Jesús Espino Martínez

Expediente 619/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 11 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
619/2020
Año
2020
Actuaciones
11
Última actuación
23/11/2021

Partes del expediente

  • Jesús Espino Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno. SE ORDENA ARCHIVO FÍSICO Visto el estado que guardan los presentes autos, de lo que se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214, de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO En consideración a lo anterior, y a que de la certificación que antecede no se advierte que obre glosado documento original alguno ni en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado relacionado con el mismo, aunado a que el presente juicio no se considera de relevancia documental, con fundamento en el artículo 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el expediente en que se actúa, encuadra en la hipótesis contenida en el Artículo 18, fracción I del aludido acuerdo, en razón de haberse CONCEDIDO LA SUSPENSIÓN DE PLANO; lo anterior, sin soslayar que mediante sentencia de once de mayo de dos mil veintiuno, se SOBRESEYÓ el juicio de amparo; sin embargo, el mismo es SUSCEPTIBLE DE DEPURARSE al haberse concedido la medida cautelar solicitada; por lo tanto, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el juicio. Sin que haya lugar a pronunciarse respecto a los incidentes de suspensión, toda vez que los mismos no fueron formados. TRANSFERENCIA DEL EXPEDIENTE Una vez que transcurra el tiempo otorgado para la depuración, como lo establecen los artículos 18, penúltimo párrafo, 27 y 28 del multicitado Acuerdo, transfiérase el expediente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, previa generación de la documentación a que se refieren los aludidos artículos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Leonel López Pérez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, en funciones de Juez de Distrito, en términos de lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; autorización que fue notificada mediante oficio CCJ/ST/2634/2021, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, asistido de Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza. Doy Fe.svm

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, uno de octubre de dos mil veintiuno. DEVUELVE DEBIDAMENTE DILIGENCIADO EXHORTO. Agréguese el oficio que remite vía interconexión el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, con sede en Uruapan Michoacán, por medio del cual devuelve debidamente diligenciado el exhorto número 356/2021-113.E, a través del cual se le encomendó para que en auxilio de las labores de este juzgado notificara a la parte quejosa Jesús Espino Martínez, la sentencia con engrose de once de mayo de dos mil veintiuno, anexando las constancias con las que acredita haber llevado a cabo la diligencia encomendada. Sin que proceda acusar recibo correspondiente, toda vez que dicha comunicación oficial fue remitida vía interconexión y el mismo se puede obtener del propio Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) CUENTA CON AUTOS. Por otro lado, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente la certificación que antecede de la que se advierte ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa a quien perjudica el sentido de la sentencia, hubiese interpuesto recurso de revisión contra la sentencia con engrose de once de mayo de dos mil veintiuno, en la que se SOBRESEYÓ el amparo promovido por Jesús Espino Martínez; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA dicha resolución, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Leonel López Pérez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, en funciones de Juez de Distrito, en términos de lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; autorización que fue notificada mediante oficio CCJ/ST/2634/2021, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, quien actúa con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, a once de mayo de dos mil veintiuno. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo VII-619/2020, promovido por Jesús Espino Martínez, contra actos del Director del Centro de Reinserción Social "Lic. David Franco Rodríguez", con sede en este Distrito Judicial, y otras autoridades; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en línea, el uno de octubre de dos mil veinte, y remitido en la misma data a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, por razón de turno, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, respecto del acto y por la autoridad que a continuación se transcriben: "a). El ilegal traslado urgente. b). El dificultar la readaptación social del quejoso, al alejarlo de su domicilio, de mi familiar, amistades y del juzgado penal al que se encuentra sujeto, con ese traslado injustificado en un Estado de Derecho Democrático, c). De todas las autoridades responsables: El haberlo privado de su derecho fundamental de purgar la pena de prisión en el reclusorio más cercano a su domicilio y/o el tribunal al que se encuentre sujeto a proceso o al que se encuentra adscritos, como condición fundamental de la readaptación social, sin haberle dado la oportunidad de audiencia, ya que es claro que actualmente ese derecho sólo se permite restringirlo en caso de delincuencia organizada o respecto de internos que requieran medidas especiales de seguridad. d) De todas las autoridades responsables: El trato injusto a la dignidad humana que goza mi defendido, derivado del traslado que se llevó a cabo en su contra y desde su llegada al Centro de Readaptación Social de Apatzingán, fue aislado temporalmente del resto de la población, impidiéndole realizar convivencia, ejercicios, actos de recreación y sobre todo sin habérsele comunicado un plan de actividades acorde a sus aptitudes, dicho aislamiento se ha prolongado desde su llegada y hasta la fecha, lo anterior en total contravención a lo preceptuado por el numeral 41, fracción III de la Ley Nacional de Ejecución Penal". SEGUNDO.- Admisión demanda.- Por razón de turno correspondió conocer de dicho libelo a este órgano jurisdiccional, quien en proveído de dos de octubre de dos mil veinte, admitió la demanda de amparo, se registró el juicio con el número 619/2020; se otorgó la intervención legal que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y seguido el juicio por sus demás trámites, tuvo verificativo la audiencia constitucional con el resultado consignado en el acta que antecede; y, CONSIDERANDOS PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 y sus modificaciones, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y ??????????????? especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que los actos reclamados tienen ejecución dentro del ámbito territorial donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Conforme a lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se analizará la certeza o inexistencia de los actos reclamados, previa fijación de los mismos. Al respecto resulta aplicable la tesis que a continuación se transcribe: Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Amparo en revisión 2589/96. Grupo Warner Lambert México, S.A. de C.V. 25 de noviembre de 2003. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretarios: Martha Elba Hurtado Ferrer y Emmanuel G. Rosales Guerrero. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veinticinco de marzo en curso, aprobó, con el número VI/2004, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veinticinco de marzo de dos mil cuatro." En ese sentido, apreciada íntegramente la demanda, se advierte que el quejoso, reclama del Director del Centro de Reinserción Social "Lic. David Franco Rodríguez" de la ciudad de Morelia, Michoacán, y Coordinador del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán, lo siguiente: a) La orden de traslado del Centro de Readaptación Social "Lic. David Franco Rodríguez", en esta ciudad, al Centro de Reinserción Social de Apatzingán, Michoacán. A su vez del Juez de Ejecución de Sanciones de esta ciudad. b) La calificación de la orden de traslado de veintiséis de marzo de dos mil veinte. Y del Director del Centro de Reinserción Social de Apatzingán, Michoacán; c) La incomunicación, maltrato, segregación o aislamiento, actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional. ??????????????? Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, cuyos datos de localización rubro y texto se transcriben a continuación: Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez. Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintisiete de marzo en curso, aprobó, con el número 40/2000, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintisiete de marzo de dos mil." TERCERO. Inexistencia de actos reclamados. La responsable Director del Centro de Reinserción Social de Apatzingán, Michoacán, al rendir su informe de ley negó la existencia del acto reclamado, sin que la parte quejosa aportara prueba idónea para desvirtuar dicha negativa. En consecuencia, como no se acreditó la existencia de los actos reclamados, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo, en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Tiene aplicación la jurisprudencia 284 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 305, tomo II, Apéndice de 2011, registro 1002350, Sexta Época, rubro y texto: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." CUARTO. Certeza del acto reclamado. El Director del Centro de Reinserción Social "Lic. David Franco Rodríguez" de la ciudad de Morelia, Michoacán, Coordinador del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán y Juez de Ejecución de ??????????????? Sanciones de esta ciudad, aceptaron la existencia del acto precisado en el considerando que antecede. Lo anterior se corrobora, con el contenido de las documentales que la propia autoridad adjuntó a su informe justificado. Documentales a las que se les otorga pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2°. Es aplicable a lo expuesto, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración siguiente: Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Quinta Epoca: Tomo I, pág. 654. Amparo directo. Chiprout Jacobo. 7 de noviembre de 1917. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 660. Amparo en revisión. Pérez Cano José. 6 de septiembre de 1918. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 1331. Amparo en revisión. Calderón Silvestre y vecinos de la Villa de Nombre de Dios. 20 de diciembre de 1918. Unanimidad de nueve votos. Tomo IV, pág. 978. Queja. Astorga J. Ascensión. 1o. de mayo de 1919. Mayoría de siete votos. Recurso de súplica 5/24. Shiemann Guillermo. 9 de junio de 1924. Unanimidad de once votos. Nota: En los Apéndices al Semanario Judicial de la Federación correspondientes a los Tomos de Quinta Epoca, así como en los Apéndices 1954, 1965 y 1975, la tesis aparece publicada con el rubro: "DOCUMENTOS PUBLICOS"." QUINTO.- Antecedentes. Previo a analizar el fondo del asunto, se estima necesario realizar una síntesis de lo acontecido en el procedimiento de ejecución POSI-575/2019. 1. El catorce de noviembre de dos mil diecinueve, la Jueza de Ejecución de Sanciones Penales de la Región Morelia, en función de coordinadora, dio inicio al procedimiento ordinario de ejecución, bajo el número POSI-575/2019. 2. Mediante oficio CPDFR/SJ/900/2020, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, el Director del Centro Penitenciario "Lic. David Franco Rodríguez", en esta ciudad, informó al juez de ejecución que el veinticinco de marzo de dos mil veinte; previa acta extraordinaria levantada el veinticuatro de ese mes y año, por el Comité técnico de ese centro de Reinserción social, se realizó el traslado definitivo por motivos de seguridad de Jesús Espino Martínez, de ese centro de reinserción social al diverso de Tacámbaro, Michoacán (sic), solicitando a la juez de ejecución la calificación del referido traslado. Se hace notar que de manera errónea se informó a la juez que el traslado se había realizado a Tacámbaro, Michoacán, cuando de las constancias que adjuntó dicha autoridad penitenciaria se ??????????????? desprende que el traslado se efectuó a Apatzingán, Michoacán. 3. En auto de veintiséis de marzo de dos mil veinte (foja 75 del cuaderno de amparo), la juez de ejecución determinó calificar de legal la decisión administrativa de traslado resuelta el veinticuatro de marzo de dos mil veinte, respecto del ahora quejoso Jesús Espino Martínez, reubicado en el centro penitenciario de Tacámbaro, Michoacán. (centro preventivo que reiteró en atención a la información proporcionada por el director del Centro de Reinserción Social). 4. De las diversas constancias se evidencia que la juez de ejecución tuvo conocimiento de que el ahora quejoso había sido trasladado a Apatzingán, Michoacán, dado que incluso ordenó se le practicara notificación en el centro de reinserción social donde ahora guarda reclusión. SEXTO. Improcedencia. No se analizarán los conceptos de violación, toda vez que, en el presente asunto, se actualiza una causa de improcedencia prevista en el artículo 61, de la Ley de Amparo. En el caso, respecto del acto identificado con el inciso a), que se reclama al Director del Centro de Reinserción Social "Lic. David Franco Rodríguez" de la ciudad de Morelia, Michoacán y Coordinador del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán, este juzgador -de oficio- estima actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que instituye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado [.]" En relación con la causa de improcedencia que se invoca, es dable precisar que la misma se puede actualizar en diversos supuestos, a saber: 1.- Por revocación, cuando los efectos del acto reclamado desaparezcan o se destruyan inmediata, total, incondicional y materialmente; supuesto en el que con tal destrucción, el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos fundamentales, sin dejar huella alguna en su esfera jurídica y patrimonial. Sobre esa hipótesis resulta ilustrativa por identidad jurídica sustancial la jurisprudencia de los datos de localización siguientes: Registro digital: 193758 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 59/99 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, Junio de 1999, página 38 Tipo: Jurisprudencia "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación ??? relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Amparo en revisión 3387/97. Gladys Franco Arndt. 13 de marzo de 1998. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Armando Cortés Galván. Amparo en revisión 393/98. Unión de Concesionarios de Transportación Colectiva, Ruta Nueve, A.C. 8 de mayo de 1998. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Jorge Carenzo Rivas. Amparo en revisión 363/98. Unión de Choferes Taxistas de Transportación Colectiva, A.C. 22 de mayo de 1998. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. Amparo en revisión 2685/98. Alejandro Francisco Aupart Espíndola y otros. 12 de febrero de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausentes: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y José Vicente Aguinaco Alemán, quien fue suplido por Juventino V. Castro y Castro. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Ariel Alberto Rojas Caballero. Amparo en revisión 348/99. Raúl Salinas de Gortari. 30 de abril de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: José Luis González. Tesis de jurisprudencia 59/99. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veintiocho de mayo de mil novecientos noventa y nueve. Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, febrero de 1998, página 210, tesis 2a./J. 9/98, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.". 2. El otro supuesto que se contempla en la fracción en estudio, se actualiza cuando se da la sustitución de actos procesales; es decir, el segundo acto sustituye al primero e incide sobre su vigencia y ejecutividad (sustitución). Lo anterior encuentra sustento en la tesis aislada emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de La Nación, que dice. Registro digital: 234693 Instancia: Primera Sala Séptima Época Materias(s): Común Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen 145-150, Segunda Parte, página 158 Tipo: Aislada "SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA, SOBRESEIMIENTO CUANDO SE SEÑALA COMO ACTO RECLAMADO LA. Cuando en ??????????????? la demanda de amparo se reclame, entre otros actos, la "sentencia" pronunciada por el Juez a quo, mediante la cual se condenó al quejoso por el delito cometido, respecto de tal acto opera el sobreseimiento del juicio de amparo, en virtud de haberse también impugnado el fallo que confirmó aquélla, siendo evidente que la primera sentencia dejó de tener efectos legales propios, por haber sido sustituida procesalmente por la dictada en apelación, surtiéndose la causal de improcedencia de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo. Amparo directo 4530/80. Leobardo Hernández Rivera. 22 de enero de 1981. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Mario G. Rebolledo F. Secretario: Edmundo Alfaro M. Nota: Reitera tesis de jurisprudencia 21, del Apéndice 1917-1975, Segunda Parte, página 58. En el Informe de 1981, la tesis aparece bajo el rubro "SOBRESEIMIENTO, CUANDO CONTRA ACTOS DE LA AUTORIDAD DE PRIMERA INSTANCIA PROCEDE EL.". Establecido lo anterior, en el caso concreto, es dable precisar que, se actualiza la hipótesis referida en segundo término, pues el quejoso reclamó de las citadas autoridades administrativas la orden de traslado del Centro de Reinserción Social "Lic. David Franco Rodríguez" de la ciudad de Morelia, Michoacán, al diverso centro penitenciario ubicado en Apatzingán, ambos en el Estado de Michoacán; ordenado mediante oficio CSPEM/1911/2020, de veinticuatro de marzo de dos mil veinte, así como su materialización. Ahora, de las constancias que integran el juicio de amparo en que se actúa, se desprende que: I. Por oficio CPDFR/074/2020, de veinticuatro de marzo de dos mil veinte, el Director del Centro de Reinserción Social "Lic. David Franco Rodríguez" de la ciudad de Morelia, Michoacán, solicitó el traslado de diversas personas privadas de su libertad, entre ellos, el quejoso, por requerir medidas especiales de seguridad. (foja 52 a 55) II. En atención a ello, por comunicado CSPEM/1911/2020, de veinticuatro de marzo de dos mil veinte, el Coordinador del Sistema Penitenciario en el Estado de Michoacán, autorizó el traslado e ingreso de diversas personas, entre ellas, el quejoso Jesús Espino Martínez del Centro de Reinserción Social "Lic. David Franco Rodríguez" de la ciudad de Morelia, Michoacán, al diverso centro penitenciario ubicado en Apatzingán, ambos en el Estado de Michoacán (fojas 60 a 62) III. La mencionada determinación de traslado se hizo del conocimiento al Juez de Ejecución de Sanciones Penales de la Región Morelia, Michoacán, en los autos del expediente de ejecución de penas 575/2019; sin embargo, refirió la autoridad de reinserción social en su comunicado erróneamente, que el quejoso había sido trasladado a Tacámbaro, Michoacán, por lo que dicha juez el veintiséis de marzo de dos mil veinte, calificó de legal el traslado realizado mediante oficio de veinticuatro de marzo de dos mil veinte, del Centro de Reinserción Social "Lic. David Franco Rodríguez" de la ciudad de Morelia, Michoacán, a diverso centro penitenciario. (fojas 75 a 76) Ahora, ante la información errónea proporcionada a la juez de ejecución, ésta ordenó girar exhorto para notificar al ahora quejoso su ??????????????? determinación, por lo que fue informada de que el allá sentenciado no se encontraba recluido en ese centro de reinserción, sino en el diverso de Apatzingán, Michoacán, por lo que de nueva cuenta giró exhorto para efectuar la notificación de la calificación del traslado, logrando enterar al ahora quejoso de esa resolución. Precisado lo anterior, se concluye que, respecto de los actos reclamados por el quejoso, relativos a la orden de traslado involuntario, así como su ejecución, existe una cesación de efectos por sustitución procesal. Es así, porque tales actuaciones realizadas dentro del procedimiento administrativo de que se trata, fueron sustituidos por el Juez de Ejecución de Sanciones Penales de la Región Morelia, Michoacán, al dictar el auto de veintiséis de marzo de dos mil veinte, dentro del expediente de ejecución 575/2019, mediante el cual calificó de legal la determinación administrativa de trasladar al quejoso al diverso centro penitenciario de Tacámbaro, Michoacán. En consecuencia, la determinación administrativa de traslado involuntario, así como su ejecución, perdieron su vigencia con motivo del proveído que calificó de legal la orden reclamada; por lo que es esta última la que ahora cuenta con esa vigencia y ejecutividad, ya que se convierte en el medio que rige la situación jurídica actual del quejoso. En tales condiciones, es evidente que cesaron los efectos del procedimiento administrativo de traslado involuntario reclamado a las autoridades administrativas, así como su materialización, por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad de los inicialmente reclamados. Por tanto, ese procedimiento de traslado y ejecución, ya no pueden ser analizados a través del juicio de amparo indirecto, como lo pretendió la parte quejosa; dado que no podría estudiarse la legalidad de los mismos, sin afectar el nuevo pronunciamiento hecho por el Juez de Ejecución, al haber sido sustituidos procesalmente tales actos reclamados, como ya se evidenció; de ahí que se afirma, se configura la sustitución procesal a la que se ha hecho referencia y en consecuencia, la actualización de la causa de improcedencia respecto de dichos actos y autoridades. Resulta aplicable a lo anterior por identidad de razonamiento, la tesis aislada que dice: Registro digital: 2015278 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Materias(s): Común, Penal Tesis: I.9o.P.167 P (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 47, Octubre de 2017, Tomo IV, página 2507 Tipo: Aislada "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SI SE PROMUEVE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA EMITIDA POR RAZONES DE SEGURIDAD POR EL TITULAR DE LA SUBSECRETARÍA DE SISTEMA PENITENCIARIO DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y EXISTE PRONUNCIAMIENTO POSTERIOR DE LA AUTORIDAD JUDICIAL, YA SEA CONVALIDÁNDOLA O REVOCÁNDOLA, SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO Y, POR ENDE, DEBE DECRETARSE EL ??????????????? SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO. La Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, en sus artículos 9o., fracción XII y 64, fracción XI, establece que corresponde al Juez de ejecución autorizar las órdenes de traslado de un centro penitenciario a otro. Autorización que no necesariamente es previa, sino que, de ponerse en riesgo la seguridad integral del centro penitenciario, la del sentenciado o por urgencia médica, podrá ser posterior. En estos casos, si se promueve el amparo indirecto contra la orden emitida por la autoridad penitenciaria (titular de la Subsecretaría de Sistema Penitenciario de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México) y existe pronunciamiento posterior de la autoridad judicial, ya sea convalidando o revocando el traslado, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, pues los efectos de aquel acto cesaron al haber quedado sustituido procesalmente por el emitido por el Juez, sin que puedan estudiarse las posibles violaciones del primero, sin afectar el nuevo contexto generado por el segundo, que es el que materialmente afectaría la esfera jurídica del quejoso. Es así, porque el nuevo y posterior acto de autoridad judicial, incide en la vigencia y ejecución del ordenado por la autoridad penitenciaria, ya que, acorde con la legislación citada, la autoridad tiene la facultad de convalidarlo, lo que implica ratificar o mantener el traslado ejecutado o, en su caso, revocarlo, lo cual implica que fue ordenado ilegalmente, e impediría su continuación, devolviendo al quejoso al primer centro de reclusión de donde fue trasladado. Por lo que, ante la actualización de dicha causal, debe sobreseerse en el juicio, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia. NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 124/2017. 10 de agosto de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: Irma Rivero Ortiz de Alcántara. Secretario: José Trejo Martínez. Nota: Esta tesis es objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 6/2020, pendiente de resolverse por el Pleno en Materia Penal del Primer Circuito. Esta tesis se publicó el viernes 06 de octubre de 2017 a las 10:16 horas en el Semanario Judicial de la Federación". En la inteligencia que la determinación de la calificativa de la orden de traslado reclamado será materia de estudio en el siguiente considerando. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio de amparo, respecto de los actos y autoridades materia de este apartado. SEXTO. Causa de improcedencia respecto del acto reclamado, señalado en el inciso b) del considerando segundo, consistente en la determinación de veintiséis de marzo de dos mil veinte, emitida por el Juez de Ejecución de Sanciones Penales Región Morelia, dentro del expediente de ejecución 575/2019, mediante la cual, se calificó de legal la orden de traslado del ??????????????? quejoso al centro penitenciario de Tacámbaro, Michoacán. Ahora bien, por lo que hace al acto reclamado en cita, este juzgador de oficio, considera que se actualiza la causal de improcedencia contenida en la fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 17 y 18 de ese mismo ordenamiento legal, ya que la demanda de amparo se presentó fuera del término de quince días, esto es, de manera extemporánea. Previo al análisis de los preceptos aludidos, debe dejarse establecido que tal acto reclamado, consistente en el auto de veintiséis de marzo de dos mil veinte, emitida por el Juez de Ejecución de Sanciones Penales Región Morelia, dentro del expediente de ejecución 575/2019, si bien afecta de manera indirecta la libertad del quejoso, no se dictó fuera de procedimiento; por tanto, el plazo para la presentación de la demanda en contra de éste es de quince días. En efecto, en primer término, no existe duda alguna, de que el acto reclamado afecta indirectamente la libertad personal del aquí disidente, pues así ha sido sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde ha considerado que la libertad personal de los individuos no sólo se afecta a través de actos de autoridad que tengan como consecuencia material, privar al gobernado de la libertad personal que en ese momento disfrute, sino que tal afectación también surge a la vida jurídica con actos que determinen, de alguna manera, la permanencia del gobernado en su situación actual de privación de libertad personal o modifiquen las condiciones en que tal privación deba ejecutarse. Tal es el caso de la orden de traslado que recae sobre los internos en un centro de reclusión (independientemente de su calidad de procesados o sentenciados), quienes si bien están privados de su libertad por una resolución que directamente afectó ésta (auto de formal prisión o sentencia condenatoria), indirectamente modifica las condiciones de la situación de privación de libertad en que éste se encontraba. Así lo sostuvo la Primera Sala del Máximo Tribunal del país, al resolver la contradicción de tesis 461/2012, en la jurisprudencia 1a./J. 17/2013 (10a.), que si bien interpreta la anterior Ley de Amparo, resulta aplicable en vía de orientación, la cual dice Registro digital: 2003323 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Común, Penal Tesis: 1a./J. 17/2013 (10a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 1, página 800 Tipo: Jurisprudencia "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. AL AFECTAR INDIRECTAMENTE LA LIBERTAD PERSONAL DEL PROCESADO O SENTENCIADO, LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA CONTRA AQUÉLLA PUEDE PRESENTARSE EN CUALQUIER TIEMPO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 22, FRACCIÓN II, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la libertad personal de los individuos no sólo se afecta a través de actos de autoridad que tengan como consecuencia material privarlos de la que disfrutan en ese ??????????????? momento, sino también mediante actos que determinen la permanencia del gobernado en dicha situación o que modifiquen las condiciones en que tal privación deba ejecutarse. Bajo este contexto, aun cuando la orden de traslado de un centro penitenciario a otro, por sí sola, no afecta la libertad personal del procesado o del sentenciado, sí lo hace indirectamente, toda vez que modifica las condiciones en que tal privación debe llevarse a cabo o bien ejecutarse, además de lesionar directamente otros derechos, como el de una defensa adecuada previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en tanto que el procesado se encontraría físicamente en un lugar diverso de aquel en que se sigue la causa penal, o el derecho del sentenciado a purgar la condena en un centro penitenciario cercano a su domicilio, establecido en el numeral 18 de la propia Constitución. Por lo anterior y conforme a la nueva visión constitucional que tutela los derechos de la persona, cuando el juicio de amparo se promueve contra actos que afectan indirectamente la libertad de las personas no puede limitarse el ejercicio del derecho de acción y reducirlo al plazo de quince días, pues ello implicaría que las autoridades faltaran al deber de procurar y favorecer en todo momento ampliamente a la persona; de ahí que la demanda de amparo indirecto promovida contra la referida orden de traslado, se ubique dentro del supuesto de excepción a que se refiere el artículo 22, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, por lo que puede presentarse en cualquier tiempo. Contradicción de tesis 461/2012. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito y el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. 16 de enero de 2013. La votación se dividió en dos partes: mayoría de cuatro votos por la competencia. Disidente y Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Unanimidad de cinco votos en cuanto al fondo. Secretaria: Rosalba Rodríguez Mireles. Tesis de jurisprudencia 17/2013 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha seis de febrero de dos mil trece. Nota: Por ejecutoria del 10 de agosto de 2016, la Primera Sala declaró inexistente la contradicción de tesis 78/2016 derivada de la denuncia de la que fue objeto el criterio contenido en esta tesis, al estimarse que no son discrepantes los criterios materia de la denuncia respectiva". De ahí que, tomando en consideración el criterio interpretativo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación plasmado en la jurisprudencia citada con antelación, sólo en cuanto a que la negativa de traslado a determinado centro penitenciario, constituye una decisión que afecta indirectamente la libertad personal (no así respecto a la temporalidad de la demanda de amparo, por las razones que más adelante se plasmarán), porque determina las condiciones en que se ejecuta dicha privación, esto es que permanezca en determinado lugar y condiciones, lo que puede implicar que se interne al indiciado en lugar diverso de aquel en que se sigue su proceso e incluso, surge la posibilidad de que compurgue su condena lejos del lugar donde se encuentra su domicilio. ??????????????? Precisado lo anterior, resulta necesario citar el contenido de los numerales antes destacados, los cuales disponen, por su orden: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. . XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. . "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De lo anterior se colige que el juicio de amparo será improcedente contra normas generales o actos consentidos tácitamente, traducida en la promoción extemporánea de la demanda de amparo, lo que tiene su explicación y fundamento racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación por un acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de reclamarlo en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio determinado, pero a pesar de ello deja pasar el término sin presentar la demanda, esta conducta revela conformidad con el acto; que el término genérico para la promoción o instauración del juicio constitucional es de quince días, contado desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o su ejecución. Conforme a lo establecido en el artículo 17 de la Ley de la Materia vigente, se estima que el quejoso estaba obligado a promover el juicio dentro del término de quince días, toda vez que no se encuentra en alguno de los supuestos de excepción previstos en el aludido precepto legal. Ello es así, pues del examen de los actos reclamados se aprecia que versan sobre situaciones diversas a las reglas de excepción que se ubican en el numeral 17 de la Ley de Amparo, puesto que no se combate una norma general autoaplicativa o algún procedimiento de extradición, y en ese sentido la ??????????????? temporalidad para presentar la demanda también es el relativo al de quince días (fracción I); tampoco una sentencia definitiva dictada en un proceso que hubiese sido condenatoria y que imponga pena de prisión (fracción II). En relación con la fracción III del numeral 17 de la Ley de Amparo, dicho supuesto de excepción tampoco se actualiza, toda vez que en el particular no se trata de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. Por último, por cuanto hace a la fracción IV del numeral 17 de la Ley de Amparo, no se verifica tal supuesto de excepción a los quince días de presentación de la demanda en general, en razón de que, el impetrante de amparo no combate actos que impliquen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Se estima lo anterior, toda vez que en el caso el acto reclamado lo constituye el proveído de veintiséis de marzo de dos mil veinte, emitida por el Juez de Ejecución de Sanciones Penales Región Morelia, dentro del expediente de ejecución 575/2019, a través del cual, el Juez de Ejecución, calificó de legal el traslado del peticionario, llevado a cabo mediante oficio de veinticuatro del mismo mes y año, de ahí que si bien es cierto que en un principio la orden de traslado fue ejecutada por autoridades administrativas; empero, no menos verídico resulta ser que posteriormente, esa actuación fue validada por la autoridad judicial; por lo que al tener intervención el juez de ejecución al calificar de legal el traslado en comento, esa determinación puede entenderse que se realizó dentro de un procedimiento, y en consecuencia, le rige la regla genérica para la presentación de la demanda de amparo, esto es, la de quince días, y por el contrario, no le aplica la regla de excepción prevista en la fracción IV del artículo 17 de la Ley de Amparo, de que el amparo pueda presentarse en cualquier momento. Apoya a la anterior conclusión, la jurisprudencia que dice: Registro digital: 2010596 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Común, Penal Tesis: 1a./J. 83/2015 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 25, Diciembre de 2015, Tomo I, página 247 Tipo: Jurisprudencia "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SI SE EJECUTA SIN INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL, NO PUEDE CONSIDERARSE COMO UN ACTO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO Y, POR ENDE, SE ACTUALIZA EL PLAZO EXCEPCIONAL PARA INTERPONER LA DEMANDA DE AMPARO EN SU CONTRA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA. La reforma en materia penal a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, entrañó cambios sustanciales en el sistema penitenciario y en los derechos fundamentales de los procesados y sentenciados. Así, en ese sistema se introdujo el modelo de reinserción social y ??????????????? judicialización del régimen de modificación y duración de las penas, el cual impuso que todo acto conexo a su ejecución, incluyendo los de traslado de un centro penitenciario a otro, se considerara de competencia exclusiva del Poder Judicial y que las personas sujetas a proceso, privadas de su libertad, tienen derecho a que en el procedimiento se sigan cumpliendo las formalidades esenciales, entre ellas, la relativa a la prisión preventiva. De esta forma, la pretensión de una autoridad administrativa de trasladar al sentenciado o procesado de un centro penitenciario a otro, afecta indirectamente su libertad, por lo que debe solicitarlo al órgano judicial correspondiente, el cual procederá a resolver lo conducente. En consecuencia, la resolución emitida en el procedimiento relativo podrá impugnarse a través del juicio de amparo indirecto, bajo la regla general del plazo de quince días prevista en el artículo 17, párrafo primero, de la Ley de Amparo. Sin embargo, si una orden de traslado se ejecuta sin intervención alguna de la autoridad judicial rectora, aun cuando se emita en la fase de instrucción o de ejecución de la pena, no puede considerarse hecha en razón del procedimiento, por lo que la demanda relativa podrá interponerse en cualquier tiempo, al actualizarse la excepción prevista en la fracción IV del artículo 17 citado. Contradicción de tesis 137/2015. Entre las sustentadas por el Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, el Tercer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito. 7 de octubre de 2015. La votación se dividió en dos partes: mayoría de cuatro votos por la competencia. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Unanimidad de cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien reservó su derecho para formular voto aclaratorio, José Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho para formular voto concurrente, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien reservó su derecho para formular voto aclaratorio. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: Alfonso Francisco Trenado Ríos. Tesis y/o criterios contendientes: El Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, al resolver el recurso de queja 138/2013 y el Tercer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, al resolver el recurso de queja 154/2014, determinaron que en términos de lo previsto en la fracción IV del artículo 17 de la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, la demanda de amparo indirecto en contra de la orden de traslado de un centro penitenciario a otro puede promoverse en cualquier tiempo. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, al resolver el recurso de queja 7/2015, determinó que en términos de lo previsto en el artículo 18 en relación con el diverso 17 ambos de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, el término para promover demanda de amparo indirecto en contra de la orden de traslado de un centro penitenciario a otro, es de quince días contados a partir del día siguiente en el que el quejoso tuvo conocimiento de aquélla. Tesis de jurisprudencia 83/2015 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha veinticinco de noviembre de dos mil quince. Esta tesis se publicó el viernes 04 de diciembre de 2015 a las 10:30 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 07 de diciembre de 2015, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013". Por tanto, es de advertirse que, para la promoción del juicio de amparo, la parte quejosa tenía el imperativo de promover su demanda de amparo dentro del término general de quince días, en acato de lo expresado por el primer párrafo del artículo 17 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales. En efecto, de la lectura del numeral 18 de la Ley de Amparo, se desprende que, para iniciar el cómputo para la presentación de la demanda de amparo, se entenderá a la actualización de alguno de los siguientes supuestos: ??????????????? I. Al día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación de la resolución o acuerdo que reclame el quejoso, conforme a la ley del acto reclamado. II. Al día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución. III. Al día siguiente al en que se haya ostentado sabedor de los mismos. En el presente asunto, cobra aplicación la primera hipótesis para iniciar el cómputo de los quince días que establece el precepto legal en estudio; es decir, el término para presentar la demanda de amparo se deberá contar a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación de la resolución o acuerdo que reclame el quejoso, conforme a la ley del acto reclamado. Ahora, de las constancias allegadas por el juez responsable, se advierte que el once de agosto de dos mil veinte, se hizo del conocimiento del disidente de manera personal en el lugar de su reclusión (Centro de Reinserción Social "Apatzingán", la resolución que calificó de legal el traslado involuntario del que fue objeto, como se advierte de la constancia de notificación realizada por personal del Juzgado de Ejecución de Sanción Región Apatzingán, quien asentó que Jesús Espino Martínez, aquí quejoso, se enteró del contenido de dicha calificación, negándose a firmar la misma, actuación que obra a foja 103; notificación que surtió efectos al día siguiente de conformidad al artículo 82, fracción I, inciso b) del Código Nacional de Procedimientos Penales, que se aplica de manera supletoria a la Ley Nacional de Ejecución Penal de acuerdo a lo establecido en el artículo 8 de la mencionada Ley. Por tanto, de conformidad con el artículo 18, de la Ley de Amparo, el cómputo del plazo del que dispuso el quejoso Jesús Espino Martínez, para la presentación de su demanda, inició el trece de agosto de dos mil veinte y feneció el dos de septiembre del mismo año, con exclusión de los días inhábiles correspondientes a sábados y domingos, según lo dispuesto por el artículo 19, de la Ley de Amparo. Entonces, si la demanda de amparo en contra del acto reclamado, se presentó el uno de octubre de dos mil veinte, según se advierte de la boleta de registro de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Morelia, Michoacán, y el término de quince días para su presentación vencía el dos de septiembre de dos mil veinte, es inconcuso que transcurrió casi un mes, por tanto, resulta extemporánea. En ese orden de ideas, se concluye que el quejoso consintió tácitamente el acto, al no haber promovido la contienda constitucional dentro del plazo genérico de quince días que para tal efecto señala el artículo 17, en relación con el 18, ambos de la Ley de Amparo. En esas condiciones, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XIV, párrafo primero, en relación con los diversos artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, motivo por el cual, procede sobreseer en este juicio de amparo respecto del referido acto reclamado, conforme lo previsto en el diverso numeral 63 fracción V, de la invocada Ley. Al decretarse el sobreseimiento en el presente asunto, este juzgado federal se encuentra jurídicamente imposibilitado para realizar el estudio de los conceptos de violación planteados, pues la simple actualización de algún motivo que haga improcedente el juicio de amparo, impide pronunciarse sobre ??????????????? cualquier cuestión que ataña al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver la cuestión de fondo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia que dice: Tesis: VI. 1o. J/23 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Octava Época 226555 Tribunales Colegiados de Circuito Núm. 22-24, Octubre-Diciembre de 1989 Página 252 Jurisprudencia (Común) "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamiento tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Amparo en revisión 103/88. Mayolo Caro Arenas y otro. 3 de mayo de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretario: Manuel Acosta Tzintzun. Amparo en revisión 308/88. Angel Argimiro Campos Córdova. 18 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretario: Manuel Acosta Tzintzun. Amparo en revisión 346/88. Socorro Valencia Martínez. 16 de noviembre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Dueñas Sarabia. Secretaria: Irma Salgado López. Amparo en revisión 6/89. David Castillo Velázquez y otro. 8 de febrero de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partida. Secretario: Martín Amador Ibarra. Amparo en revisión 139/89. Godeleva Sánchez Gómez. 23 de mayo de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretario: Martín Amador Ibarra. Sin que sea el caso proceder en suplencia de la queja, puesto que no existe nada sobre lo que haya que suplir, puesto que según las constancias que obran en el sumario Constitucional, las actuaciones relativas al acto reclamado se apegaron a la legalidad, incluso como se expuso en el devenir de la presente sentencia, la orden de traslado fue validada por el juez de ejecución competente, asimismo, se realizó en tiempo y forma la notificación relativa al acto ahora reclamado. En efecto, la suplencia de la queja deficiente consiste esencialmente en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente en sus conceptos de violación o en sus agravios, respectivamente, o mejorar aquellos planteados de manera incompleta. Por otra parte, la procedencia del juicio de amparo es un requisito procesal de estudio preferente, oficioso y de orden público, según lo ordena el artículo 62 de la Ley de Amparo. Lo anterior permite deducir que procederá la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación o agravios, única y exclusivamente si el juicio de amparo es procedente, por lo que no puede llegarse al extremo, alegando dicho beneficio, de hacer procedentes los juicios de amparo en los que se actualiza alguna causa de improcedencia, toda vez que ello traería consigo el total quebrantamiento de las reglas que rigen tal instancia de control constitucional. ?????????? SÉPTIMO. Notificación al quejoso. Dado que el quejoso Jesús Espino Martínez, se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social "Apatzingán", en el Municipio de Apatzingán, Michoacán; por tanto, con fundamento en los artículos 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 298 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, gírese atento exhorto al Juez de Distrito en el Estado, con sede en Uruapan, a fin de que en auxilio de las labores de este Juzgado, ordene a quien corresponda se constituya en el citado centro de reinserción y notifique al disidente de mérito, la sentencia dictada dentro del presente juicio, de la cual se anexa copia autorizada; por lo que una vez que sea diligenciado el citado exhorto, se solicita lo devuelva a la brevedad posible a este órgano jurisdiccional, con las constancias que acrediten su diligenciación. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 124 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Jesús Espino Martínez, en contra de los actos reclamados a las autoridades responsables, precisados y señaladas en el resultando primero, por los motivos expuestos en los considerandos tercero, quinto y sexto de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Gerardo Ortíz Pérez De Los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, asistido de la Secretaria que autoriza y da fe, Marbella Juárez García, hasta hoy once de mayo de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores del juzgado Doy fe- Conste

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciocho de diciembre de dos mil veinte. Cuenta con autos Vista la certificación que antecede, de la cual se desprende que ha transcurrido el término concedido a la parte quejosa, para que manifestara lo que a su interés conviniera en relación al cumplimiento dado al fallo protector, sin que lo haya hecho. En mérito de lo anterior, se hace efectivo el apercibimiento que le fue formulado en el citado auto y se procede a dictar lo procedente en torno al cumplimiento del fallo protector. Así, tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, se procede a analizar el mismo con base en los elementos que obran en el MARBELLA JUAREZ GARCIA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.86.08 07/01/21 10:14:34 expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, con apoyo en lo sustentado por la jurisprudencia 2ª./J.26/2000, publicada en la página 243, del Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Precisión de los efectos del amparo En sentencia dictada el doce de marzo de dos mil veinte, se concedió la protección constitucional a Secretario General del Sindicato Único de Trabajadores del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán, para el efecto de que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, realizara lo siguiente: "a. Deje insubsistente el acto reclamado de trece de noviembre de dos mil diecinueve; b. Dicte otro en el que reitere las consideraciones que no fueron materia del amparo; c. Con libertad de jurisdicción, determine cuáles formalidades debían colmarse para acceder a la toma de nota de lo acordado en el número 2 del punto noveno del acta de asamblea general extraordinaria de veintidós de agosto de dos mil diecinueve, consistente en la prórroga de dos años más del Comité Ejecutivo del Sindicato; y, d. Mediante una verificación meramente formal, determine también con plenitud de jurisdicción si en el caso concreto se cumplió o no con dichas formalidades, para la toma de nota de tal acuerdo, en el entendido que de cumplir con tales requisitos meramente formales, se proceda a la toma de nota respectiva.". Trámites para cumplir con la ejecutoria de amparo Así, en proveído de dos de octubre de dos mil veinte, se declaró ejecutoriada la sentencia de amparo, y se requirió a la autoridad responsable a efecto de que diera cumplimiento al fallo protector; asimismo, se determinó que MARBELLA JUAREZ GARCIA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.86.08 07/01/21 10:14:34 ??????????????? no era el caso de proceder en los términos precisados en los artículos 192 y 194 de la Ley de Amparo, en virtud de que dicha autoridad no tenía superior jerárquico que le ordenara cumplir con la ejecutoria de amparo. Posteriormente, por oficio presentado el veintiséis de octubre de dos mil veinte, la autoridad responsable allegó copias certificadas del acuerdo de veintiuno de ese mismo mes y año, dictado en el registro sindical número 09/2005, a través del cual, a fin de cumplir con la sentencia de amparo, realizó lo siguiente: I. Dejó insubsistente el acto reclamado de trece de noviembre de dos mil diecinueve, únicamente en la parte en que esa junta se reservó acordar el numeral 2 del punto noveno del acta de asamblea extraordinaria de veintidós de agosto de dos mil diecinueve, en el cual, se determinó prolongar por dos años más el periodo del comité ejecutivo del sindicato; II. En el citado acuerdo de veintiuno de octubre de este año, reiteró las consideraciones que no fueron materia del amparo; y, III. En la materia de la concesión, sustentándose en los artículos 365, fracción III, 371 y 377 de la Ley Federal de Trabajo, determinó que no había lugar a tomar nota de los asuntos tratados en el numeral 2 del punto noveno de la asamblea extraordinaria, mediante la cual, se pretendió extender el periodo del Comité Ejecutivo del sindicato por dos años más, en razón de que en concepto de ese tribunal laboral, no se cumplieron con las formalidades que exigen los estatutos del sindicato, ya que el sindicato pretendió extender el periodo de gestión del comité ejecutivo del sindicato, por dos años más, esto es, a partir del uno de enero de dos mil veintiuno al treinta y uno de diciembre de dos mil veintidós, no obstante de que el lapso para el cual MARBELLA JUAREZ GARCIA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.86.08 07/01/21 10:14:34 había sido electo el referido comité vencía el treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, lo que supondría que de resultar procedente esa pretensión, esa Junta tendría que expedir la toma de nota respectiva, con las consecuencias legales que ello implica para la vida del sindicato, aunado a que, el estatuto sindical no establece reglas específicas para ese supuesto, pues de ninguna de sus disposiciones se contempla la posibilidad de que el comité del sindicato, pueda, sin elección previa, extender el periodo de su vigencia. III. En virtud a lo anterior, la junta responsable consideró que en el caso que le fue sometido, debían constatarse aquellas formalidades establecidas para la elección del comité ejecutivo del sindicato, dado que finalmente la extensión del periodo del comité sindical, implicaría una especie de renovación del comité ejecutivo sindical; de ahí que, para salvaguardar la democracia al interior de la organización sindical y el interés de los trabajadores, es necesario que esa autoridad pudiera verificar si el procedimiento por el que se determinó extender el período del comité sindical, se apegó a las reglas estatutarias, aplicables a la elección de sus dirigentes, y para ello, la junta realizó un contraste o ejercicio comparativo entre las formalidades que establece su estatuto, propias de la elección del comité sindical, ya que el estatuto no establece reglas para determinar la extensión del periodo del comité ejecutivo. Bajo ese contexto legal, y al hacer un ejercicio comparativo entre los documentos presentados el nueve de septiembre de dos mil diecinueve y el contenido de los artículos 75 al 88 de la norma estatutaria, concluyó que el procedimiento mediante el cual, el sindicato pretendió extender el periodo del comité ejecutivo por dos años más, MARBELLA JUAREZ GARCIA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.86.08 07/01/21 10:14:34 ??????????????? no se ajustó a su normatividad, pues con ello no se garantizó en modo alguno la posibilidad de que otros miembros del sindicato pudieran participar en los órganos de dirección del mismo, pues si bien la convocatoria de catorce de agosto de dos mil diecinueve, suscrita por la secretaria general y secretario de organización y actas del sindicato, en el que convocó a una asamblea extraordinaria para llevarse a cabo en un día, hora y lugar específico, sin embargo, estimó que esa convocatoria adoleció de los requisitos formales q que se refieren los artículos 75 al 88 de los estatutos, pues se limitó únicamente a convocar a los agremiados para abordar los puntos del orden del día, sin embargo nunca se convocó ni se hizo referencia que en la asamblea extraordinaria de mérito se trataría lo relativo a la extensión del lapso del comité ejecutivo del sindicato, hecho que resultaba necesario, dada la trascendencia que el mismo implica, pues es un acto similar al de la elección del comité ejecutivo sindical y siendo así, resultaba indudable que se dejó a los integrantes del sindicato, sin la posibilidad de participar, omitiendo implícitamente, las formalidades que para tal efecto establecen los estatutos en los artículos señalados, limitando con ello la democracia sindical y el derecho de otros socios para participar en los órganos de dirección. Situación con la que se ordenó dar vista a la parte promovente para que manifestaran lo que a sus intereses conviniera. Se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo De ahí que con lo anterior, se estima que se encuentran satisfechos los extremos contemplados en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, en atención a que en lo esencial se cumple con los lineamientos trazados en la ejecutoria de amparo, al haberse dictado el veintiuno MARBELLA JUAREZ GARCIA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.86.08 07/01/21 10:14:34 de octubre de dos mil veinte, dentro del registro sindical número 09/2005, un acuerdo a través del cual, se dejó insubsistente el acto reclamado de trece de noviembre de dos mil diecinueve; y en su lugar, se emitió uno nuevo en el que, según se advierte de los reseñado con antelación, se determinó que la toma de nota de lo acordado en el número 2 del punto noveno del acta de asamblea general extraordinaria de veintidós de agosto de dos mil diecinueve, consistente en la prórroga de dos años más del Comité Ejecutivo del Sindicato, adoleció de los requisitos formales q que se refieren los artículos 75 al 88 de los estatutos, pues se limitó únicamente a convocar a los agremiados para abordar los puntos del orden del día, pero que nunca se convocó ni se hizo referencia que en la asamblea extraordinaria de mérito se trataría lo relativo a la extensión del lapso del comité ejecutivo del sindicato, hecho que resultaba necesario, dada la trascendencia que el mismo implica, pues es un acto similar al de la elección del comité ejecutivo sindical y que ello, limitó la democracia sindical y el derecho de otros socios para participar en los órganos de dirección, con lo que se restituyó a la parte quejosa en el goce de las garantías violadas. En consecuencia, al no existir exceso en el cumplimiento (actuaciones que se extralimitan en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la ejecutoria) o defecto (cumplimiento parcial de lo ordenado o deficiente), con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene cumplida la ejecutoria de amparo. Se ordena el archivo del presente juicio Con fundamento en el invocado artículo 196, cuarto párrafo, de la Ley de la Materia, se ordena remitir al ARCHIVO el expediente en que se actúa, en razón de que no existe diligencia pendiente por desahogar, previas las MARBELLA JUAREZ GARCIA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.86.08 07/01/21 10:14:34 ??????????????? anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. En la inteligencia de que, la remisión del juicio al archivo físico de este juzgado, se hará una vez que obren en autos las constancias de notificación relativas al presente proveído a las partes y se desprenda que ha transcurrido el término que la Ley de Amparo les otorga para impugnar éste acuerdo. Juicio susceptible de depuración En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecisiete de marzo de dos mil veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de ese mismo mes y año; se estima que como en el presente asunto se concedió la protección constitucional y no es de relevancia documental, entonces es susceptible de DEPURACIÓN, de conformidad con el artículo 18 fracción I, inciso b), por lo que deberá conservarse la demanda, resoluciones recurridas y la sentencia respectiva; y el acuerdo donde se acordó su archivo; haciéndose constar dicha circunstancia en la carátula del mismo. Asimismo, una vez que transcurran los tres años que se refiere el invocado artículo 18 del citado acuerdo, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial que corresponda, previa generación de la documentación a que se refiere dicha disposición. No existen cuadernos de suspensión Sin que se haga pronunciamiento respecto de los cuadernos incidentales por no haberse formado

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