Jesús Francisco López Martínez
Expediente 9/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 7 actuaciones registradas, la última del 28 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 9/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 28/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Jesús Francisco López Martínez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiocho de abril de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que el plazo de quince días establecido en el artículo 202 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de inconformidad contra de la resolución de veintinueve de marzo de dos mil veintidós, por la que se declaró cumplida la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto, transcurrió sin que alguna de las partes lo hubiera interpuesto, según se advierte de la certificación que antecede. Consecuentemente, de conformidad con el citado artículo 202, de la ley de la materia, aplicado en sentido contrario, se declara que dicha resolución de cumplimiento ha causado estado para todos los efectos legales. Háganse las anotaciones en el libro respectivo, y en su oportunidad archívese este expediente como asunto concluido. Este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante tres años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. El presente expediente es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, pues en el presente asunto se concedió el amparo y protección de la justicia federal. Esta juzgadora califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Se hace constar que, no obran documentos originales, por lo que, es innecesaria la notificación personal de este auto. Finalmente, una vez concluido el plazo de tres años, dentro de los siguientes noventa días, este órgano jurisdiccional deberá depurar el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el titular de este juzgado, la justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; uno de marzo de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión en contra de la sentencia emitida en los presentes autos, sin que las partes se hubieren pronunciado al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2º, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ahora bien, de la sentencia emitida en este asunto se advierte que se otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para lo siguiente: 1. Ordene que se formule el proyecto de laudo respectivo y, 2. Ajustándose a lo establecido por los artículos 886, 887, 888, 889 y 890 de la Ley Federal del Trabajo, emita el laudo que corresponda en el juicio laboral *******, de su índice. En consecuencia, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere a la Junta Especial número Tres con sede en esta ciudad; para que, dentro del término de tres días, contados a partir de que queden legalmente notificadas de este proveído, dé cumplimiento a la sentencia de amparo y lo informen a esta juzgadora, lo que deberán acreditar con copia certificada de las constancias respectivas. Lo anterior con el apercibimiento que de no hacerlo así o de informar la imposibilidad que tiene para acatar el fallo, se procederá conforme a lo dispuesto por el artículo 192, en relación con los diversos 238 y 258, ambos de la Ley de Amparo, se le impondrá como sanción multa de cien unidades de medida y actualización, equivalentes a la cantidad de nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional ($9,622.00), previstas en el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito, en esta ciudad, para seguir el trámite de inejecución de sentencia, que puede culminar en la separación de su cargo y su consignación ante la autoridad penal correspondiente. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; diez de febrero de dos mil veintidós. febrero de dos mil veintidós. Visto para resolver el juicio de amparo 9/2022-II, promovido por *******. Resultando Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, el seis de enero de dos mil veintidós, turnado a este juzgado el mismo día, *******, promovió demanda de amparo en contra de la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, de quien reclamó lo siguiente: V.- LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME: La negativa de impartición de justicia al faltar la responsable a su obligación de dictar el laudo en el expediente ******* que promueve el suscrito en contra del tercero interesado, incurriendo en falta de aplicación de la justicia laboral a favor del trabajador y de la pronta y debida impartición de justicia que me deja en estado de indefensión absoluta, trastocando los Artículos 123 de la Constitución General de la República, los Artículos 885 al 890 y demás relativos de la Ley Federal del Trabajo. Segundo. Derechos fundamentales que el quejoso estimó vulnerados. El quejoso señaló como derechos constitucionales vulnerados, los previstos en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Tramitación de la demanda. Mediante auto de siete de enero de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda, se solicitó informe justificado a la autoridad responsable, se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señalaron hora y fecha para la audiencia constitucional, la cual fue celebrada al tenor del acta que antecede, quedando los autos en estado de resolución. Considerando Primero. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 03/2013, artículo segundo, fracción XVII, numeral 3 y artículo tercero, fracción XVII, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Segundo. Fijación del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de la totalidad de constancias que integran el presente juicio se precisa que el quejoso reclamó lo siguiente, de la autoridad que a continuación se apunta: De la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad: La omisión de emitir el laudo en el juicio laboral ******* dentro de los términos que para ello señala la Ley Federal del Trabajo. Tercero. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado por el quejoso, pues así lo señaló la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, al rendir informe justificado. Lo previo, encuentra sustento en la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Quinta Época, tomo VI, materia común, página 231, que dice: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Para corroborar lo anterior, dicha autoridad remitió copia certificada de diversas constancias que integran el juicio de origen, de las que se desprende: La existencia del juicio laboral *******; Que desde el veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, se cerró instrucción en dicho asunto; sin que, al día de hoy, se haya emitido el laudo en tal asunto. Las constancias remitidas por la Junta responsable, adjuntas a su informe con justificación, poseen valor probatorio pleno, de conformidad con los arábigos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues fueron certificadas respecto de sus originales por un servidor público, dotado de fe pública y en ejercicio de sus funciones, como lo es el Secretario de Acuerdos de la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje. Cuarto. Procedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, procede analizar si se actualiza alguna causal de improcedencia, por ser una cuestión de orden público cuyo análisis procede de oficio y previo al fondo del asunto, conforme lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. No se advierte la actualización de ninguna causal de improcedencia, por lo que, se procede al análisis de los conceptos de violación expresados por el quejoso, los cuales no se transcribirán en obvio de innecesarias repeticiones, según lo determinado en la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830 del tomo XXXI, correspondiente al mes de mayo de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, Registro 164618, del rubro CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. Quinto. Examen constitucional del acto reclamado. En primer lugar, se considera oportuno acotar que en este asunto opera la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación, en términos del artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, en virtud de que la accionante del amparo, es la trabajadora en el juicio de origen del que se deduce el acto combatido. Sentado lo anterior, en su motivo de disenso, el quejoso reclama el retardo en la impartición de justicia dentro del juicio laboral *******, argumentando esencialmente que la Junta responsable no ha emitido el laudo respectivo, a pesar de que, desde el veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, se cerró instrucción; retardando con ello la impartición de justicia y la oportuna continuación del juicio, en contravención al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que ha conducido a su paralización. Dicho concepto de violación, suplido en su deficiencia, es fundado. Ahora bien, el artículo 17 Constitucional establece que: Artículo 17. (.). Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. Del texto trascrito, se desprende que la garantía de administración de justicia que consagra el artículo 17 Constitucional, contiene varios principios de derecho subjetivo a cuya observancia están obligadas las autoridades que realizan actos materialmente jurisdiccionales, a saber: Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario, y además, garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado. Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Es decir, dicha garantía de administración de justicia está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla, lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, por tanto, es claro que todas aquellas autoridades que realizan actos materialmente jurisdiccionales se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los principios que la integran, con independencia de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales, como sucede en el caso que interesa. Sirve de sustento, a lo anterior, el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. L/2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, Tomo XV, mayo de dos mil dos, página 299, del rubro y texto siguiente: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN AQUEL DERECHO PÚBLICO SUBJETIVO, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual o el derecho público subjetivo de acceso a la impartición de justicia, consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes; 2. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y 4. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si dicha garantía está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla, lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, con independencia de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales. Así como, la tesis visible en la página ciento noventa y uno, del Tomo IV, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, bajo el rubro y texto que dicen: ADMINISTRACION DE JUSTICIA. Los tribunales estarán siempre expeditos para administrar justicia, en los términos y plazos que fije la ley, no debiendo aplazar sus resoluciones, ni aun so pretexto de oscuridad de la ley, pues, en ese caso, deben atenerse, para fallar, a los principios generales de derecho; pues lo contrario constituye una verdadera denegación de justicia. Ahora bien, los artículos 885, 886, 887 y 889, todos de la Ley Federal del Trabajo, en la parte que interesa, disponen: Artículo 885. Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del Secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción, y dentro de los diez días siguientes formulará por escrito el proyecto de resolución en forma de laudo, que deberá contener: (.). Artículo 886. Del proyecto de laudo formulado por el auxiliar, se entregará una copia a cada uno de los miembros de la Junta. Dentro de los cinco días hábiles siguientes al de haber recibido la copia del proyecto, cualquiera de los miembros de la Junta podrá solicitar que se practiquen las diligencias que no se hubieren llevado a cabo por causas no imputables a las partes, o cualquiera diligencia que juzgue conveniente para el esclarecimiento de la verdad. La Junta, con citación de las partes, señalará, en su caso, día y hora para el desahogo, dentro de un término de ocho días, de aquellas pruebas que no se llevaron a cabo o para la práctica de las diligencias solicitadas. Artículo 887. Transcurrido el término a que se refiere el artículo anterior, concedido a los integrantes de la Junta, o en su caso, desahogadas las diligencias que en este término se hubiesen solicitado, el Presidente de la Junta citará a los miembros de la misma, para la discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes al en que hayan concluido el término fijado o el desahogo de las diligencias respectivas. Artículo 889. Si el proyecto de resolución fuere aprobado, sin adiciones ni modificaciones, se elevará a la categoría de laudo y se firmará de inmediato por los miembros de la Junta. Si al proyecto se le hicieran modificaciones o adiciones, se ordenará al secretario que de inmediato redacte el laudo, de acuerdo con lo aprobado. En este caso, el resultado se hará constar en acta. Del análisis de los dispositivos antes transcritos, queda de manifiesto que los Tribunales del Trabajo están regidos estrictamente por la ley de la materia, la cual los constriñe a actuar y pronunciarse dentro de los términos y plazos que establece y su desacato indudablemente conlleva a una violación constitucional al derecho fundamental de pronta impartición de justicia prevista por el referido artículo 17 de nuestra Ley Suprema; así pues, se colige lo siguiente: Que una vez declarada cerrada la instrucción por el Auxiliar responsable, cuenta únicamente con diez días para la emisión del proyecto de laudo correspondiente. Emitido tal proyecto, se entregará copia a todos los miembros de la Junta, quienes cuentan con un periodo de cinco días para ordenar el desahogo de las pruebas que hubieren quedado pendientes, lo que se verificará en un término máximo de ocho días después de concluido el primer periodo aludido en este párrafo. Hecho lo anterior, el Presidente de la Junta citará a los miembros para la discusión y votación del proyecto de laudo, lo que se deberá realizar en un término de diez días. Por ende, el periodo total con que cuenta la Junta para la emisión del laudo es de treinta y tres días, todos ellos hábiles. Asimismo, para que las dilaciones se cataloguen como excesivas, deben transcurrir cuarenta y cinco días naturales, contados -a partir de que concluyó el plazo en que debieron realizarse los actos procesales respectivos-. Al respecto, es pertinente citar la tesis de jurisprudencia 2ª./J. 33/2019 (10ª), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materias Común y Laboral, Décima Época, marzo de 2019, con número de registro 2019400, del contenido: AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTIVAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador. Del criterio de referencia se colige, que para establecer dilaciones presuntamente excesivas por parte de la Junta responsable, al menos deben transcurrir cuarenta y cinco días naturales contados a partir de que concluyó el plazo en que debieron realizarse los actos procesales respectivos, pues ese es el período máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador. Entonces, en el caso, dicho periodo de cuarenta y cinco días naturales inicia su cómputo una vez culminados los treinta y tres con que se cuenta para la emisión del laudo respectivo. Ahora bien, en el caso, primero, los treinta y tres días -todos ellos hábiles- para la emisión del laudo, se computaron del veintiséis de febrero de dos mil veintiuno al diecinueve de abril de dos mil veintiuno; excluyendo, los días inhábiles veintisiete y veintiocho de febrero, seis, siete, trece, catorce, quince, veinte, veintiuno, veintisiete, veintiocho y treinta y uno de marzo, uno, dos tres, cuatro, diez, once, diecisiete y dieciocho de abril, de dos mil veintiuno; de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo. Además, el periodo de cuarenta y cinco días naturales a que refiere la tesis 2a./J. 33/2019 (10a.), emitida por el Más Alto Tribunal, para estimar la existencia de dilación en el caso sujeto a estudio, posterior al cómputo arriba realizado, transcurrió del veinte de abril de dos mil veintiuno al tres de junio de dos mil veintiuno. Ahora bien, en el caso, desde el veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, se declaró cerrada la instrucción en el juicio natural, turnándose los autos para la elaboración del proyecto de laudo correspondiente, el cual no se ha realizado, y obvio es, tampoco se han verificado el resto de las etapas indicadas líneas arriba, para lo cual, como se precisó, se cuenta con un término total de treinta y tres días hábiles, y después, el periodo de cuarenta y cinco días naturales para que pueda estimarse en esa índole de asuntos una paralización del procedimiento; siendo notorio que en la fecha en que se dicta esta sentencia, ha transcurrido dicho plazo, pues el mismo terminó desde el tres de junio de dos mil veintiuno. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia IV.3o.T. J/57, Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, septiembre de dos mil cinco, visible a página 1283, del texto siguiente: JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. DEBEN ACATAR LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, Y EMITIR SUS LAUDOS EN LOS PLAZOS Y TÉRMINOS QUE FIJEN LAS LEYES. Conforme al artículo 17 de la Constitución Federal toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Ahora bien, las Juntas de Conciliación y Arbitraje, como tribunales responsables de la administración de justicia en materia laboral deben acatar lo dispuesto en el citado precepto constitucional, y emitir sus laudos y resoluciones en los plazos y términos que fijen las leyes, independientemente de las cargas de trabajo, ya que si bien deben tenerse en cuenta las condiciones particulares de cada tribunal, tales como insuficiencia de recursos, volumen de trabajo, etcétera, también lo es que no es justificable un retraso prolongado para dictarse el laudo, pues ello no impide que se configure la violación a la garantía prevista en el referido artículo 17 constitucional. En las relatadas circunstancias, no cabe duda que la autoridad responsable, ha incurrido en la omisión que les atribuye el quejoso, vulnerando con tal proceder lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo dispuesto en los citados numerales 885, 886, 887 y 889 de la Ley Federal del Trabajo, ya que no ha actuado con el debido imperio que tiene en su encargo y es manifiesta la omisión de dictar el laudo que reclama la promovente de amparo. Apoya lo anterior, por contener el principio jurídico apuntado, la Jurisprudencia 2a./J. 8/2004, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, febrero de dos mil cuatro, visible a foja 226, cuyo rubro y texto establecen: LAUDO. LA OMISIÓN DE SU DICTADO, A PESAR DE HABER TRANSCURRIDO EL PLAZO LEGAL PARA ELLO, ES UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la tesis de jurisprudencia P./J. 24/92, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 56, agosto de 1992, página 11, que los actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, son impugnables ante el Juez de Distrito en términos de lo dispuesto por el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales. Por otra parte, el propio Tribunal Pleno precisó en la jurisprudencia P./J. 113/2001 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, septiembre de 2001, página 5, que el artículo 17 constitucional garantiza a favor de los gobernados el disfrute de diversos derechos, entre los que se encuentra el acceso efectivo a la administración de justicia, la cual debe impartirse de manera pronta y expedita mediante el cumplimiento por parte de la autoridad jurisdiccional de los plazos y términos dispuestos por la ley. En ese orden, la omisión de pronunciar el laudo, a pesar de haber transcurrido el plazo previsto en los artículos 885 a 887 y 889 de la Ley Federal del Trabajo, constituye una paralización del procedimiento laboral, que evidencia la existencia de una violación que incide en la esfera jurídica del particular de manera irreparable, pues con ello se difiere la resolución del juicio, aun cuando el laudo que en el fondo del asunto llegare a emitirse resultara favorable a sus intereses, ya que la violación a la garantía individual no podría ser remediada ante la imposibilidad material de retrotraer el tiempo y, por ende, la vía para la impugnación de aquella omisión es el amparo indirecto, en términos de lo dispuesto por el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, pues el efecto vinculatorio de la sentencia concesoria será obligar a la Junta a obrar en el sentido de respetar la garantía violada emitiendo el laudo relativo. Cabe decir que no se desconoce la situación actual por la que atraviesa el país, derivado de las circunstancias sanitarias relacionadas con la enfermedad denominada Covid-19, como tampoco las cargas excesivas de trabajo que se han generado en las Juntas laborales; sin embargo, esas condiciones de ninguna manera justifican el actuar de la responsable en perjuicio del quejoso, pues no la exime de cumplir con eficacia la función que desempeña respetando en todo momento el derecho fundamental previsto en el artículo 17 Constitucional. En consecuencia, al resultar fundado el concepto de violación hecho valer por el quejoso, lo procedente es concederle el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta localidad, de acuerdo a sus facultades: 1. Ordene que se formule el proyecto de laudo respectivo y, 2. Ajustándose a lo establecido por los artículos 886, 887, 888, 889 y 890 de la Ley Federal del Trabajo, emita el laudo que corresponda en el juicio laboral *******, de su índice. Sustenta lo anterior, la tesis 2a. CV/2013 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de dos mil trece, tomo I, página 732, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013. Es propio lo destacado. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 73, 74, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. La Justicia de la Unión ampara y protege a ******* en contra de la autoridad que señaló en este juicio como responsable, por las razones expuestas en el considerando quinto de esta sentencia, para los efectos precisados en el mismo, in fine. Notifíquese. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; ocho de febrero de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta se advierte que para las nueve horas con cuarenta minutos del cuatro de febrero de dos mil veintidós, se encontraba prevista la celebración de la audiencia constitucional. No obstante, en tres de febrero de dos mil veintidós, se hizo saber de la suspensión de labores por causa de fuerza mayor, en virtud de la contingencia climatológica que se presentó en esta ciudad, por los días tres y cuatro de febrero de dos mil veintidós, en todos los Juzgados de Distrito y Centro de Justicia Penal Federal del Decimoséptimo Circuito en Ciudad Juárez, Chihuahua. Por lo que, atento a lo anterior, se difiere la audiencia y en su lugar se fijan las nueve horas con cuarenta minutos del diez de febrero de dos mil veintidós. Finalmente, notifíquese este proveído por lista a las partes, inclusive a las autoridades responsables, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, Materia Común, visible en la página 1253, de rubro: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
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