Jesús Lemus Méndez

Expediente 482/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 20 actuaciones registradas, la última del 19 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
482/2020
Año
2020
Actuaciones
20
Última actuación
19/11/2021

Partes del expediente

  • Jesús Lemus Méndez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    MEDIANTE LISTA NOTIFICO AL TERCERO INTERESADO JESÚS BARRERA OCHOA, REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA MORAL DENOMINADA "HERNÁNDEZ Y ASOCIADOS", LO SIGUIENTE: SRM Morelia, Michoacán, a diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno. V I S T O S los autos del juicio de amparo número X-482/2020, promovido por Jesús Lemus Méndez, por propio derecho, contra actos de los Jueces de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral Región Zamora, Michoacán; y, R E S U L T A N D O .y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. . SEGUNDO. .. TERCERO.CUARTO. QUINTO. Conceptos de violación. Este juzgado federal considera innecesario transcribir los conceptos de violación, debido a que, para colmar los requisitos de congruencia y exhaustividad, exigidos por la Ley de Amparo, basta con realizar el examen exhaustivo y congruente de los argumentos vertidos en la demanda de garantías. Lo anterior, encuentra sustento en la jurisprudencia que se transcribe en seguida: "Época: Novena Época Registro: 164618 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXI, Mayo de 2010 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 58/2010 Página: 830 CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. Contradicción de tesis 50/2010. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo del Noveno Circuito, Primero en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito y Segundo en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito. 21 de abril de 2010. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Arnulfo Moreno Flores. Tesis de jurisprudencia 58/2010. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del doce de mayo de dos mil diez. SEXTO. Estudio de fondo. Como una cuestión previa conviene señalar que, la fracción III del Artículo 79 de la Ley de Amparo , prevé que en los casos en los que el promovente del juicio de control constitucional tenga la calidad de imputado en un proceso de índole penal, deberá suplirse la deficiencia de la queja en su favor; por ese motivo, en caso de observarse alguna vulneración a los derechos fundamentales del peticionario de la protección constitucional, este órgano jurisdiccional realizará el pronunciamiento pertinente para que dicha violación sea subsanada. Luego, del análisis integral de la demanda, se obtiene que el quejoso aduce toralmente que la orden de aprehensión combatida se emitió en contravención a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16 Constitucionales, violentándose sus derechos humanos a un debido proceso y presunción de inocencia, dado que nunca se le ha informado que existe alguna acusación en su contra violándose su derecho de defensa, ante lo cual la orden dictada en su contra carece de fundamentación y motivación Tales asertos resultan infundados, por los motivos que se expone a continuación. En principio, es menester precisar que, cuando en un juicio de amparo el acto reclamado lo constituya una orden de aprehensión, el análisis de dicha actuación debe realizarse, conforme a lo previsto en la Ley de Amparo, observando también los principios del juicio de origen -publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación- lo que se obtiene del contenido de diversos artículos que regulan su procedimiento. En efecto, en términos del artículo 75 de la Ley de Amparo, establece que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable y como excepción para dicha admisión, se prevé que el quejoso podrá ofrecer pruebas cuando no hubiere tenido oportunidad de hacerlo ante la autoridad responsable; pero en cuanto a la materia penal dispone que el juzgador deberá cerciorarse de que este ofrecimiento no implique una violación a la oralidad o a los principios que rigen en el proceso penal acusatorio. En ese tenor, la interpretación que nuestro Máximo Tribunal le ha dado a ese dispositivo es el siguiente: Registro digital: 160812 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Común, Penal Tesis: 1a./J. 64/2011 (9a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro I, Octubre de 2011, Tomo 2, página 993 Tipo: Jurisprudencia Tesis de jurisprudencia 64/2011. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha veinticinco de mayo de dos mil once. Primeramente, a través de la Jurisprudencia número 64/2011. Décima Época Número de registro 160812.- de la Nove Época, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro I, Octubre de 2011, Tomo 2, Materia Común, Página: 993 , al interpretar el artículo 36 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, determinó que el juez de garantía -ahora juez de control- estaba impedido para revisar la carpeta de investigación antes de dictar sus resoluciones, salvo que existiera controversia entre los intervinientes respecto al contenido de dicha carpeta; sin embargo, expresó que no podía considerarse extensiva dicha limitante al juez de amparo, ya que esa facultad derivaba de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, concluyendo que sólo en el caso de que el juez de garantía hubiere tenido acceso a la carpeta de investigación, es que el juez federal podrá imponerse de la misma, pero solamente respecto de los datos que aquél haya tenido en cuenta a fin de dilucidar la controversia. Posteriormente, a través de la tesis aislada 1a. CCIV/2014, de la Décima Época, con número de registro 2006473, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo I, Materia Constitucional, Penal, página 541 , la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, destacó que si bien el acto reclamado en el juicio de amparo debe ser apreciado bajo las mismas actuaciones que tuvo a su alcance la autoridad responsable al momento de su emisión, también lo es que dicho principio admitía como excepción, precisamente, la viabilidad de pruebas supervenientes que tuvieran directa relación con hechos de la investigación, más aún, si convergen con la demostración de violaciones a derechos humanos relacionadas con la fase inicial del procedimiento penal, como en el caso paradigmático de la tortura. Salvo, en el caso de que los argumentos formulados por el peticionario de la protección constitucional resultaren fundados; o bien, de oficio se observe alguna circunstancia que patentice la necesidad de suplir la queja deficiente en favor del amparista. Ahora, se estima pertinente destacar que cuando el acto reclamado se hace consistir en el libramiento de una orden de captura no debe atenderse únicamente a las exigencias que para su dictado establece el dispositivo 16 del Pacto Federal, sino que para su aplicabilidad debe tomarse en consideración lo preceptuado por los demás ordinales que tutelan el derecho fundamental de seguridad jurídica, ello con la finalidad de proteger de manera firme y eficaz las prerrogativas esenciales de la persona, consagradas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 193892 Instancia: Primera Sala Novena Época Materias(s): Penal Tesis: 1a./J. 31/99 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, Mayo de 1999, página 285 Tipo: Jurisprudencia ORDEN DE APREHENSIÓN, EN ELLA PUEDEN VIOLARSE GARANTÍAS TUTELADAS, EN ARTÍCULOS CONSTITUCIONALES DISTINTOS AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. La circunstancia específica de que el artículo 16 constitucional sea el que regule los requisitos a satisfacer para el dictado de una orden de aprehensión, no se puede llevar al extremo de considerar que sólo este precepto rija a tal acto, ya que evidentemente también deberá vigilarse, en su caso, si dicha determinación judicial no infringe alguna garantía constitucional contenida en diverso precepto, dado que podría darse el caso que en la misma se aplicara una ley retroactivamente en perjuicio del quejoso, o fuera librada sin cumplir las formalidades esenciales del procedimiento, conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; también podría darse el caso que autoridades jurisdiccionales del fuero común, decidieran sobre el libramiento de una orden de aprehensión, respecto de un hecho en que estuviere involucrada una persona perteneciente al ejército y fuera menester examinar su conducta desde el punto de vista de la legislación del fuero castrense; o que no estuviere fundado y motivado dicho acto, así como diversas hipótesis que pudieren formularse respecto de la posible violación de garantías constitucionales contenidas en preceptos diversos al 16 constitucional; luego entonces, resulta limitativo y equívoco concluir que para el libramiento de una orden de aprehensión, sólo deba cumplirse lo establecido en el mencionado artículo 16 constitucional; y por ende, su emisión no puede ser violatoria de los artículos 14, 16 o cualquiera otro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que las garantías de seguridad jurídica que se encuentran consagradas en la Constitución General de la República, son la base sobre las cuales descansa el sistema jurídico mexicano, por tal motivo, éstas no pueden ser limitadas porque en su texto no se contengan expresamente los derechos fundamentales que tutelan. Por el contrario, las garantías de seguridad jurídica valen por sí mismas, ya que ante la imposibilidad material de que en un artículo se contengan todos los derechos públicos subjetivos del gobernado, lo que no se contenga en un precepto constitucional, debe de encontrarse en los demás, de tal forma, que el gobernado jamás se encuentre en una situación de incertidumbre jurídica y por lo tanto, en estado de indefensión. De acuerdo a lo anterior, cuando se libra una orden de aprehensión, deben de cumplirse no únicamente las formalidades establecidas por el artículo 16 constitucional, párrafo segundo, sino que para su aplicabilidad debe atenderse a lo preceptuado en los demás artículos que tutelan las garantías de seguridad jurídica, con la finalidad de proteger de manera firme y eficaz a los derechos fundamentales de la persona tutelados en la Carta Magna. Contradicción de tesis 56/97. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, el ahora Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito. 3 de marzo de 1999. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Miguel Ángel Cruz Hernández. Tesis de jurisprudencia 31/99. Aprobada por la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de doce de mayo de mil novecientos noventa y nueve, por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros: presidente Humberto Román Palacios, Juventino V. Castro y Castro, José de Jesús Gudiño Pelayo, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Así también, es de invocarse la jurisprudencia Suprema Corte de Justicia de la Nación siguiente: Registro digital: 198484 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Penal Tesis: I.1o.P. J/3 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo V, Junio de 1997, página 633 Tipo: Jurisprudencia ORDEN DE APREHENSIÓN. EN ELLA PUEDEN VIOLARSE GARANTÍAS TUTELADAS EN ARTÍCULOS CONSTITUCIONALES DISTINTOS AL 16 CONSTITUCIONAL. La circunstancia específica de que el artículo 16 constitucional sea el que regule los requisitos a satisfacer para el dictado de una orden de aprehensión, no pueden llevar al absurdo jurídico de considerar que sólo este precepto rige la orden de aprehensión, ya que evidentemente también deberá verse, en su caso, si dicha orden de aprehensión no infringe garantía constitucional contenida en diverso precepto, dado que podría darse el caso de que en la misma se aplicara una ley retroactivamente en perjuicio del quejoso, o fuera librada sin cumplir con las formalidades esenciales del procedimiento, conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; también podría darse el caso de que en el hecho estuviese involucrada una persona perteneciente al ejército o que no estuviera fundado o motivado dicho auto, así como muchas otras hipótesis que pudieran formularse respecto de la posible violación de garantías constitucionales contenidas en preceptos diversos al 16 constitucional; luego entonces, resulta limitativo y equívoco concluir que para el dictado de una orden de aprehensión, sólo deba cumplirse lo establecido en el mencionado artículo 16 constitucional y, por ende, que su emisión no puede ser violatoria de los artículos 14 o 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 129/93. Ramón Bonora Díaz. 13 de julio de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Manuel Caravantes Sánchez. Amparo en revisión 387/93. Jorge Gustavo Cassani Sánchez. 28 de febrero de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Manuel Caravantes Sánchez. Amparo en revisión 337/95. Héctor Becerril Olvera. 29 de febrero de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Enrique Rueda Dávila. Secretario: Fausto Amador Martínez Cruz. Amparo en revisión 701/96. Gerardo Legaria Fragoso. 31 de octubre de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Hugo Luna Ramos. Secretario: Manuel Caravantes Sánchez. Amparo en revisión 305/97. Salomón Zacarías Martínez. 30 de mayo de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Elvia Díaz de León de López. Secretaria: María del Carmen Villanueva Zavala. Nota: El criterio contenido en esta tesis contendió en la contradicción de tesis 56/97, resuelta por la Primera Sala, de la que derivó la tesis 1a./J. 31/99, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, mayo de 1999, página 285, con el rubro: "ORDEN DE APREHENSIÓN, EN ELLA PUEDEN VIOLARSE GARANTÍAS TUTELADAS, EN ARTÍCULOS CONSTITUCIONALES DISTINTOS AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL." Expuesto lo anterior, se considera que no se vulneró derecho fundamental alguno en perjuicio del solicitante de la protección constitucional, ya que si bien atento al dispositivo 14 de la Constitución Federal, todo gobernado goza del derecho a ser oído antes de que se realice el acto de autoridad, lo cierto es que tratándose de un mandamiento de captura se actualiza una excepción a la regla, toda vez que el numeral 16 de la propia Ley Fundamental establece las condiciones para el libramiento de una orden de aprehensión y, previo a su emisión, no exige que se escuche al indiciado en defensa, ya que únicamente determina que dicha orden esté precedida por denuncia o querella respecto de un hecho que la ley señale como delito, sancionado cuando menos con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Apoya lo anterior, la tesis que a continuación se transcribe: Registro digital: 180566 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Penal Tesis: IX.1o.33 P Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XX, Septiembre de 2004, página 1824 Tipo: Aislada ORDEN DE APREHENSIÓN. PARA DICTARLA NO ES REQUISITO OBSERVAR LA GARANTÍA DE AUDIENCIA. Todo gobernado goza del derecho a la garantía de audiencia, antes de que se realice en su perjuicio el acto de autoridad; sin embargo, cuando el acto de autoridad es una orden de aprehensión, al establecer el artículo 16 de la Constitución Federal, los requisitos que debe satisfacer la emisión de un mandamiento de esa naturaleza, no comprendió el relativo a que previamente se oiga al presunto indiciado, sino únicamente, que las órdenes de aprehensión sean emitidas por autoridad judicial, que estén precedidas por alguna denuncia o querella respecto de un hecho que legalmente se sancione, cuando menos, con pena privativa de libertad y que existan datos que acrediten el cuerpo del delito y que hagan probable la responsabilidad del indiciado. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL NOVENO CIRCUITO. Amparo en revisión 291/2004. 7 de julio de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: F. Guillermo Baltazar Alvear. Secretario: Esteban Oviedo Rangel. Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, agosto de 1996, página 702, tesis VI.2o.105 P, de rubro: "ORDEN DE APREHENSIÓN. NO ES REQUISITO PARA DICTARLA, OBSERVAR LA GARANTÍA DE AUDIENCIA." Por lo anterior, se considera que con el dictado de la orden de captura reclamada no se vulneró en perjuicio del quejoso el derecho fundamental que consagra el artículo 14 constitucional, ya que como se indicó, tratándose de mandamientos de aprehensión no rige el derecho fundamental de previa audiencia. Por otra parte, se insiste que no se transgredió derecho fundamental alguno del disconforme, toda vez que la orden de captura reclamada cumple con las exigencias establecidas por el precepto 16 constitucional y para demostrarlo, se destaca que es requisito de todo acto de molestia que deba estar debidamente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse las circunstancias especiales, las razones particulares o las causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, siendo necesario además que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configure la hipótesis normativa. Al respecto, se cita la jurisprudencia observable de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es la siguiente: Registro digital: 176546 Instancia: Primera Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 1a./J. 139/2005 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXII, Diciembre de 2005, página 162 Tipo: Jurisprudencia FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso. Contradicción de tesis 133/2004-PS. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito. 31 de agosto de 2005. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Beatriz Joaquina Jaimes Ramos. Tesis de jurisprudencia 139/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha veintiocho de septiembre de dos mil cinco. Nota: Esta tesis fue objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 377/2017 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desechada por notoriamente improcedente, mediante acuerdo de 31 de octubre de 2017. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso. Expuesto lo anterior, debe señalarse que de la consulta del audio y video remitido por la autoridad jurisdiccional responsable se advierte que en la orden de aprehensión librada el veintisiete de febrero de dos mil veinte, dentro de la causa penal 193/2020, la Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral Región Zamora, Michoacán, citó entre otros los artículos 16 constitucional, así como el numeral 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que se evidencia que no existe violación formal en cuanto a la falta de fundamentación y de motivación para dictar la orden de aprehensión reclamada. Lo narrado, permite establecer que la responsable sí precisó en la orden de captura combatida diversos dispositivos legales tanto de la Constitución Federal como de la codificación adjetiva nacional de la materia, aunado a que también expuso las razones, los motivos y las circunstancias que tomó en cuenta para girar la orden de aprehensión impugnada, tal y como se pondrá de manifiesto en líneas siguientes. Así, para estar en posibilidad de demostrar la legalidad de la orden de captura se estima pertinente resaltar que el artículo 16 de la Constitución Federal, además de los requisitos de fundamentación y de motivación que todo acto de autoridad debe contener, precisa las exigencias que para su dictado se deben cumplir, al tenor siguiente: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. [.] No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión". De la transcripción que antecede, se aprecia que los requisitos que deben colmarse para que la autoridad judicial libre la orden de aprehensión son los siguientes: a) Que sea dictada por autoridad judicial; b) Que esté precedida por denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito; c) Que el ilícito sea sancionado con pena privativa de libertad; y, d) Que existan datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su perpetración. Por su parte, los dispositivos 141 y 142 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevén: "Artículo 141. Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión. Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: I. Citatorio al imputado para la audiencia inicial; II. Orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna, y III. Orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela. En la clasificación jurídica que realice el Ministerio Público se especificará el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, sin perjuicio de que con posterioridad proceda la reclasificación correspondiente. También podrá ordenarse la aprehensión de una persona cuando resista o evada la orden de comparecencia judicial y el delito que se le impute merezca pena privativa de la libertad. La autoridad judicial declarará sustraído a la acción de la justicia al imputado que, sin causa justificada, no comparezca a una citación judicial, se fugue del establecimiento o lugar donde esté detenido o se ausente de su domicilio sin aviso, teniendo la obligación de darlo. En cualquier caso, la declaración dará lugar a la emisión de una orden de aprehensión en contra del imputado que se haya sustraído de la acción de la justicia. El Juez podrá dictar orden de reaprehensión en caso de que el Ministerio Público lo solicite para detener a un imputado cuya extradición a otro país hubiera dado lugar a la suspensión de un procedimiento penal, cuando en el Estado requirente el procedimiento para el cual fue extraditado haya concluido. El Ministerio Público podrá solicitar una orden de aprehensión en el caso de que se incumpla una medida cautelar, en los términos del artículo 174, y el Juez de control la podrá dictar en el caso de que lo estime estrictamente necesario. "Artículo 142. Solicitud de las órdenes de comparecencia o de aprehensión En la solicitud de orden de comparecencia o de aprehensión se hará una relación de los hechos atribuidos al imputado, sustentada en forma precisa en los registros correspondientes y se expondrán las razones por las que considera que se actualizaron las exigencias señaladas en el artículo anterior. Las solicitudes se formularán por cualquier medio que garantice su autenticidad, o en audiencia privada con el Juez de control". Hechas las precisiones que anteceden, de la videograbación contenida en el disco en formato DVD que remitió la Jueza de Control responsable, se aprecia que en audiencia privada para solicitar orden de aprehensión de veintisiete de febrero de dos mil veinte dicha autoridad tuvo conocimiento por parte de las Agentes del Ministerio Público Claudia Guadalupe Hurtado Cambrón y María Guadalupe Castro Martínez, la primera perteneciente al área de Litigación, ambas de la Fiscalía Regional de Justicia del Zamora, Michoacán, mismas que intervinieron en la audiencia de la data antes apuntada: Que el nueve de noviembre de dos mil diecinueve, siendo aproximadamente, las catorce horas con treinta minutos, el ahora quejoso Jesús Lemus Méndez y otro, así como la víctima Antonio de Jesús Alcalá Campos, llegaron a bordo de unas motocicletas al rancho denominado "Las Trojes", el cual se encuentra ubicado en la localidad de Santiago Tangamandapio, Municipio de Zamora, Michoacán, que en una de las motocicletas como conductor Iba Antonio de Jesús Alcalá Campos, y como copiloto diversa persona; mientras que en la segunda motocicleta llegó el aquí quejoso Jesús Lemus Méndez, y una vez que se encontraron en la entrada del aludido rancho, Antonio de Jesús Alcalá Campos, atravesó la motocicleta que conducía en el costado izquierdo de una camioneta, siendo esta de la marca Ford Tipo Pick-Up, color blanco, modelo 2017, placas de circulación MU9014S, de esta entidad federativa, misma que era tripulada por la diversa víctima Miguel Ángel Anaya Vázquez, quien era el encargado del rancho propiedad de Hernández Asociados, que este último se encontraba en ese sitio, debido a que se disponía a realizar el pago a los trabajadores que laboraban en el rancho, llevando consigo la cantidad de ochenta y ocho mil pesos; siendo que, en ese momento, descendiendo de la motocicleta, Antonio de Jesús Alcalá Campos y su copiloto, que este último, sacó un arma de fuego, con la cual le hacía señas a Miguel Ángel para que detuviera el vehículo, mientras que Antonio de Jesús Alcalá Campos, se acercó por el lado del conductor de la camioneta descrita y en ese acto llegó Jesús Lémus Méndez en la otra motocicleta, quien se colocó a un costado de la camioneta, por el lado del copiloto, exactamente en la ventanilla, además, se destaca que portaba un arma de fuego de color negro con cachas de color blanco, misma con la que le apuntaba a Miguel Ángel Anaya Vázquez, diciéndole "Dame el dinero o te quebró", que para ese instante el copiloto de Antonio de Jesús Alcalá Campos, se encontraba en la ventanilla del asiento trasero del piloto, acto en que, la camioneta se comenzó a desplazar hacia adelante y fue cuando diverso investigado comienza a realizar detonaciones de arma de fuego hacia la aludida camioneta, pegándole a la misma en puerta de la unidad vehicular, específicamente, del lado del conductor, por lo que Miguel Ángel Anaya Vázquez, aceleró la marcha, siendo entonces que, la víctima Antonio de Jesús Alcalá Campos, comenzó a disparar también en contra de la camioneta; que derivado de las detonaciones de arma de fuego efectuadas en ese acto y lugar, uno de los proyectiles se impactó en la humanidad de Antonio de Jesús Alcalá Campos, el cual según dictamen pericial, presentaba un orificio de entrada fontal en la región izquierda con orificio salida en la occipital, lo cual le ocasionara la muerte derivada de la laceración encefálica por fractura de cráneo debido a herida por proyectil de arma de fuego. De la exposición de la Representación Social, determinó la Jueza de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral Región Zamora, que se desprendía el resultado de los antecedentes de la investigación realizada hasta ese momento, y puntualizó los siguientes datos de prueba: 1.- La noticia criminal de nueve de noviembre de dos mil diecinueve, realizada por el policía de investigación Roberto Carlos Hurtado Olvera. 2.- Acta de reconocimiento e identificación de cadáver de la persona que en vida respondiera al nombre de Antonio de Jesús Alcalá Campos, de fecha nueve de noviembre de dos mil diecinueve, por los comparecientes Rodolfo Campos Mora y Andrea Esmeralda Alcalá Campos, abuelo y hermana del fallecido, respectivamente; además entrevista de esta última ante el Policía de Investigación en la fecha antes referida. 3.- Entrevistas que rindieran Marco Tulio y Azucena Liliokalini, ambos de apellidos Vértiz Rodríguez, en cuanto cuñado y esposa de la víctima Antonio de Jesús Alcalá Campos, la primera de fecha nueve y la segunda el quince, ambas del mes de noviembre de dos mil diecinueve, ante el policía de investigación Alejandro Ramos Jiménez. 4.- Ante el Policía de Investigación Juan Manuel Pérez Ortiz, el diez de noviembre de dos mil diecinueve, rindieron entrevista Agustín Jacobo González, Miguel Ángel Anaya Vázquez y Luis Fernando Ramírez Zaragoza. 5.- Denuncia presentada ante el agente del Ministerio Público Luis Antonio Navarrete Anaya, el doce de noviembre de dos mil diecinueve, por Jesús Barrera Ocha, en su calidad de apoderado de la moral Hernández Asociados. 6.- Dictámen en materia de química forense, de diez de noviembre de dos mil diecinueve, realizado por la perito química Jenifer Pollet Romero Flores, con la finalidad de identificar la presencia de plomo y bario en las muestras obtenidas del cadáver de la víctima Antonio de Jesús Alcalá Campos. 7.- Necropsia médico legal, practicada al cadáver de Antonio de Jesús Alcalá Campos, el nueve de noviembre de dos mil diecinueve, por el perito médico Martín Abraham Tamayo Ruiz. 8.- Entrevista realizada el veintitrés de noviembre de dos mil diecinueve por Azucena Liliokalini Vértiz Rodríguez, ante el Policía de Investigación Alejandro Ramos Jiménez. 9.- Dictamen en materia de criminalística de campo para identificación de persona, realizado por el criminalista Daniel Alfaro Castañeda, el veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve. 10.- Dictámenes periciales en materia de identificación por fotografía, por expertos José Luis Ramírez Padilla y Daniel Alfaro Castañeda. 11.- Dictamen pericial sobre identificación y avalúo de daños de fecha diez de noviembre de dos mil diecinueve, por la perito Yadira Lázaro Rojas y, 12.- Dictamen pericial sobre inspección del lugar y levantamiento de cadáver de nueve de noviembre de dos mil diecinueve, a cargo de Yadira Lázaro Rojas. La autoridad responsable estableció los antecedentes narrados por la Representación Social, los cuales analizados de manera libre, lógica y natural, en términos de los artículos 260 y 275 del Código Nacional de Procedimientos Penales y que en ese estadio procesal de la audiencia, resultaron aptos y suficientes para acreditar los hechos que la ley señala como delitos de homicidio calificado, homicidio calificado en grado de tentativa y, robo calificado grave en grado de tentativa, lo anterior, al ponderar que existe congruencia y coherencia en todos y cada uno de los actos de investigación y en ese contexto consideró que justificaron los hechos relevantes señalados. Ahora, en la especie se considera que se encuentra colmado el primero de los requisitos que exige el artículo "Artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que de la consulta del disco versátil digital que exhibió la autoridad responsable al rendir su informe con justificación, se advierte que la orden de captura fue emitida por la Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral Región Zamora, quien de conformidad con el numeral 47 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Michoacán, es una autoridad judicial que, entre otras atribuciones, tiene la de pronunciar actos como el que se reclama en la especie, y por ende, resulta competente. Sobre el particular la Juez de Control, en audiencia privada para solicitar orden de aprehensión de veintisiete de febrero de dos mil veinte, puntualizó: Que bajo ese contexto, el primer requisito, es decir el inherente a la competencia de ese órgano jurisdiccional, para decretar una orden de aprehensión se cumplía en términos de lo que establecen los artículos 20, 133 y 134 del Código Nacional de Procedimientos Penales; así como los artículos 37, 38, 44 y 47, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Michoacán, que lo anterior se sustentaba en razón de que los hechos acontecieron el nueve de noviembre de dos mil diecinueve, cuando se encontraba en vigor el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral; que además, la clasificación jurídica que preliminarmente dio Claudia Guadalupe Hurtado Cambrón, en cuanto agente del Ministerio Público de la Fiscalía Regional de Zamora, Michoacán, constituyen hechos que la ley del fuero común señala como delitos, por lo tanto, por razón del fuero era de su competencia, amén de que acontecieron dentro de la circunscripción territorial de la Región Judicial de Zamora, Michoacán, a la cual pertenece la localidad de Santiago Tangamandapio. Asimismo, se encuentra satisfecho el requisito relativo a que la orden de aprehensión esté precedida por una denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito. En efecto, de la consulta del disco digital se advierte que conforme al cuadro fáctico proporcionado por las Agentes del Ministerio Público de Litigación de la Fiscalía Regional de Justicia de Zamora, Michoacán, los hechos con apariencia de delito de homicidio calificado, previsto y sancionado en los artículos 117, 122 y 135, fracción I, inciso b); así como, homicidio calificado en grado de tentativa, previsto y sancionado en los artículos 22, 71, 117, 122 y 135, fracción I, inciso b), y, robo calificado grave en grado de tentativa, previsto y sancionado por los artículos 22, 71, 199, 200, fracción III y 204, fracción I y 206, todos en relación con los arábigos 19 fracción I, 20 fracción I y 24 fracción III, todos del Código Penal del Estado de Michoacán, fueron dados a conocer por medio de la noticia criminal de nueve de noviembre de dos mil diecinueve, por el policía de Investigación Roberto Carlos Hurtado Olvera, quien informó al agente del Ministerio Público respecto de un hecho aparentemente constitutivo del delito, como es el que siendo aproximadamente a las quince horas con cinco minutos, recibió una llamada a la guardia de la policía de Santiago Tangamandapio, municipio de Zamora, Michoacán, informándole que sobre la carretera Zamora - Guadalajara, en el Rancho denominado Las Trojes, se localizaba una persona fallecida por proyectil de arma de fuego. Con base en ello, el juez dio por colmado el requisito de que existiera una denuncia. Por otro lado, la juzgadora natural refirió: ".estos hechos ilícitos y de manera especial el homicidio, tiene señalada pena privativa de libertad, cuando es calificado de veinte a cincuenta años.". Luego,. es posible sostener que como acertadamente lo manifestó, los hechos que la ley señala como delitos y respecto de los cuales se solicitó la orden de aprehensión en audiencia de veintisiete de febrero de dos mil veinte, sí son sancionados con pena privativa de libertad, al tratarse, como ya se vio, de los injustos de homicidio calificado, previsto y sancionado en los artículos 117, 122 y 135, fracción I, inciso b); así como, homicidio calificado en grado de tentativa, previsto y sancionado en los artículos 22, 71, 117, 122 y 135, fracción I, inciso b), y, robo calificado grave en grado de tentativa, previsto y sancionado por los artículos 22, 71, 199, 200, fracción III, 204 fracción I y 206, todos en relación con los arábigos 19 fracción I, 20 fracción I y 24 fracción III, todos del Código Penal del Estado de Michoacán. En relación con las exigencias constitucionales atinente a que existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su perpetración, la Juez de Control también lo consideró colmado; decisión que a juicio de ese órgano jurisdiccional es oportuna. Con el propósito de evidenciar tal afirmación, es menester remitirse al contenido de la referida audiencia de veintisiete de febrero de dos mil veinte, derivada de la solicitud que plantearon las Agentes del Ministerio Público para que se emitiera una orden de aprehensión contra el hoy quejoso. Bien, del contenido de la audiencia en comento, se desprende que la juez de control, luego de analizar dicha petición conforme a los medios de prueba señalados por el órgano técnico investigador, determinó la existencia de datos que establecían la comisión de los hechos que la ley tipifica como delitos, de manera particular, el homicidio calificado, en agravio de Antonio de Jesús Alcalá Campos; así como, homicidio calificado en grado de tentativa, en detrimento de Miguel Ángel Anaya Vázquez; y, robo calificado grave en grado de tentativa, en agravio de la moral Hernández Asociados. En cuanto a los datos que establezcan que se han cometido estos hechos y que la ley señala como delitos en el orden que se señalan a continuación, es que fueron analizados. En primer término, por lo atinente al delito de homicidio calificado en agravio de Antonio de Jesús Alcalá Campos, tomó en cuenta de entre los datos de prueba, de modo especial aquéllos inherentes a la identidad de la víctima, como lo fue el reconocimiento de identificación que del cadáver de la persona que en vida respondiera al nombre de Antonio de Jesús Alcalá Campos, realizada el nueve de noviembre de dos mil diecinueve, por parte de las personas de nombres Rodolfo Campos Mares y Andrea Esmeralda Alcalá Campos, quienes acudieron a las instalaciones de la Fiscalía Regional de Zamora, Michoacán y dijeron ser abuelo y hermana, respectivamente de la víctima. Así también, la Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral Región Zamora, consideró que en apariencia el delito de homicidio se justificaba porque en principio se requirió la existencia de una vida humana y que la mecánica bajo la cual falleció la víctima de referencia, se encontraba sustentada en la noticia criminal y de la información que ante el Policía de Investigación Alejandro Campos Ramos, proporcionó Marco Tulio Vértiz Rodríguez y Azucena Liliokalini Vértiz Rodríguez, quienes, refirieron ser cuñado y esposa respectivamente; del mismo modo, la segunda dio cuenta de que la última ocasión que vio con vida a su esposo Antonio de Jesús Alcalá Campos, fue el nueve de noviembre de dos mil diecinueve. Además de esos medios de prueba, valoró las entrevistas de Miguel Ángel Anaya Vázquez, Agustín Jacobo González y Luis Fernando Ramos Zaragoza, quienes fueron testigos presenciales de los hechos y refirieron de manera contextual, que esto aconteció en el rancho donde ellos laboraban "Las Trojes", donde Jesús Lemus Méndez, en compañía de Antonio de Jesús Alcalá Campos, y otro, a bordo de motocicletas, realizaron disparos en donde una de las personas que además, se dice o se justificó, intentaban apoderarse del dinero que Miguel Ángel Anaya Vázquez llevaba, perdió ahí la vida, lo cual se corroboró con el levantamiento del cadáver realizado por la perito en criminalista Yadira Lázaro Rojas, quien el nueve de noviembre de dos mi diecinueve, se constituyó en el referido rancho y ubicó el cadáver de quien posteriormente fue identificado como Antonio de Jesús Alcalá Campos, quien falleció de acuerdo a la necropsia de ley por una laceración encefálica secundaria a penetración de arma de fuego. Con dichos actos de investigación, válidamente justificó de manera preponderante el supuesto a que se refiere el artículo 117 del Código Penal del Estado de Michoacán, mismo que establece que comete el delito de homicidio quien priva de la vida a otra persona, ya que con los hechos narrados se puso de manifiesto que se privó de la vida a Antonio de Jesús Alcalá Campos, bajo las circunstancias de tiempo modo y lugar precisados por la representación social y de esa manera se colige que dicha víctima, no falleció por muerte natural, sino por disparo de proyectil de arma de fuego. Medios de convicción que fueron determinantes por el juez y que estimó se trataba del delito de homicidio calificado, pues valorados a la luz del artículo 135 fracción I, inciso b) del Código Penal del Estado de Michoacán, porque la víctima perdió la vida a consecuencia de disparo de proyectiles de arma de fuego, es decir se emplearon armas con las cuales se le privó de la vida. En esa línea, consideró que ese hecho ilícito es doloso al tenor de lo que establece el artículo 20 fracción I, del cuerpo de leyes antes invocado, porque no obstante que la mecánica de hechos bajo la cual aconteció el deceso implicó que Antonio de Jesús Alcalá Campos, acompañaba a las personas que lo privaron de la vida, entre otro al aquí quejoso Jesús Lemus Méndez, quienes también participaron en el pretendido robo y que el hecho de que hayan disparado armas de fuego hacia el sitio donde se encontraba el hoy finado, fue consecuencia de la conducta realizada, no obstante, hizo manifestación en el sentido que se puede entender que no era la finalidad privarlo de la vida, tan esa sí que por propia voluntad el fallecido acompañó a Jesús Lemus Méndez y otro al Rancho "Las Trojes"; sin embargo, tampoco consideró una situación culpable porque finalmente los disparos que efectuaron tenían un objetivo y el arma de fuego empleada para tal efecto, presumiblemente 38 Súper, implica haber realizado todos los actos tendientes a producir un daño letal y en ello se justifica uno de los supuestos del dolo directo a que se refiere el artículo citado en supralíneas, que es precisamente la consecuencia necesaria o resultado de la conducta realizada entre otro por el amparista, es decir la privación de la vida de la víctima. Las entrevistas efectuadas por la representación social a Miguel Ángel Anaya Vázquez, Agustín Jacobo González y Luis Fernando Ramos Zaragoza, fueron retomadas por la juzgadora y concluyó que esas personas, fueron acordes en referir que tres personas, entre ellos la víctima que falleció, acudieron al Rancho "Las Trojes" a modo de motocicleta e intentaron despojar al primero de los citados del dinero propiedad de la empresa denominada Hernández Asociados, que el fin del numerario era pagar la nómina de los trabajadores del rancho y que este hecho al analizar el ilícito de robo, la conducta desplegada por los sujetos activos constituye una tentativa punible, en términos del artículo 22 del Código Penal del Estado, porque entre otro, Jesús Lemus Méndez, al acudir hasta el rancho propiedad de Hernández Asociados e interceptar a la persona que presumiblemente sabían manejaba el dinero, como lo dio a conocer Marco Tulio Vértiz Rodríguez, según información que a éste le proporcionó, de entre otro, el aquí investigado y bajo ese contexto, es que al interceptarlo e intentar quitarle el dinero mediante la mecánica implementada para tal efecto, constituye una tentativa punible del delito de robo, atendiendo este hecho ilícito en términos de lo que establece el artículo 199 del Código Penal del Estado, como el apoderamiento, de una cosa mueble, ajena y sin consentimiento de quien legítimamente pueda disponer de la misma, entendiendo como objeto de esa pretendida conducta ilícita, precisamente el numerario disponible para el pago de la nómina de los empleados del rancho y que acorde con la información otorgada por Vértiz Rodríguez, ascendía a la cantidad de ochenta y ocho mil pesos y bajo esa mecánica de hechos, la acción desplegada, sí constituye una tentativa punible del injusto de robo, en virtud de que, se llevaron a cabo todos los actos tendientes a cometer ese apoderamiento, al requerir a Miguel Ángel Anaya Vázquez de su entrega, y que si bien era verdad esos actos ejecutados que deberían de producir el resultado, no se objetivizaron, fue por causas ajenas a la voluntad de los sujetos activos, es decir, por la acción que desplegó este ultimo al dar marcha al vehículo, lo cual incluso propició que se saliera de control y se tomara la determinación de accionar las armas de fuego y que con motivo de ello, privaran de la vida a la diversa víctima Antonio de Jesús Alcalá Campos; bajo esa tesitura, es que la juzgadora justificó este hecho que la ley señala como delito de robo, conforme lo establecen los artículo 22 y 199 del Código Penal del Estado y en cuanto a la cuantía de la penalidad respecto a este hecho ilícito (robo en grado de tentativa), estableció que debían tomarse en consideración al menos hasta ese estadio procesal como referencia el artículo 200, fracción III, porque tomando en cuenta el valor de la unidad de medida y actualización vigente en el año dos mil diecinueve, se ubicaba en ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos y al hacer la operación aritmética encuadra en ese supuesto normativo. De manera puntual, la Juez de control, analizó lo concerniente a las calificativas invocadas por la representación social y adujo que, en relación de orden, el uso de la violencia en las personas, está justificado, en términos de lo dispuesto por el artículo 206 y se puede establecer de dos maneras, es decir, por medio de la violencia física o moral y, justamente el uso de armas de fuego constituye una especie de violencia moral y que fue el objeto con el cual intentaron amedrentar a la persona encargada de hacer el pago de la nómina, es decir a Miguel Ángel Anaya Vázquez, por otra parte, también consideró que se justifica el supuesto a que se refiere la fracción V, del citado artículo 204, pero se subsume a lo que se establece en la fracción I, del mismo numeral 204. Al abordar el análisis de la tentativa punible del ilícito de homicidio, del cual se señala como víctima a señor Miguel Ángel Anaya Vázquez, puntualizó que partiendo de lo que respecto del delito de homicidio prevé el artículo 117, así como a lo inherente a la tentativa a que se refiere el artículo 22, ambos preceptos del Código Penal del Estado, y al hecho finalmente relevante que se justificó, implica también que se justifica esta tentativa punible del delito de homicidio en agravio de Miguel Ángel Anaya Vázquez, porque es la persona según su propio dicho que corroborado además con lo que señalaron Agustín Jacobo González y Luis Fernando Ramos Zaragoza, conducía el vehículo hacia el cual dirigieron los diversos disparos de arma de fuego, entre otro, Jesús Lemus Méndez, y pudo haberse ocasionado este daño letal como lo fue en la diversa persona Antonio de Jesús Alcalá Campos, como ya se dijo, a consecuencia de los múltiples disparos de arma de fuego, que de los cuales, incluso la perito criminalista pudo ubicar en el lugar de los hechos ocho casquillos percutidos de una bala amorfa, lo que implica que ninguno hizo blanco en Anaya Vázquez, pero sí se puso en peligro el bien jurídico (la vida) que tutela el artículo 117 Código Penal del Estado, puesto que de haberse impactado alguno de los disparos en su humanidad, bien pudo haber tenido el resultado letal que se obtuvo con la víctima finada, máxime que en ese mismo sentido se toma en cuenta el resultado del dictamen pericial en materia de criminalística de campo que también realizó la perito Yadira Lázaro Rojas, en cuanto a la descripción e identificación del vehículo que conducía Miguel Ángel Anaya Vázquez, en el que ubicó cuatro orificios producidos por proyectiles de arma de fuego, lo cual dio como resultado de que efectivamente se puso no solo en peligro el bien jurídico sino que se realizaron todos los actos tendientes a la obtención del resultado y que, si bien es cierto, este no se produjo, fue por causas ajenas a la voluntad de los sujetos activos, además, derivado de las acciones por una parte de la víctima Miguel Ángel Anaya Vázquez, quien imprimió velocidad al vehículo que conducía, además porque no hubo éxito en la pretensión de los sujetos que realizaron disparos en contra de este vehículo y por esos mismos motivos, es decir, por el uso de armas de fuego, justificó la calificativa a que alude el artículo 135 fracción I, inciso b). Del mismo modo, la Juez de control, precisó que los hechos ilícitos de robo calificado y homicidio calificado, ambos en grado de tentativa, que en líneas anteriores dejó por justificados, son de naturaleza dolosa, además de que son instantáneos al igual que el de homicidio, conforme a lo establecido por el artículo 19, fracción I, del Código Penal del Estado. Al abordar la probable intervención del aquí quejoso Jesús Lemus Méndez y otro, consideró que estos mismos datos de prueba con los que cuenta la fiscalía y que resultaron suficientes para justificar los hechos constitutivos de delito, además, de manera especial a los reconocimientos de persona que llevaron a cabo Miguel Ángel Anaya Vázquez, Agustín Jacobo González, a partir de las fotografías del garantista Jesús Lémus Méndez y otro, obtenidas de manera lícita, proporcionadas por la señora Azucena Liliokalini Vértiz Rodríguez, a quien conoce porque refirió que era compadre de su finado marido, por lo que fue factible establecer que se trata de Jesús Lémus Méndez y otro, las personas que realizaron la conducta, porque los actos de investigación en ese sentido es decir, el reconocimiento por fotografía cumple con los lineamientos que al respecto establece el artículo 279 del Código Nacional de Procedimientos Penales, máxime que estos reconocimientos guardan particular relevancia con los diversos actos de investigación, entre los cuales está el que proporcionó Marco Tulio y Azucena Liliokalini, ambos de apellidos Vértiz Rodríguez, quienes dieron cuenta de su familiar, cuñado y esposo, respectivamente, del finado Antonio de Jesús Alcalá Campos, ese día de los hechos, se encontraba con Jesús Lémus Méndez y otro, por lo que, esa probable intervención justifica el supuesto en cuanto coautor a que alude el artículo 24, fracción III, del Código Penal del Estado, desde luego, sin soslayar el resto de los actos de investigación puntualizados por la representación social y que han sido tomados en cuenta para determinar lo resuelto, destacando el dictamen pericial rendido por la químico forense Jennifer Pollet Romero Flores, quien da cuenta de la ausencia de plomo y bario, lo cual corrobora la mecánica bajo la cual refiere Miguel Ángel Anaya Vázquez, acontecieron los hechos, es decir, la ubicación de la diversa víctima de homicidio en una de las ventanillas del vehículo, mientras las otras personas realizaban disparos de arma de fuego. En análisis del último de los requisitos derivado del Código Nacional de Procedimientos Penales, consistente en la justificación de la necesidad de cautela, la Juez de Control, depuso que, el delito de homicidio cuando es doloso constituye uno de los supuestos en los que en términos del artículo 19, párrafo II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el precepto 167, párrafo III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen la prisión preventiva como medida cautelar e implica que otra forma de conducción al proceso como sería una cita u orden de comparecencia, no sean razonablemente eficaces para lograr la comparecencia de los investigados al proceso porque la cita, implica el conocimiento pleno que estos tendrían de su derecho a acudir a audiencia asesorados por el defensor de su confianza y el sabedor del derecho indudablemente, les hará del conocimiento de la medida cautelar que eventualmente se les podrá imponer, y con ello, la factibilidad de que evitara la imposición de tal medida, en tanto que en la comparecencia, tampoco se guarda con el debido sigilo, lo que sí ocurre con la orden de aprehensión; luego entonces ponderó que, bajo esos lineamientos es que se justifican todos y cada uno de los requisitos para poder decretar la orden de aprehensión contra el quejoso Jesús Lemus Méndez; esto por el hecho que la ley señala como delito de homicidio calificado previsto y sancionado por los artículos 117, 135 fracción I, inciso b), en relación con los numerales 19, fracción I, 20, fracción I, del Código Penal del Estado, en el cual resulta víctima Antonio de Jesús Alcalá Campos; por el hecho que la ley señala como delito de robo calificado en grado de tentativa, previsto y sancionado por los artículos 199, 200, fracción III, vinculados con los numerales 22 y 71 del Código Penal del Estado; de igual manera, por el hecho que la ley señala como delito de homicidio calificado en grado de tentativa, previsto y sancionado por los artículos 117, 122, 135 fracción I, inciso b), en relación con los numerales 22 y 71 del Código Penal del Estado; el de robo en agravio de Hernández Asociados y el de tentativa de homicidio en agravio de Miguel Ángel Anaya Vázquez, estos últimos robo calificado y homicidio calificado, ambos en grado de tentativa, también conforme a los artículos 19 fracción I y 20 fracción I, todos estos dispositivos del Código Penal del Estado de Michoacán, estos al justificarse la probable intervención del quejoso en cuanto coautor conforme a la fracción III, del artículo 24 del Código Penal del Estado. Consecuentemente, se pone de manifiesto que la resolución reclamada se encuentra ajustada a derecho, en virtud de que se colmaron los requisitos exigidos por la Constitución Federal y por el Código Nacional de Procedimientos Penales para que la autoridad judicial librara la orden de aprehensión, toda vez que como se expuso fue emitida por autoridad judicial competente, le precedió una denuncia y se formuló una imputación al acusado -aquí quejoso, por hechos que la ley señala como el delito de homicidio calificado, previsto y sancionado en los artículos 117, 122 y 135, fracción I, inciso b), en agravio de Antonio de Jesús Alcalá Campos; así como, homicidio calificado en grado de tentativa, previsto y sancionado en los artículos 22, 71, 117, 122 y 135, fracción I, inciso b), en detrimento de Miguel Ángel Anaya Vázquez; y, robo calificado grave en grado de tentativa, previsto y sancionado por los artículos 22, 71, 199, 200, fracción III y 204, fracción I y 206 en agravio de la moral Hernández Asociados, todos en relación con los arábigos 19 fracción I, 20 fracción I y 24 fracción III, todos del Código Penal del Estado de Michoacán, aunado a que existieron datos de prueba que permiten establecer en grado probable, dado el reducido estándar probatorio que es requerido, que el justiciable lo cometió o participó en ellos, además, se advierte que el Juez responsable citó los preceptos legales aplicables al caso, expresó las razones particulares y las causas inmediatas que lo condujeron a resolver en ese sentido, y que se adecuaron los motivos aducidos a las normas aplicables al caso, en la forma ya expuesta, lo que resulta acorde con lo establecido por el numeral 16 de la Carta Magna, y por tanto, queda de manifiesto lo infundado de los conceptos de violación en análisis. No es óbice, que los datos de prueba analizados hasta el momento eventualmente podrían ser desvirtuados durante la secuela procesal; sin embargo, resulta factible considerar que dado el estándar de prueba requerido para la etapa procesal en que se encuentra el juicio natural (orden de aprehensión), los datos aportados hasta el momento pueden considerarse suficientes para la emisión de la determinación reclamada. Al respecto, se cita la tesis siguiente: "Época: Décima Época Registro: 2013619 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 39, Febrero de 2017, Tomo III Materia(s): Penal Tesis: XV.3o.3 P (10a.) Página: 2320 ORDEN DE APREHENSIÓN. ESTÁNDAR PARA SU DICTADO EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL. La significación del hecho considerado por la ley como delito consiste en que los datos de pruebas invocados por el agente del Ministerio Público y las partes, concatenados entre sí, atendiendo a la lógica y a la sana crítica, arrojen una evidencia razonable de que aconteció una acción humana, con la cual probablemente se causó un riesgo, una lesión o un resultado prohibido en una norma penal que, en ese supuesto, en su momento procesal oportuno pudiera hacer atribuible una pena a su autor, porque el estándar para dictar una orden de aprehensión en el sistema procesal penal acusatorio y oral, no implica realizar un análisis exhaustivo de los elementos del delito (conducta, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad), sino que debe partir de la normalización del procedimiento de investigación judicializada privilegiando su apertura, pues la finalidad del proceso penal es el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente y procurar que el culpable no quede impune, para asegurar el acceso a la justicia en la aplicación del derecho y resolver el conflicto que surja con motivo de la comisión del delito, en un marco de respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, lo cual se logra dando cabida a una verdadera investigación, donde los indicios den cuenta aproximada de la transformación del mundo con motivo de la conducta desplegada por la persona, para verificar si existe un desvalor de la norma prohibitiva. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO. Amparo en revisión 339/2016. 25 de noviembre de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Gerardo Manuel Villar Castillo. Secretario: Juan Manuel García Arreguín. Esta tesis se publicó el viernes 03 de febrero de 2017 a las 10:05 horas en el Semanario Judicial de la Federación.". En las relatadas condiciones, ante lo infundado de los conceptos de violación que formula la parte quejosa, y al no advertir motivo alguno por el que la queja deficiente deba ser suplida en su favor, en términos del ordinal 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, procede negar el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO.- La Justicia de la Unión no ampara ni protege al quejoso Jesús Lemus Méndez, contra el acto reclamado a la Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral Región Zamora, consistente en la orden de aprehensión dictada el veintisiete de febrero de dos mil veinte, en autos de la causa penal dentro de la causa 193/2020, de acuerdo a las consideraciones vertidas en el último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Leonel López Pérez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, en funciones de Juez de Distrito, en términos de lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; autorización que fue notificada mediante oficio CCJ/ST/2634/2021, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante la licenciada Esmeralda Campuzano Serrato, Secretaria que autoriza, hasta hoy diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores de este Juzgado. Doy fe.

  2. Principal

    Leonel López Pérez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán en funciones de Juez de Distrito, en términos de lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; autorización que fue notificada mediante oficio CCJ/ST/2634/2021, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, declara abierta la audiencia: Secretario dé cuenta por favor. EL SECRETARIO: Juicio de amparo X-482/2020 promovido por Jesús Lemus Méndez contra actos de los Jueces de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de la Región Zamora, Michoacán; se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dentro del presente juicio de amparo tienen reconocido el carácter de terceros interesados Liliokalíni Vertiz Rodríguez, Miguel Ángel Anaya Vázquez, la moral Hernández Asociados por conducto de su representante legal y Claudia Guadalupe Hurtado Cambrón, en cuanto agente del Ministerio Público de la Fiscalía Regional de Zamora, Michoacán, quienes se encuentran debidamente emplazados en autos. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. EL SECRETARIO EN FUNCIONES DE JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede. EL SECRETARIO: Se da cuenta con el informe justificado rendido por la: Jueza de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Zamora, Michoacán. EL SECRETARIO EN FUNCIONES DE UEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas; Secretario, dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. EL SECRETARIO: Se hace constar que la autoridad señalada como responsable adjuntó como sustento de su informe diversas documentales. Al no existir más pruebas que desahogar, se pasa al período de alegatos. EL SECRETARIO Se hace constar que únicamente realizó lo conducente la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. EL SECRETARIO EN FUNCIONES DE JUEZ: Téngase por reproducidos los alegatos de referencia, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, trece de julio de dos mil veintiuno. SE AGREGA SIN MAYOR PRONUNCIAMIENTO Agréguese a los presentes autos sin realizar mayor pronunciamiento, el oficio de cuenta signado por el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Zamora, toda vez que en proveído de seis de julio de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido dicho oficio y se acordó lo conducente. Cúmplase. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza.- Doy fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, seis de julio de dos mil veintiuno. AUTORIDAD INFORMA. Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta signado por la Jueza de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Zamora, Michoacán, a través del cual cumple con el requerimiento que le fue formulado en autos y, al respecto, informa que la licenciada Claudia Guadalupe Hurtado Cambrón, en cuanto agente del Ministerio Público de la Fiscalía Regional de Zamora, Michoacán, fue quien realizó la petición de orden de aprehensión en contra de la parte aquí quejosa. SE RECONOCE EL CARÁCTER DE TERCERO INTERESADO. En consecuencia, con fundamento en los artículos 5o., fracción III, y 26, fracción II, inciso b), le resulta el carácter de tercera interesada a Claudia Guadalupe Hurtado Cambrón, en cuanto agente del Ministerio Público de la Fiscalía Regional de Zamora, Michoacán; en consecuencia, notifíquese mediante atento oficio a la autoridad tercera interesada, el presente proveído. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Leonel López Pérez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, encargado del despacho por ministerio de Ley, con motivo de la licencia de carácter oficial concedida al titular de este órgano jurisdiccional, en términos del oficio SEPLE/CJD/002/2309/2021, signado por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ante el licenciado Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza y da fe.

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