Jesús García Sosa
Expediente 243/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 243/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 07/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Jesús García Sosa
Actuaciones
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; siete de julio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio enviado por la Secretaria adscrita al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua, residente en la ciudad del mismo nombre, mediante el cual acusa recibo de la copia certificada de la demanda de amparo promovida por *******, así como del auto dictado el veinticinco de marzo de dos mil veintidós, dentro del juicio de amparo 243/2022, mediante el cual, este juzgado se declaró legalmente incompetente para conocer del asunto. Asimismo, informa que tal órgano jurisdiccional se avocó al conocimiento de la demanda en cuestión. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en su oportunidad archívese el presente expediente. Ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la certificación de cuenta, este expediente es susceptible de destrucción, conforme lo establece el numeral 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de cinco años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. Por tanto, una vez concluido el plazo de cinco años, este órgano jurisdiccional deberá destruir el presente expediente principal, lo cual, deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Finalmente, se califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el numeral 110 del ordenamiento legal invocado. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, en términos de lo que dispone el ordinal 113 de la legislación en comento. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; primero de julio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito signado electrónicamente por el autorizado del quejoso, mediante el cual solicita información, acerca del estado que guardan los autos del juicio de amparo 243/2022, toda vez que no ha podido localizarlo en las listas de los Juzgados de Distrito con sede en Chihuahua, Chihuahua. Al respecto, dígasele que el veintiuno de junio del año en curso, se tuvo al Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Chihuahua, informando que sí recibió el oficio 5711/2022, que contenía los autos del juicio de amparo 243/2022-II, del índice de este Juzgado, promovido por *******, los cuales fueron remitidos a la citada Oficina de Correspondencia, a efecto de que fuera turnado al órgano jurisdiccional respectivo, pues este órgano jurisdiccional se declaró legalmente incompetente para conocer del mismo; sin embargo, refirió que no tenía registro de haber turnado el asunto. Por lo anterior, en la fecha indicada, se ordenó enviarle copia certificada del escrito de demanda, anexo y auto de incompetencia respectivo, a efecto de que proveyera lo conducente. De modo que, este juzgado se encuentra en espera de que el juzgado correspondiente, remita el acuse de recibo respectivo. Finalmente, se le precisa que tan pronto se tenga tal información, se ordenará que ello le sea notificado de forma personal. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veinticinco de marzo de dos mil veintidós.Registro y admisión de la demanda de amparo Vista la cuenta secretarial, se tiene por recibida la demanda promovida por *******, contra actos del Congreso del Estado de Chihuahua y otra autoridad. En consecuencia, se ordena formar expediente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, anotar en el Libro de Gobierno de este juzgado su registro bajo el consecutivo 243/2022-II. Incompetencia En principio, tomando en consideración que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, este Juzgado procede a determinar si cuenta con la misma para conocer de la demanda de amparo. Sustenta lo anterior, por las razones que la informan, la tesis número 679, visible a página 456, tomo VI, Octava Época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos noventa y cinco, registro 218721, que dice: COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquél acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo.- En efecto, uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos el juicio de amparo, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, por lo que en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano se erige como una subgarantía, inserta en la garantía genérica de legalidad, tutelada por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que a virtud de esa figura las autoridades sólo pueden hacer aquello que la ley les permite; es decir, únicamente pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar conforme a la división competencial establecida. En el caso del amparo, las reglas de competencia se sitúan en tres ámbitos, a saber: 1. La instancia o vía intentada por la parte quejosa (amparo indirecto y directo). En el caso del amparo indirecto, conforme a lo que establece el artículo 35 de la Ley de Amparo, los órganos competentes son los Juzgados de Distrito y Tribunales Unitarios de Circuito; 2. La materia (civil, penal, laboral y administrativa). En el amparo indirecto, la materia para conocer de un amparo está regulada en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 3. El territorio, regulado por el artículo 37 de la legislación de la materia. En ese sentido, para establecer la competencia, el Juez de Distrito, además de atender al planteamiento hecho en la demanda de amparo y analizarla de manera integral, debe relacionarla con los demás elementos allegados a la misma y con los que consten en el expediente respectivo, para desprender datos que razonablemente hagan posible conocer la materia jurídica sobre la cual versa el acto reclamado y el ámbito territorial en el que surtirá efectos, a fin de estar en aptitud de establecer cuál órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento del asunto. Es oportuno traer a colación lo establecido en el artículo 37 de la Ley de Amparo, que dispone: Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.- Del citado precepto legal se advierten tres hipótesis para fijar la competencia del Juez de Distrito para conocer del juicio de amparo, a saber: a) Es competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) Cuando el acto se haya empezado a ejecutar en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En las relatadas condiciones, del anexo que se adjuntó al escrito de la demanda, consistente en la factura electrónica con numero de operación *******, a nombre del quejoso ******* de la cual se advierte que el pago de los derechos de referencia, fueron realizados en las oficinas de recaudación de rentas, ubicadas en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua. Con lo anterior, se acredita que el acto de autoridad que se combate en esta vía constitucional, tiene ejecución en Ciudad Chihuahua, Chihuahua, perteneciente al Distrito Judicial Morelos. En el caso en estudio, el acto reclamado consiste en la constitucionalidad de normas, esto es, los Decretos números 0109/2021 I P.O y 0107/2021 I P.O, relativos de la Ley de Hacienda del Estado de Chihuahua y Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal 2022, respectivamente, por lo cual, debe atenderse que no se reclaman las normas por su sola entrada en vigor, sino con motivo de un acto concreto de aplicación, acto que se materializó en fecha uno de marzo de este año, en la ciudad de Chihuahua, capital. Por lo anterior, de conformidad con el ordinal 37, primer párrafo, de la Ley de la Materia, se estima que la competencia para conocer de la demanda de amparo corresponde al Juez de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Chihuahua, por ser quien ejerce jurisdicción en el territorio donde se aplicaron los artículos tildados de inconstitucionales. A la consideración anterior, no es obstáculo el hecho de que la autoridad recaudadora ante la cual se realizó el pago, no fuera señalada como autoridad responsable. En ese sentido, el artículo 37 de la Ley de Amparo establece las reglas que deben observarse para determinar la competencia territorial de los Jueces de Distrito, una de las cuales, según su párrafo primero, establece que, si el acto reclamado es susceptible de ejecución, será competente el Juez que ejerza jurisdicción en el lugar donde aquél deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado. Sin embargo, ni el citado dispositivo ni algún otro aplicable al caso, disponen que las reglas para determinar la indicada competencia territorial, aplicarán siempre y cuando la autoridad involucrada en algún grado de ejecución del acto impugnado, hubiera sido señalada como responsable en el juicio de amparo. Consecuentemente, si se impugna la constitucionalidad de una ley heteroaplicativa, esto es, con motivo de su primer acto de aplicación, es competente para conocer del juicio de amparo que se promueva en su contra, por razón de territorio, el Juez que ejerza jurisdicción en el lugar de residencia de la autoridad que aplicó dicha norma, no obstante que aquélla no hubiera sido señalada como responsable, pues de otra manera, se dejaría al arbitrio del quejoso la determinación de la competencia, por el solo hecho de no señalar como autoridad responsable a aquella que aplicó la ley. Lo anterior encuentra sustento en el criterio optado por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito, al resolver el conflicto competencial número 13/2021, de su índice, mediante resolución dictada en sesión de fecha veintidós de octubre de dos mil veintiuno, bajo los razonamientos siguientes: -Ahora bien, cuando se reclama en un juicio de amparo la constitucionalidad de una ley o de un reglamento con motivo de su aplicación, para los efectos de la competencia, debe atenderse a la naturaleza del acto donde se realizó la aplicación, para determinar el órgano jurisdiccional al que deba corresponder el conocimiento del juicio de amparo; de modo tal que cuando se reclama una ley, no por su sola entrada en vigor, sino con motivo de un acto concreto de aplicación, la competencia para conocer de esa reclamación corresponde a la autoridad de amparo que ejerza jurisdicción en el territorio donde se haya aplicado la ley combatida. En el caso, la quejosa reclamó los actos legislativos que dieron origen al Decreto No. LXVI/AOLIE/0952/2020 I P. O., que contiene la Ley de Ingresos para el Estado de Chihuahua y su tarifa anexa, que contiene el apartado IV en la que se establece el cobro de derechos por los servicios prestados por la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Notariado, en específico los numerales 11 y 13, con motivo del primer acto de aplicación y para acreditarlo ofreció como prueba la factura relativa a la operación 3747803 de cinco de agosto de dos mil veintiuno, expedida por la Secretaría de Hacienda de Gobierno del Estado de Chihuahua, de la que se advierte que el pago fue realizado en la Oficina de Recaudación de Rentas del Municipio de Juárez, Chihuahua. En ese sentido, de conformidad con el ordinal 37, primer párrafo de la Ley de la Materia, se estima que la competencia para conocer de la demanda de amparo corresponde al Juez Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, Chihuahua, por ser quien ejerce jurisdicción en el territorio donde se aplicaron los artículos tildados de inconstitucionales. Lo anterior encuentra sustento en la tesis aislada del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con datos de identificación rubro y texto siguiente: -Registro digital: 232432 Instancia: Pleno Séptima Época Materias(s): Constitucional, Común, Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen 163-168, Primera Parte, página 113 Tipo: Aislada: LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, CUANDO SE RECLAMAN CON MOTIVO DE SU APLICACION. CORRESPONDE CONOCER DEL JUICIO AL ORGANO JURISDICCIONAL AL QUE COMPETE CONOCER DEL AMPARO CONTRA EL ACTO DONDE SE HIZO LA APLICACION. Cuando se reclama en juicio de amparo la constitucionalidad de una ley o de un reglamento con motivo de su aplicación, para los efectos de su competencia, debe atenderse a la naturaleza del acto donde se hizo la aplicación, para determinar el órgano jurisdiccional al que deba corresponder el conocimiento del juicio de amparo. Es cierto que el artículo 158 de la Ley de Amparo en su texto anterior a la reforma de mil novecientos cincuenta y uno, al señalar los casos en que eran procedentes los juicios de amparo ante la Suprema Corte de Justicia, en única instancia, no se refirió concretamente a los casos en que se reclamara la constitucionalidad de una ley con motivo de la aplicación que de ella hiciera una autoridad judicial en alguna sentencia definitiva; también es cierto que no hay referencia expresa sobre ese tema en el texto actual de los artículos 158 y 158 bis, de la citada Ley de Amparo, pero una recta interpretación de estos preceptos y del artículo 114 del propio ordenamiento, lleva necesariamente a concluir que cuando no se actualice la hipótesis prevista en la fracción I de este último artículo, o sea, cuando no se trate de combatir una ley que entrañe violación de garantías por su mera expedición, sino de combatirla porque la violación de garantías se produzca al hacerse aplicación de ella y no antes, la competencia para conocer de esa reclamación corresponderá a la autoridad jurisdiccional a quien toque conocer del juicio de amparo en que se combata el acto de la autoridad que le haya dado aplicación a la ley.- Sin que pase inadvertido que el criterio citado se refiere a la Ley de Amparo abrogada, sin embargo, resulta aplicable, toda vez que no se contrapone a la Ley de la Materia vigente. De igual manera, este Tribunal Colegiado comparte los argumentos que sustentan el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito siguiente: -Registro digital: 2003246 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Materias(s): Común Tesis: V.2o.P.A.3 K (10a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 3, página 2054 Tipo: Aislada. -COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA UNA LEY HETEROAPLICATIVA. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERZA JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DE RESIDENCIA DE LA AUTORIDAD QUE LA APLICÓ, NO OBSTANTE QUE NO HAYA SIDO SEÑALADA COMO RESPONSABLE. El artículo 36 de la Ley de Amparo establece las reglas que deben observarse para determinar la competencia territorial de los Jueces de Distrito, una de las cuales, según su párrafo primero, establece que si el acto reclamado es susceptible de ejecución, será competente el Juez que ejerza jurisdicción en el lugar donde aquél deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado. Sin embargo, ni el citado dispositivo ni algún otro aplicable al caso, disponen que las reglas para determinar la indicada competencia territorial, aplicarán siempre y cuando la autoridad involucrada en algún grado de ejecución del acto impugnado, hubiera sido señalada como responsable en el juicio de amparo. Consecuentemente, si se impugna la constitucionalidad de una ley heteroaplicativa, esto es, con motivo de su primer acto de aplicación, es competente para conocer del juicio de amparo que se promueva en su contra, por razón de territorio, el Juez que ejerza jurisdicción en el lugar de residencia de la autoridad que aplicó dicha norma, no obstante que aquélla no hubiera sido señalada como responsable, pues de otra manera, se dejaría al arbitrio del quejoso la determinación de la competencia, por el solo hecho de no señalar como autoridad responsable a aquella que aplicó la ley.-. En consecuencia, este Órgano Colegiado, determina que es competente para conocer del juicio de amparo promovido por *******, el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, Chihuahua, en términos del artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, pues como se estableció en párrafos precedentes la aplicación de los artículos tildados de inconstitucionales tuvo lugar en la ciudad en la que ejerce jurisdicción el aludido juez.- Por lo anteriormente apuntado y de conformidad con el criterio expuesto, es que este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, carece de competencia legal para resolver este juicio de amparo, por lo cual, se declara legalmente incompetente por razón de territorio, para conocer de la demanda de amparo promovida por *******. En consecuencia, fórmese cuaderno de antecedentes, a fin de evitar mayores dilaciones, remítase el original del escrito de la demanda, junto con todos sus anexos, al Juzgado de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en la ciudad del mismo nombre, en turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de ese lugar, para lo que a bien tenga determinar, solicitándole que a la brevedad posible y de no tener inconveniente legal alguno, comunique a este órgano jurisdiccional el sentido de su determinación. Información reservada o confidencial En caso de que las partes exhiban remitan físicamente información con el carácter de reservada o confidencial, deberán enviarla resguardada en sobre cerrado con la leyenda respectiva, en términos de lo dispuesto en los artículos 113 y 116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los diversos 105 y 107 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Y, si se remite documento digitalizado o electrónico, de estimarse que respecto de alguna promoción o constancia deba guardarse sigilo, entonces se ordenará que se restrinja el acceso a esa porción del expediente electrónico, en términos del artículo 25 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Generación de citas para consulta de expedientes Por otra parte, infórmese a las partes en que a partir del tres de agosto de dos mil veinte, está disponible en el Portal de Servicios en Línea, un micrositio denominado -Servicios jurisdiccionales-, dentro del cual los justiciables encontrarán la -Agenda OJ-, en la que podrán generar citas para consultar expedientes, así como para el desahogo de comparecencias o requerimientos, a través de un proceso automatizado que otorga al solicitante un Código QR que, a su vez, permitirá que, la persona que pide la cita y, en su caso, un acompañante (siempre y cuando esté autorizado en el expediente respectivo), ingresen al órgano jurisdiccional, lo cual puede consultarse específicamente en la página https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales . El acceso estará condicionado a que al menos una de las personas que acuda a la cita se identifique como aquella a cuyo nombre se generó, sin que la otra esté exenta de registrarse. El acceso podrá restringirse a quienes acudan fuera del horario previsto y a quienes no cumplan los requisitos para pasar los filtros sanitarios. No se omite informarles que, cuando a la cita pretenda acudir una persona vulnerable frente a la enfermedad Covid-19 o una persona con discapacidad, así lo deberá manifestar al generarla, de modo que su atención se realice en los espacios accesibles que para tal efecto establezca la administración del edificio sede en que se ubica este Juzgado. Dado que el número de espacios de mayor accesibilidad es limitado, el sistema indicará si en el horario seleccionado no existen lugares disponibles con estas características, de modo que pueda buscarse otra cita; ello conforme lo previsto en el numeral 4 del Acuerdo General 21/2020 en cita. Asimismo, encontrarán videos tutoriales y el Manual para personas usuarias del Portal de Servicios en Línea en los enlaces: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda y https://w3.cjf.gob.mx/pslvideos/. Trabajo presencial en el órgano jurisdiccional En el entendido, que el artículo 15 del Acuerdo General 25/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, que establece los turnos y horarios escalonados para el trabajo presencial en todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, determina que las jornadas presenciales serán de seis horas; por tanto, el horario de labores de este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, comprende de las siete horas con cuarenta y cinco minutos hasta las trece horas con cuarenta y cinco minutos, de lunes a viernes (horario matutino), sin posibilidad de ser extendido por causa alguna. Medidas relativas a la etapa de contingencia El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unido Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes. Por otra parte, el artículo 6°, tercer párrafo y apartado B, fracción I, de la Constitución, reconoce que el Estado mexicano está obligado a garantizar el derecho de acceso universal, equitativo, asequible y oportuno a las tecnologías de la información y comunicación. La indisociable vinculación entre ambos derechos se materializa a través del concepto de e-Justicia. Al respecto, el Consejo de la Judicatura Federal reconoce que el avance y desarrollo de la infraestructura y servicios de las tecnologías de la información y la comunicación son herramientas transversales para el fortalecimiento de la impartición de justicia y la protección de los derechos humanos. Dado lo anotado, con fundamento además en lo dispuesto por el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece que desde la primera notificación a las partes y en las subsecuentes mientras no se atienda la sugerencia, se invita a las partes para que: I. De estimarlo pertinente, transiten al esquema de juicio en línea, mediante el uso de su Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL); II. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Lo anterior, a fin de privilegiar la comunicación a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, de modo que los quejosos o terceros interesados deberán indicar el -nombre de usuario- con que cuenten ellos mismos o sus autorizados, a fin de que se autorice su notificación y acceso al expediente electrónico. Mientras que, a las autoridades, en su carácter de responsables y terceros interesados, se les hará la primera notificación mediante oficio digitalizado firmado electrónicamente y remitido por correo electrónico, acorde a lo establecido en el décimo transitorio del Acuerdo General 21/2020, así como las subsecuentes, dado el esquema hibrido en que es necesario continuar el presente asunto, para lo cual deberán proporcionar una dirección de correo electrónico en la que se le deban hacer las notificaciones en este asunto, mientras no obtenga un usuario del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Toda vez que este tipo de notificación no genera acuses en automático, deberán confirmar la recepción del correo, especificando los archivos que se les enviaron, lo cual será certificado por la fedataria judicial, contarán con un plazo máximo de dos días a partir del envío de la determinación para indicar que quedaron notificados; apercibidos que, transcurrido ese término este órgano jurisdiccional tendrá por hecha la notificación y será a partir del tercer día en que sus términos comenzarán a correr; lo cual encuentra sustento en el contenido de los artículos 27, fracción I, incisos b) y c), así como 30, fracciones I y II, ambos de la Ley de Amparo. Asimismo, las autoridades que deseen incorporarse al directorio realizado con motivo del convenio de interconexión con el Consejo de la Judicatura Federal, o que quieran actualizar el correo electrónico en el que deban ser notificadas, podrán realizar la solicitud de incorporación o modificación al siguiente correo electrónico: casesoresp@correo.cjf.gob.mx. Por otra parte, cuando la notificación deba practicarse de manera personal, la diligencia deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Cuando se cuente con información de contacto de las partes, se buscará acordar previamente su realización, siempre que ello se estime pertinente para el éxito de la diligencia y la seguridad de quienes intervengan en la misma. Lo anterior es así, considerando que la seguridad de los certificados de FIREL y e.firma permiten garantizar la identidad de las personas que los utilizan, las personas justiciables podrán utilizar el aplicativo de firma electrónica generado por el Consejo de la Judicatura Federal para firmar documentos, con independencia de que las promociones que se remitan a través del Portal de Servicios en Línea deberán firmarse electrónicamente desde el propio Portal. El aplicativo de firma electrónica se encuentra disponible en los siguientes enlaces http://portalconsejo.cjf.gob.mx, desde el Portal, y https://w3.cjf.gob.mx/firmaelectronica/desdeInternet . Se hace saber a las partes que todos los acuerdos y oficios en los que consten las evidencias criptográficas correspondientes, es innecesario agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa, y que, para el caso que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, el fedatario correspondiente queda facultado para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Habilitación de días y horas De conformidad con el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el Actuario Judicial adscrita realice las notificaciones que correspondan en el presente juicio de amparo (por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Autorizados y domicilios En términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, se autoriza en términos amplios al licenciado ******* toda vez que se encontró inscrito en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública. De conformidad con el artículo 24, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, a las personas que señala por así haberlo solicitado expresamente. Además, según lo establecido en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como lugar para oír y recibir notificaciones el indicado. En cuanto a su solicitud, para que se le dé acceso al expediente electrónico, bajo el usuario -*******-, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26, fracción IV, 30 y 31, fracciones II y III de la Ley de Amparo se acuerda de conformidad a su petición -únicamente- sobre la consulta del expediente a través del juicio en línea, por haberlo así solicitado expresamente. Asimismo, hágase del conocimiento de la parte quejosa, que cuando las partes autorizadas para consultar expedientes electrónicos relativos a uno o más juicios de amparo y se advierta una falla en los sistemas del Consejo de la Judicatura Federal, que impida el envío de documentos por vía electrónica o la consulta de las determinaciones judiciales que obran en un expediente electrónico o carpeta digital, dada su relevancia para las notificaciones electrónicas, deberán hacerlo del conocimiento, por vía impresa, de este Juzgado Federal, o bien, del titular del Área Técnica del Consejo de la Judicatura Federal, por vía electrónica, a través del subvínculo denominado -Aviso de fallas técnicas-, al que podrá accederse mediante el uso de la firma electrónica en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, o de no ser posible por esta vía, a los correos electrónicos destinados para tal efecto en la pantalla principal del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación o desde la cuenta de correo proporcionada para la obtención del Certificado Digital de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación. Forma en que se llevarán a cabo las notificaciones. En general por lista Con fundamento en los ordinales 26, fracción III y 29 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 21, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se ordena que las notificaciones en el presente asunto se realicen por lista, mediante la publicación en internet consultable en: https://www.cjf.gob.mx/micrositios/dggj/paginas/serviciosTramites.htm?p ageName=servicios%2FlistaAcuerdos.htm de la página web de Servicios y Trámites de la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, salvo aquéllas de carácter personal. Adicionalmente, se instruye a la Actuaria Judicial para que el asunto se incluya en la lista que deberá ser remitida a la administración regional de esta demarcación, para que ésta las coloque en un espacio de fácil acceso para quienes acudan sin contar con una cita. A la autoridad responsable Por medio de oficio De conformidad con el numeral 26, fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena notificar el presente acuerdo a las autoridades responsables mediante oficio que al efecto se gire, el cual deberá entregarse de forma física en las instalaciones que ocupe cada una de ellas. Por lista electrónica Los acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero interesado, ya que este resolutor, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el presente juicio de amparo, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que se pretenda notificar, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia por contradicción número 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, Materia Común, visible en la página 1253, del siguiente tenor: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar Se hace conocimiento de las responsables en este expediente que las comunicaciones que se dirijan al sumario en que se actúa podrán remitirse al correo oficial del juzgado 7jdo17cto@correo.cjf.gob.mx . Expedición de copias y acceso al expediente. En términos del artículo 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, las personas autorizadas para consultar el expediente electrónico podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en el sumario y cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente, lo mismo ocurrirá con las determinaciones que con esa evidencia se les remita a su correo por parte de este juzgado, de modo que resultará innecesario su cotejo con el expediente físico o cualquier otra certificación posterior. Con fundamento en el artículo 3º, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de las partes que se autoriza la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que integran el presente expediente, con excepción de las que tengan el carácter de reservada o confidencial, sin necesidad de solicitud por escrito, mismas que serán expedidas si las pide quien tenga facultades para ello, a costa de la parte que las solicite y previa toma de razón que obre en autos, cuya entrega se realizará previa cita que registren para acudir al juzgado, esto en acatamiento a las medidas preventivas que deberán implementarse para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). Asimismo, previa gestión verbal y ante la presencia del personal del juzgado se autoriza el uso de medios electrónicos para la reproducción de constancias que integran el presente expediente con excepción de las detalladas en este párrafo, de conformidad con lo que estipulan los artículos 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, 3 de la Ley de Amparo y la Circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitida el dieciocho de marzo de dos mil nueve, acceso que se permitirá una vez que realicen la cita respectiva para presentarse en el juzgado. Coincidencia del expediente físico y electrónico. En términos de lo dispuesto por el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo vigente, se instruye al personal encargado de la tramitación del juicio de amparo en que se actúa, digitalice todas las promociones o documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda la información relacionada con este expediente en el sistema y, en caso de que éstas se presenten de manera electrónica, serán responsables de su impresión para ser incorporadas a este cuaderno. Uso del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes Dese cumplimiento al capítulo cuarto del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que se publicó el quince de enero de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación. Por lo que, se instruye al Analista Jurídico adscrito dé puntual seguimiento y trámite a los asuntos electrónicos recibidos por medio del Portal de Servicios en Línea, lo que implica la captura completa y oportuna de la información en los Sistemas Electrónicos del Consejo, específicamente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Consulta pública del asunto Con fundamento en los artículos 6, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7°, 8° y 9° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la referida ley, así como 28, 32, 35, 42 y 71 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos; prevalece el principio de máxima publicidad para el debido ejercicio del derecho a la transparencia, de manera que, los datos del juicio en que se actúa, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así sea solicitado, conforme al procedimiento de acceso a la información. En esta medida, dígase a las partes que toda la información en posesión de este órgano jurisdiccional es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, así también, hágase saber el derecho que les asiste para manifestar su oposición de que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación que de autos y sentencia se haga, en la inteligencia de que la falta de aquélla, conlleva su consentimiento para que se publiquen sin supresión de dichos datos, con excepción de los sensibles, en la medida en que ello no impida conocer el criterio sostenido, y de los nombres de las partes cuando la referida publicación se haga por medios electrónicos. Notifíquese y cúmplase.Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · 7,505 expedientes
- Jesús Francisco López Martínez9/2022
- Jesús Frías Villarreal630/2017
- Jesús Gabriel Gómez Carrasco751/2019
- Jesús Gabriel Méndez Tista1063/2023
- Jesus Gabriel Olguin Aguilar704/2023
- Jesus Gabriela Trapero Vizcaino104/2023
- Jesús Gerardo Chairez Delgado1108/2022
- Jesus Gerardo de Santiago Perez811/2014
- Jesús Gerardo Márquez Trinidad565/2022
- Jesus Gerardo Martinez Angel97/2015
- Jesús Gilberto Rodríguez Mayagoitia209/2016
- Jesús Guadalupe Aleman Martínez412/2018