Jesus Felix Lopez
Expediente 440/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 440/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 13/08/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Jesus Felix Lopez
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, advirtiéndose que ha transcurrido el término señalado por el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja en contra del proveído de uno de agosto de dos mil diecinueve, por el que se desechó la demanda de garantías promovida por Jesús Félix López; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de la materia, en términos de su artículo 2º., se declara que dicho proveído ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. De conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, fracción I, del Acuerdo Vigésimo Primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa que este asunto, es susceptible de destrucción, dado que, por auto de uno de agosto de dos mil diecinueve, se desechó la demanda de garantías en el presente expediente; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo reciente, por tratarse de un asunto, similar al indicado en la fracción I, del artículo noveno, capítulo tercero de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General conjunto número 1/2009. Asimismo, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente con valor histórico o jurídico ni de relevancia documental, puesto que ingresó en este Juzgado Federal el treiknta y uno de julio de dos mil diecinueve, por ello, no encuadra en aquéllos expedientes con ingreso en el año de mil novecientos cincuenta y uno, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes o resoluciones con trascendencia jurídica, política, social o económica, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años, contados a partir de la orden de archivo del presente expediente, con apoyo en los artículos Décimo, fracción I, y Décimo Primero, ambos del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional, transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este Juzgado.
- Principal
Vista la demanda de cuenta, firmada por Jesús Félix López, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Ahome, con residencia en ésta ciudad; fórmese expediente, háganse las anotaciones correspondientes y regístrese en el Libro de Gobierno que se lleva en este juzgado con el número 440/2019-3B. En principio debe decirse que la demanda de amparo debe ser analizada en su integridad, a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y así proveer lo que en derecho corresponda, sin cambiar su alcance y contenido. Al efecto resulta preciso citar la tesis jurisprudencial P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo texto dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". De conformidad con los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado procede a examinar la demanda de amparo, a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio. Los citados numerales, disponen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". Lo anterior, en atención a que los preceptos 112 y 113 de la Ley de Amparo faculta al Juez de Distrito para desechar de plano la demanda de amparo indirecto, cuando al examinarla aparezca un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Sin embargo, esa potestad no es ilimitada ni depende de un criterio puramente subjetivo, sino que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; mientras que por "indudable", aquello que se tiene certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no se puede poner en duda por lo claro y evidente que es, sin suspender el acto reclamado, motivos que en principio se encuentran vinculados con los supuestos de improcedencia previstos en la Ley de Amparo, en especial, con los citados en su artículo 61, consecuentemente, se procede a analizar tales aspectos. Al respecto, diversos tribunales de la federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitid por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 198, Tomo VIII, Noviembre de 1991, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, con registro de localización 221353, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". Siempre que la causa de improcedencia no sea evidente en sí misma, debe el juzgador admitir y tramitar la demanda de garantías a efecto de dar oportunidad a las partes en el juicio de rendir los elementos de prueba que, por un lado, justifique el ejercicio de la acción y, por otro, que permitan al juez, en su momento procesal oportuno, pronunciar la resolución que en derecho corresponda, pues cuando el artículo 145 de la Ley de Amparo, establece que el juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la misma, la desechará de plano, se está refiriendo a que el motivo de improcedencia de la demanda de amparo, debe ser tan claro y tan evidente que no deje lugar a dudas, es decir, tan notorio e indiscutible que sin necesidad de ulterior comprobación, surja a la vista haciendo inejercitable la acción constitucional." Por su parte, el artículo 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquéllas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: "(.)" III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (.) b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y (...)". Asimismo, los artículos 107, fracción V, 171 y 172, fracción III, de la Ley de Amparo determinan: "Artículo 107. El juicio de amparo indirecto procede: "(.)" V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.". "Artículo 171. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa, que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo." "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: "(.)" III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley;" En ese contexto, de la lectura de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama en esta vía constitucional, textualmente, lo siguiente: "IV.- ACTO RECLAMADO.- Lo constituye el acuerdo o determinación dictada por la Autoridad Responsable, C. JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL MDISTRITO (sic) JUDICIAL DE AHOME, SINALOA, el pasado 08 de Julio del presente año, actuando en el Juicio Oral Mercantil dentro del Expediente No. 217/2019, con motivo de la inconformidad de mi representada en contra de la determinación o acuerdo que el Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil, con residencia en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, adopto (sic) durante el desarrollo de la audiencia preliminar del pasado 08 de Julio de 2019, específicamente la parte de la audiencia del Juicio Oral Mercantil en la que DESECHÓ LAS PRUEBAS PERICIAL EN GRAFOSCOPIA Y DOCUMENTAL EN VIA DE INFORME, acuerdo o determinación que me causa agravio y que de acuerdo al artículo 1339 del Código de Comercio, no admite recurso alguno y al no ser posible su reparación, ni que sea subsanable al momento de dictarse la sentencia definitiva dentro del citado juicio, es que vengo interponiendo el presente recurso, conforme a los razonamientos y consideraciones contenidas en cada uno de los agravios que exprofesamente se prepararon para acreditar las violaciones e inexactitudes en que incurrió el Juez Segundo de lo Civil, de esta ciudad de los Mochis, Sinaloa, con dicha determinación; el C. JUEZ SEGUNDO DE PRIMRA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE AHOME, SINALOA, que al momento de la etapa de admisión de pruebas, a través del acuerdo del 08 de Julio de 2019, determinó desecharme las pruebas PERICIAL EN MATERIA GRAFOSOPICA y/o CALIGRAFIA y DOCUMENTAL EN VIA DE INFORME, resolución que desde luego causa agravio a mi representada y que es fuente de origen del acto reclamado y agravios que en el capítulo correspondiente se exponen. Acuerdo o determinación que en la audiencia preliminar la autoridad responsable en la etapa de admisión de las pruebas acuerda que no se admite la prueba pericial en grafoscopía por tratarse de pruebas de especialistas, ya que dicha autoridad responsable se encuentra facultado para determinar si las firmas cuestionadas son auténticas. De igual manera me desecha la prueba documental en vía de informe ya que considera indebidamente que esta prueba se desecha toando en cuenta no forma parte de la Litis. Así como cualquier otro acto, acuerdo, auto, decreto o determinación futura dada por la Responsable con las que se pretenda ejecutar, se ejecute o se le dé plenos efectos jurídicos al auto antes mencionado y que a través de la presente demanda de garantías se cuestiona su legalidad". Por otro lado, del contenido de la demanda se advierten como antecedentes relevantes del acto reclamado, los siguientes: El quejoso promovió juicio oral mercantil contra la institución bancaria Banco Nacional de México, S. A. (así la designa, en su demanda de amparo, como tercero interesada) relacionándose lo que reclama en la demanda mercantil con el uso de dos cheques que no fueron firmados por el actor y aquí peticionario, a cargo de la cuenta 417233427 que éste maneja con la institución de crédito. Le correspondió el conocimiento de ese juicio oral mercantil al Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Ahome, con residencia en esta ciudad, registrándose bajo número 217/2019. Emplazada la demandada, en su momento procesal se señaló fecha para la audiencia preliminar, que tuvo verificativo el ocho de Julio de dos mil diecinueve, en cuya etapa de admisión de pruebas el quejoso, como actor en el juicio mercantil, ofreció diversas probanzas, entre ellas, las que hizo consistir en pericial en grafoscopia y documental en vía de informe, las cuales, acorde a lo manifestado en su demanda de amparo, estima el peticionario fundamentales para demostrar que se hizo uso indebido de los dos cheques de su cuenta bancaria. Probanzas que el juez responsable desechó, la pericial por considerar el juzgador natural estar facultado para determinar si las firmas estampadas en los cheques son auténticas -sin que fuera, por tanto, necesaria la intervención de perito en la materia- y la documental en vía de informe al ir encaminada a cuestiones que no formaban parte de la Litis. Ese desechamiento de las citadas probanzas, es lo que sustancialmente reclama el quejoso en esta vía constitucional. Establecido lo anterior, este juzgador estima que en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, conforme al cual, "El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". Cabe precisar que la actual redacción del artículo 107, fracción V de la Ley de Amparo, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". Además, nuestro máximo Tribunal en Pleno ha interpretado dicha precisión, estableciendo que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían lo siguiente: a).- La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y, b).- La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Lo anterior se encuentra plasmado en la tesis de jurisprudencia número P./J. 37/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 39, Libro 7, junio de 2014, Tomo I, materia común, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del contenido siguiente: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).- Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios". En tales condiciones, en estricto apego a lo que establece el artículo 107 fracción V de la ley de Amparo, es claro que el acto reclamado que por esta vía combate la parte quejosa, no reúne de manera alguna las características de "imposible reparación", a que se refiere el mismo y que hace procedente el juicio de amparo indirecto ante los Juzgados de Distrito. Es así, al consistir fundamentalmente el reclamo del quejoso en el rechazo de las citadas pruebas que ofertó en el juicio de origen, tanto la pericial grafoscopía o y/o caligrafía como la documental en vía de informe, pues -contrario a lo que señala en su demanda de derechos- no constituye un acto procesal de ejecución irreparable. Ciertamente, el acuerdo combatido no afecta al impetrante de manera cierta e inmediata algún derecho subjetivo protegido por las garantías individuales, que no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener resolución favorable en el juicio natural, pues tendrá oportunidad de ser oído y vencido; tampoco le afecta en grado predominante o superior, pues en el caso no concurren circunstancias de gran trascendencia que impliquen una situación relevante para el procedimiento, de cuya decisión dependa la suerte de todo el juicio natural, bien para asegurar la continuación de su trámite con respeto a las garantías procesales esenciales de la parte quejosa, o bien porque conlleven la posibilidad de evitar el desarrollo ocioso e innecesario del procedimiento, puesto que no deja sin defensa a las partes ni trasciende al resultado del fallo, si se tiene en cuenta que el auto reclamado en este asunto, referente al desechamiento de las citadas pruebas, no tiene el alcance para tener por demostrada la acción ejercida- por más que el quejoso las considere como esenciales para resolver los puntos controvertidos en el juicio oral mercantil- pues ésta queda sujeta a los hechos contenidos en la demanda, a las excepciones propuestas por la demandada y a las demás pruebas aportadas por las partes dentro del juicio, lo que resultará el emitir la sentencia respectiva. Es decir, se trata de un acto intraprocesal que no tiene ejecución de imposible reparación, pues no impide el ejercicio actual y real de un derecho sustantivo, al contrario, ese acto constituye una violación a las leyes del procedimiento, en términos del artículo 172, fracción III, de la Ley de Amparo, que debe impugnarse en el juicio de amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva, de ser ésta desfavorable a los intereses del quejoso. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia P./J. 24/92 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 11, tomo 56, agosto de 1992, Octava época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación y la tesis aislada número P.LVII/2004, también sustentada por el Pleno, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página número 9, tomo XX, octubre de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubros y textos son los siguientes: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen ejecución irreparable los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo." Por todo lo expuesto, se insiste que la naturaleza y las consecuencias en sí mismas del acto reclamado son las que determinan la procedencia o no de la instancia constitucional de modo que, en el caso a estudio, el acto reclamado no constituye un acto de imposible reparación, y por ende, no procede el amparo indirecto para reclamarlo; puesto que, se trata de una determinación de la autoridad de origen en la que rechaza las referidas probanzas, la cual no produce una afectación material a los derechos sustantivos del quejoso, de manera inmediata. En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción V de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda en estudio, con apoyo en el ordinal 113 de la ley de la materia. Por último, con apoyo en el precepto 305, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2º, párrafo segundo de la misma ley, se tiene como domicilio del impetrante de garantías para oír y recibir notificaciones el ubicado en Leyva y Rendón, despacho número 16, de "Plaza Blanca", de esta ciudad, y como su autorizado para tales efectos, en su nombre, en términos amplios del precepto 12 de la ley de Amparo, a los licenciados Oliver Carrillo Pacheco, Jorge Daniel Valdez Alvarez y Armando Carrillo Rodríguez.
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