIA LORENA ARENAS RAYA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.56.2e 02/12/23 11:04:43 el contenido prima facie del derecho al libre desarrollo de la personalidad. Esto es, en primer término, procedió a determinar si la intervención legislativa perseguía una finalidad constitucionalmente válida y, en caso de que se superara ese grado del escrutinio, analizaría si la medida superaba sucesivamente un análisis de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en estricto sentido, en el entendido que sólo se analizaría la prohibición de las actividades correlativas al autoconsumo de marihuana, más no así respecto de la prohibición de comercializarla. Para determinar si el sistema normativo de mérito persigue una finalidad constitucionalmente válida, la Primera Sala atendió a los procesos de reforma de los preceptos impugnados, de los que concluyó que se desprendía que el legislador consideró necesario prohibir la autorización administrativa para la realización de toda actividad relacionada con la marihuana, en atención a los efectos nocivos asociados a dicho producto en la "salud" y el "orden público", esto es, a fin de garantizar la promoción del bienestar físico y mental del hombre, para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades, por lo que el legislador consideró necesario implementar un adecuado "control sanitario" de los psicotrópicos y narcóticos, bajo la premisa de que su uso constituye un problema para la salud pública, en tanto genera dependencia para el consumidor; asimismo, se SILVIA LORENA ARENAS RAYA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.56.2e 02/12/23 11:04:43 17 estableció que dichas conductas, incrementaban las actividades ilícitas de grupos delictivos. Así, la citada Primera Sala señaló que la finalidad del marco regulatorio para el control de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, previsto en la Ley General de Salud, es la protección de la "salud" y el "orden público", puesto que de una interpretación sistemática del ordenamiento, así como de los distintos procesos de reforma a la ley, puede desprenderse que el legislador tuvo la intención de procurar la salud de los consumidores de drogas y proteger a la sociedad de las consecuencias perniciosas derivadas del consumo de las drogas, dado que se ha considerado que esta actividad tiene efectos nocivos tanto para el consumidor, como para la sociedad en general; por lo que ambas finalidades resultan constitucionalmente válidas. Tales consideraciones constituyen la razón de la decisión (ratio decidendi) de la ejecutoria dictada en los amparos en revisión 237/2014, 1115/2017, 623/2017, 548/2018 y 547/2018, las que dieron origen a la jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial de la Federación el veintidós de febrero de dos mil diecinueve, cuyas tesis llevan por rubro, los siguientes: "PROHIBICIÓN ABSOLUTA DEL CONSUMO LÚDICO DE MARIHUANA. NO ES UNA MEDIDA PROPORCIONAL PARA PROTEGER LA SALUD Y EL ORDEN PÚBLICO." SILVIA LORENA ARENAS RAYA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.56.2e 02/12/23 11:04:43 "PROHIBICIÓN ABSOLUTA DEL CONSUMO LÚDICO DE MARIHUANA. ÉSTA PERSIGUE FINALIDADES CONSTITUCIONALMENTE VÁLIDAS." "INCONSTITUCIONALIDAD DE LA PROHIBICIÓN ABSOLUTA AL CONSUMO LÚDICO O RECREATIVO DE MARIHUANA PREVISTA POR LA LEY GENERAL DE SALUD." "DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. LA PROHIBICIÓN PARA EL AUTOCONSUMO DE MARIHUANA CONTENIDA EN LA LEY GENERAL DE SALUD INCIDE PRIMA FACIE EN EL CONTENIDO DE DICHO DERECHO FUNDAMENTAL.". Pues bien, los artículos de la Ley General de Salud impugnados por la parte quejosa establecen textualmente lo siguiente: "Artículo 235. La siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio, transporte en cualquier forma, prescripción médica, suministro, empleo, uso, consumo y, en general, todo acto relacionado con estupefacientes o con cualquier producto que los contenga queda sujeto a: [.] Los actos a que se refiere este artículo sólo podrán realizarse con fines médicos y científicos y requerirán autorización de la Secretaría de Salud." "Artículo 237. Queda prohibido en el territorio nacional, todo acto de los mencionados en el Artículo 235 de esta Ley, respecto de las siguientes SILVIA LORENA ARENAS RAYA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.56.2e 02/12/23 11:04:43 19 substancias y vegetales: opio preparado, para fumar, diacetilmorfina o heroína, sus sales o preparados, papaver somniferum o adormidera, papaver bactreatum y erythroxilon novogratense o coca, en cualquiera de sus formas, derivados o preparaciones. (REFORMADO, D.O.F. 27 DE MAYO DE 1987) Igual prohibición podrá ser establecida por la Secretaría de Salud para otras substancias señaladas en el artículo 234 de esta Ley, cuando se considere que puedan ser sustituidas en sus usos terapéuticos por otros elementos que, a su juicio, no originen dependencia." "Artículo 245. En relación con las medidas de control y vigilancia que deberán adoptar las autoridades sanitarias, las substancias psicotrópicas se clasifican en cinco grupos: (REFORMADA, D.O.F. 19 DE JUNIO DE 2017) I. Las que tienen valor terapéutico escaso o nulo y que, por ser susceptibles de uso indebido o abuso, constituyen un problema especialmente grave para la salud pública, y son: (VÉASE ARCHIVO ANEXO) Cualquier otro producto, derivado o preparado que contenga las sustancias señaladas en la relación anterior y cuando expresamente lo determine la Secretaría de Salud o el Consejo de Salubridad General, sus precursores químicos y en general los de naturaleza análoga. SILVIA LORENA ARENAS RAYA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.56.2e 02/12/23 11:04:43 [.]". "Artículo 247. La siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio, transporte en cualquier forma, prescripción médica, suministro, empleo, uso, consumo y, en general, todo acto relacionado con substancias psicotrópicas o cualquier producto que los contenga, queda sujeto a: [.] (REFORMADO, D.O.F. 27 DE MAYO DE 1987) Los actos a que se refiere este artículo sólo podrán realizarse con fines médicos y científicos y requerirán, al igual que las substancias respectivas, autorización de la Secretaría de Salud." "Artículo 248. Queda prohibido todo acto de los mencionados en el artículo 247 de esta Ley, con relación a las substancias incluidas en la fracción I del artículo 245." Este Juzgador Federal estima que los preceptos impugnados en modo alguno contienen, por la forma en que se encuentran redactados sus enunciados, algún mensaje estigmatizador al no incluir un factor prohibido de discriminación de los considerados en las categorías sospechosas del artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, los artículos impugnados en términos de lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si bien comportan un sistema de prohibiciones administrativas que forma parte SILVIA LORENA ARENAS RAYA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.56.2e 02/12/23 11:04:43 21 del marco regulatorio previsto en la Ley General de Salud sobre el control de estupefacientes y psicotrópicos, lo cierto es que revisados en su integridad, este órgano de control constitucional no advierte que estén redactados para llevar consigo implícita o explícitamente un mensaje de contenido valorativo negativo en virtud de que el legislador no utilizó como criterio diferenciador, alguna de las categorías sospechosas establecidas en el artículo 1° Constitucional. Antes bien, la finalidad perseguida por el sistema de prohibiciones contenido en la Ley General de Salud es la de evitar efectos nocivos en la salud asociados al consumo de dicho producto y el orden público, a fin de garantizar la promoción del bienestar físico y mental del hombre. Sin embargo, contrariamente al entendimiento que tiene la parte quejosa, para conseguir la finalidad constitucional perseguida por las normas que cuestiona como discriminatorias, el legislador se allegó del derecho a la salud pública y bienestar social para imponer tal sistema de prohibición absoluta del consumo lúdico de marihuana, sin que en su intención para alcanzar la finalidad pretendida con la norma haya realizado alusiones directa o indirectamente en contra del grupo de personas que, conforme a su derecho al libre desarrollo de la personalidad, han decidido realizar el consumo lúdico o recreativo de marihuana. SILVIA LORENA ARENAS RAYA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.56.2e 02/12/23 11:04:43 En virtud de que los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo y 248 de la Ley General de Salud, constituyen normas autoaplicativas, al no contener un mensaje estigmatizaste permanente o continuado en perjuicio del ahora quejoso, éste debía impugnarlos dentro del plazo de treinta días contado a partir de su entrada en vigor, acorde con lo dispuesto en la fracción I del artículo 17 de la Ley de Amparo. Por tanto, si la última modificación a los artículos impugnados fue publicada el veinticuatro de diciembre de dos mil dieciocho, y en términos del Transitorio Único, entró en vigor al día hábil siguiente de su publicación, esto es, el veintiséis de diciembre de dos mil dieciocho, el citado plazo feneció el ocho de febrero de dos mil diecinueve, descontándose los días inhábiles correspondientes, de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo. Luego, si la demanda de origen de este juicio de amparo fue presentada hasta el día cinco de agosto de dos mil veinte, a través del buzón judicial, tal como se advierte del sello y de la papeleta de turno respectiva, resulta evidente que transcurrió en exceso el término de treinta días y, que su presentación es extemporánea. Por ello, se estima que la parte inconforme tácitamente consintió los artículos impugnados, al acudir a esta vía fuera del plazo de treinta días contemplado en el artículo 17 de la ley de la SILVIA LORENA ARENAS RAYA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.56.2e 02/12/23 11:04:43 23 materia, contado desde el día de su entrada en vigor, motivo por el cual, desde luego, se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo. De ahí que, lo procedente en este caso es decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, en los términos del artículo 63, fracción V, de la propia ley de la materia, lo que imposibilita a este juzgador abordar el fondo del asunto, justamente, porque la principal consecuencia del sobreseimiento es, sin duda, poner fin al juicio sin analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados en el propio juicio de amparo. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Jesús Fernando Navarro Higareda, contra los actos reclamados al Congreso de la Unión y Presidente de la República, ambos con residencia en Ciudad de México, por los motivos expuestos en el último considerando del presente fallo. Notifíquese personalmente. Así, definitivamente juzgando, lo sentenció y firma el licenciado Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy catorce de julio de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores del SILVIA LORENA ARENAS RAYA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.56.2e 02/12/23 11:04:43 Juzgado, ante la licenciada Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza y da fe.
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